La crisis forense se centra en entidades como Baja California, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, según un informe de Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
Seis de cada diez cuerpos sin identificar en México se encuentran enterrados en una fosa común. En total, 31 mil 488 de los 52 mil 004 cuerpos que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos tiene identificado que se guardan en diversas instituciones del país.
Un informe sobre la crisis forense que sufre el país fue elaborado por esta plataforma, que engloba a 74 colectivos de familiares de personas desaparecidas, y revela cómo el incremento de cuerpos en los Servicios Médicos Forenses (Semefos) no vino acompañado de una toma de conciencias por parte de las autoridades, lo que llevó a un deficiente resguardo de las personas fallecidas que dificulta su identificación.
Entre enero de 2007 y marzo de 2018, los servicios forenses de Jalisco preservaron al menos 760 cuerpos sin identificar, recuperados en el estado, y tal como consta en documentación oficial, más de la mitad de esos cuerpos (413 cadáveres, acumulados entre 2007 y 2009) fueron incinerados.
Según el reporte oficial IJCF/UT/268/2018, emitido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en abril pasado, los restantes 347 cuerpos no identificados que se acumularon entre 2010 y enero de 2018 no se cremaron, pero se informa que tampoco fueron enviados a la fosa común. Entonces, ¿dónde quedaron?
La respuesta vino cinco meses después de emitido el informe oficial del Instituto Jalisciense, el 13 de septiembre pasado, cuando por denuncias vecinales fueron descubiertos dos tráileres refrigerantes (uno de ellos abandonado en un lote baldío), en los que el gobierno estatal almacenaba más de 300 cuerpos no identificados.
La estadística de cuerpos sin identificar en Jalisco retrata la curva de violencia por la que atraviesa la entidad: en 2010 hubo seis cuerpos; cifra que se triplicó para 2011 y cuadruplicó para 2012, hasta llegar a 24 cadáveres sin identificar. Pero para el año siguiente, 2013, la cifra de cuerpos no identificados en jalisco llegó a 94, siendo este el año con más cuerpos no identificados, y entre 2014 y enero de 2018 se acumularon 187 más.
Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2018.- El pasado 06 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer el hallazgo de 32 fosas clandestinas de las cuales se han exhumado hasta el día de hoy 174 cráneos, en un punto aún no especificado de la zona centro del estado. Este caso se suma a otros dolorosos hallazgos como el de 350 cuerpos de personas exhumados en Durango, Durango; 193 a 196 en San Fernando, Tamaulipas; 75 en La Barca, Jalisco entre 2013 y 2014; 292 cráneos que anteriormente fueron localizados en Veracruz, Veracruz, así como los más de 2 mil cuerpos exhumados en el resto del país, todos ellos entre 2006 y 2017.
Lo anterior no sólo muestra una vez más la situación de violencia y de violaciones a los derechos humanos por la que ha atravesado el país durante los últimos 12 años, sino que vuelve a exponer la urgencia de contar con un Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas adecuado y la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades en lo que concierne a estadísticas de fosas, víctimas encontradas, víctimas identificadas y los resultados de las investigaciones derivadas de estos delitos. Sin ello, será más difícil hacer frente a la falta de información, a la incertidumbre y a la inconsistencia de datos derivados de las instituciones oficiales, mismos que vulneran los derechos humanos a la información y a la verdad.
Sin embargo, actualmente existen los siguientes retos que deben de ser considerados para que el Registro Nacional cumpla con las finalidades enmarcadas en la Ley General:
No todas las fiscalías o procuradurías locales han proporcionado información sobre hallazgos de fosas clandestinas en sus entidades. De las últimas solicitudes de información realizadas a los 32 estados del país, sólo 21 proporcionaron información relacionada con este tema. Lo anterior puede significar que no todas las fiscalías o procuradurías cuentan con esta información sistematizada o, peor aún, existe una política para no proporcionar información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos.
Las cifras oficiales estatales y federales pueden tener subregistros y no existe un sistema de gestión de información adecuada. Lo anterior se ha constatado de diferentes formas. Por ejemplo, existen fiscalías o procuradurías que señalan cuántos cuerpos y/o restos de personas han sido exhumados en un municipio, pero no señalan el total de fosas halladas en cada sitio. No sólo esto, sino que hay casos de fosas dentro de las mismas instituciones que se agregan, se remueven o simplemente no se incluyen desde el inicio sin dar una explicación sobre esto a las solicitudes de información realizadas en diferentes momentos.
Línea de investigación apunta a que víctimas podrían estar relacionadas con desapariciones forzadas; Colectivo denuncia actuación de “mala fe” de fiscalía por ocultar hallazgo.
La Fiscalía General de Justicia de Veracruz investiga la posible participación de elementos o exelementos de la policía estatal en la inhumación ilegal de por lo menos 166 personas, cuyos restos fueron descubiertos el día de ayer en más de 30 fosas clandestinas en el centro de dicha entidad. Los hechos habrían ocurrido en la gestión del exgobernador Javier Duarte.
Se trata de una de las líneas de investigación que tienen los fiscales especializados en búsqueda de personas desaparecidas de la entidad, y en la que tampoco se descarta el involucramiento de un grupo del crimen organizado.
De acuerdo con autoridades relacionadas con la investigación hay al menos dos elementos que dieron paso a la apertura de esta hipótesis. Una es que este nuevo hallazgo surge como resultado del seguimiento de varias pistas derivadas de los casos de desaparición forzada que se atribuyen a la policía estatal bajo el mando de Arturo Bermúdez, en el sexenio de Duarte.
Y el segundo elemento es que, como se anunció ayer, los primeros resultados tras 30 días de trabajo en la zona arrojan que los restos tendrían por lo menos dos años de antigüedad, con lo que se presume que las inhumaciones habrían ocurrido todavía en la administración del exgobernador priista.
Las autoridades consultadas indicaron que para confirmar o descartar esta hipótesis serán determinantes los resultados de las pruebas genéticas que se llevan a cabo con el apoyo de Policía Federal, y que tienen como objetivo obtener perfiles de ADN de los restos para compararlos con los de víctimas de desaparición forzada.
Eso lo saben “Kalimba” y “El gordo”, lo saben Víctor Hugo, Alondra y las más de 4 mil 500 personas que se calcula viven hoy en las calles de la Ciudad de México. Lo sabía también Mansiyer –como lo llaman sus amigos– quien murió una noche de este año, cuando alguien lo atacó mientras dormía en una calle del centro de la ciudad.
Sobrevivir en la calle es no saber cuándo vas a comer, si vas a tener un lugar donde dormir. Sobrevivir es también dejar la vida en manos extrañas que te pueden agredir en la mitad de la noche. Por eso no es extraño reconocer una especie de resignación ante los riesgos entre quienes integran las poblaciones callejeras: porque en su cotidianidad está impregnada la muerte.
Con todo, saben que es cosa seria. “La muerte no es bonita”, dice Alondra con sus 23 años, y “cuando te toca, ni aunque te quites”.
Para quienes viven en la calle no sólo se trata de los riesgos de muerte a los que se enfrentan, también saben de las altas probabilidades de que, una vez muertos, vayan a la fosa común, un lugar destinado a personas desconocidas o no reclamadas por un familiar.
En un esfuerzo por combatir esta situación, la organización El Caracol, que trabaja con poblaciones callejeras, desde hace 14 años organiza una campaña en la que reflexiona con personas que viven en la calle sobre el tema de la muerte. El objetivo de la campaña Chiras pelas, calacas flacas es, en primer lugar, que las poblaciones callejeras identifiquen los riesgos de morir a los que se enfrentan y que generen mecanismos de autoprotección; y en segundo, recabar información sobre quiénes y cómo han muerto durante el año en las calles de esta ciudad. Esto último les permite impulsar políticas públicas para disminuir los riesgos y, en última instancia, para que su historia no se pierda en la fosa común.
El objetivo no es fácil, y El Caracol lo sabe. Por eso, ha perfeccionado una metodología para lograr lo que se propone: se trata de un juego con canicas, que es poco invasivo y al que los “valedores” le entran casi de forma inmediata.
Foto: Viridiana Ramírez
Es el mediodía del jueves 19 de octubre. Cada jugador le da un nombre a su canica: tiene que ser un riesgo de muerte de los que ellos enfrentan todos los días.
Después de un rato las canicas se llaman solvente, alcohol y policía; se llaman mariguana, riñas y discriminación. El juego arranca: la primera canica que entra en un hoyito en el suelo adquiere un poder para “matar” a las demás, para dejarlas fuera del juego. “¡Pelas!”, grita alguien, en una ronda, el solvente mata al resto de los riesgos.
Ángel, quien coordina la campaña Chiras pelas, calacas flacas el día de hoy, coloca en la pared una hoja de papel, en la que los jugadores identifican las actividades de riesgo a las que se enfrentan, y las clasifican por colores. El rojo significa riesgo de muerte, el amarillo es una alerta, y el verde no representa peligro. “¿Qué nos pone en riesgo?”, se preguntan quienes viven en la calle: las drogas, el alcohol, no usar protección durante las relaciones sexuales, la depresión, las riñas o peleas. “¿Cómo podemos evitarlos?”, reflexionan, y ellos mismos se responden: haciendo ejercicio, teniendo una buena alimentación, evitando problemas.
El semáforo de riesgos se queda pegado: si alguien no jugó y se acerca más tarde al punto de reunión, puede preguntarse de qué trata, enterarse y ser consciente de las medidas de protección que puede implementar, si es que no lo ha hecho.
Ángel coloca otra hoja: ahora busca saber quién, de ese grupo de población callejera, ha muerto en el año. La lista la encabeza Reyna, pero nadie sabe cómo ni por qué murió. De hecho, ella no pertenece a este grupo, la noticia de su muerte llegó hace apenas unos días. Otra mujer, desconocida, murió el 18 de octubre. Es la muerte más reciente. A Mansiyer “lo picaron”, “lo agarraron dormido”. Con el paso de los minutos la lista se va alimentando: las causas de muerte, en general, nadie las conoce.
Ángel también busca que los participantes se protejan para no morir igual. ¿Cómo evitar que alguien te ataque mientras duermes? Tener un grupo, dicen ellos, y cuidarse entre todos. También conseguir un lugar seguro donde dormir.
Algunos de los curiosos que se acercan no quieren compartir mucha información, quizás porque piensan que se meterían en problemas, o tal vez porque la muerte les hace ruido y no quieren pensar en ella. Hace unos días, en una calle cercana al Teatro Blanquita, hubo una balacera. Murió un joven que, aunque no era de la población callejera, les hizo recordar a quienes sobreviven ahí la fragilidad de la vida. Ellos lo vieron todo y no pudieron hacer nada. “Está cabrón”, “esa cruz blanca es su cruz”, dicen.
Al final de la campaña, los integrantes de El Caracol difunden información sobre sus actividades: ahí dan asistencia y ayuda legal. Decenas de personas se acercan: quieren tramitar su acta de nacimiento, su credencial de elector. Quieren tener nombre, identidad. Hay quienes buscan trabajo o resolver un problema médico. Ángel toma sus datos para brindarles ayuda y no perder de vista esos casos.
Por ahora la jornada termina. Los valedores se van a comer, y los integrantes de El Caracol regresan a sus oficinas para continuar con las actividades. Para el resto de la gente, la vida sigue su curso habitual.
Foto: Marcela Méndez/Cencos
Muchas causas de muerte en las poblaciones callejeras pueden evitarse: son excesivamente prevenibles, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la actualidad, es difícil ver que alguien muera como consecuencia de una gripa o de una infección estomacal, ya que existen los elementos técnicos y científicos para evitarlo; en las personas que viven en la calle es, sin embargo, habitual, porque no tienen acceso al derecho a la salud, y esto se relaciona con la discriminación que viven todos los días.
Explica Enrique Hernández, director de El Caracol, que a lo largo de la campaña han detectado que mientras un ciudadano de la Ciudad de México tarda cerca de 45 minutos en ser atendido por una ambulancia durante una situación de emergencia, las poblaciones callejeras deben esperar hasta cinco horas en promedio. No sólo eso, muchas de las personas que viven en la calle han dejado de buscar asistencia médica para evitar que los traten mal. “La discriminación mata”, decía el eslogan de Chiras pelas, calacas flacas el año pasado.
La presión policíaca y de la comunidad es otra forma de discriminación que incide en las causas de muerte de esta población. “Hemos documentado casos graves de limpieza social: ¿qué significa? Que hay presión policiaca para retirar a la población sin que medie una orden del juez; el argumento para retirarles es solamente que viven en las calles”.
Entre 2010 y 2011 un grupo de población callejera tuvo presión policiaca todos los días durante seis meses; El Caracol documentó la muerte de 10 personas que fueron víctimas de esta presión psicológica. “No hubo sangre, pero sí hubo diez muertos”.
Todo lo anterior da cuenta, de acuerdo con el director de El Caracol, de que aunque la ciudad avanza, las poblaciones callejeras no han visto garantizados sus derechos más elementales, como el acceso a la salud, a la seguridad y a la protección.
Foto: Marcela Méndez/Cencos
Este 2 de noviembre el Panteón Civil de Dolores, ubicado en la delegación Miguel Hidalgo, es una fiesta. Cientos de familias han venido para recordar a sus seres queridos: hay hijos y nietos alrededor de las tumbas. Hay flores frescas y papel picado de colores; hay comida e incluso música. Las personas se reúnen con los seres queridos que se les adelantaron.
Conforme uno camina hacia el fondo del panteón, los colores se van perdiendo y se ven flores marchitas, tumbas abandonadas. Uno llega luego a un camino sin pavimento: es pura terracería que lleva a la fosa común. Ahí yacen cientos de cadáveres de personas que no fueron reclamadas por nadie, que no tienen nombre ni anécdotas, ni historia. Ahí la muerte no es fiesta, sino abandono.
Al inicio del camino, enclavadas en la tierra, unas placas blancas sirven para señalar las primeras fosas: hay números y letras, pero no retratos, no nombres.
Es precisamente este recóndito lugar en el que descansan cientos de personas que alguna vez vivieron en la calle y que no fueron reclamadas por nadie.
En 2017, la campaña Chiras pelas, calacas flacas tiene el lema “Sin desconocidos”. El objetivo, explica Enrique Hernández, es visibilizar un problema común para las poblaciones callejeras: cuando mueren, es muy probable que nadie reclame su cadáver al morir en calidad de desconocidos, y que terminen en la fosa común.
“Cuando alguien muere en la calle es difícil encontrar a su familia, o encontrar servidores públicos sensibles que puedan, por ejemplo, entregarle el cuerpo a alguien que no es de su familia”, señala Enrique.
Dice que tan sólo el año pasado murieron cerca de 400 personas en calidad de desconocidas: no hubo nadie que las reclamaran y hoy descansan en fosas comunes. La pregunta, dice Enrique, es por qué quienes viven en la calle no tienen derecho a una muerte digna, a que perdure su historia a través de su idendidad.
Cuando alguien muere en estas condiciones se pierde precisamente eso: su historia. Por ello, este año el reclamo es “no queremos más desconocidos”.
Si las autoridades, la sociedad y las empresas funerarias llegan a ver este problema, es más probable que se sensibilicen y ayuden a combatirlo, que “los chavos tengan entierros dignos”.
“Recién enterramos a una chica trans. La población callejera, sus amigos, estaban muy insistentes en que se enterrara: decían que alguien muy alegre, con mucha buena vibra no debía ir a la fosa común”, cuenta Enrique. “La rescatamos, una empresa financió el entierro y fue muy, muy, muy emotivo porque los chavos y las chavas dijeron que su amiga se fue como lo que era: una reina”.
Este caso, dice, habla de la sensibilidad, de que se puede cambiar esta lógica de discriminación.
