La madrugada de este miércoles, el cuerpo de una mujer fue hallado en la vía pública, en la colonia Solidaridad del municipio de Ecatepec, Estado de México.
De acuerdo con reportes del diario Reforma, vecinos de la colonia reportaron el hallazgo del cuerpo – que tenía un cable alrededor del cuello – cerca de las 5:00 horas, y dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron al sitio y verificaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.
El cuerpo de la víctima, de unos 35 años de edad, fue levantado por el Servicio Médico Forense.
En 2017 y 2018 se han registrado oficialmente 100 feminicidios en el Estado de México.
Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señalan que entre enero y junio de este año 36 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el Estado de México: cinco por arma de fuego, siete por ataques cometidos con arma blanca y en 24 casos se les asesinó con otros instrumentos.
Ciudad de México | Desinformémonos. Un recurso de apelación a la sentencia emitida contra seis indígenas nahuas detenidos desde hace 15 años “con acusaciones falsas y dolosas” fue interpuesto por el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL), cuyo presidente, José Antonio Lara Duque, solicitó particularmente que los tres poderes del Estado garanticen la protección de los acusados, luego de que se descartó que estuvieran presentes en los hechos en los que una persona murió.
“El gobierno del Estado de México, a través de sus tres Poderes (Legislativo, Ejecutivo y sobre todo Judicial) tienen el reto de emitir una revisión a la sentencia con un alto estándar internacional. Es una oportunidad para que haya apego a derecho, ya que con relación a la protección de personas indígenas el gobierno mexicano tiene una deuda histórica con este sector de la población”, indicó Lara Duque.
El recurso de apelación busca la protección de los seis nahuas de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco, quienes desempeñaban acciones de defensa del agua y el territorio por las cuales, junto con otros defensores de la comunidad, fueron víctimas de represión por parte de las autoridades estatales.
La frialdad e indiferencia de las autoridades del Estado de México frente a los feminicidios queda evidenciada con la historia de Diana, una joven vendedora de dulces asesinada en julio de 2017. Su caso ha generado indignación, coraje e impotencia desde que se exhibió que la chica fue reportada como un hombre cuando encontraron su cadáver. Han pasado nueve meses y las autoridades siguen sin mostrar interés en esclarecer el crimen. “Ni siquiera cuentan con una línea de investigación”, denuncia la familia. En tres años, 2015, 2016 y 2017, se asesinaron a 8 mil 190 mujeres, según dato del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Estas cifras reflejan un crecimiento de asesinatos de mujeres en 52 por ciento, de 2014 a 2017, destaca el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
El estudiante fue encontrado por elementos de seguridad afuera del hospital, logró salir a pesar de que hay asignados policías federales para su custodia; de acuerdo con las autoridades, no ha estado en condiciones de rendir declaración.
El menor Marco Antonio Sánchez Flores, que en enero pasado fue detenido por policías de la Ciudad de México y estuvo desaparecido durante cinco días, en un caso en el que diferentes organizaciones acusaron detención arbitraria y otras violaciones a protocolos, trató de escapar este jueves del hospital psiquiátrico en el que ha estado internado, desde que se determinó que era necesario analizar su condición neurológica.
Familiares del estudiante de preparatoria, y la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, confirmaron a Animal Político el intento de escape del Instituto Nacional de Neurología.
Mencionaron que el menor fue encontrado por elementos de seguridad afuera del hospital, y que logró salir a pesar de que hay asignados policías federales para su custodia, y de que solo enfermeras pueden abrir la puerta del área en que ha estado internado.
A Marco Antonio, de 17 años, le fue detectado un delirium mixto secundario. El joven ha permanecido en hospitalización, después de que, tras cinco días de estar desaparecido, fue ubicado en el Estado de México, el 28 de enero. De acuerdo con las autoridades, no ha estado en condiciones de rendir declaración sobre lo que pasó al ser detenido por policías cerca del Metrobús El Rosario, y en el lapso en que deambuló hasta llegar a territorio mexiquense.
Las organizaciones que han apoyado a la familia de Marco Antonio, respecto al intento de escape del hospital, acusaron que de nueva cuenta fue puesta en riesgo la integridad y salud del menor, que está bajo responsabilidad del sistema de Salud y el Estado mexicano.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de la “caja negra” del Ramo 23, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó de manera discrecional recursos multimillonarios a gobiernos estatales priistas, sobre todo en años anteriores a procesos electorales, de acuerdo con la organización México Evalúa.
El año pasado, el entonces secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña destinó 36 mil 300 millones de pesos a los 15 gobiernos estatales priistas, y otros 11 mil 738 millones de pesos a los 10 gobiernos del PAN a través de tres programas presupuestarios que integran el Ramo 23: Contingencias Económicas, Programas Regionales y Fortalecimiento Financiero (Fortafin)
En 2011, el año previo a las elecciones presidenciales, Ernesto Cordero Arroyo –entonces secretario de Hacienda del gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa– entregó 8 mil 80 millones de pesos a gobiernos estatales encabezados por el PAN y 3 mil 849 millones de pesos a gobernadores del PRI.
El estudio “Arquitectura del Ramo 23”, presentado hoy por México Evalúa, evidencia que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) utilizó estos recursos multimillonarios como una herramienta de “control político”: la empleó tanto para “premiar” a los gobernadores aliados como para “castigar” a los opositores, especialmente en periodos electorales.
Los casos del Estado de México y de Chihuahua lo exhiben con toda claridad: entre 2009 y 2012, el gobierno del Estado de México –es decir, de Peña Nieto– recibió un promedio de mil 584 millones de pesos cada año derivado de estos tres programas del Ramo 23.
Y a partir de la llegada al poder de Peña Nieto, la tendencia cambió de manera dramática: entre 2013 y 2017, la SHCP entregó un promedio de 8 mil 327 millones de pesos cada año a la entidad, bastión histórico del PRI; es decir, seis veces más que con Calderón.
Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad, dice la organización.
La discrecionalidad con la que el gobierno federal maneja los recursos del ramo 23 ha permitido que esa bolsa de dinero público se use para premiar, castigar o cooptar a las administraciones estatales, concluyó la organización México Evalúa tras analizar el presupuesto federal de los últimos dos sexenios.
El ejemplo más reciente del uso político de esa bolsa presupuestal fue Chihuahua, entidad que en el sexenio del priista César Duarte recibió un promedio anual 1,650 millones de pesos, con la llegada del panista Javier Corral a la gubernatura la cifra cayó a 70 millones de pesos.
Situaciones similares se vivieron en el Estado de México, Nuevo León o Veracruz, los datos duros muestran que con la llegada del PRI al gobierno federal empezaron a fluir más recursos a esas entidades gobernadas por priistas a través de programas de subsidios federales que están dentro del ramo 23: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales y Contingencias Económicas.
“Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad, esta secretaría decide a quién otorgarle recursos, por qué, cuánto y cuándo. La entrega de recursos se efectúa por medio de convenios que la misma secretaría define, los cuáles en su mayoría no se publican”, dice el reporte Arquitectura del Ramo 23 que presentó este martes la organización México Evalúa.
Además en la revisión del gasto en esos programas la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó entre 2013 y 2016 “una cantidad considerable de irregularidades”, pues no comprobó el uso de 5 mil 943 millones pesos, y el probable daño al erario se estimó en 7 mil 931 millones de pesos.
“Uno de los casos más graves se observó en Veracruz; en 2015 la ASF señaló un presunto daño al erario de más de 3 mil millones pesos vinculado al programa Contingencias Económicas, principalmente por el retiro injustificado de recursos de la cuenta específica del programa”.
PUEBLA, Pue. (apro).- En su informe anual, Amnistía Internacional (AI) concluyó que lo ocurrido en la población de Palmarito Tochapan, el 3 de mayo pasado, cuando un soldado abrió fuego contra un hombre que yacía en el suelo, se trató de una ejecución extrajudicial.
Al asegurar que las ejecuciones extrajudiciales en México no se investigaban adecuadamente, y que quienes las perpetraban seguían gozando de impunidad, AI resaltó los casos de los años recientes, entre ellos el Tlatlaya, en el Estado de México, en 2014; Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, ambos en 2015.
Amnistía agrega que a estos casos se suma lo ocurrido en Palmarito Tochapan, donde el Ejército llevó a cabo operativos de seguridad pública en la localidad y reportó la muerte de siete personas, incluidos cuatro soldados.
“Días después se publicaron en internet imágenes de video de cámaras de seguridad instaladas en el lugar. Uno de los videos mostraba claramente a una persona con uniforme militar matando de un disparo a un hombre que yacía en el suelo”, refiere el organismo internacional.
La Fiscalía General de Justicia del Edomex emitió una alerta para localizar a Luz María Medina Pichardo, tía de la menor Lupita, cuyo cadáver fue abandonado en marzo pasado en ciudad Nezahualcóyotl, Edomex.
Marina, hermana de la mujer desaparecida desde hace cinco días, dijo a SinEmbargo que Luz María habría recibido amenazas de una hermana y de una ex pareja del padrastro de “Calcetitas rojas”.
Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Luz María Medina Pichardo, una de las tías de la niña mejor conocida como “Calcetitas rojas”, se encuentra desaparecida desde hace cinco días. Su familia teme por su vida ya que, asegura, recibió amenazas por parte de una pariente y una ex pareja de Pablo, el padrastro detenido tras el brutal asesinato de la pequeña de 5 años.
Luz no llegó a dormir a su casa desde el pasado viernes. Ayer, su hermana Marina formalizó la denuncia ante el Ministerio Público.
Por la noche, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México emitió un boletín que pedía ayuda para la localización de la mujer de 33 años de edad.
“Ella, al parecer, recibió una amenaza de la hermana de Pablo [el padre detenido por el crimen de la niña] y amenazas por parte de su ex pareja, a partir de que se dio a conocer lo de la niña”, dijo a SinEmbargo Marina Medina, hermana de la mujer.
Después de varias horas de visitar hospitales y diversos lugares del Estado de México, pasadas las 2de la madrugada de este día regresó sin resultados.
Hoy la mujer continúa con la búsqueda de su hermana, confirmó esta mañana.
El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ha destacado en diversas ocasiones el papel de la obra pública como motor de desarrollo del país. En 2015, sus grandes planes se vieron afectados por los recortes y la economía “austera” que impuso el Gobierno federal. Así, la SCT se vio obligada a cancelar algunos proyectos por esa razón.
Esos planes, que incluían la construcción de trenes que conectarían al país por vías importantes para su desarrollo también se vieron frenados por escándalos de presunta corrupción.
Ya en el último año de esta administración, las cifras definitivas comienzan a mostrar realidades y una de ellas es que en materia de infraestructura el Estado de México –entidad donde el propio Ruiz Esparza fue titular de Comunicaciones en el sexenio del entonces Gobernador Enrique Peña Nieto– fue una de las entidades que más dinero recibió para la construcción de obras, y muy por encima del resto de los estados.
Además, las cifras muestran que esa asignación presupuestal no obedeció los lineamientos del programa de infraestructura que la SCT presentó como plan sexenal, aliado con el Plan Nacional de Desarrollo.
Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– De los 928 mil 881 millones 040 mil pesos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) destinó en el periodo de 2013-2017 a la construcción de obra pública en las entidades federativas, el Estado de México se benefició con el 45.8 por ciento de esa cantidad, es decir con 246 mil 227 millones 290 mil pesos.
Esa cantidad es 78 veces lo que recibió Aguascalientes, que es el estado que menos dinero recibió. Es también mucho mayor si se compara con los 61 mil 060 millones 010 mil pesos que recibió Jalisco, el segundo estado con más asignación de presupuesto en este rubro.
De acuerdo con datos obtenidos por SinEmbargo a través de la solicitud de información con el folio 0000900286017 dirigida a la SCT y cotejados, además, con datos abiertos disponibles en los portales de esa dependencia en cada entidad federativa, el monto total de inversión en los últimos cinco años asciende a 928 mil 881 millones 040 mil pesos que han funcionado para “concluir” o “inaugurar” 2 mil 775 obras, tener “en proceso” 647 y proyectadas otras 140.
Las entidades del país que han recibido más dinero son el Estado de México, con 246 mil 227 millones 290 mil pesos, seguida de Jalisco, con 61 mil 060 millones 010 mil pesos; Veracruz, con 59 mil 958 millones 040 mil pesos; Querétaro, con 54 mil 200 millones 280 mil pesos, y Michoacán, que recibió 45 mil 418 millones 730 mil pesos.
TOLUCA, Edomex. (apro).– En nombre de Fanny, pero también de las 250 mujeres que en el transcurso de 2017 han sido víctimas de feminicidio en el Estado de México, casi una centena de vecinos del Valle de Toluca marcharon esta tarde por calles de la capital mexiquense en demanda de justicia y de un alto a la violencia de género.
Rosalinda Esthefanie Morales García tenía de 29 años y era madre de una bebé de seis meses. Trabajaba en el Organismo de Agua y Saneamiento en Toluca. El jueves 14 abordó un taxi en el municipio de Metepec para trasladarse a su domicilio en La Crespa, de esta ciudad.
“El taxista no me deja bajar”, advirtió a una amiga desde su WhatsApp, a quien además confió las placas del vehículo tipo Tsuru: 5799JFE.
El pasado domingo, su cuerpo fue localizado en la comunidad Detiña, a un costado del libramiento a Acambay, más de 70 kilómetros al norte de donde fue vista la última ocasión.
Desde el interior la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se mantiene atenta a las investigaciones, su madre Rosalinda Silvia se sumó telefónicamente a la protesta.
“Quisiéramos estar allí (en la marcha), no es un desaire… Lamento no poder estar con ustedes, estoy en la Fiscalía, para nosotros es importante que esto se esclarezca”, explica entre sollozos, mientras la vocecita de inquietud de su nieta de vez en vez también se cuela.
“Es una consternación pensar que mi hija no regresará con nosotros, no podemos asimilar que no volverá a mi casa”, admite.
Doña Rossy, como cariñosamente le llaman, explica que apoyará la inconformidad con la violencia de género, por su hija, “pero también por todas las mujeres a las que en este momento les ha pasado lo mismo que a mí”.
“Mi único consuelo es haber tenido el cuerpo de mi hija para poderlo enterrar; hay mamás que ni siquiera han tenido eso”, lamenta.
Doña Silvia además agradece el apoyo de quienes se solidarizaron en busca de justicia para “mi única hija, mi luz, mi alegría”, y exigió resultados en las indagatorias.
“Edomex feminicida”, “Vivas nos queremos”, “De camino a casa quiero ser libre, no valiente”, se lee en algunas pancartas de los inconformes, entre ellos integrantes de organizaciones civiles que reclamaron a la administración mexiquense garantías de seguridad para que madres, hijas, esposas y mujeres salgan a las calles sin miedo ni riesgos.
