Comunicado: Diagnóstico de mujeres desaparecidas

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

PUEBLA, VERACRUZ, GUERRERO, NUEVO LEÓN, CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, COLIMA Y JALISCO.

  • El 16 de mayo de 2022 la cifra oficial de personas desaparecidas y no localizadas llegó a los 100 mil casos y no ha parado de crecer. El 24.7 % de los casos corresponde a niñas y mujeres desaparecidas y no localizadas.
  • En Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Nuevo León y Guerrero se concentran el 56.13 % de los casos de todo el país. 
  • La desaparición de mujeres y niñas en México es una expresión de la violencia feminicida y tiene graves repercusiones para la sociedad.

Ciudad de México, 27 de octubre del 2022. El diagnóstico de mujeres desaparecidas que ha elaborado el IMDHD, presenta en conjunto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Justicia Pro Persona, pretende visibilizar la desaparición de niñas y mujeres en ocho estados del país a través de una lectura de estadísticas oficiales y documentación de casos en el periodo comprendido entre 2018 y 2020. Este diagnóstico analiza casos de feminicidio y trata de niñas y mujeres con las desapariciones, entendiendo que los tres fenómenos son parte de la máxima expresión de violencia contra las mujeres y que sus vínculos pueden dar luces sobre cómo prevenir el feminicidio, así como mejorar la búsqueda de mujeres y niñas.

De acuerdo al Diagnóstico, el rango de edad donde se concentran los casos de niñas y mujeres desaparecidas va de los 15 a los 19 años; este rango se repite siendo el doble o incluso el triple de los que le siguen. Lo anterior refleja el reto más difícil para las autoridades, ya que a partir de esto deben diseñar políticas públicas focalizadas para la búsqueda inmediata de los casos de adolescentes y mujeres jóvenes, a la par de implementar proyectos que puedan prevenir y proteger a esta población de continuar siendo víctima de desaparición.

La tendencia general de los casos de niñas y mujeres desaparecidas, desde el año 2000 en adelante, ha ido en ascenso, reportando desde 2011 más de 1,000 casos anuales. A partir del año 2020 se empiezan a denunciar anualmente más de 2,000 casos, siendo preocupante que el pico más alto sea el año 2021, con 2,729 casos de niñas y mujeres desaparecidas y no localizadas.

Por lo anterior, es necesario que el Estado mexicano, desde el nivel federal y estatal, visibilice la problemática de desaparición de niñas y mujeres como parte de la violencia feminicida y formule e implemente de manera urgente una política pública focalizada en las ciudades y municipios que concentran el mayor número de casos, teniendo en cuenta los siguientes componentes:

  1. Focalizar acciones prioritarias, con planes estratégicos de prevención, investigación y búsqueda. 
  2. Apropiar recursos específicos para la implementación de política pública desde el nivel federal y estatal. 
  3. Actualizar las alertas de violencia de género contra las mujeres vigentes con el diagnóstico de la problemática de desaparición de niñas y mujeres en cada estado, reconociéndola como violencia feminicida. 
  4. Diseñar estrategias especiales para la prevención de la desaparición de mujeres que se encuentran entre los quince y diecinueve años.
  5. Garantizar que exista un seguimiento y atención continua a las carpetas de investigación de estos casos, con énfasis especial en reactivar aquellos de larga data, y en responder de manera inmediata y en cumplimiento de los estándares y protocolos nacionales e internacionales sobre los nuevos casos. 
  6. Garantizar que existan planes y diligencias de búsqueda que incorporen todos los casos y que tengan una vinculación de los mismos de acuerdo al análisis del contexto.
  7. Fortalecer, al interior de las áreas de análisis de contexto de fiscalías y comisiones de búsqueda, la aplicación del enfoque de género y el desarrollo de estudios particulares sobre la desaparición de mujeres y niñas en los estados. 
  8. Lograr sentencias que condenen a los máximos responsables de la desaparición forzada de niñas y mujeres en los estados. 
  9. Sancionar a las y los funcionarios que incurran en prácticas de violencia institucional contra familiares de personas desaparecidas, incluyendo el uso de estereotipos y prejuicios basados en género.

Desde el IMDHD hacemos un llamado enérgico para que ninguna de las víctimas sea olvidada y exigimos a los estados visibilizar la magnitud y complejidad de este problema, reconociendo su gravedad y adoptando marcos legales y políticas públicas que estén acordes a esta dura realidad.

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Crisis forense: más de 30 mil cuerpos sin identificar están enterrados en fosas comunes

Imagen: Twitter @movNDmx

 

Alberto Pradilla/Animal Político

La crisis forense se centra en entidades como Baja California, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, según un informe de Movimiento por Nuestros Desaparecidos.

Seis de cada diez cuerpos sin identificar en México se encuentran enterrados en una fosa común. En total, 31 mil 488 de los 52 mil 004 cuerpos que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos tiene identificado que se guardan en diversas instituciones del país.

Un informe sobre la crisis forense que sufre el país fue elaborado por esta plataforma, que engloba a 74 colectivos de familiares de personas desaparecidas, y revela cómo el incremento de cuerpos en los Servicios Médicos Forenses (Semefos) no vino acompañado de una toma de conciencias por parte de las autoridades, lo que llevó a un deficiente resguardo de las personas fallecidas que dificulta su identificación.

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Comunicado de prensa de Movimiento por Nuestros Desaparecidos

Personas y organizaciones de la sociedad civil condenamos los asesinatos contra defensores de la tribu Yaqui y periodistas en Coahuila, Oaxaca y Estado de México

Cencos/Espacio OSC

 

  • En el mes de junio, al menos dos personas defensoras de derechos humanos y tres periodistas fueron asesinados en México. 
  • Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las víctimas y familiares de la violencia, y  exigimos de las autoridades de gobierno garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión.
  • Ante este contexto de violencia, es necesario impulsar una política pública integral de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

 

Junio, 28, 2021, México. Las personas y organizaciones firmantes nos solidarizamos con las víctimas y sus familias, y condenamos los asesinatos, ataques y amenazas sistemáticas en contra de personas defensoras de derechos humanos, en especial quienes defienden la tierra y el territorio, y contra periodistas y medios independientes en el país. 

Los homicidios en Sonora cometidos en contra de los defensores del agua y el territorio Tomás Rojo, tras días de estar desaparecido y de Luis Urbano Domínguez, ambos pertenecientes a la tribu Yaqui, así como de los periodistas Saúl Tijerina en Coahuila, Enrique García en Estado de México y Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca, este último beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas; reflejan los riesgos a los que están expuestos en México quienes defienden derechos humanos y la libertad de expresión. Además, exponen la ausencia de medidas y políticas por parte de las autoridades federales, estatales y municipales para prevenir y sancionar los ataques a la vida, integridad y labor de las personas defensoras y periodistas. 

La falta de campañas de reconocimiento sobre la defensa de derechos humanos; ausencia de investigaciones y sanciones penales a las agresiones previas; poca coordinación entre instituciones de los tres niveles de gobierno para garantizar la labor de personas defensoras y periodistas; falta de debida diligencia en la realización de análisis de riesgo e implementación de medidas de protección, en especial con enfoque de género, colectivo y comunitario; y la ausencia de políticas de seguridad dirigidas a la desarticulación de bandas criminales, son algunas de las falencias identificadas que han posibilitado que personas defensoras y periodistas no cuenten con condiciones seguras para poder realizar su labor.  

Frente a la continuación de violencia, ataques físicos y homicidios cometidos contra personas defensoras y periodistas, que han evidenciado la profundización de la crisis y violencia en materia de derechos humanos en el actual contexto de COVID-19 y post-electoral, exigimos a las autoridades federales, estatales, municipales y entes autónomos implementar acciones dirigidas a la creación de entornos seguros para la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico, así como omitir cualquier acción que inhiba el ejercicio de los derechos de estas poblaciones. 

Recomendamos la generación de mesas de trabajo con participación de autoridades con facultades para prevenir, proteger, investigar y reparar el daño, así como de personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que permita reactivar el diálogo en torno a la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos presentado en Diciembre de 2020.

Exigimos a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra  la Libertad de Expresión (FEADLE), a combatir la impunidad investigando diligentemente los asesinatos cometidos contra personas defensoras y periodistas. Urge que se lleven a cabo las investigaciones conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y con base a buenas prácticas en materia de delitos cometidos en contra de personas defensoras, que partan de la hipótesis de su labor de defensa e información. 

También exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones establecidas en el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En tanto el Mecanismo siga siendo la única respuesta del Estado Mexicano, es conditio sine qua non fortalecerlo. 

Por último, solicitamos a las Relatorías de libertad de expresión y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, de la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pedro Vaca, Irene Khan,Mary Lawlor y Joel Hernández Garcia, continuar la observancia sobre la situación en México, y les exhortamos respetuosamente a pronunciarse respecto a la situación de violencia y la necesidad de políticas eficaces para garantizar el derecho a defender y de ejercicio de libertad de expresión. 

Para contacto de medios

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas 

contacto@espacio.osc.mx

@EspacioOSC 

Personas firmantes

Ángeles Hernández Alvarado, Alejandro Castro, Araceli Osorio Martínez, Témoris Grecko, Amarela Varela Huerta, Profesora investigadora UACM, Elsa Ángeles Vera, Adriana Mújica M, Manuel Alejandro Castro Flores, Rosa María Rodríguez Quintanilla, Arely Orozco Rolón, Rosario Patricia Rodríguez Rodríguez, Estrella Pedroza, Juan Castro Gessner, Elia Regina Basurto Ríos, Concepción Peralta Silverio, Nantzin Saldaña Escobar, Raquel Cervantes Alday, Vania Pigeonutt, Ma de Jesús Alvarado Balleza, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Red Nacional de Peritos y Expertos independientes contra la Tortura, Edith Escareño Granados, Dolores Soto, Rossana Ramírez Dagio, Yaredh Marín Vázquez, Gloria Careaga Pérez, Gloria Guadalupe Flores Ruiz, Rosa Isela, Dolores Soto, Camelia Muñoz Alvarado. 

 

Organizaciones de derechos humanos y redes de la sociedad civil

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Amnistía Internacional México, Aluna Acompañamiento Psicosocial, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cimige, A.C, Centro Universitario Comunal «ity Ndyaa Ndoo», Colectiva Sobrevivientes de feminicidio en México, Red de Trabajadoras de la Educación SNTE, Ojos de Perro vs la Impunidad A.C, Campo, A.C, La Tribuna de Toluca,  Voces Irritilas, A.C, La Talacha Noreste, periódico digital, El Aguijón Medios,, El Aguijón Medios, The Observer, Periodismo y Verificador del Discurso Público, Colectivo Ambiental Guanajuato,, Red Nacional Género y Economía, Espacio libre independiente Marabunta A.C, Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual, Las Vanders, Organización Familia Pasta de Conchos, 4pnoticias, Observatorio de Designaciones Públicas, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

 

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Año y medio después, Fiscalía del Edomex retira cargos contra Misael Zamora, el ambientalista acusado de ‘talamontes’

Alberto Pradilla/Animal Político

La FGE desiste de su acusación por falta de pruebas. La familia Zamora pagó caro su activismo: su hermano fue asesinado en 2007 y su padre, ya fallecido, injustamente encarcelado en 2016.

Foto: Alejandro Ponce

“No estoy contento, porque es algo que tenían que hacer desde hace mucho, pero por fin lo hacen. Me alegra la noticia, pero también ojalá sirva de ejemplo para muchos casos que siguen existiendo”. Misael Zamora, indígena tlahuica de 29 años, recibió el miércoles la noticia que llevaba esperando desde hace año y medio: que la Fiscalía General del Estado de México reconoce que no tiene pruebas contra él.

Desde el 26 de abril de 2019, el joven originario de San Juan Atzingo, municipio de Ocuilán, Estado de México, cargaba con la acusación de ser “talamontes”, de lucrar ilegalmente con madera obtenida irregularmente. Una acusación difícil de sostener para alguien que viene de una familia con tradición de defensa del medio ambiente y que ha pagado un alto precio por su activismo: su hermano Aldo fue asesinado a tiros en 2007 en un atentado en el que el propio Misael sufrió la perforación de un pulmón y su padre, Ildefonso, encarcelado en 2015 por un robo que no cometió. 

Año y medio después del arresto, la jueza de control de Tenancingo, Estado de México, decretó la libertad de Misael Zamora después de que la Fiscalía retiró los cargos.

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CNDH pide respetar el debido proceso en el caso de la activista Kenia Hernández

Gloria Leticia Díaz/Proceso

Kenia Hernández está detenida en el Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Tlalcilalcalli, Estado de México.

Twitter @CNDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cuatro días de la detención de Kenia Hernández, coordinadora del colectivo “Zapata Vive”, acusada de “robo” por la Fiscalía General del Estado de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades mexiquenses respetar el principio de presunción de inocencia y garantizar un debido proceso.

El organismo resaltó que su personal se desplazó a la entidad y se cercioró de que Hernández se encuentra detenida en el Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, ubicado en el municipio de Tlalcilalcalli, en el Estado de México; además, constató que se encuentra en “buen estado físico e integridad personal”.
    
La Comisión resaltó que Hernández Montalván fue detenida en el municipio de Amozoc, Puebla, por elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía General del Estado de México, “en cumplimiento de una orden de aprehensión fechada el 3 de agosto de 2020”.

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Marchan mujeres para exigir un alto a los feminicidios en Edomex

Javier Salinas/La Jornada

Foto: La Jornada

Nezahualcóyotl, Méx. Un grupo de unas 200 mujeres de varios colectivos feministas realizaron una marcha para exigir alto a los feminicidios en el estado de México y en conmemoración del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

El contingente partió al filo del mediodía de este domingo del cruce de las avenidas Chimalhuacán y Sor Juana, desde donde caminaron hacia la Cuarta Avenida y después hacia López Mateos, para llegar a la presidencia municipal.

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Tribunal ordena reaprehensión de los 7 militares implicados en el caso Tlatlaya; acusan a tres de homicidio

Redacción/Animal Político

Los siete militares habían sido absueltos en 2016 por falta de pruebas; ahora son acusados de uso indebido del servicio público y tres por homicidio.

Foto: Cuartoscuro

A más de 5 años del enfrentamiento entre el Ejército y un grupo criminal en Tlatlaya, Estado de México, que dejó un saldo de 22 civiles muertos, un tribunal federal ordenó la reaprehensión de siete oficiales militares que participaron en los hechos y que habían sido absueltos en 2016 por falta de elementos en su contra. 

La magistrada del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, Olga María Josefina Ojeda Arellano, ordenó la recaptura de los siete militares por ejercicio indebido del servicio público y, para tres de ellos, por el delito de homicidio, según informó el diario Reforma.

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Una caravana recorre Ecatepec con un reclamo: justicia y freno a los feminicidios

Ixtlixóchitl López/Proceso

Foto: Ixtlixóchitl López

ECATEPEC, Edomex. (apro).- En un esfuerzo por visibilizar la violencia contra las mujeres, colectivos y familiares de víctimas de feminicidio en Ecatepec realizaron el pasado domingo una caravana por las calles de la entidad, donde exigieron justicia y castigo para los responsables.

Desde las 9:00 horas, una veintena de personas comenzó a llegar de a poco al andén B de la estación del Metro Indios Verdes para hacer un recorrido en microbús por el municipio más peligroso del Estado de México, el mismo que cuenta con dos Alertas de Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida y desaparición de mujeres.

La primera parada fue frente al número 87 de la calle claveles, en la colonia Vista Hermosa, donde fue hallado el cuerpo de Samantha, una pequeña de dos años a la que su padrastro de 32 años golpeó hasta causarle la muerte el 17 de junio pasado.

Al ver que la bebé no respondía, el presunto asesino envolvió su cuerpecito en una cobija de color azul y lo abandonó junto a la banqueta. La madre de Samantha fue quien delató a su pareja y tras el episodio ninguno de los dos ha vuelto al sitio.

Sin embargo, hoy activistas y vecinas recuerdan a la pequeña con flores blancas y bordados con su rostro. En su nombre toman la palabra y prometen buscar justicia para ella y para las nueve mujeres que son asesinadas diariamente, de acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

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Piden clausura definitiva de tiradero clandestino en bosque de Huixquilucan

CENTRUS y la Licenciatura en Sustentabilidad Ambiental de la IBERO hacen un llamado a las autoridades correspondientes para llevar a cabo la clausura definitiva del tiradero clandestino localizado en el Paraje El Durazno, San Jacinto (Cortesía vecinos Cuajimalpa).

IBERO/ Desinformémonos

El Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS) y la Licenciatura en Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Iberoamericana hacen un llamado a las autoridades correspondientes para llevar a cabo la clausura definitiva del tiradero clandestino localizado en el Paraje El Durazno, San Jacinto, entre los límites de la alcaldía de Cuajimalpa, gobernada por Adrián Ruvalcaba, y del municipio de Huixquilucan, Estado de México, cuyo presidente municipal es Enrique Vargas del Villar.

De acuerdo con las facultades que confiere el artículo 189 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el 11 de marzo del 2019 vecinos de la alcaldía de Cuajimalpa, comprometidos con la prevención y combate de la contaminación y el deterioro ambiental, llevaron a cabo la denuncia correspondiente por la tira clandestina de basura y el ecocidio realizado en el predio señalado con turno OP/1617/2019; por lo que la autoridad competente procedió conforme a derecho con fundamento en la fracción IV del artículo 2.241 del Código para la Biodiversidad del Estado de México y determinó las responsabilidades correspondientes para después clausurar dicho terreno colocando sellos de suspensión de actividades como medida de seguridad.

Sin embargo, pese a que el pasado 17 de mayo el gobierno de Huixquilucan llevó a cabo la reposición de los sellos, se ha detectado que el tiradero de materiales de excavación y de construcción continúa operando, particularmente, durante la noche, con el consecuente impacto ambiental. Esta situación demuestra una auténtica ausencia de civilidad y absoluta falta de respeto hacia las resoluciones judiciales violentando el derecho a un medio ambiente sano y, en consecuencia, a la salud de la sociedad y la conservación de valiosas áreas arboladas.

Dichas irregularidades demeritan los lineamientos que forman el criterio de eficiencia ambiental que la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable, del municipio de Huixquilucan, toma en consideración para emitir las licencias pertinentes para uso de suelo, así como las resoluciones de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huixquilucan para evitar la degradación ambiental.

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Sujheyli, 15 años, salió con sus amigas y no volvió. La mataron en Ecatepec, y ya tienen un detenido

 

Redacción/ Sin Embargo

Sujheyli Pacheco, de 15 años. Foto tomada de Facebook.

La joven Sujheyli Pacheco salió de su casa el lunes cerca de las 20:00 horas del lunes, al parecer a un convivio, pero fue hallada sin vida un día después en una casa de Ecatepec.

El Estado de México es una entidad con altos índices de inseguridad sobre la pesa una Alerta de Violencia de Género. Tan solo de enero a julio de este año en la entidad se iniciaron 53 carpetas de investigación por feminicidio, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo.

Ecatepec,  Estado de México, 5 de septiembre (A Fondo Edomex/Infobae/SinEmbargo).–  Sujheyli, de 15 años de edad, fue localizada sin vida en la cochera de una vivienda deshabitada en la colonia Sagitario 8, en Ecatepec,  Estado de México, sólo un día después de haber sido reportada como desaparecida. Una persona fue detenida por su presunta responsabilidad en el feminicidio.

Autoridades de Ecatepec lograron la detención de un posible involucrado en el crimen y brindaron apoyo a los familiares de la menor de edad.

Sujheyli Pacheco salió de su domicilio cerca de las 20:00 horas del lunes, al parecer a un convivio, y no regresó a su casa, por lo que sus padres iniciaron el reporte por su desaparición en la la Célula de Búsqueda de la Policía Municipal.

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