Periodista y defensor de derechos humanos es víctima de detención arbitraria, tortura psicológica y desaparición forzada en Orizaba, Veracruz

Redacción/Artículo 19

Foto: Agencia Cuartoscuro, tomada de articulo19.org

Ciudad de México, 8 de julio de 2018.- Los días 3 y 5 de julio de 2018, el fotógrafo, catedrático y defensor de derechos humanos, Oliver Coronado Paz, fue víctima de actos intimidatorios, detención arbitraria, desaparición forzada, amenazas y tortura psicológica por parte de elementos de la policía municipal de Orizaba, Veracruz.

Desde el martes 3 de julio, alrededor de las 11: 40 horas, mientras el periodista se encontraba esperando en una parada de autobús para dirigirse a la Universidad Veracruzana (UV), comenzó a tomar unas fotografías, al terminar guardó su celular y siguió esperando. Sin embargo, minutos más tarde arribo una patrulla de la policía municipal en la que iba un solo elemento a bordo. El elemento descendió del vehículo, entró a un gimnasio que estaba en el mismo sitio donde Oliver esperaba su parada y al salir comenzó a interrogarlo.

El periodista narró a ARTICLE19: “Me abordó diciéndome su nombre: José Luis; y después de presentarse me preguntó: “¿Es usted de por aquí?”. Le respondí que soy de Río Blanco y que a ese lugar llegaba para tomar mi autobús para el trabajo. Siguió preguntando: “¿A qué se dedica?” Le expliqué que trabajo para la Universidad Veracruzana y que soy maestro; que además soy periodista, y le comenté que tengo una página de internet de información. El oficial continuó diciendo: “Se lo pregunto porque lo vieron tomando fotografías aquí enfrente, y ya sabe usted cómo están las cosas”. Le respondí que sí, que efectivamente había tomado algunas fotografías ya que también soy fotógrafo y reafirmé mi labor como periodista.” Oliver, sin estar obligado a identificarse o mostrar las fotografías lo hizo para demostrar que tenía voluntad de cooperar y no estaba realizando nada malo.  Aparentemente hasta ahí había llegado el incidente.

Sin embargo, el día 5 de julio estando en esa misma parada a las 11: 40 horas volvió a arribar la patrulla de policía municipal PA-35, con tres oficiales a bordo; dos de ellos portando armas largas y el tercero con una pistola en el cinturón. Al descender del vehículo, ingresaron de igual manera al gimnasio y al salir se dirigieron al fotógrafo. Uno de ellos, identificado con el nombre de Omar Damián se acercó y volvió a interrogarlo pero esta vez empuñando el arma y con el dedo cerca del gatillo. Oliver respondió los cuestionamientos, sin embargo expresó que se sentía intimidado pues nunca había ocurrido que a la misma hora, en el mismo lugar, fuera abordado de esa manera por la policía y menos mientras empuñaban su arma, sin embargo el policía únicamente se burló, le explicó que era por seguridad y que se trataba de una “entrevista de rutina” porque les habían reportado que estaba tomando fotografías.

Oliver trató de informarles que eso había ocurrido dos días atrás y que había cooperado a pesar de no tener la obligación. Ante esto los policías reaccionaron de manera intimidante acercándose mucho más al periodista y gritándole que no se pusiera “pesado” y siguieron interrogándolo respecto a la toma de fotografías, además de requerirle sus identificaciones y tomando los datos de ellas.

Minutos más tarde, la pareja sentimental de Oliver comenzó a tratar de comunicarse con él pues vía mensaje alcanzó a informarle que los policías se habían acercado a él. Los policías al percatarse que la pantalla del celular de Oliver se reclamaron por estar grabando, por lo que él respondió el celular para demostrarles que no era así, sin embargo reaccionar de manera más agresiva amenazando con detenerlo por responder el celular.

“El oficial me gritó: “¡No contestes, no puedes contestar!” y amenazó: “Guarda el teléfono porque si no, ahora sí te voy a remitir y te voy a poner el dispositivo”. A partir de ahí en varias ocasiones uno de los policías identificado como Isidro, amenazaba con ponerme el dispositivo. En ese momento traté de informar a mi novia los nombres de los oficiales que me tenían retenido, y el número de la patrulla en la que había llegado. De nueva cuenta me gritó el oficial Isidro amenazándome: “si no guardas el celular te va a ir peor”. A partir de ese punto, una vez que yo había podido informar telefónicamente los nombres de ellos y lo que estaba sucediendo,  todos ellos se pusieron verbalmente más agresivos contra mí, en una clara intimidación hacia mi persona. Le informé a mi novia que iba a colgar porque ellos no me estaban permitiendo utilizar el teléfono”, narró Oliver Coronado para ARTICLE19.

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Detienen arbitrariamente y amenazan a dos periodistas en Palenque, Chiapas

Foto: Facebook Noti Chiapas

Por Artículo 19

Ciudad de México, 18 de marzo de 2018.- Durante la noche del 16 de marzo y madrugada del 17 de marzo el corresponsal de Noti Chiapas y Luis Ángel Martínez Peñaloza y el reportero Miguel Ángel Lazo May de Noticias ML fueron detenidos arbitrariamente, amenazados  y expuestos a tratos crueles e inhumanos por elementos de la policía municipal de Palenque.

Después de haber salido a cenar en la noche cerca de la Zona Arqueológica de Palenque, ambos periodistas observar como dos policías municipales golpeaban a un joven a quien aparentemente detenían por portar drogas, no obstante nunca la encontraron. En ese momento, los periodistas deciden intervenir para evitar que siguieran actuando de manera violenta, no obstante al continuar la agresión, ambos periodistas deciden comenzar a grabar y transmitir en vivo para sus respectivos medios con la intención de dejar constancia sobre el actuar de los funcionarios públicos.

De acuerdo por lo narrado por Ángel Lazo “Decidí encararlos y decirles que estaban haciendo mal las cosas por lo que procederíamos a denunciar y les informarnos que estaban siendo grabados porque éramos periodistas. En ese momento uno de los policías frente a la cámara empezó a decir que yo lo había golpeado y lesionado por lo que me detendrían” Sin embargo, de acuerdo con las fuentes consultadas por ARTICLE19 en ningún momento alguno de los periodistas golpeo al policía.

Los policías solicitaron refuerzos por lo que minutos más tarde llegó una patrulla con elementos a quienes les pidieron que detuvieran a ambos periodistas acusándoles de obstruir su labor policial. A Ángel Lazo lo esposaron y posteriormente, al percatarse que continuaban siendo grabados por Luis Martínez lo sometieron y esposaron también.

ARTICLE19 tuvo conocimiento de que mientras eran detenidos y subidos a la patrulla fueron víctimas de violencia física consistente patadas, además de que las esposas les fueron apretadas a tal grado que Luis Martínez presentó lesiones en las muñecas. Por otro lado fueron víctimas de violencia psicológica al ser amenazados con frases como “hijo de tu puta madre, te va a llevar la chingada”.

En un primer momento los periodistas fueron trasladados al Ministerio Público de Palenque, sin embargo el fiscal en turno se negó a abrir una carpeta de investigación toda vez que no encontró ningún delito que perseguir, por lo que los policías decidieron trasladarlos a la comandancia, alrededor de las 11 de la noche.

Ahí, los periodistas fueron expuestos a tratos inhumanos y crueles al ser desnudados, les fueron robadas algunas de sus pertenencias por la misma policía, les impidieron realizar llamada alguna, la comida y agua que sus familiares les llevaron tampoco les fue entregado, además de que los policías los ingresaron a las celdas sin camisa, a pesar de que el médico legista certifico que Ángel Lazo se encontraba enfermo de la garganta y necesitaba medicamento, mismo que tampoco le entregaron. Finalmente no les permitieron dormir ya que constantemente golpeaban los barrotes de las celdas y se burlaban de ellos.

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Marinos y policías ejecutaron a 3 ciudadanos de EU y a un mexicano en Matamoros, concluye la CNDH

Foto: Sin Embargo

Por Redacción/Sin Embargo

El 13 de octubre de 2014, tres hermanos de ciudadanía estadounidense pretendían cruzar la frontera para volver a su casa en Texas; iban  acompañados por un mexicano. Todos fueron detenidos de manera arbitraria por marinos y policías debajo del Puente Internacional Libre Comercio Lucio Blanco.

Sus cuerpos aparecieron 16 días después con un impacto de bala en la cabeza.

La CNDH refirió que la causa de muerte de las víctimas fue provocada de manera intencional y de origen violento.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) “levantaron” y ejecutaron a un ciudadano mexicano y tres estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, acreditó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con la indagatoria que lleva el organismo nacional, los hechos ocurrieron el 13 de octubre de 2014, cuando dos hermanos de nacionalidad estadounidense salieron de la casa de su papá, en el poblado de Control, en Matamoros, para reunirse con su hermana, quien estaba acompaña de un mexicano, cerca de Puente Internacional Libre Comercio Lucio Blanco.

Ese día, los jóvenes cruzarían la frontera para regresar a su casa en Progreso, Texas. Sin embargo, justo debajo del Puente fueron interceptados por elementos de la Primera Zona Naval de la Semar y policías del Grupo Táctico Operativo Hércules Matamoros (“Grupo Hércules”, conformado por la entonces Alcaldesa).

Los uniformados detuvieron de manera arbitraria a los cuatro jóvenes, pues no existió orden de aprehensión en su contra, como constató la CNDH. Además, les incautaron los tres vehículos en los que viajaban.

Al ser indagadas en ese momento, las corporaciones de seguridad que operaban en la región negaron su participación en los hechos y reiteraron desconocer el paradero de las víctimas.

Los cuerpos de los cuatro jóvenes fueron localizados días después, el 29 de octubre del mismo año 2014. Según el reporte forense, murieron por “traumatismo craneoencefálico con fractura de cráneo producido por proyectil de arma de fuego”.

El organismo nacional refirió que la causa de muerte de las víctimas fue provocada de manera intencional y de origen violento.

Por las características, objetos y forma en que fueron encontrados los cadáveres, se constató que la última vez que fueron vistos con vida fue durante la detención arbitraria, lo que hace responsables a las fuerzas federales y municipales de su desaparición.

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Megaproyectos: Cuando el despojo se hace costumbre

Por Ixchel Cisneros
@chelawuera

Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 10 de noviembre de 2016.

Juan Carlos Flores Solís, es representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual consiste en dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que se construirían en las tierras de cientos de indígenas.

Juan Carlos fue detenido el 7 de abril de 2014 por 12 hombres vestidos de civil tras salir de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a donde le pidieron que fuera a ratificar una denuncia. Estuvo preso 10 meses acusado de motín, extorsión, despojo y daño contra la infraestructura hidráulica.

Un día antes, la policía estatal detuvo a la defensora Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal del San Felipe Xonacayucan y también opositora al PIM. La acusaron de robarle con violencia un celular a un trabajador de Bonatti, empresa responsable de la construcción del gasoducto, y de “oponerse a la ejecución de alguna obra o trabajo público”.

Lo único que hizo Enedina fue pararse frente a las máquinas para evitar que sus milpas, que en su mayoría producen maíz y quelites, quedaran arruinadas. Juan Carlos, ni siquiera estaba en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos que le imputaban.

En un trabajo realizado entre 2014 y 2016 por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Periodismo CIDE), registramos 80 agresiones contra comunidades indígenas y pueblos originaros por la construcción de megaproyectos.

Los ataques van desde las detenciones arbitrarias (30), como el caso de estas personas defensoras en Puebla, la violación al derecho a un medio ambiente sano (21), hasta la consulta previa, libre e informada (8).

Los estados con más agresiones son el Estado de México (28), Colima (12) y Puebla (9).

El Artículo 2º de la Constitución Política Mexicana dice: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas […] El derecho de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía […] Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y en consecuencia tienen autonomía para: […] Aplicar sus propios sistemas normativos; […] Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras[…]”.

Aun así, según las cifras de esta base de datos, el gobierno mexicano continúa violando los derechos de los pueblos indígenas al no respetar las normas por las que ellos se rigen, despojarlos de sus tierras o utilizar sus recursos naturales sin consultarles y encarcelar o amedrentar a quienes los defienden.

Del total de 80 agresiones registradas, 77 fueron cometidas por funcionarios públicos. La Comisión Nacional del Agua encabeza la lista con 24 de ellas; después le sigue la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, con 19, y la Secretaría de Energía, con 12. El mayor número de ataques ocurre en los proyectos mineros (14), en los hidroeléctricos (13) y en los eólicos (11).

Además, queda el agravante que en esta base de datos únicamente incluimos las agresiones que fueron denunciadas y pudimos comprobar, es decir, pudiese haber por ahí muchas más de las que todavía no nos enteramos.

Algunos dirán que las comunidades no quieren el desarrollo o que se oponen a la modernización pero ni siquiera se los hemos preguntado. Varios de ellos han asegurado estar de acuerdo con la construcción de la presa, el parque eólico o la mina, pero es la forma en la que las autoridades y empresas llegan a imponerlo, lo que les molesta. En otros casos, los pueblos originarios quieren proponer alguna alternativa para la construcción de la carretera o el paso del gasoducto, mas no se les permite.

Es necesario entender que ellos tienen derechos sobre la tierra y los recursos naturales. Viven desde hace siglos ahí, no son invisibles y tienen el derecho a decidir.

Si quieres conocer más sobre este proyecto, visita megadiscriminacion.org

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