Boletín de prensa: Especialistas se suman al llamado de ONU por la libertad de Jorge A. Burelo

Foto: Doryan Alvarez/Cencos

 

Documenta/Orgullo Loco

En conferencia de prensa, representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, de la sociedad civil organizada en México, la familia y representación legal de Jorge A. Burelo, joven con discapacidad detenido arbitrariamente, hablan de las irregularidades del caso y las violaciones a los derechos humanos que han obstaculizado su acceso a la justicia y que han sido documentadas por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en la Opinión 81/2022.

María Luisa del Pilar García Hernández, Cuarta Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) dió la bienvenida al espacio y señaló que la Comisión recibe con solidaridad e interés esta conferencia y recalcó que el caso de Jorge no le es ajeno, ya que el 3 de marzo de 2020 el Sr. Cutberto Burelo, padre de Jorge, presentó una queja contra la Fiscalía de Ciudad de México por violaciones a los derechos humanos de Jorge, queja que documenta las irregularidades del caso desde el momento de la detención y en la indagatoria. Esta queja se encuentra actualmente en estatus de investigación.

Después intervinieron la representación jurídica, dirigida por el abogado Ricardo Pérez, Director del Despacho Jurídico Pérez y Asociados, y el Ingeniero Cutberto Burelo, padre de Jorge, quienes detallaron las irregularidades del proceso y la detención que fueron documentadas por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de ONU para acreditar la detención arbitraria y la tortura a la que fue sujeto Jorge A. Burelo.

Detallaron que Jorge fue detenido el 17 de mayo de 2019, aproximadamente a las 11:33 de la mañana, al salir de su domicilio y encontrarse en el acceso del negocio de su familia. Fue víctima de golpes, amenazas y tortura psicológica; además, fue sometido y golpeado en el interior de una camioneta y trasladado por calles de la Ciudad de México, por personas no identificadas como policías. La orden de aprehensión se emitió hasta las 17:20 horas, muchas horas después de que Jorge fue detenido.

Tras la detención arbitraria, Jorge Burelo estuvo privado de su libertad en la Alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México hasta el 17 de mayo a las 23 horas, por supuesto narcomenudeo, delito del que fue liberado, solo para ser llevado al Ministerio Público de Tlalnepantla, sitio en el que fue encerrado sin luz ni ventilación, y donde policías fuertemente armados le obligaron a confesar la responsabilidad del delito (esta vez de homicidio) reflejado en una orden de aprehensión que fue expedida durante las horas en las que estuvo detenido la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Este proceder no solo constituyó una desaparición forzada, sino que también ha sido víctima de torturas psicológicas y físicas, que le agravaron una seria precondición de discapacidad mental, de acuerdo con lo determinado por el Grupo de Trabajo de ONU, instancia que reconoce que estos maltratos y la tortura alteraron el funcionamiento de su vida y causaron síntomas de trastorno por estrés postraumático.

Además, los medios de comunicación, violaron el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia de Jorge al presentarlo públicamente como culpable del delito de homicidio.

El Ingeniero Burelo recordó que en el Penal de Barrientos, Jorge sufrió una caída de un segundo piso, por la cual Jorge perdió el conocimiento y necesitó 18 puntadas, sin embargo, el hecho no se ha podido documentar ya que no se registró en la certificación médica.

Por su parte, Ximena Ramos Pedrueza, Coordinadora de la Unidad de Grupos Vulnerados de ONU-DH, enmarcó la opinión del Grupo de Trabajo sobre el caso de Jorge Burelo, y explicó que este es un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que Especialistas Independientes emiten estas opiniones en el marco de sus funciones.

Detalló que hay 5 categorías para determinar la detención arbitraria, y que el caso de Jorge cumple con 3:

  • Imposibilidad de presentar un motivo jurídico para la detención
  • Inobservancia total o parcial de las normas internacionales del debido proceso
  • Vulneración a los derechos humanos, discriminación por motivos de discapacidad

La representante de ONU-DH también mencionó los estigmas que enfrentan diariamente las personas con discapacidad psicosocial sobre que son peligrosas y no pueden discernir realidad, y recordó que el Grupo de Trabajo de ONU y otros mecanismos internacionales, como el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), han dicho que no hay base que justifique privación de libertad de personas con discapacidad basada en estos estigmas.

Ximena Ramos también ahondó en los temas de fondo que se abordan en la Opinión 81/2022 del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de ONU, como lo son la atención a la prevención de la tortura, la prisión preventiva oficiosa, y los ajustes de procedimiento para personas con discapacidad como lo indica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que la privación de libertad debe ser la última instancia y debe usarse solo en casos específicos, así como la aplicación de Ajustes Razonables en los procedimientos penales que involucran personas con discapaciad.

En este marco recordó el caso de Arturo Medina Vela, en el que la ONU hizo un llamado a México para realizar los ajustes razonables necesarios para que personas con discapacidad tengan accesibilidad de la información en todo el procedimiento, derecho del que no gozó Jorge, ni al momento de la detención ni durante las audiencias del procedimiento.

Por último, mencionó que recientemente un Tribunal Colegiado en México dictaminó que las Opiniones de los Grupos de Trabajo de ONU son obligatorias, por lo que deben cumplir de inmediato las recomendaciones de liberar a Jorge Burelo.

En su participación, Ángel María Salvador, Coordinador del Programa de Prevención de la Tortura de Documenta, mencionó el que el caso de Jorge Burelo es paradigmático al evidenciar los abusos e irregularidades que son frecuentes en las detenciones en México, y señaló que cuando los casos son irregulares desde la detención, las irregularidades persisten en todo el proceso judicial.

Informó que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del INEGI, 65% de las personas encuestadas respondió que vivió violencia psicológica durante la detención y 42% (casi la mitad) de las personas detenidas sufrieron violencia física para declararse culpables. El caso de Jorge ejemplifica estas estadísticas, lo que lo convierte en un caso paradigmático que muestra las conductas extendidas y sistemáticas en el sistema de justicia penal.

Además, el experto ahondó en el vínculo de discriminación recordando el análisis del Relator General contra la Tortura de ONU, quién señaló la importancia de la discriminación para hablar de tortura, aclarando que no es necesario que la conducta tenga un fin discriminatorio, solo un nexo discriminatorio, y que el caso de Jorge entra en estos supuestos de tortura, ya que se aprovechó la condición de discapacidad para anular el ejercicio de sus derechos.

Precisó que los abusos cometidos contra Jorge tuvieron mayor impacto por su condición de discapacidad ya que hubo ocultamiento y falta de atención médica, y estas conductas, que se llevaron a cabo desde la detención y en la privación de libertad, acreditan tortura.

Finalmente, las y los panelistas se sumaron al llamado de la familia y la defensa:

  • Al gobierno de México: Para que dé cabal cumplimiento a la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria y se ordene la libertad inmediata de Jorge Alberto Burelo Gómez.
  • A la Secretaría de Gobernación, al Poder Judicial del Estado de México, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz: Para que reconozcan las violaciones que se han cometido en el proceso de Jorge Alberto Burelo Gómez, y sin dilación, se adopten las medidas urgentes para garantizar su liberación inmediata.
  • A la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Agencia Especializada en el Delito de Tortura, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: Para que inicien las audiencias correspondientes para vincular a proceso a los responsables de la violación a los derechos de Jorge Alberto durante la privación arbitraria de su libertad y hasta antes de ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

 

A continuación compartimos la carta firmada por organizaciones y activistas de la sociedad civil llamando al gobierno mexicano para liberar inmediatamente a Jorge A. Burelo:

 

Jorge A. Burelo es un joven con discapacidad psicosocial, detenido y privado de libertad por delitos que no cometió, siendo víctima de detención arbitraria y tortura por parte de autoridades policiales de la Ciudad de México y del Estado de México.

Jorge fue detenido el 17 de mayo de 2019, aproximadamente a las 11:33 de la mañana, al salir de su domicilio y encontrarse en el acceso del negocio familiar. Fue víctima de golpes, amenazas y tortura psicológica; además, fue sometido y golpeado en el interior de una camioneta gris (no una patrulla oficial, y que formaba parte de un grupo de tres camionetas, sin ningún logotipo identificativo de corporación policiaca, que fueron utilizadas para cerrar la circulación de la calle), y posteriormente trasladado por calles de la Ciudad de México, por personas no identificadas como policías, tal como lo documentaron expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Tras la detención arbitraria, Jorge estuvo privado de su libertad en la Alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México hasta las 23 horas del mismo día, por supuesta portación de marihuana y narcomenudeo, delito del que fue liberado para posteriormente ser detenido nuevamente y llevado al Ministerio Público de Tlalnepantla de Baz, sitio en el que fue encerrado sin luz ni ventilación y donde policías fuertemente armados, le obligaron a confesar la responsabilidad del delito (esta vez de homicidio) reflejado en una orden de aprehensión que fue expedida durante las horas en las que estuvo detenido en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU determinó que la privación de libertad de Jorge Alberto Burelo Gómez es arbitraria, y que contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que hace un llamado al Gobierno de México para poner a Jorge Alberto Burelo Gómez inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparaciones, de conformidad con el derecho internacional.

El Gobierno Mexicano, en sus comunicaciones con el Grupo de Trabajo de la ONU, reconoció que la detención se realizó con pruebas forjadas, configurándose así un quebrantamiento del Estado a sus compromisos internacionales, y ha aceptado que algunos de los agentes que intervinieron en esta detención han sido investigados y acusados de fabricar pruebas.

Este proceder no solo constituyó una desaparición forzada, sino que también lo hizo víctima de torturas psicológicas y físicas, que le agravaron una seria precondición de discapacidad mental, de acuerdo con lo determinado por el Grupo de Trabajo de la ONU, instancia que reconoce que estos maltratos y la tortura alteraron el funcionamiento de su vida y causaron síntomas de trastorno de estrés postraumático, así como temor a represalias en el proceso judicial.

Todo esto se dio sin que las autoridades consideraran la condición de salud mental de Jorge Burelo quien vive con discapacidad psicosocial, razón por la que también ha sido detenido de manera discriminatoria por su condición de salud y discapacidad mental, ignorando las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que los Estados deberán asegurar que las personas con discapacidad no sean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente.

Ante la evidencia de estos hechos, el Grupo de Trabajo nota con preocupación que se ha quebrantado el debido proceso, pues las autoridades ignoraron las reglas fundamentales de un juicio justo, independiente e imparcial. Su detención se llevó a cabo arbitrariamente sin una orden de autoridad competente, sin que se le informara la causa de esta y sin que se actualizara la hipótesis de flagrancia, ya que el Gobierno ha reconocido que las pruebas en las que se basó esta detención fueron fabricadas.

Las organizaciones y activistas firmantes, nos sumamos al llamado al Gobierno Mexicano para que:

  • Libere inmediatamente a Jorge Alberto Burelo Gómez.
  • Realice acciones efectivas para la reparación del daño.
  • Lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de la libertad de Jorge Burelo y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

FIRMANTES:

Organizaciones de la Sociedad Civil

Héctor Iván Ruiz Aguirre Abogado con discapacidad psicosocial
Mildred Campos Sandoval ALAMUD
Mónica Muñoz Answac
Maria del Carmen Martinez Cervantes Antoac
Takeshi Inoue Asociación de Mainstream, Japón
Maria de lourdes lopez Asociación de Qigong de Baja California ac
Gary Nelson Ramírez Sunagua ASOCIACIÓN DIVERTAD Potosí Bolivia
Barbara Ventura Asociación Luchando Contra Viento y Marea
Zulma Myriam Ferreira Servin Asociación Vida Independiente Teko Sa So
Carmen Hernández Rosas Centro de Educacion Especial Creciendo Juntos
Wendy Barrantes Jiménez Centro de Vida Independiente Morpho
Rocío Morales Alvarado Centro de Vida Independiente Morpho
Eduardo Espinosa Centro Nacional de Comunicación Social AC
Amparo Olivera Colectiva mujeres
Denisse Rentería Colectivo Algaraza
Sergio Silva González Colectivo Algaraza
Raúl Montoya Santamaría Colectivo Chuhcan A.C.
Gabriela Colectivo de Sordos de NL y Movimiento de PcD de NL
Enrique Juárez Andrade Colectivo La Lata
YAZMIN DELGADO JUÁREZ Colectivo la Lata
Margara Millán Con Nosotros A.C.
Darwin Cooti
María Sirvent Documenta AC
Adriana García Mora Documenta AC
Jimena Candano Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra A.C
Aydee Montero Ramirez Fundación Tobé centro de vida independiente Colombia
Irma Cecilia Cruz Vega Ilumina, ceguera y baja visión
Ariadne Lamont Incide Femme ac
María Maltos Rodríguez Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho
Emi Aizawa JICA
Nancy Nallely Salazar Romero Justicieras Por Nuestras Infancias
Wendy Santoyo Silva Justicieras por nuestras infancias
Luis Gerardo Arroyo Lynn Mad in México
Candelaria Salinas Anaya Miel que vino del cielo AC
Cristian Mendoza Vázquez Movimiento de personas con discapacidad
Denisse Elena Tavitas Rodríguez Movimiento de personas con discapacidad
Gerardo Grassi Movimiento Visibles Y con Derechos
Adriana Paciel Movimiento Visibles y con Derechos
Mónica Muñoz Nuestras Manos Unidas
Sandra Padilla Zaldo Oap
Natalia González Red de salud mental colectiva y buen vivir
Feliza Ali Ramos Red de vida independiente Bolivia de personas con discapacidad
Sofia Olvera Galarza Red Orgullo Loco México
Víctor Lizama Red Orgullo Loco México
Deneb Sofia Helena Ortiz Orozco Red Orgullo Loco México
María Andrea Escobar Garcìa Red Puebla para todos
Alejandra Álvarez Mendoza Redesfera
Ruth Stella Henao Daza Relavin
María Guadalupe Torres Gallegos RELAVIN
Arminda Valeriano Torihuano REVIBO Red de Vida independiente Bolivia
Blanca Escobar Vida Independiente Paraguay
Germán Méndez Lugo Voz Pro Salud Mental Ciudad de México

Integrantes de la Academia:

Helena Suárez Universidad de Guadalajara
Ivan Tapia Universidad Nacional Autónoma de México
Oswaldo Daniel Vazquez González Universidad Nacional Autónoma de México
Paulina López Neri Universidad Nacional Autónoma de México
Mónica Mercedes Ramírez Ríos Universidad Nacional Autónoma de México
Roberto Alonso Galeana Guerra Universidad Nacional Autónoma de México
Adal Rafael Magdaleno Mendoza Universidad Nacional Autónoma de México
Areli Zaldivar Velázquez Universidad Nacional Autónoma de México
Patricia Brogna Universidad Nacional Autónoma de México

Activistas independientes:

Rosa María Cruz Independiente
Gilberto alvarez Camacho Independiente
Futoshi Nakaya Independiente
Vania Meliveth Ríos Hernández Independiente
Irma Judith Arenas Guzmán Independiente
Aranxa Bello Brindis Independiente
Karla Gabriela Moreno Medina Independiente
Isabel Rosales Ungson Independiente
Míguel Fernando Tovar Villar Independiente
María Guadalupe Castro Zaragoza Independiente
Ramis Maria de Lujan Independiente
Patricia Morales Independiente

Autoridades:

Ignacia Arellanes Muñoz Fiscalía de Guerrero

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Condenamos la violación al derecho a la protesta social y la libre expresión contra manifestantes y estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá

Espacio OSC

El Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conformado por 16 organizaciones de la sociedad civil y una organización internacional acompañante, ve con profunda preocupación la detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza, la violación del derecho a la protesta y el ejercicio de la libre expresión de manifestantes y estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá, por parte del cuerpo policial del estado de Chiapas, el pasado 18 de mayo. 

La irrupción al espacio ciudadano por parte de la fuerza pública del estado de Chiapas, se dan en el contexto de protestas sociales por la exclusión que representan los exámenes de admisión en modalidad virtual, negando el acceso a quienes no cuentan con los medios de conectividad, electricidad y acceso a internet debido a la brecha digital, derivado de la situación de pobreza, desigualdad y marginación en la que se encuentra gran parte de la población de esa entidad federativa, golpeando particularmente a quienes han experimentado procesos de racialización, explotación y precarización en una lógica de neoliberalismo de Estado. 

Es importante subrayar, que según información proporcionada a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las personas detenidas han sido objeto de violaciones de derechos humanos tales como maltratos, detenciones arbitrarias, abuso sexual y uso excesivo de la fuerza, lo cual es inconstitucional, contrario a la legislación nacional y a estándares regionales e internacionales de protección de derechos humanos, ante los cuales el Estado mexicano tienen reponsabilidad internacional. 

En un contexto de crisis de derechos humanos y donde las decisiones de las autoridades se toman sin considerar la situación social y geográfica desde una perspectiva interseccional de poblaciones históricamente marginalizadas y en condiciones de exclusión, es menester enfatizar, que el derecho a la protesta y a la libre expresión, es un derecho ganado y  consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos. 

El Estado mexicano debe recordar su obligación de promover, respetar y garantizar el derecho a la protesta, a la movilización, a la libertad de expresión y a la libre asociación, sabiendo que la participación ciudadana es un motor de cambios y transformación social. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, expresa: que las sociedades democráticas, las personas y la población en general se organizan y expresan sus demandas de formas distintas y por medio de estrategias que varían,  abarcando estrategias no institucionales, manifestaciones y protestas espontáneas y de gestación horizontal. Por lo que la inhibición de este derecho por autoridades del Estado, contraviene estándares internacionales en la materia pues la toma de las calles y vías, es una otra forma legítima de apropiación del espacio cívico, dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación.

Las autoridades de Chiapas y el Estado mexicano deben saber que la violación a estos derechos es condenable e inaceptable, y que cualquier acción u omisión de parte de las autoridades en todos sus niveles de gobierno, deben observar el cabal cumplimiento a los principios constitucionales de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. 

 

En este sentido llamamos: 

  • Al gobierno del estado de Chiapas y al Federal a liberar inmediatamente a las 19 personas que actualmente permanecen detenidas bajo la figura de prisión preventiva oficiosa y retirar todos los cargos contra todas personas vinculadas a proceso, que fueron detenidas arbitrariamente el pasado 18 de mayo en Chiapa de Corzo, 
  • A las autoridades del estado de Chiapas y a las federales de abstenerse de hacer uso indebido de la fuerza y a respetar el derecho a la protesta social, la libre expresión y el derecho a la manifestación, 
  • A investigar a los responsables de los abusos y violaciones de derechos humanos contra lxs manifestantes, y sancionar de acuerdo con la legislación nacional, garantizando su no repetición. 

 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

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CNDH dirige recomendación a Semar por la ejecución extrajudicial de cuatro personas

Gloria Leticia Díaz/Proceso
Foto: Twitter @SEMAR_mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instruyó al titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, a colaborar en el procesamiento penal contra un oficial y 11 marinos que participaron en la detención arbitraria, malos tratos, uso excesivo de la fuerza y ejecución extrajudicial de cuatro personas que se encontraban cerca de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los hechos narrados en la recomendación37VG/2020, por violaciones graves a derechos humanos, están relacionados con el combate al robo de combustible emprendido en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de una de las víctimas, el 20 de febrero de 2019 su hijo estaba empacando zacate junto con otras tres personas en un predio localizado en Guadalupito las Dalias, en el municipio de Tlahuapan, Puebla, “cuando elementos de la Semar, a bordo de tres camionetas, los detuvieron argumentando que trabajaban en un predio ubicado junto a los ductos de Pemex”.

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Familiares denuncian la desaparición de un joven a manos de policías, en Zumpango

Neldy San Martín/Proceso

Foto: Especial/tomada de Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mario Villaseñor Salazar, de 28 años, fue visto por última vez el pasado domingo 16, arriba de una patrulla municipal de Zumpango, Estado de México.

Al día siguiente la familia de Mario levantó una denuncia por desaparición forzada que quedó radicada en la carpeta de investigación OTU/FTE/OTU/067/173702/19/06.

Un video al que Apro tuvo acceso muestra al joven sentado en la cabina trasera de la patrulla PMZ-277, mientras es custodiado por dos policías municipales que sueltan balazos al aire. Los vecinos, que intentan evitar que se lleven a Mario, piden a los uniformados que dejen de disparar.

La grabación, tomada con un teléfono celular en la cerrada Gazania, fraccionamiento Los Sauces 1, en Zumpango, es una de las principales pruebas con las que cuenta la familia de Mario para evidenciar que policías municipales se lo llevaron, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Isaac Villaseñor, hermano de Mario, detenido la misma noche y liberado del penal de Zumpango cinco días después, dijo a Apro que fueron confundidos con un grupo de hombres que presuntamente robaron el radio y las armas de una patrulla que se encontraba estacionada en la esquina del bar de su propiedad.

A las 10:30 de la noche, Isaac y Mario cerraron el local para ir a su casa a celebrar el día del padre. Al llegar a su domicilio fueron arrestados, junto con una mujer y un menor de edad. Más tarde se enteró que los policías entraron al domicilio de uno de sus vecinos, golpearon a su esposa y a él se lo llevaron detenido.

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Gobiernos de CDMX y del Edomex fueron responsables de la desaparición forzada de Marco Antonio

Redacción/Animal Político

Un juez determinó que Marco Antonio, detenido por policías de CDMX en enero de 2018, cuyo paradero se desconoció por 5 días, fue víctima de desaparición forzada.

Foto: Erik Salinas/Cencos

Un tribunal federal determinó que Marco Antonio, joven detenido arbitrariamente por policías de la Ciudad de México en enero de 2018, fue víctima de desaparición forzada por parte de autoridades capitalinas y del Estado de México.

En un comunicado, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), que ha dado acompañamiento a la familia de Marco Antonio, informó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió que los responsables de la desaparición forzada del adolescente fueron las autoridades policiales, ministeriales y judiciales de ambas entidades, “entre ellas los propios oficiales que lo detuvieron arbitrariamente y torturaron aquel 23 de enero”.

De acuerdo con la REDIM, “la administración de Miguel Ángel Mancera y otras autoridades capitalinas decidieron políticamente que no existió la detención arbitraria, tratando de minimizar el hecho arguyendo que se trataba de otro ‘adolescente problemático’”.

Sin embargo, organizaciones defensoras “documentaron judicialmente esta negativa, así como la de brindar información de su paradero, además de la intención de sustraerlo de la protección de la ley y no presentarlo ante la autoridad competente”.

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Acredita la CNDH agravios contra profesores de la Ceteg y pobladores

Redacción / La Jornada

Foto: Desinformémonos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que en los operativos contra profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación deGuerrero (Ceteg) y la población del municipio de Tlapa de Comonfort, en esa entidad, realizados el 5 y 7 de junio de 2015, elementos del Ejército, de la Policía Federal (PF) y agentes estatales incurrieron en violaciones a las garantías.

En las acciones policiales hubo varios detenidos sin sustento ilegal y con uso excesivo de la fuerza que derivó en un estudiante universitario asesinado y varios lesionados; además, se atentó contra la integridad y dignidad de las personas, así como contra la inviolabilidad de domicilio, determinó el organismo nacional que también señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) vulneró el derecho de acceso a la justicia al no indagar a fondo los hechos.

Por ello, la CNDH emitió la recomendación 85/2018 dirigida a los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval; de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; de la PGR, Alejandro Gertz; al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; y al fiscal del estado, Jorge Zuriel de los Santos.

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Expertos de derechos humanos de la ONU instan a México a eliminar la prisión preventiva automática

Naciones Unidas
Derechos Humanos
Oficina del Alto Comisionado 

GINEBRA (12 de diciembre de 2018) – El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria alertó a México en contra de sus planes de extender la prisión preventiva automática, instando al Congreso a que evite expandir los fundamentos legales que han permitido la violación de derechos humanos.

Bajo la normativa actual, las personas son encarceladas sólo por ser acusadas de ciertos delitos. En claro desacato del derecho internacional de los humanos, los acusados “no gozan del derecho a la presunción de inocencia, ni de la posibilidad de cuestionar judicialmente la detención preventiva”, indicó el Grupo de Trabajo.

“La reforma propuesta amplía la lista de delitos que requieren prisión automática durante el juicio, bajo el artículo 19 de la Constitución, lo que expondrá a más personas a situaciones de detención arbitraria”, dijeron los expertos de la ONU.

“Para que la prisión preventiva sea una excepción, esta no puede ser automática”. Además, señalaron que “tal excepcionalidad requiere de un análisis individual, caso por caso, para determinar si es necesario y proporcional recurrir a la privación de la libertad personal.”

En enero de 2018, el Grupo de Trabajo adoptó una opinión en la que invitó al Gobierno a derogar las normas constitucionales y legales que ordenan la prisión preventiva automática, por considerar que ellas son contrarias al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Grupo de Trabajo es consciente de los serios desafíos que enfrenta México en materia de seguridad, criminalidad y violencia. Sin embargo, insta al Congreso de la Unión para que no extienda la prisión preventiva automática, sino que elimine dicha figura de la Constitución y de las leyes.

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Conferencia de prensa: Denuncian detención arbitraria y tratos inhumanos a 78 miembros del FNLS, entre ellos mujeres indígenas

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

  • Organizaciones darán a conocer la situación de cerca de 78 miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) que fueron detenidos de manera arbitraria el 10 de octubre en Morelia, Michoacán; de los golpes y humillaciones a los que fueron sometidos, así como del desalojo del plantón que cada año realiza el FNLS en el marco de la Jornada Nacional 526 años de resistencia indígena y lucha por la emancipación del pueblo, y que  que este año inició el 4 de octubre y terminaría el día 12 del mismo mes.
  • Informan que entre los detenidos hay mujeres indígenas de las comunidades de Ihuatzio, Santa Fe de la Laguna y otras, primordialmente de la Meseta Purépecha y que también fueron detenidos dos integrantes del Comité Popular de Derechos Humanos del FNLS en Michoacán.
  • Destacan que que una de las detenidas es Rosa Hernández, víctima de intento de ejecución extrajudicial el 9 de abril del 2014, y que producto de la agresión tiene consecuencias graves que no le permiten valerse por sí misma; también, que dos mujeres están embarazadas.

Participan:

  • Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
  • Movimiento de Unificación de Lucha Triqui
  • Frente Popular Francisco Villa Independiente
  • Comité Cerezo México

Convoca:

  • Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Frente Popular Francisco Villa Independiente, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Comité Cerezo México, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM)

La cita: Jueves 11 de Octubre de 2018 a las 10:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

La CNDH emite recomendación a la Semar por la tortura de 17 personas en 5 estados

Redacción/Sin Embargo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 29/2018,  a la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República, por el caso de 32 marinos que torturaron a 17 personas, además señala a 17 agentes del Ministerio Público federal fueron omisos en el acceso a la justicia de las víctimas.

Foto: facebook.com/SEMARMX/

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).-La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó la detención arbitraria, retención ilegal y tortura de 17 personas, a menos de elementos de la Secretaría de Marina(Semar). Los hechos ocurrieron en los estados de Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

La CNDH emitió una recomendación a la Semar, y a la Procuraduría General de la República (PGR), por las violaciones graves a los Derechos Humanos de las víctimas. La recomendación 29/2018 emitida por el organismo señala a 32 elementos de la Semar y a 17 agentes del Ministerio Público que habrían sido omisos en las investigaciones de los delitos.

La CNDH indica que la actuación de las autoridades del Ministerio Público constituye una violación del derecho al acceso a la justicia. 17 agentes dilataron u omitieron el inicio de las investigaciones penal correspondientes por el probable delito de tortura.

De acuerdo con los datos de la recomendación, la CNDH recibió entre 2013 y 2017 las quejas de las víctimas y sus familiares, además de información derivada de visitas formuladas por autoridades ministeriales y jurisdiccionales.

Con dichas visitas, se procedió a la integración de 12 expedientes, incluidos en la recomendación, donde se acreditó que después de su detención, las víctimas fueron trasladadas a instalaciones de la Semar, donde fueron agredidas y permanecieron bajo custodia de “elementos aprehensores”.

La recomendación se dirige principalmente a la Semar porque: “los hechos se encuentran relacionados con una práctica constante en la que los elementos navales realizan detenciones de personas alegando supuestos casos de flagrancia o denuncias anónimas que derivan en actos violatorios de derechos humanos”, señala el documento.

La CNDH indica que la actuación de los marinos transgredió los derechos a la libertad, integridad y seguridad jurídica y personal de las 17 víctimas, 4 de las cuales son mujeres y 13 son varones.

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OSC de Hidalgo denuncian detención arbitraria de Gabriela Mejía, exigen su liberación

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

  • Organizaciones de la sociedad civil de Hidalgo, especialmente defensoras de derechos de las mujeres, informan que Gabriela Mejía Valencia, coordinadora de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es acusada de dos delitos: ultrajes a la autoridad y delito electoral.
  • Mejía Valencia está privada de su libertad, lo cual según las organizaciones violá el artículo 19 de la Constitución, pues los dos delitos no requieren prisión preventiva. Aseguran que durante su detención y encarcelamiento ha recibido malos tratos y tortura, por lo que exigen su libertad inmediata.

Participan:

  • Diana Avilés, Directora Ejecutiva de SEIINAC
  • Mtra. Elsa Ángeles Vera, Periodista y activista

Convoca: Servicio de Inclusión Integral y Derechos Humanos (SEIINAC)

La cita: Lunes 13 de Agosto de 2018 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 10