Un informe especial de los auditores revela que se detectaron más de 1,700 anomalías en el manejo de partidas federales en Veracruz, de 2011 a 2016.
A más de 61 mil millones de pesos asciende el presunto desvío de recursos federales perpetrado de 2011 a 2016 en Veracruz, por la administración de Javier Duarte. Es un monto de malos manejos atribuible a un gobierno local del que no hay precedente en México.
Para ponerlo en proporción, para que el exgobernador de Veracruz hubiera podido ganar esa cantidad con su sueldo de gobernador tendría que haber trabajado… 26 mil años por lo menos.
Con el monto de recursos desviados en Veracruz se hubiera podido pagar el sueldo completo de todo el Ejército Mexicano durante los próximos 47 años. Los 61 mil millones representan, al menos, tres años y medio del presupuesto completo de la Procuraduría General de la República (PGR).
Un Informe Especial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los resultados de más de 220 auditorías realizadas del 2011 a 2016, a la administración de Duarte, arroja que dicho gobierno incurrió en todo tipo de prácticas para desviar recursos, desde la retención de subsidios que debían ser transferidos a municipios, hasta el traslado de partidas completas a cuentas desconocidas, subejercicios, falta de comprobación del supuesto gasto que sí se hizo, simulación de devoluciones de dinero faltante, entre otros.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR) y dependencias como la Sedesol y la Sedatu no han entregado, ni al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción o a ciudadanos que lo han solicitado, información pública sobre el esquema de desvío de recursos públicos, documentados en La Estafa Maestra.
Desde hace cuatro meses, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, uno de los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción, solicitaron al SAT las facturas emitidas por las empresas fantasma o con irregularidades contratadas por universidades públicas para hacer servicios al gobierno federal, pero que nunca se cumplieron, de acuerdo con la ASF.
“Aún no hay respuesta”, dice José López Presa, miembro del Comité. “Desde nuestra perspectiva, tratándose de recursos públicos no hay pie a la reserva de la información”, pero la negativa ni siquiera se ha expresado a través de un documento oficial, simplemente el SAT ha “ignorado” la petición.
La estafa maestra es el esquema de desvío documentado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción en el cual once dependencias públicas “contrataron” a ocho universidades públicas por 7 mil 670 millones de pesos para hacer supuestos servicios, pero éstas subcontrataron a 186 empresas, de las cuales 150 son irregulares y, por tanto, no cumplieron los servicios. El dinero simplemente desapareció.
De acuerdo con la ley, el SAT tiene una actuación preponderante para encontrar a los posibles responsables de la estafa porque es el encargado de revisar la legalidad de las empresas y las operaciones que realizan; por tanto, tienen la información fiscal de las 186 compañías que supuestamente fueron contratadas en este esquema.
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron que el viernes 25 de agosto miles de trabajadores en activo y jubilados saldrán a las calles de seis ciudades para protestar contra la “privatización y el desmantelamiento del IMSS, el saqueo de las AFORES y el intento de terminar con las jubilaciones de los trabajadores del IMSS anunciado por la actual dirigencia sindical”.
En conferencia de prensa este miércoles 23 de agosto, informaron que las movilizaciones están acompañadas de dos peticiones. En primer lugar, exigen que se realicen auditorías federales tanto al instituto como al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), y que estén enfocadas en las licitaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), el dinero de las AFORE y las cuotas sindicales.
En segundo lugar, piden la destitución de Manuel Vallejo Barragán, actual secretario general del SNTS, y de Mikel Arriola Peñalosa, director general del IMSS.
Ante medios de comunicación, los trabajadores denunciaron que existen actos de corrupción en el IMSS y en el SNTSS que quedan impunes. Recordaron que el enfermero Gustavo Hernández interpuso en 2014 una demanda en la que están involucradas once personas por el presunto desvío de 22 millones de pesos. A decir de los trabajadores, el dinero fue depositado desde la sección 34 del sindicato a cuentas particulares. Aseguran tener documentos que acreditan dicho desvío. En la denuncia penal Andrés Gachuz Gómez, ex dirigente sindical, aparece como uno de los principales involucrados.
También denunciaron que no existe claridad en el manejo que Vallejo Barragán hace de cifras relacionadas con el pago de las jubilaciones, por lo que también exigen transparencia.
Foto: Erik Salinas, Cencos
Detallaron que las movilizaciones saldrán de las delegaciones del IMSS en Oaxaca, Cuernavaca, Guadalajara, Puebla, Ciudad de México y Tijuana; comenzarán a las 11:00 el viernes 24 de agosto y sólo en Tijuana comenzará a las 10:00. Se espera que la Ciudad de México tenga la movilización más grande, con la participación de más de 10 mil personas.
Enrique Pérez, jubilado, aseguró que los trabajadores del seguro social llegaron al hartazgo de la dirigencia sindical, que olvidó el propósito no sólo del SNTSS sino también del IMSS, que es dar atención y salud al pueblo mexicano.
Además de los detalles sobre la jornada del viernes, los trabajadores compartieron que al ser considerados disidentes son reprimidos mediante la Comisión de Honor y Justicia, una herramienta del sindicato para sancionarlos o rescindirlos. “Nos dejan sin trabajo, sin derechos sindicales… nos sancionan a los que tratamos de hacer una plantilla no oficialista, opositora a la privatización”.
“El IMSS te finca responsabilidades por equis cosa y te despide, te dice que ya no tienes sindicato, que ya no te defiende. Ese es el camino de 10 mil trabajadores”, relataron.
Finalmente, invitaron a los derechohabientes a sumarse a las movilizaciones, ya que, aseguran, su lucha no es únicamente por los derechos laborales, sino por la salud de la población mexicana.
El empresario radiofónico, Rolando González, aseguró haber recibió millones de dólares del Gobierno de Coahuila, a través de la empresa Construcciones Chavana, supuestamente creada por Humberto Moreira Valdés para el desvío de recursos públicos.
De acuerdo con el diario Reforma, González aseguró ante una corte de Texas que de 2006 a 2009 cobró un total de 49 millones 369 mil pesos que le fueron pagados por la oficina del director general de Gasto Público a la empresa identificada como “proveedora”.
Apenas ayer el periódico mexicano dio a conocer que el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, exoneró desde mayo de 2015 a su hermano Humberto, acusado de presunto fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el expediente por el que fue exonerado Moreira, la investigación del Gobierno de Coahuila detectó pagos por cerca de 50 millones de pesos realizados en 2010 a una empresa fantasma de Nuevo León. Pero la Procuraduría señaló que en el periodo que señala el empresarioRolando González no se encontraron reportes de transferencias provenientes de las finanzas del estado.
