Este jueves, Rosario Robles comparecerá ante un juez en el Reclusorio Sur por el caso de La Estafa Maestra.
Imagen: Animal Político
Rosario Robles, extitular de Sedatu y Sedesol se presentará este jueves ante el juez en una audiencia inicial por La Estafa Maestra. Ella es la primera exfuncionaria de alto nivel que acude ante un juez por este caso.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público y presuntos desvíos millonarios en la Sedesol.
Este jueves, acudirá al Reclusorio Sur de la Ciudad de México ante un juez de control, quien decidirá si la Fiscalía tiene pruebas suficientes para vincularla a proceso, o si por el contrario no la vincula.
Su abogado, Julio Hernández Barros aseguró que la exsecretaria se presentará a la audiencia pues “no hay nada que esconder”.
Se prevé que la defensa de Rosario Robles utilizará los mismos argumentos de otros dos altos funcionarios de la Sedesol y la Sedatu que en abril de este año no fueron vinculados a proceso por el caso de La Estafa Maestra:responsabilizar a las universidades que participaron en el esquema de fraude por los presuntos desvíos millonarios a empresas fantasma.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) perdonó al gobierno chiapaneco de Manuel Velasco desvíos por 685 millones de pesos que acabaron en una red de empresas fantasma.
En tan solo dos días, la Auditoría —que hoy dirige David Colmenares— le dio carpetazo a una investigación que llevaba meses en proceso, en la que se habían encontrado diversas irregularidades y que, incluso, realizó la misma dependencia, pero durante la pasada administración, la de Juan Manuel Portal.
En la investigación que dirigió Portal, la ASF había documentado irregularidades en el gasto de cientos de millones de pesos en un programa social que prometía impulsar el desarrollo de las madres solteras de escasos recursos de Chiapas, uno de los estados más pobres de México.
Pero el perdón de la Auditoría —ya con Colmenares al frente— se aceleró cuando se supo que en el Senado de la República se iba presentar un punto de acuerdo para que Manuel Velasco respondiera ante la ciudadanía por esos desvíos millonarios.
Animal Político documentó que detrás de ese perdón exprés que benefició a Manuel Velasco hay un entramado de corrupción y de simulación que permitió que 685 millones de pesos que debieron invertirse en empoderar a miles de mujeres pobres, acabaran en las cuentas de empresas fantasma.
Se trata de Miguel Ángel Lozada Aguilar, titular de Pemex Producción y Exploración; Héctor Salvador Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.
Incluso, Héctor Salgado Castro siguió operando, como consta en el oficio que le envió al subdirector de Aseguramiento Tecnológico el 4 de abril pasado para solicitarle “información para definir estrategia de manejo y comercialización campo Ixachi”, según se explica en el documento obtenido por Animal Político.
Los tres directivos de Petróleos Mexicanos aparecen como funcionarios en activo que recibieron salario por más de 100 mil pesos hasta la quincena pasada, del 16 al 31 de marzo, según se informa en el portal del gobierno federal “Nómina Transparente”, donde se puede consultar el sueldo de todos los empleados de la Administración Pública Federal.
Varias de las averiguaciones están congeladas porque la Procuraduría General de la República (PGR) recabó datos bancarios sin el aval de un juez.
Facebook: Universidad Autónoma de Zacatecas
La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una nueva carpeta de investigación por una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre un posible fraude que ascendería a 100 millones de pesos cometido con la modalidad de La Estafa Maestra, es decir, a través de convenios firmados con universidades por servicios que estas no realizan y que terminan subcontratando con otras empresas, todo ello sin licitaciones de por medio.
En este caso la denuncia involucra dos convenios que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) firmó en 2015 con la Universidad Autónoma de Zacatecas; esto durante las últimas semanas de la gestión de Rosario Robles. El objetivo de dichos convenios era fortalecer los padrones de beneficiarios de programas sociales.
Por estos servicios Sedesol pagó 222 millones de pesos. Al final, las empresas subcontratadas irregularmente supuestamente realizaron todo el trabajo por 116 millones, sin que haya claridad de dónde quedó el resto del dinero.
Las irregularidades encontradas en este caso son resultado de la auditoría financiera 277-DS relacionada con la Cuenta Pública 2015. Esta es la cuarta denuncia penal que se desprende de dicha auditoría.
En enero pasado, Animal Políticoreveló las primeras tres denuncias derivadas de la auditoría 277-DDS por convenios que la Sedesol firmó con dos universidades públicas del Estado de México y una más con la Universidad Politécnica de Chiapas, y en los que también hubo múltiples irregularidades. Dichos convenios fueron firmados y pagados tanto en la gestión de Rosario Robles como en la de José Antonio Meade al frente de Sedesol.
En las actas de 5 empresas por las que transitó el dinero saqueado de Sedatu entre 2016 y 2017 aparece Alfonso Gómez Méndez, dueño de un despacho contable involucrado en el desvío de fondos del gobierno de Duarte en Veracruz.
Por Raúl Olmos
Una red de 11 empresas fantasma utilizada para desviar 164 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en tiempos de Rosario Robles, tiene una liga con Javier Duarte.
En las actas de cinco empresas por las que transitó el dinero saqueado de Sedatu entre 2016 y 2017 aparece como socio mayoritario o apoderado Alfonso Gómez Méndez, un vecino de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que a la vez funge como dueño de un despacho de servicios contables involucrado en el desvío de fondos del gobierno de Duarte en Veracruz.
Esas cinco empresas, a su vez, están ligadas con otras seis que también fueron utilizadas para el saqueo de recursos públicos federales, de acuerdo con un cotejo de documentos realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Toda esta red tiene su base de operaciones en Chiapas y es distinta a la que el pasado 11 de septiembre reveló el diario Reforma.
De acuerdo con la investigación de Reforma, entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017 fueron retirados más de 700 millones de pesos de cuentas bancarias de 15 empresas beneficiarias de contratos en Sedatu y Sedesol y llevados en efectivo a 10 domicilios en la Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo y Sinaloa.
Solo ha podido enviar a un juez el 2% de los casos, pero sin probables responsables aprehendidos. La Auditoría Superior dejó de presentar denuncias desde el cambio en su dirección, aunque asegura que tiene varios asuntos en estudio, que podrían llevarse a la PGR.
La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que ha iniciado casi medio millar de averiguaciones previas y carpetas de investigación por denuncias de posibles desvíos, presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sin embargo hasta ahora no ha detenido ni procesado a una sola persona por estos casos.
Un balance de la Procuraduría sobre las denuncias presentadas por los auditores, que Animal Político obtuvo vía transparencia, deja en evidencia que la dependencia no ha podido resolver con éxito algún caso, pese a que hay denuncias que ya tienen hasta diez años de haberse presentado. Incluso hay casos que fueron archivados.
Los datos de PGR arrojan que se han iniciado un total de 486 investigaciones por denuncias penales presentadas por la ASF. En todos esos casos los auditores advierten al Ministerio Público de un posible quebranto al erario público, por lo que piden actuar en contra de todo los funcionarios que resulten responsables.
De los casos abiertos, 330 son averiguaciones previas abiertas antes de la reforma penal que entró en vigor en 2016, y 156 son carpetas de investigación iniciadas por denuncias posteriores a esa fecha.
El monto cuadriplica lo revelado oficialmente hasta ahora. El DIF fue la primera dependencia en la que comenzó el desvío con empresas fantasma que luego se extendió a ocho dependencias más.
Imagen: Animal Político
Entre 2011 y 2016, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Veracruz –que de manera honoraria presidía Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte– entregó más de 415 millones de pesos en contratos con 33 empresas fantasma.
Esta cifra representa un monto casi cuatro veces superior a los 112 millones de pesos de presuntos desvíos que permitieron a la Fiscalía de Veracruz obtener una orden de aprehensión contra Karime Macías Tubilla, acusada de desviar esta cantidad a seis empresas fantasma por productos y servicios que no se entregaron.
Datos obtenidos de centenares de solicitudes de acceso a la información, enviadas a diferentes dependencias del estado de Veracruz, permitieron a Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentar que el DIF-Veracruz entregó estos 415 millones 78 mil 432 pesos en contratos a 33 empresas fachada, todos durante la gestión de Macías Tubilla.
Pero además, Animal Político y MCCI han podido documentar que, en realidad, la red de empresas fantasma está conformada por 400, sobre las que se abundará en siguientes entregas periodísticas.
A este grupo de 400 empresas pertenecen las 33 empresas fachada que sirvieron para presuntamente desviar recursos del DIF-Veracruz.
Entre esas compañías se encuentran las seis que la Fiscalía de Veracruz identificó para pedir la orden de aprehensión contra Karime Macías: Grupo Balcano SA de CV ; Prefraco SA de CV; Abastecedora Romcru SA de CV; Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV; Ravsan Servicios Múltiples SA de CV; y ANZARA.
Se trata de empresas fachada o fantasma, es decir, legalmente constituidas pero que carecen de los recursos humanos y materiales para proporcionar cualquier servicio, más allá de emitir una factura. De las 33 empresas que recibieron dinero del DIF el SAT ya investigó a 19 y concluyó, en definitiva, que eran empresas inexistentes que simulaban operaciones.
Aunque el nombre de Karime Macías no aparece en ninguno de los contratos firmados, pues de hecho el puesto de presidenta del DIF es honorífico, la investigación de la Fiscalía de Veracruz consignada a un juez apunta a que ella presuntamente ordenaba y coordinaba los pagos a las empresas fachada para desviar los recursos públicos.
Rosario Robles es la actual titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) | Foto: Facebook Sedatuce
Por Redacción/Animal Político
Ambas dependencias desestimaron las quejas presentadas por desvíos de recursos de Sedesol a empresas fantasma ocurridos entre 2013 y 2014.
La Secretaría de la Función Pública cerró la investigación de 69 quejas interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra la Secretaría de Desarrollo Social por desvíos a irregularidades cometidas entre 2013 y 2014, periodo en el que Rosario Robles era la titular de la dependencia.
De acuerdo con el diario Reforma, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedesol desechó las carpetas, entre las que se encuentran las relacionadas con el caso de la Estafa Maestra, sin ser turnadas ni siquiera al Área de Responsabilidades, la cual se encarga de tratar los expedientes de responsabilidad administrativa.
Dichos expedientes habían derivado tras 15 auditorías practicadas por la ASF, mediante las cuales se descubrió el desvío de al menos 2 mil 224 millones de pesos. Dinero que habría sido entregado por parte de la Sedesol a empresas fantasma.
Solo una de las 69 quejas llegó al Área de Responsabilidades pero también fue desechada.
Reforma indica que a pesar de que la SFP ha desestimado alguna sanción contra Robles o la Sedesol, en la Procuraduría General de la República existen aún 24 denuncias en su contra durante su gestión como titular de la Sedesol.
El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) no pudo solventar las irregularidades en los convenios que recibió de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por 806 millones de pesos de acuerdo con una auditoria iniciada por la Secretaría de la Contraloría de esa entidad.
La dependencia informó al organismo estatal desde el pasado 22 de marzo el inicio de los procedimientos administrativos contra exfuncionarios que estuvieron el frente del organismo en las fechas en las que se firmaron los convenios entre ellos: Jorge Eugenio Acevedo Marín, exrepresentante legal y titular del organismo en el sexenio de Roberto Borge.
Los millones que recibió la televisora estatal de Quintana Roo entre 2015 y 2016 fueron dispersados en al menos 33 empresas y 49 contratos sin licitación de por medio, con esquema similar al utilizado en la trama de la Estafa Maestra, un sistema que permitió un fraude al erario público por más de 5 mil millones de pesos utilizando convenios con universidades públicas, como documentó Animal Político.
Entregan contratos antes del convenio
Entre 2015 y 2016 la Sedatu firmó dos convenios generales con el sistema de comunicación del gobierno de Quintana Roo, aprovechando una excepción legal marcada en el párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permite contratar servicios con otra instancia pública sin pasar por un proceso de licitación.
Por la Sedatu firmó como responsable Luz María Orozco Quiroz en su calidad de titular de la Dirección General de Comunicación Social y por el SQCS Jorge Eugenio Acevedo Marín, como director general y representante legal.
Se trataron de convenio irregulares de origen, de acuerdo con la auditoria de la Contraloría estatal pues no fueron autorizados por la Junta Directiva.
La dependencia estatal también encontró que el SQCS empezó a entregar los contratos con las empresas subcontratadas desde julio 2015, aunque el convenio general entre Sedatu y el organismo quintanarroense se firmó dos meses después, el 17 de septiembre de ese año.
También detectó la falta de facturas que comprueben el gasto de 37 millones de pesos y la entrega de “anticipos” por el 98% del monto subcontratado.
Con la Estafa Maestra han desaparecido más de 3 mil 500 millones de pesos del erario, sin que haya funcionarios consignados.
a Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas hasta hoy 21 averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con un esquema sistemático de presunto desvío de recursos, en la administración de Enrique Peña Nieto, que involucra a dependencias federales, instituciones públicas y empresas fantasma, pero hasta ahora, ninguno de los casos está consignado y no hay funcionarios acusados.
Las averiguaciones –promovidas por denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)- abarcan irregularidades en los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015, e involucran recursos federales transferidos a dependencias federales, que a su vez triangularon el recurso con universidades o instituciones públicas, las cuales lo entregaron finamente a compañías privadas que simulan servicios.
Se trata del mecanismo documentado en el reportaje “La Estafa Maestra”, a través del cual, aprovechando una excepción en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, las dependencias asignan recursos sin pasar por procesos mínimos de licitación ni competencia.
