Comuneros desplazados de Chiapas viven con el miedo de ser asesinados o detenidos

Redacción/Animal Político

Las 780 personas que permanecen desplazadas de sus comunidades en el municipio de Aldama salen a trabajar con el riesgo de ser baleados por los paramilitares o detenidos por la autoridad que les impuso órdenes de aprehensión por homicidio y asociación delictuosa, denuncia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Foto: Cuartoscuro

Los campesinos desplazados del municipio de Aldama, Chiapas permanecen aislados en el campamento al que fueron obligados a huir a principios de este año. Al salir a trabajar en los cafetales o a comprar alimentos corren el riesgo de ser baleados por grupos paramilitares, que permanecen a lo largo del camino para atacarlos a su paso.

Desde hace tres semanas temen salir también ante la posibilidad de ser detenidos, pues les fueron giradas siete órdenes de aprehensión por homicidio y asociación delictuosa, según su representante, Cristóbal Santiz.

En esa zona los ataques armados son frecuentes desde 2016, cuando revivió un conflicto territorial que data de la década de 1970 entre las comunidades de Santa Martha y Aldama, que disputan 60 hectáreas de terreno cafetalero.

Sin embargo, Santiz asegura que la violencia arreció el miércoles pasado y no ha cedido hasta la fecha. Producto de ese reciente ataque, dos comuneros resultaron heridos en un brazo y el torso, respectivamente. La noche del domingo, incluso, los comuneros advirtieron un intento de entrar a sus campamentos.

Ante estas amenazas, las 780 personas desplazadas evitan salir más que para lo indispensable, aunque dentro de sus campamentos varios niños y ancianos ya presentan diarrea y enfermedades respiratorias. Al mismo tiempo, se les acaban los recursos para adquirir alimentos y medicinas, ante la dificultad de cosechar el café y las pérdidas que han tenido cuando salen huyendo de las balas sin poder llevarse la cosecha.

El gobierno municipal les ha enviado algunas tandas de alimentos y medicinas durante los ocho meses del conflicto agrario que los mantiene fuera de sus comunidades, pero estas se acaban y desde hace un mes no han llegado más, según Santiz.

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Desplazados chiapanecos acusan a Velasco Coello de incumplir acuerdos; anuncian protestas

Foto: Especial

A la opinión pública en general.

La Coordinadora de Personas Desplazados en el Estado de Chiapas informamos que el gobierno de Manuel Velasco Coello sigue incumpliendo sus acuerdos con las personas desplazadas de Chiapas, y con sus responsabilidades internacionales, ya que a la fecha no ha cumplido con el pago de rentas de las familias desplazadas del Ejido Cintalapa del municipio de Ocosingo.

Además, el día de ayer, 5 de septiembre de 2018, la propietaria de la bodega donde se encuentran alojados personas desplazadas desde hace 9 años les está exigiendo desalojen el lugar, ya que el gobierno de Manuel Velasco Coello se comprometió en cubrir los pagos sin que lo haya hecho desde hace 11 meses.

Además de este acuerdo incumplido, hay otras minutas firmadas por el gobierno de Manuel Velasco Coello en las que se comprometió a cubrir sus necesidades básicas a los desplazados pertenecientes a la Coordinadora, no obstante dichos acuerdos en su gran mayoría, a la fecha, no han sido cumplidos, poniendo en riesgo la integridad física y la vida de las personas desplazadas, sobre todo por la insuficiente suministro de alimentos y atención médica.

Ante la falta de cumplimiento de estas minutas, la Coordinadora ha tomado la determinación de iniciar acciones de protesta a partir del día de hoy, y hasta que se cumplan dichos acuerdos.

Responsabilizamos directamente al gobierno del Estado de Chiapas y a Manuel Velasco Coello por su falta de cumplimiento, ante cualquier desalojo forzado de las personas desplazadas del Ejido Cintalapa del municipio de Ocosingo, además de cualquier otro daño que derive del incumplimiento de los compromisos adquiridos con las personas desplazadas del Ejido Puebla del municipio de Chenalhó, Ejido Tenango del municipio de Ocosingo, Comunidad Shulvó del municipio de Zinacantán y las personas desplazadas en el municipio de Huixtla.

Hoy iniciaremos volanteo en Tuxtla Gutiérrez, informando a la ciudadanía de la capital chiapaneca.

Tuxtla Gutiérrez Chiapas a 6 de septiembre de 2018.

Colectivos exigen desarme de paramilitares en Chalchihuitán

Foto: Moysés Zúñiga Santiago/La Jornada

Por Redacción/La Jornada

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Decenas de organismos civiles exigieron “desarticulación, desarme y castigo inmediato a los grupos civiles armados de corte paramilitar, cuyos líderes materiales e intelectuales, han sido claramente identificados y señalados, por parte de autoridades, comisionados y comuneros de Chalchihuitán”. Ello, en respuesta a los acuerdos que oficialmente se tomaron en diciembre pasado entre las partes y el gobierno en relación al conflicto entre los municipios tzotziles de Chalchihuitán y Chenalhó, en la región de Los Altos.

El colectivo de organismos de la sociedad civil integrantes de la Misión Civil de Observación de la Zona Altos demanda el reconocimiento, por parte de los gobiernos federal y de Chiapas, “del estatus legal de desplazamiento forzado interno, de todas las familias y personas bajo esta inhumana situación, producto de la violencia armada de tipo paramilitar, en el marco del conflicto agrario Chalchihuitán-Chenalhó”. Dicho reconocimiento “implica la aplicación inmediata de la Declaración de los Principios Rectores de Desplazamiento Interno de la ONU y de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas”.

Ante la presencia de los paramilitares de Chenalhó que provocaron desde octubre el éxodo de miles de indígenas, impune aún ahora que se ha militarizado el área, los organismos apremian para que se garantice “seguridad plena para el libre tránsito y el abasto de productos básicos y medicinas en toda la zona”, así como “seguridad plena” para la observación de derechos humanos.

Los organismos manifiestan repudio al “Comisionado Especial para Chalchihuitán y Chenalhó” designado por el ejecutivo estatal. Solicitan el “retiro inmediato” del “impuesto nombramiento de Fortino Vázquez Pérez”, independientemente de “su nefasta trayectoria política”. Consideran que “la imposición unilateral de cualquier comisionado viola los derechos de las comunidades involucradas, a la consulta libre previa e informada, máxime en un contexto tan delicado como el prevaleciente”.

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Cuatro niños de familias desplazadas en Chiapas murieron por hambre y frío; edil pide ayuda

Foto: frayba.org.mx

Por Redacción/Animal Político

Cuatro niños de familias desplazadas de Chalchihuitán, Chiapas, murieron a causa del hambre y frío, informó Martín Gómez Pérez, alcalde de ese municipio que desde hace semanas mantiene un conflicto armado con la localidad vecina Chenalhó por los límites territoriales.

Desde hace semanas, familias enteras de Chalchihuitán, que suman más de mil personas, emigraron de sus casas por la presencia de hombres armados, que han ocupado su comunidad, obligándolos a dormir bajo árboles o en cuevas de montes cercanos.

“No hay paso, nuestros caminos están bloqueados, necesitamos de su apoyo… niños, adultos y mujeres embarazadas están sufriendo por el frío en el monte… no tenemos medicinas, ni con que atender a la gente… por eso le pedimos a nuestro gobernador que nos apoye”, comenta en un video difundido a través de Facebook el alcalde Martín Gómez.

De acuerdo con el diario La Jornada, el alcalde de Chalchihuitán detalló que tres de los menores tenían menos de 4 años, mientras que el otro tenía apenas tres días de nacido. Además, durante el clip (difundido por el párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez), asegura que también tres adultos perecieron por las mismas razones.

Acompañado del sacerdote, el alcalde desmiente las versiones dadas a conocer por “la presidencia municipal de Chenalhó que asegura que ya hay paz en la zona”. Asegura que hay muchos enfermos y los caminos siguen totalmente cerrados, dominados por grupos paramilitares que han amenazado de muerte a los habitantes de Chalchihuitán.

Cabe recordar que la semana pasada, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, dieron a conocer que tras el asesinato de un habitante tzotzil de Chalchihuitán, cerca de 5 mil personas huyeron de sus casas, mil de ellas hacia los montes de la localidad para resguardarse del conflicto.

A partir de ese momento, se han instalado campamentos para que los desplazados logren sobrevivir en estas zonas, donde se presentan climas extremos, donde el clérigo recopila testimonios de los más afectados.

Algunos de ellos, cuentan que los grupos paramilitares quemaron todas sus pertenencias y sus cosechas. Se dicen tristes por haberlo perdido todo y tener que dormir ahora a la intemperie.

Desde el pasado 4 de diciembre, autoridades de Chalchihuitán en compañía de autoridades, han solicitado una audiencia con el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello para solucionar el problema, pero no han sido atendidos. En aquellos días el edil Gomez Pérez aseveró tras la negativas: “perdonen lo que voy a decir, pero el gobernador me trata como a un perro. Sólo hemos podido hablar con unos licenciados y unos ingenieros que únicamente dicen pero no le dan atención a la gente”.

Es por esto que en esta ocasión, se vio en la necesidad de solicitar ayuda por medio de redes sociales. Ante la cantidad de personas enfermas solicita a la sociedad en general, que se donen medicamentos, alimentos. Ya en ocasiones anteriores han pedido la presencia de médicos voluntarios.

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La CNDH obliga a Sinaloa a atender a 2.000 desplazados por la violencia

Foto: El País, Oswaldo Ramírez

Por Redacción/El País

Cristina salió de su pueblo con su esposo y sus tres hijos en el verano de 2011. Una noche antes de su partida, un comando llegó a esa localidad de la zona serrana de Sinaloa y saqueó casas para luego incendiarlas. “Llegaron varias camionetas y hombres con (rifles) cuerno de chivo y entraron a las casas en busca de los contras (rivales) de su cártel. Lo que querían se lo llevaban, o quemaban casas y golpeaban a los hombres que oponían resistencia”, cuenta la mujer. Después de tres horas de viaje desde el poblado cercano al municipio de Choix, llegaron a la ciudad de Los Mochis y se instalaron en casa de un conocido. “Cuando volvimos a intentar rescatar algo, ya no había nada, se habían llevado los animalitos, y las pocas cosas de valor que teníamos”, narra en entrevista.

La vida de Cristina y su familia comenzó de cero. Vendieron el coche para ahorrar unos cuantos pesos y desde entonces recorren las oficinas gubernamentales pidiendo ayuda, pero sólo han obtenido evasivas. “Siempre dicen que no les toca a ellos (atenderlos), y nos mandan a otra parte… lo único que hemos conseguido es una que otra despensa, como si con eso se nos fuera a solucionar el problema”, asegura.

El caso de esta mujer evidencia el drama de los desplazados en Sinaloa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las autoridades de ese estado del noroeste del país para que atienda a 2.038 víctimas de desplazamiento forzado interno en los municipios de Sinaloa de Leyva y Choix. “Aunque diferentes autoridades municipales y estatales conocieron la situación del desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia que impera en esas localidades, omitieron protegerlas, con lo cual vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de circulación y residencia”, señaló el organismo en un comunicado.

En mayo del año pasado, la CNDH presentó un informe donde denunciaba que el Gobierno mexicano era incapaz de combatir la violencia que llevaba al desplazamiento forzado. Entre 2007 y 2016 habían contado en todo el país a 35.433 personas que abandonaron el lugar donde vivían y en nueve de cada 10 casos la causa fue la violencia desatada por la pugna entre bandas del crimen organizado.

Luz es otra sinaloense que salió hace diez años de su pueblo, cerca de Choix, ubicado en los límites entre Sinaloa y Chihuahua, huyendo de los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado. “Ahí hay gente dice ser dueña de la plaza y ellos nomás disponen”, cuenta en entrevista telefónica con este medio. La mujer de 31 años dice que una vez estaba en una fiesta con unas amigas y un grupo de sicarios se las llevó en un coche. “Nos dijeron que a dar la vuelta, pero luego ya no nos querían bajar. Hay muchachas a las que se las han llevado y agarrado de mujeres, otras a las que han levantado para que les hagan comida o les laven, y ya no las vuelven a ver”, afirma.

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Chiapas: Desalojo violento de bloqueo de desplazados de Chenalhó

Por Redacción/DesInformémonos

En la mañana del 28 de marzo, un centenar de policías estatales desalojaron a más de 200 indígenas tsotsiles desplazados del municipio de Chenalhó cuando bloqueaban la carretera de cuota entre San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez para botear y exigir al gobierno que garantice el retorno de unas 80 familias a su comunidad. El operativo dejó un saldo de 14 civiles lesionados y, según las autoridades de 13 uniformados.

Javier López Sántiz, representante de las 241 personas originarias del Ejido Puebla que se encuentran desplazadas desde el 27 de mayo de 2016 debido al conflicto post-electoral en Chenalhó, denunció que “estábamos los 241 desplazados, entre hombres, niños y mujeres, algunas embarazadas, y nos lanzaron gases lacrimógenos; tenemos cuatro lesionados: Pedro López Méndez, Alberto Hernández Méndez, Uvencio Arias Gómez y una niña, además de otros diez golpeados”.

Después de ser desalojados, las y los desplazados acudieron a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con sede en San Cristóbal de Las Casas. Después de los últimos hechos de violencia en la cabecera de Chenalhó a principios del mes, las familias se trasladaron a esta ciudad hasta obtener las condiciones para su retorno.

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