Del fondo utilizado por los gobiernos –federal y estatales– para mejorar la seguridad en el país, apenas 0.32 por ciento se destina a la especialización para la búsqueda de personas desaparecidas.
Una revisión del gasto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), coordinado por la Secretaría de Gobernación (SG), muestra que aunque en México hay miles de personas desaparecidas (37 mil 485, según la información emitida este mes por esa dependencia), en 13 entidades el gasto para realizar un trabajo especializado es de cero pesos. El reporte del FASP de enero a agosto de 2018 señala erogación mínima la mayoría de los estados.
La suma de los recursos destinados en todas las entidades a la búsqueda de personas fue de 29.7 millones de enero a agosto de este año. De ese monto, 16.8 millones son aportaciones del gobierno federal, y 12.8 millones provienen de los estados.
Lo anterior equivale a 0.32 por ciento de la bolsa general del FASP, de 9 mil 40 millones de pesos, para aplicar durante este año.
En el día internacional de víctimas de desapariciones forzadas, familiares recordaron al Presidente Enrique Peña Nieto, que su administración fue indolente ante los casos. Foto: Paola Ramos / Cencos
37.485 personas. De ese tamaño es la crisis de los desaparecidos en México. “Y seguramente el número es más grande”, ha admitido este martes el secretario de Gobernación (ministro del Interior) Alfonso Navarrete Prida en la presentación del nuevo Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP). El intento más ambicioso para encontrar a quienes fueron retenidos sin dejar ningún rastro, para poner cara a miles y miles de expedientes, para dar respuesta definitiva y justicia a los denunciantes se produce cinco años después del caso Heavens, cuatro años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, seis meses después de que tres estudiantes de cine en Jalisco fueran secuestrados y disueltos en ácido. Y dos meses antes de que concluya el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Después de meses y meses de vigencia de la ley, a 50 días de que se vaya este Gobierno, quieren hacer un acto de simulación, como que están haciendo cosas para atender el problema de las desapariciones”, critica en entrevista Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “No se resuelve el problema de fondo, no se han definido los protocolos nacionales ni los acuerdos con los Estados ni los recursos para hacerlo”, agrega Encinas: “Llega demasiado tarde”.
“Es un paso fundamental para la búsqueda de personas, pese a que hubo retrasos importantes”, señala Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, una de la organizaciones civiles que participó en la creación del SNBP.
archa en la Ciudad de México por los tres jóvenes desaparecidos en Tonalá y asesinados, según la Fiscalía de Jalisco, 24 abril / Foto: Viridiana Ramírez / Cencos
Frente a la violencia registrada en las últimas semanas en Jalisco, la entidad ha tenido que reconocer el entorno de ‘guerra de baja intensidad’ en la que se encuentra. Con este panorama, organismos nacionales de derechos humanos han realizado un señalamiento al gobierno local para atender la problemática y la deficiencia burocrática en la que se encuentra entrampado.
Con la presencia del Fiscal General del Estado, Raúl Sánchez Jiménez, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, expresó la necesidad de fortalecer las tareas de procuración de justicia, haciendo énfasis en las desapariciones del tercer estado con el mayor número de estos casos a nivel nacional.
Estas declaraciones públicas se dieron en el contexto del Foro Ciudadano sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en donde el titular de la dependencia de seguridad estaba en representación del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.
De cara a un estado sumido en la violencia en los días recientes, González Pérez señaló la necesidad de fortalecer a las fiscalías autónomas y dotarlas de los recursos necesarios para realizar sus tareas, y especificó la labor que realizan oficinas de búsqueda e investigación de las desapariciones locales, como la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la Comisión Estatal de Búsqueda.
RECONOCE JALISCO SITUACIÓN DE GUERRA
Derivado de la proliferación de fosas, cuerpos y osamentas, el gobierno reconoció en días recientes que la entidad vive en un entorno de ‘guerra de baja intensidad’, mismo que ha producido una violencia desmedida desde el arranque de la llamada ‘guerra contra el narco’, como lo señaló en un mensaje público Aristóteles Sandoval Díaz.
La agenda de los jóvenes está desaparecida para el Estado, concuerdan politólogos y estudiosos de las culturas juveniles en México. Y lo que necesita nuestra nación para impulsar a las juventudes son políticas de Estado, no sexenales, que tengan continuidad y formen parte de un proyecto nación. No obstante, es no ha sucedido aún, comentan.
¿Qué necesitan los jóvenes para salir adelante? –preguntó SinEmbargo. Para los analistas, existen tres necesidades elementales: Uno, pasar del paradigma de la instrucción escolar a la educación entendida como el conjunto de valores de identidad y de cambio sociales. Dos, empoderar a los jóvenes e incluirlos en el proyecto social para darles oportunidades dignas de desarrollo. Y tres, impulsar el activismo y la participación en sociedad, para generar en ellos un sentido de pertenencia a partir de las necesidades sociales.
SinEmbargo analiza en cuatro entregas la realidad que enfrentan 30.6 millones de jóvenes en México, 25.7 por ciento de la población, y la brecha de carencias y oportunidades que los margina día con día.
Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- México ha caído en una espiral de abandono sistemático de sus juventudes, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), componen la cuarta parte de nuestra población. Para politólogos y estudiosos de las culturas juveniles, hay tres factores indispensables que nuestra sociedad y su Estado han fallado en aportar a las nuevas generaciones: valores de identidad o educación; oportunidades dignas de desarrollo; y un sentido de legitimidad para con la autoridad que los aleje de malos pasos.
En un texto anterior, SinEmbargo abordó el tema de la circunstancia actual de los jóvenes y encontró, a partir del análisis de especialistas, que los problemas fundamentales de las y los jóvenes mexicanos tienen que ver con carencias estructurales ligadas a la marginación social, y con los conflictos correlativos de identidad con la estructura social, más allá de su entorno de vida inmediato.
El gran problema de este país, en ese sentido y en términos de política pública, “es que nunca se tomaron las decisiones y nunca se consideró como una política de Estado que estamos en el momento de mayor repunte de la población menor de 29 años –lo que se conoce como bono demográfico–”, dijo en entrevista la doctora Rossana Reguillo Cruz, coordinadora del Programa Formal de Investigación en Estudios Socioculturales de la Universidad Jesuita de Guadalajara.
“Habiendo la oportunidad de pensar una política para que cuando llegara ese crecimiento demográfico tuviéramos suficiente infraestructura para generar educación y empleo, no se hizo”, explicó.
Por ello, señaló que el gobierno debe de hacer una inversión millonaria para crear condiciones de acceso a una vida digna para las juventudes. No obstante, ello requiere de políticas verdaderas de Estado, en lugar de meras políticas sexenales.
GINEBRA (14 de diciembre de 2017) – Expertos y expertas de la ONU* han llamado al Estado mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior que se someterá hoy al pleno del Senado, advirtiendo que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.
“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señaló el grupo en una declaración conjunta.
“El Proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos.”
“No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.”
“El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad”, señaló el grupo.
El Proyecto de Ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta, agregó el grupo.
“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales”, dijo el grupo, destacando que son conscientes de los enormes desafíos de seguridad que enfrenta el país.
Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles, dijo el grupo. Ninguna autoridad civil debería renunciar a esta responsabilidad. También deberían prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos.
El grupo señaló que los mecanismos de las Naciones Unidas vienen recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.
En particular, el grupo recordó al Gobierno la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las Fuerzas Armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública. Remarcaron que esta recomendación se dio teniendo en cuenta la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.
Los expertos y expertas han estado en contacto con el Gobierno México en los últimos días sobre el Proyecto de Ley, y agradecen la pronta respuesta recibida a sus preocupaciones.
FIN
*Los expertos son: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Sr. Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Sr. Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición; y el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
Al menos mil 37 personas (273 indígenas) y 422 colectivos defensores de derechos humanos sufrieron algún tipo de abuso en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, y hasta julio de 2017 se contabilizaban 106 defensores asesinados y 81 desaparecidos, reveló un informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.
Por regiones, el 69 por ciento de los casos se concentra en siete entidades: Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Puebla.
Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016, se registran en 30 entidades del país 302 casos que afectaron a mil 37 personas (273 indígenas) y 422 colectivos defensores de derechos humanos, y hasta julio de 2017 se contabilizaban 106 defensores asesinados y 81 desaparecidos, lo cual muestra que la protesta social se criminaliza y reprime, reveló un informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.
Por regiones, el 69 por ciento de los casos se concentra en siete entidades: Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Puebla.
El mayor número de casos se ubica en Oaxaca: 13 situaciones por megaproyectos y 17 por las reformas estructurales.
La violación a defensores de derechos humanos más recurrente es la detención arbitraria o ilegal (477 actos) y el delito más recurrente son las agresiones físicas/intento de homicidio (120 actos).
Ante las reformas estructurales, el agudizamiento de la violencia, la desigualdad y la expansión de proyectos de despojo, han surgido actores sociales en las ciudades, comunidades indígenas, zonas rurales y fronterizas, donde libran una batalla continua para exigir el respeto de sus derechos humanos y de terceros, expone el estudio de Red TDT en el marco del V Informe de Gobierno.
Desde el primero de diciembre de 2012, durante las manifestaciones por la toma de protesta de Peña Nieto como Presidente de la República, hubo 99 detenciones (12 menores de edad) y por lo menos seis casos de tortura. Un ciudadano murió un año después por las heridas causadas por una bala de goma.
“Quedaría definida la línea que habría de seguir su gestión en lo referente al derecho humano a la protesta y a la libertad de expresión”, dice.
El estudio revela que dentro de los 3 mil 380 actos registrados (de los 302 casos y 820 eventos), el 73 por ciento de las agresiones (2 mil 461 actos) son violaciones a los derechos humanos de los defensores por parte de agentes estatales.
Los principales perpetuadores estatales son: fuerzas estatales de seguridad pública (110 eventos), instituciones federales (95 eventos), instituciones estatales de procuración de justicia (87 eventos).
Familiares de las más de 32 mil personas víctimas de desaparición forzada en México han donado 80 zapatos al colectivo Huellas de la Memoria. Simbolizan todos los caminos que han recorrido en su búsqueda y que acompañan con una carta donde exigen justicia y señalan a los responsables.
La exposición, compuesta por mensajes plasmados en suelas de calzados verdes (desaparecidos), negros (localizados muertos) y rojos (asesinados durante el proceso), ha recorrido desde marzo ciudades de Inglaterra, Francia, Italia y el 4 de julio se inaugurará en la Fundación Heinrich Böll Stiftung en Alemania.
La primera desaparición forzada documentada es de 1969, en el marco de la matanza de Tlatelolco, y a partir de entonces en ningún gobierno desde Gustavo Díaz Ordaz se han dejado de perpetrar desapariciones, por lo que en Huellas de la Memoria se cruzan las primeras historias con las más recientes, expuso Alfredo López Casanova, curador de la obra.
En el evento estuvieron Ana Enamorado, quien desde hace siete años y medio busca a su hijo Óscar Antonio, migrante hondureño que desapareció en Jalisco, así como Guadalupe Pérez Rodríguez, cuyo padre desapareció en la sierra de Puebla cuando él tenía seis años. En su lengua materna, el totonaco, no existe el concepto de desaparición. Se la impusieron en su vida.
Óscar Antonio López Enamorado desapareció en 2010. Ana, su madre, decidió “dejar todo atrás” y venir de Honduras a México en 2012 para buscarlo. “No tengo a Óscar, no tengo nada”, se repite. Lleva cinco años siendo víctima de “los atropellos, amenazas e intimidaciones” por parte del ministerio público y Fiscalía de Jalisco.
