Cientos de mujeres marcharon este martes 8 de marzo en la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La marcha partió del Ángel de la Independencia y avanzó hasta llegar al Zócalo. Con consignas como “¡Mujer escucha, esta es tu lucha!”, ¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más” y “Señor, señora no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, las mujeres protestaron para exigir justicia para las víctimas de feminicidio y desaparición, así como una vida libre de violencia.
Durante la marcha, tanto la Red Rompe el Miedo como la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta documentaron violaciones al protocolo de actuación en protestas por parte de los cuerpos policiacos, con el uso de gas lacrimógeno, gas pimienta, cohetones, extintores y palos de metal contra manifestantes.
La periodista Marcela Turati, la defensora Ana Lorena Delgadillo y la perito internacional Mercedes Doretti fueron investigadas en 2016 por la entonces Procuraduría General de la República. Fue hasta este 2021 que ellas se enteraron de que, incluso, se les abrió un proceso en su contra por secuestro y delincuencia organizada, como parte de la averiguación por la masacre de San Fernando, Tamaulipas. Organizaciones de familiares de desaparecidos y de derechos humanos exigieron que se deje de criminalizar y perseguir a periodistas y defensores.
Con una rapidez pocas veces vista cuando se denuncia la desaparición de una persona, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) echó a andar, en 2016, toda su maquinaria para investigar a una periodista, una defensora de derechos humanos y una perito forense que buscaban esclarecer la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2011, y acompañar a las víctimas.
“Ojalá que cuando las familias tienen un desaparecido, con esa celeridad hicieran las cosas; que cuando vamos y les decimos: aquí están las pistas (de la desaparición), así lo hicieran”, dijo Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, al dar a conocer que ella, la periodista Marcela Turati, cofundadora de Quinto Elemento Lab, del proyecto Más de 72 y coordinadora deA dónde van los desaparecidos, y Mercedes Doretti, directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para Centro y Norteamérica, fueron investigadas por la entonces PGR, en 2016, debido a su trabajo para esclarecer la masacre de, al menos, 196 personas que fueron halladas en 48 fosas clandestinas.
Delitos como violaciones, abusos sexuales, desapariciones, feminicidios y homicidios han dejado como saldo a miles de víctimas niñas y adolescentes en los últimos años. La problemática ha sido alertada durante años por organizaciones civiles, quienes denuncian que la intención de dependencias de todos los estados y niveles de poder por crear una estrategia que frene la problemática sigue siendo nula.
Foto tomada de Facebook: Feminicidios Dales Voz
Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– El feminicidio de Fátima en la Ciudad de México da cuenta de la violencia que desde hace años afecta a niñas y adolescentes de todo el país, pues en los últimos años se registraron cientos de víctimas menores de edad de delitos como violaciones, abusos sexuales, desapariciones y homicidios, incluso en el último año los feminicidios contra dicho sector de la población aumentaron, ahora se estima que en promedio se cometen 8 cada mes.
Las coalición de 75 organizaciones civiles que conforman la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) considera que con la omisión, las autoridades estatales y federales son responsables de la actual crisis de violencia contra niñas y adolescentes.
Mensajes anónimos llevaron la Brigada a una localidad de Coyutla, en la zona norte de Veracruz, y ahí encontraron restos óseos que entregaron a la Fiscalía General de la República.
Foto: Iván Sánchez/Animal Político
Los primeros hallazgos de restos óseos en fosas clandestinas, y el deseo de nuevas personas de unirse a colectivos de búsqueda de desaparecidos, han renovado las esperanzas y dado ánimos a quienes integran la quinta Brigada Nacional de Búsqueda.
Mensajes anónimos llevaron la Brigada el lunes, el primer día de búsqueda de campo, a una localidad de Coyutla en la zona norte de Veracruz.
Allí fue donde encontraron restos óseos y dientes que entregaron a la Fiscalía General de la República (FGR), para que los resguarden y comiencen a hacer los análisis necesarios para identificarlos.
A más de un año de que se emitió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y de que la cifra de los casos ha crecido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que 19 entidades “no han establecido su respectiva Comisión Local de Búsqueda”.
Además, siete no han puesto en operación su Comisión Local de Atención a Víctimas, aseguró el primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, durante la presentación de la Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición, que se efectuó este jueves en Jalisco.
Eslava Pérez dijo que los avances logrados en búsqueda y localización de alrededor de 40 mil personas desaparecidas “es producto del trabajo incesante e incansable de miles de familias que enfrentan el infortunio de la desaparición”.
En un boletín de prensa, se apuntó que el funcionario de la CNDH reconoció que la deuda con víctimas y familiares “no podrá cubrirse en tanto las autoridades no garanticen las condiciones mínimas de seguridad que acaben con el entorno de violencia, impunidad e ilegalidad” que existe en el país.
“Para la CNDH, la falta de investigaciones ministeriales homogéneas para la búsqueda, localización, investigación y sanción de los responsables de la desaparición de personas representa un problema estructural en materia de procuración de justicia”, señaló Eslava.
En México persisten serios desafíos en materia de violencia e impunidad. En 2018 se mantuvo una especial preocupación por el elevado número de desapariciones y homicidios sin una debida investigación, subrayó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el capítulo referente a nuestro país del Informe anual 2018 de esa instancia internacional, también se manifestó una alerta por la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestos por razones de discriminación histórica (las mujeres, la niñez, los migrantes, los pueblos indígenas, personas privadas de su libertad, defensores de derechos humanos y periodistas), quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos.
La CIDH reconoció que se han dado avances significativos en el ámbito legislativo al aprobar leyes en materia de garantías fundamentales que cumplen con los estándares internacionales, pero acotó que los desafíos siguen siendo profundos.
El informe hace un análisis del cumplimiento que el Estado mexicano ha dado a las recomendaciones emitidas en 2015 tras la visita al país del organismo.
Dos de las acciones más importantes que contempla el plan nacional para implementar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas –presentado el lunes pasado por el gobierno de López Obrador– son los beneficios por colaboración eficaz a quienes tengan información que conduzca a la verdad y la justicia, y la profundización para sancionar a los superiores jerárquicos de corporaciones castrenses o de seguridad implicados en el delito.
Así lo señalaron organizaciones civiles, que pidieron que estas medidas no se otorguen a quienes hayan afectado gravemente las garantías fundamentales y que sólo se brinden si las familias afectadas los autorizan.
Para la organización Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, las ventajas por colaboración eficaz abren una ventana de oportunidad para implementar políticas públicas de prevención del delito a investigar los miles de casos de personas víctimas de desaparición, para sancionar a los responsables y reparar los daños causados a los familiares.
Verónica Berber, abogada de ese organismo, indicó que estas medidas pueden ser útiles tanto para la búsqueda de personas como en investigaciones criminales.
Marchan madres de desaparecidos y asesinados en Sinaloa. Foto: Juan Carlos Cruz/Proceso
De acuerdo con las últimas cifras oficiales proporcionadas por la Secretaría de Gobernación en materia de desaparecidos, en México se tiene un registro de 37,485 víctimas no localizadas hasta abril del año en curso, sin embargo en el presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se contempla una reducción para atender la búsqueda de personas.
El paquete económico del próximo año aprobado por la Cámara de Diputados, estima una reducción de 68 millones de pesos a la Secretaría de Gobernación (Segob) para atender las desapariciones en el país. En 2018 se destinaron 468 millones 946 mil pesos para la investigación de este delito, sin embargo para 2019 se entregarán 400 millones 791mil pesos, es decir 14.53% menos.
Del total de los recursos destinados 193 millones 215 mil pesos corresponden a dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y 207 millones 576 mil serán destinados a los subsidios para iniciar con investigaciones.
Por otra parte para la Fiscalía Especializada de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Procuraduría General de la República ( PGR) se destinará 18 millones 243 mil pesos, es decir 28.84% menos de los recursos que recibió en el año en curso.
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ( ONU- DH) se entiende por desaparición forzada “el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas que actúan con la autorización o el apoyo del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento del paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
Asimismo, los recursos para atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas y no localizadas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ( CNDH) , pasaron de 33,100 millones de pesos en 2018 a 27,417 millones para el próximo año, lo que es una reducción de 17.17% en el presupuesto.
En el día internacional de víctimas de desapariciones forzadas, familiares recordaron al Presidente Enrique Peña Nieto, que su administración fue indolente ante los casos. Foto: Paola Ramos / Cencos
La ONU despidió con severas recriminaciones al gobierno de Enrique Peña Nieto, por violaciones de los derechos humanos, cuya magnitud ejemplifica el hecho de que en México lleguen hasta 37.435 las desapariciones forzadas de personas registradas desde 2007.
El duro rapapolvo por la situación que deja en materia de desapariciones lo recibe el conservador Peña Nieto a escasos días de que el 1 de diciembre culmine sus seis años de mandato y entregue la presidencia al izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien ganó las elecciones del 1 de julio.
En sus observaciones sobre el caso mexicano, divulgadas este lunes 19, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) lamenta “profundamente” que en México “se mantiene una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”.
El Comité, integrado por 10 expertos independientes de países que han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, deploró también que en México “imperen la impunidad y la revictimización”, cuando la misma persona sufre igual delito con diferente perpetrador.
Las resoluciones representan la conclusión de una sesión especial, realizada el 9 de noviembre, dedicada al caso mexicano, cuando el Comité, que funciona en la sede de la ONU en Ginebra, enrostró al gobierno de Peña Nieto por la “falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas”.
Roberto Cabrera, de la estatal Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, admitió que solo cuentan con “registros de muy mala calidad”.
Del total de 37.435 casos, ese organismo ha logrado identificar con fecha de nacimiento y nombres de padre y madre, a unos 26.000 desaparecidos. De ese número consiguieron datos biométricos (fotografías y huellas digitales) de unos 16.000, precisó Cabrera.
El 20 de febrero de 1943 la comunidad purépecha de Angahuan observó atónita cómo se abrió la tierra, expulsó humo negro de su interior y comenzó a parir al Paricutín, el volcán más joven del mundo. Más de 60 años después, ese mismo municipio michoacano, fue sitio de otro hallazgo: al cavar la tierra, la policía encontró seis hombres maniatados, semidesnudos, con los ojos vendados y la yugular cortada. Era el 7 de septiembre de 2006.
La primera fosa clandestina del año acababa de ser descubierta en ese boscoso paraje turístico, a sólo media hora de la próspera ciudad de Uruapan. Ocurrió después de que lugareños dijeron haber visto pasar una camioneta de lujo; al asomarse detectaron tierra removida.
Angahuan volvió a honrar uno de los significados que dan a su nombre en purépecha: “En medio de la tierra”.
El hallazgo de estos cuerpos marcó el comienzo de la barbarie. Desde entonces, y mientras se desplegaba la “guerra contra las drogas”, a los asesinos ya no les ha bastado matar; ahora se esmeran en ocultar los cuerpos.
Así es como las fosas clandestinas se multiplicaron.
Una investigación iniciada hace año y medio por un equipo de periodistas independientes, y que a medio camino encontró respaldo financiero y editorial de Quinto Elemento Lab, revela que prácticamente en todo el país se han encontrado casi 2 mil fosas clandestinas entre 2006 y 2016, a un ritmo de vértigo: una fosa cada dos días, en uno de cada siete municipios de México.
Fueron, al menos, mil 978 entierros clandestinos en 24 estados del país. Esta cifra supera por mucho la información dada por el gobierno mexicano hasta hoy.
Las fiscalías recuperaron de estos hoyos 2 mil 884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y miles de restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número aún no determinado de individuos.
Del total de cuerpos y restos, en todos estos años, y de todas estas fosas, sólo mil 738 de las víctimas han sido identificadas, según documenta la investigación hecha a partir de doscientas solicitudes de acceso a la información a las autoridades de cada uno de los 32 estados.
