ONU celebra entrada en vigor de la Ley General en materia de desaparición forzada

El grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las desapariciones forzadas o involuntarias celebró la entrada en vigor, este martes 16 de enero, de la Ley General en materia de desaparición forzada en México.

En un comunicado de prensa, expertos en derechos humanos de la ONU aseguraron que la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas podría dar una vuelta de página a la grave situación que enfrenta México en esta materia, así como iniciar un camino hacia la verdad, justicia y reparación para las víctimas de este delito.

Los expertos resaltaron que es fundamental garantizar una búsqueda eficaz e inmediata de las personas desaparecidas, que es el principal reclamo de las familias que buscan a sus seres queridos.

Los expertos también señalaron que la implementación de la ley debe ser transparente e incluir la participación de los colectivos de víctimas y especialistas.

Además, aseguraron que la creación de fiscalías especializadas puede dar lugar a estrategias eficaces de investigación para terminar con la impunidad relacionada con la desaparición de personas en el país. “Si no se avanza en la lucha contra la impunidad, será imposible detener este flagelo”, expresaron.

Finalmente, el grupo de trabajo de la ONU reconoció que en el proceso legislativo el Estado mexicano garantizara la participación de las familias de personas desaparecidas y otros grupos de la sociedad civil.  

Policías turísticos de Acapulco torturaron y desaparecieron a un indigente: Derechos Humanos

Foto: Policía Turística Acapulco

Por Redacción/Animal Político

En abril de 2014, a través de redes sociales circuló un video que muestra a cuatro agentes de la Policía Turística de Acapulco (tres hombres y una mujer), cuando torturan a un indigente al que mantienen amordazado. Según la declaración de los policías implicados, se trataba de un castigo en contra de un supuesto abusador sexual de menores al que, sin embargo, nunca presentaron ante el Ministerio Público para que se hiciera justicia.

Del supuesto delito sexual cometido por el detenido no existe prueba alguna, salvo la confesión que el torturado balbucea durante el video, entre ruegos de que dejen de golpearlo, y nunca existió una víctima denunciante que lo señalara formalmente.

La persona torturada por los policías es, según las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un indigente que solía deambular por la playa, del que sólo se sabe su apodo, “Pelón”, y al que, luego de que fuera agredido por la policía de Acapulco, nunca más se le volvió a ver.

Aunque el video fue difundido en abril de 2014, los hechos en realidad ocurrieron el 14 diciembre de 2013, y a cuatro años de estos hechos, la CNDH concluyó que el “Pelón” no sólo fue torturado por los agentes municipales de Guerrero, sino que también fue víctima de desaparición forzada, después de que los abusos policíacos se hicieron públicos y se abrieron investigaciones en contra de los implicados.

La marca policíaca

Un día después de que el video de la tortura fuera difundido en Youtube, el 3 de abril de 2014, tres de los policías implicados dieron una entrevista al portal local informativo libertadguerrero.net, en la cual afirmaron haber actuado por órdenes del recién nombrado secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Alfredo Álvarez Valenzuela, al que, además, señalaron como la persona que inició la sesión de tortura, junto con sus escoltas.

En dicha entrevista, los policías implicados no explicaron cómo fue detenido el “Pelón”, y sólo afirmaron que, luego de que el detenido fue torturado por el jefe de la policía municipal, dentro del módulo de vigilancia de un parque, éste le ordenó al supervisor Juan Carlos Alvarado Coronado que, junto con sus tres subordinados, continuaran la tortura, y que grabaran todo en video para que él pudiera constatar que cumplieron su indicación.

Ver nota completa

Comunicado de prensa: México: Proyecto de Ley de Seguridad Interior supone riesgo para los derechos humanos y debe ser rechazado, advierten expertos y expertas de la ONU

Foto: Cencos

GINEBRA (14 de diciembre de 2017) – Expertos y expertas de la ONU* han llamado al Estado mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior que se someterá hoy al pleno del Senado, advirtiendo que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.
“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señaló el grupo en una declaración conjunta.

“El Proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos.”

“No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.”

“El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad”, señaló el grupo.

El Proyecto de Ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta, agregó el grupo.

“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales”, dijo el grupo, destacando que son conscientes de los enormes desafíos de seguridad que enfrenta el país.

Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles, dijo el grupo. Ninguna autoridad civil debería renunciar a esta responsabilidad. También deberían prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos.

El grupo señaló que los mecanismos de las Naciones Unidas vienen recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.

En particular, el grupo recordó al Gobierno la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las Fuerzas Armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública. Remarcaron que esta recomendación se dio teniendo en cuenta la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.

Los expertos y expertas han estado en contacto con el Gobierno México en los últimos días sobre el Proyecto de Ley, y agradecen la pronta respuesta recibida a sus preocupaciones.

FIN

*Los expertos son: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Sr. Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Sr. Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición; y el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

Familias de desaparecidos alertan al país: la militarización traerá mas violencia a las calles

Por Redacción/Sin embargo

“La militarización del país significa que el Estado ha fallado, que no tiene la capacidad de proteger a la población en los tres niveles de Gobierno, que existe un grave problema interno que no está en posibilidades de solucionar si no es mediante el uso excesivo de la fuerza”, consideraron los familiares de las personas desaparecidas.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- Los familiares de personas desaparecidas manifestaron este día que la Ley de Seguridad Interior sólo traerá más violencia a las calles de México.

En un comunicado, señalaron que esta ley, la cual fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre, facilitará la violación de los derechos humanos de la población, debido a su opacidad.

Para los familiares de los desaparecidos, añade el comunicado, la Ley de Seguridad Interior es un grave retroceso en materia de derechos humanos porque desatará la “violencia en el país, así como graves violaciones a los derechos humanos como; tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas en contra de la población civil”.

La militarización de México “significa que el Estado ha fallado, que no tiene la capacidad de proteger a la población en los tres niveles de Gobierno, que existe un grave problema interno que no está en posibilidades de solucionar si no es mediante el uso excesivo de la fuerza.”

Recordaron que pasado 16 de noviembre el Ejecutivo se firmó la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, lo que fue para ellos “un gran avance luego de dos años de impulso y negociación”, porque en ella “las familias [expresaron sus] exigencias para que se implemente correcta y eficazmente”.

Sin embargo, “a diferencia de la Ley de Desaparición, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada de manera rápida y expedita, con presupuesto necesario y suficiente, en donde el Ejecutivo y el Legislativo únicamente asignaron el 10 por ciento del presupuesto que se requería para operar y donde fue asignada a la Secretaría de la Defensa Nacional la cantidad de 81 mil millones de pesos.”

Finalmente, hicieron un llamado a los senadores para que no aprueben la ley: “es contraria a las recomendaciones de la ONU y CIDH de retirar a las Fuerzas armadas en tareas de seguridad”, consideraron.
Ver nota completa

Apatzingán, Michoacán; y Cuauhtémoc, Chihuahua, los municipios con mayores probabilidades de tener fosas clandestinas: Ibero

Por Redacción/Desinformémonos

Información oficial proporcionada por órganos gubernamentales confirmó la certeza del funcionamiento del ‘Modelo estadístico de predicción de fosas clandestinas en México’; elaborado por el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Data Cívica y Human Rights Data Analysis Group (HRDAG).

Vale recordar que el modelo fue presentado públicamente y por primera vez en junio de este año 2017, y mostró probabilidades sobre municipios donde la existencia de fosas clandestinas en México era alta en los años 2015 y 2016 pero que no fueron observados por la prensa. En esa ocasión se utilizó como única fuente una base de datos de registros hemerográficos de fosas clandestinas desarrollada por el PDH de la IBERO.

A partir del supuesto de que existe un universo de fosas en el país más amplio que el registrado por la prensa nacional y local, los creadores del modelo se dieron a la tarea de mejorar y ampliar los resultados del mismo, para lo cual en esta segunda etapa recurrieron al uso de información solicitada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por el periodista Darwin Franco, sobre hallazgos de fosas clandestinas observados por fiscalías o procuradurías estatales.

Con esto, el PDH, Data Cívica y HRDAG, “confirmamos que municipios a los cuales nuestros modelos con información de prensa habían asignado una probabilidad alta, sí tuvieron fosas clandestinas posteriormente. Es decir, nuestras predicciones de municipios con fosas clandestinas para los años 2015 y 2016 fueron confirmadas con esta nueva información de carácter oficial, correspondiente a los mismos años. En otras palabras, confirmamos (que) nuestro modelo estadístico funciona”.

Ver nota completa

Al fin, diputados avalan nueva Ley de Desaparición Forzada

Por Redacción/Aristegui Noticias

La Cámara de Diputados aprobó y turnó este jueves al Ejecutivo federal la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El documento reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud para armonizar estos ordenamientos con la nueva legislación, principalmente, en lo concerniente a las sanciones por el delito de desaparición forzada y el tratamiento de cadáveres de personas no identificadas.

Una de las características fundamentales de la legislación es la investigación de los delitos a través de una Fiscalía Especializada, adscrita a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías locales, a fin de tener autoridades especializadas.

La ley describe y emplea los protocolos necesarios, que incluyen las directrices de actuación en los procesos de búsqueda, atendiendo a las causas y circunstancias en que ocurrieron las conductas y formas de los reportes, las denuncias de la desaparición, los procedimientos de investigación ministerial, pericial y policial.

Incluye un mecanismo de apoyo en el exterior, el cual representará un conjunto de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia y el ejercicio de acciones para la reparación del daño a personas migrantes o sus familias.

El dictamen de la minuta que turnó el Senado se aprobó en lo general por unanimidad, sin cambios, con 397 votos a favor, y tras retirarse y rechazarse 54 reservas, se avaló en lo particular, también por unanimidad, con 361 votos a favor, y se turnó al Ejecutivo.

Ver nota completa

Organizaciones exigen modificaciones a la Ley General de Desaparición

Foto: Cencos

Por Marcela Méndez

Integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México exigieron a los diputados hacer modificaciones a la Ley General de Desaparición antes de que la aprueben, pues argumentan que tal como está tiene muchas deficiencias.

De acuerdo con los representantes de la Campaña, el dictamen de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares que se aprobó en el Senado está alejado de las exigencias de las familias y es una “ley hecha a modo” que no sirve para erradicar el problema de la desaparición en México.

En conferencia de prensa la mañana del 30 de agosto –cuando se conmemora el Día internacional de las víctimas de desaparición forzada– explicaron que, entre las exigencias y observaciones que plantean, están:

1. El Estado mexicano no crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada.

2.El dictamen usa el término “persona no localizada”, lo que demuestra que el Estado “bajo el argumento de ‘buscar ‘a todas las personas desaparecidas, oculta intencionalmente la práctica de la desaparición forzada”.

3.Que el Estado establezca la responsabilidad de los superiores jerárquicos en la desaparición forzada, y no sólo la de los responsables materiales.

4.El Estado se niega a crear un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, y crea el Banco Nacional de Datos Forenses que “solamente agrupará bases de datos, alimentadas por los mismos peritos dependientes de las procuradurías, esas mismas que no investigan y que hacen lo posible para que los familiares de las víctimas no denuncien”.

Los representantes aseguraron también que la Campaña reconoce los avances logrados –como que la definición de desaparición forzada está bien tipificada–pero que aprobar la Ley General sin modificaciones perpetuará la impunidad y el Estado no garantizará a las víctimas, familiares y sociedad los derechos de memoria, justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición.

“La ley tiene aspectos positivos, pero tiene en su espíritu la lógica de que no es el Estado el que comete las desapariciones forzadas, para ellos es el crimen organizado”, explicaron.

Dijeron que la Ley General busca que todos los casos existentes hasta un día antes de su aprobación no entren dentro de la ley: “Lo positivo que tendría la ley no serviría a todos los casos mal llamados del pasado, porque los casos de desaparición forzada siempre son en presente… por eso decimos que más que una ayuda, va a ser una traba para las familias”.

Finalmente, la Campaña dijo que respeta la postura de otras organizaciones de familiares y de Derechos Humanos pero que no está de acuerdo en que si se avanza 15 o 20 por ciento es bueno, pues sus integrantes están convencidos de que tienen que hacer la exigencia conforme lo piden los estándares internacionales.

Los representantes de la Campaña informaron que el próximo jueves 7 de septiembre, a las 10:00, harán un mitin en la Cámara de Diputados para entregar el documento que contiene las observaciones que plantean y que dice cómo debería quedar articulada la Ley General.

Ese mismo día también habrá movilizaciones en congresos locales de los Estados que forman parte de la Campaña (Chiapas, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Oaxaca) para empujar desde ahí “una ley de acuerdo con estándares internacionales y de acuerdo con el sentir de los propios familiares”.

Forman parte de esta exigencia para modificar la Ley General de Desaparición organizaciones como el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, el Comité de Familiares de Detenidos Desparecidos, entre otras.

Ver el boletín aquí

Cifra de desaparecidos en México supera las 30 mil personas: ONU-DH

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. En México, la cifra de desaparecidos superó las más de 30 mil personas en los últimos años, “más los que no son contados por las estadísticas, estamos hablando de muchos más’’, señaló el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.

Durante su participación en el foro sobre desaparición forzada en Guerrero, aseguró que los temas “más graves” son el reciente descubrimiento de fosas clandestinas, “de las cuales no existen registros confiables”, y las condiciones de inseguridad e impunidad en México.

Destacó que la entidad de Guerrero es una de las que tienes marcada injerencia en esos temas y recordó el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa hace casi tres años, el cual aún se mantiene en total impunidad y sin acceso a la verdad.

Por su parte, el ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, Ariel Dulitzky, explicó que se eligió al estado de Guerrero para llevar a cabo el foro porque “representa la continuidad’’ del delito de desaparición en México. ‘‘Guerrero es fuente de inspiración, no sólo para México, sino para toda América Latina. Las luchas se iniciaron en Atoyac, representadas por Tita Radilla, y después con los padres y madres de familia de los normalistas de Ayotzinapa, más los otros desaparecidos en esta entidad”, añadió.

Ver nota completa

Guerrero: el desplazamiento forzoso que no se ve

Por Redacción/Aristegui Noticias

Activistas en la región afirman que lo que se vive en la entidad es una crisis humanitaria que el gobierno federal se niega a atender.

En México existen 35 mil 433 víctimas directas de desplazamiento forzoso, de las que 30 mil 379 fueron reportadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por autoridades estatales y municipales, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción por los Derechos Humanos (CMPDH).

Dicha instancia define lo que se vive en Guerrero como una “crisis humanitaria” que ha provocado más de 2 mil desplazamientos a partir de 2006, justo cuando el entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra contra los cárteles de la droga afectando a miles de mexicanos.

En Guerrero, se cuentan casos de represión desde los años 50 hasta la llamada Guerra Sucia, en los años 70, donde hubo al menos 270 desaparecidos sólo en el municipio de Atoyac.

En dicha época comunidades enteras como Las Cuevas, Salto Chiquito o Las Clavellinas en ese municipio desaparecieron, hoy son pueblos fantasma. Todos aquellos pobladores integrantes de las familias Gervasio, Sarabia, Cabañas y Martínez cambiaron apellido por ser familiares o guerrilleros adeptos a Genaro Vázquez.

El escritor y cronista de Atoyac Víctor Cardona narra que conoció a una desplazada que le confesó haberse cambiado el apellido, ya que ser Cabañas era un estigma.

Cardona destaca que para los años 90, con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), “desapareció Cerro de los Pinos, Agua Zarca, y El Chiflón, totalmente, se redujo a la mitad la comunidad del Machetal y Agua Fría”.

Pero en la época actual después de que Calderón Hinojosa declarara la guerra contra el narcotráfico, el escritor y cronista atoyaquense destaca: “Encuentras muchas casas en las colonias que se venden, pero no hay gente”.

Sin embargo, el Estado mexicano no acepta el desplazamiento forzoso, masivo u hormiga, “pero creo que sí preguntamos, todo mundo va a darte la referencia de alguien que ya se ha ido, que ya dejo su casa”, manifiesta el cronista.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, contabilizó que en Tamaulipas, hay 20 mil víctimas de desplazamiento forzoso interno; Guerrero, con 2 mil 165 desplazados; Chihuahua, con 2 mil 008 víctimas desplazadas; Sinaloa con mil 65; Michoacán con 728; Veracruz, mil 131 desplazados; Oaxaca, 250; Chiapas, 128 y Durango, 230 desplazados.

Para el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, Guerrero vive una crisis de derechos humanos que puede ser una crisis humanitaria en la cual se suman dos problemas que tienen el mismo origen: “el accionar de los grupos de la delincuencia organizada, y la omisión por parte de los gobiernos para combatirla, y atacar este problema”.

“Y entonces nos referimos al problema de las desapariciones y el desplazamiento forzado”, dijo Olivares.

El activista especificó que el término de crisis humanitaria se usa porque prácticamente afecta todos los aspectos de la vida de un ser humano, al afectar a todo un pueblo, dejando la cultura, sus panteones donde se encuentran sus seres queridos “con pocas probabilidades de regresar”.

Otro factor en el desplazamiento forzado en las comunidades rurales es que la mayoría son campesinos que dejan atrás sus milpas y animales, “llegando a otros lugares como arrimados, en una situación en que se sienten victimizados o revictimizados”.

“Porque mucha gente piensa que el ser desplazado es sinónimo de ser sicario, traficante, todas esas cosas, así como considera asesinos o presuntos delincuentes a quienes son asesinados o desaparecidos, consideran que fueron desplazados porque hicieron algo”, dijo.

Ver nota completa