La Procuraduría General de la República (PGR) informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tiene identificados por nombre a El Caminante y El Patrón, dos piezas clave en la investigación por la desaparición en septiembre de 2014 de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con el documento al que tuvo acceso La Jornada, la PGR explicó el 26 de noviembre pasado al organismo internacional que de los 142 detenidos, 27 han obtenido su libertad absoluta.
El informe relacionado con el expediente del caso Iguala, que será retomado por la comisión para la verdad y justicia creada por decreto presidencial hace unos días, refiere que, aunque siguen indagando para tener la certeza de que son ellos, se ha identificado a El Caminante como Alejandro Tenescalco Mejía, que entonces era coordinador operativo de la policía municipal de Iguala.
Por otra parte, El Patrón fue identificado como Alejandro Palacios Benítez y/o Emiliano Santana Duque, jefe de plaza de Guerreros Unidos en Huitzuco, Tepecoacuilco y Taxco.
En Veracruz se tiene un registro oficial de 5 mil personas desaparecidas en la última década, pero las organizaciones de búsqueda de personas sitúan la cifra en 20 mil.
Foto: Policía Federal
Veracruz/Ciudad de México, 1 de diciembre (EFE).– El Gobierno de Veracruz emitió hoy una declaración de emergencia humanitariapor la desaparición de miles de personas a consecuencia de la operación de carteles del narcotráfico y su combate oficial.
En su toma de posesión como Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez (2018-2024), militante del partido Morena, del Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la declaración, única en su tipo en México.
El nuevo gobernante llamó a las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida Naciones Unidas, a participar en un Plan de Emergencia que incluya búsqueda de desaparecidos, identificación de cuerpos localizados en fosas (cementerios) clandestinas y ayuda a víctimas.
La llamada “Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz”, que contó con el respaldo de colectivos de familiares de desaparecidos, fue presentada en el pleno del Congreso (Parlamento) de esa entidad, asentada en el Golfo de México.
En Veracruz se tiene un registro oficial de 5 mil personas desaparecidas en la última década, pero las organizaciones de búsqueda de personas sitúan la cifra en 20 mil.
María Herrera Magdaleno, madre de tres jóvenes desaparecidos, busca derribar una barrera para que las víctimas mexicanas puedan acceder a un mecanismo internacional que les ayude en sus casos.
Foto: Cuartoscuro
México suscribió en 2007 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (de la ONU), sin embargo, las autoridades nacionales se han negado desde entonces a aceptar que el Comité que vigila la aplicación de este ordenamiento pueda analizar casos concretos de desaparición ocurridos en el país.
Se trata, pues, de una barrera que impide a las víctimas mexicanas acceder al marco internacional de protección, barrera que una mujer de 68 años, madre de tres jóvenes desaparecidos, se propone derribar. Su nombre es María Herrera Magdaleno, fundadora del Movimiento por la Paz, de la Red de Enlaces Nacionales, y del Colectivo Familiares en Búsqueda.
Tal como establece el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité de expertos encargado de velar por su aplicación tiene entre sus facultades la de examinar “de manera urgente” aquellas denuncias de desaparición que les hagan llegar familiares o personas con legítimo interés, con el objetivo de que este órgano internacional emita “recomendaciones al Estado Parte”, así como “medidas cautelares para localizar y proteger” a la víctima.
Además, una vez que el Comité tome cartas en el asunto, la Convención ordena que “proseguirá sus esfuerzos para colaborar con el Estado Parte, mientras la suerte de la persona desaparecida no haya sido localizada”.
Sin embargo, en México esto no ocurre debido a que, para que el Comité de expertos de la ONU intervenga en casos concretos, antes cada país debe expresamente aceptar la competencia de dicho comité, algo que el gobierno mexicano se ha negado a realizar, aún cuando la ONU así se lo ha pedido.
En contra de esta omisión de las autoridades mexicanas (que se ha prolongado por más de 10 años), el pasado 3 de marzo de 2018, la señora María Herrera –originaria de Michoacán y mamá de tres jóvenes desaparecidos–, decidió emprender una batalla legal para obligar al Estado mexicano a admitir la intervención del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en casos específicos.
El 20 de febrero de 1943 la comunidad purépecha de Angahuan observó atónita cómo se abrió la tierra, expulsó humo negro de su interior y comenzó a parir al Paricutín, el volcán más joven del mundo. Más de 60 años después, ese mismo municipio michoacano, fue sitio de otro hallazgo: al cavar la tierra, la policía encontró seis hombres maniatados, semidesnudos, con los ojos vendados y la yugular cortada. Era el 7 de septiembre de 2006.
La primera fosa clandestina del año acababa de ser descubierta en ese boscoso paraje turístico, a sólo media hora de la próspera ciudad de Uruapan. Ocurrió después de que lugareños dijeron haber visto pasar una camioneta de lujo; al asomarse detectaron tierra removida.
Angahuan volvió a honrar uno de los significados que dan a su nombre en purépecha: “En medio de la tierra”.
El hallazgo de estos cuerpos marcó el comienzo de la barbarie. Desde entonces, y mientras se desplegaba la “guerra contra las drogas”, a los asesinos ya no les ha bastado matar; ahora se esmeran en ocultar los cuerpos.
Así es como las fosas clandestinas se multiplicaron.
Una investigación iniciada hace año y medio por un equipo de periodistas independientes, y que a medio camino encontró respaldo financiero y editorial de Quinto Elemento Lab, revela que prácticamente en todo el país se han encontrado casi 2 mil fosas clandestinas entre 2006 y 2016, a un ritmo de vértigo: una fosa cada dos días, en uno de cada siete municipios de México.
Fueron, al menos, mil 978 entierros clandestinos en 24 estados del país. Esta cifra supera por mucho la información dada por el gobierno mexicano hasta hoy.
Las fiscalías recuperaron de estos hoyos 2 mil 884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y miles de restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número aún no determinado de individuos.
Del total de cuerpos y restos, en todos estos años, y de todas estas fosas, sólo mil 738 de las víctimas han sido identificadas, según documenta la investigación hecha a partir de doscientas solicitudes de acceso a la información a las autoridades de cada uno de los 32 estados.
Las autoridades de la Fiscalía General de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) han detectado y extraído 19 cuerpos que se encontraban inhumados en tres fosas clandestinas ubicadas en el municipio de Lagos de Moreno.
El hallazgo de los primeros restos humanos en el sitio se dio desde el pasado lunes 22 de octubre, sin embargo, las labores de búsqueda en esas fosas clandestinas han continuado durante toda la semana, hasta concretar la detección de 16 cadáveres del sexo masculino y otros tres del femenino.
De acuerdo con la información que ha sido difundida hasta ahora por las autoridades estatales, desde el mismo lunes pasado fueron localizados los primeros cinco cuerpos que se encontraban inhumados ilegalmente en el sitio, cifra que se fue incrementando con el trascurrir de los días hasta sumar los 19 cadáveres de los que hoy se da cuenta.
Las caravanas de Migrantes y de Madres de Migrantes Desaparecidos se encontraron en este municipio bajo una sola exigencia: libre paso y no criminalización de la migración.
Procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, las mujeres se solidarizaron con los miles de centroamericanos que desde hace cinco días ingresaron a nuestro país.
“Los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales”, se unieron en coro mientras las madres ingresaban al auditorio al aire libre en el parque central de Huixtla.
Vengo de Honduras, dijo una de ellas con la voz quebrada ante el micrófono, me da dolor ver a tanta gente de mi país en este lugar. Les pido a las autoridades que los dejen pasar, no son criminales, andan buscando trabajo.
En el día internacional de víctimas de desapariciones forzadas, familiares recordaron al Presidente Enrique Peña Nieto, que su administración fue indolente ante los casos. Foto: Paola Ramos / Cencos
Pasaron tres meses para que Rosaura García Jiménez pudiera tener una sepultura digna tras haber desaparecido el pasado 8 de junio al salir de su casa, en Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
De 35 años de edad y originaria de Huimanguillo, Tabasco, Rosaura se mudó a Jalisco en busca de una vida mejor para su hija. Pero un día ya no regresó a su hogar. El 2 de julio su familia interpuso la denuncia y fue entonces que las autoridades activaron el Protocolo Alba o Protocolo Naranja, una serie de pasos a seguir cuando existe el extravío de mujeres y niñas.
El cuerpo fue enterrado en el Panteón Guadalajara y el 27 de septiembre se informó a la familia que sus características concordaban con uno de los 444 cuerpos en las instalaciones del Servicio Médico Forense.
Desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, declarada por el entonces presidente Felipe Calderón, las desapariciones en Jalisco se han incrementado año con año. Tan sólo en 2018 ya suman cerca de mil 270 personas no localizadas.
Del fondo utilizado por los gobiernos –federal y estatales– para mejorar la seguridad en el país, apenas 0.32 por ciento se destina a la especialización para la búsqueda de personas desaparecidas.
Una revisión del gasto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), coordinado por la Secretaría de Gobernación (SG), muestra que aunque en México hay miles de personas desaparecidas (37 mil 485, según la información emitida este mes por esa dependencia), en 13 entidades el gasto para realizar un trabajo especializado es de cero pesos. El reporte del FASP de enero a agosto de 2018 señala erogación mínima la mayoría de los estados.
La suma de los recursos destinados en todas las entidades a la búsqueda de personas fue de 29.7 millones de enero a agosto de este año. De ese monto, 16.8 millones son aportaciones del gobierno federal, y 12.8 millones provienen de los estados.
Lo anterior equivale a 0.32 por ciento de la bolsa general del FASP, de 9 mil 40 millones de pesos, para aplicar durante este año.
Especialistas señalan que México no ha destinado los recursos materiales ni humanos suficientes para completar el sistema de búsqueda, al que le faltan protocolos y registros precisos.
Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas comenzó a operar en México el martes pasado, con la misión de hallar, por lo menos, a las 37 mil personas que el gobierno contabiliza oficialmente como desaparecidas o no localizadas en todo el país; sin embargo, inició incompleto, y con una declaración de su titular que provocó reclamos de grupos ciudadanos.
La creación del Sistema está estipulada en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en noviembre de 2017.
Su objetivo es ser un órgano de coordinación de las políticas públicas y entes enfocados en la búsqueda de personas en México.
Está integrado por la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal, además de una Comisión Nacional de Búsqueda, y un Consejo Ciudadano, integrado por organizaciones de la sociedad civil, especialistas y representantes de familiares de víctimas.
Su primera falla es que está incompleto. El Sistema debe integrar comisiones locales de búsqueda de los 32 estados del país. Sin embargo, hasta la fecha solo 7 estados han establecido dicha comisión: Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit y Nuevo León.
Además 11 estados no han constituido o puesto en operación su Comisión Local de Atención a Víctimas: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Sonora.
“Deberían estar sentadas (en el Sistema Nacional) todas las comisiones de búsquedas de los estados, y hasta el momento solo se han creado el 20%”, dijo en entrevista Volga de Pina, defensora de derechos humanos y especialista en materia de desaparición de personas.
Las madres de los migrantes centroamericanos desaparecidos tomarán una vez más el camino que siguieron sus hijos. Lo harán bajo la demanda del derecho a la verdad y la justicia. Protestarán en caravana por 12 entidades de México, recorriendo así casi 4 mil kilómetros de la ruta migrante entre el 23 de octubre y el 7 de noviembre.
Se trata de la 14 Caravana de Madres Centroamericanas, que como cada año hacen este recorrido en búsqueda de pistas que las lleven al paradero de sus hijos, que desaparecieron en territorio mexicano.
En ese marco, informaron, se sumarán a la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, en la que se reunirán por primera ocasión con personas provenientes de África, Europa, Asía y América para compartir experiencias y luchas, y que se realizará en la Ciudad de México del 2 al 4 de noviembre.
La cumbre será el espacio para “un encuentro histórico” entre madres de Magreb, Mauritania, Senegal, Argelia, Túnez, Italia, áreas del Pacífico Asiático, Estados Unidos, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México.
