Alrededor de 200 personas partidistas participaron la tarde del sábado 10 de agosto en la destrucción de tres casas de integrantes de las Abejas de Acteal, en el Barrio Río Jordán, de la colonia Miguel Utrilla. Los Chorros, en el municipio de Chenaló, denunció Juan Vázquez Luna, presidente la la Organización Civil las Abejas de Acteal.
“Como mesa directiva de la Organización Las Abejas, hemos pasado la información al presidente municipal de Chenaló, y al síndico municipal. Le hemos dicho que queremos una solución para que no sigan estos actos violentos, y hasta el momento no ha dado ninguna respuesta, por tanto los responsabilizamos de estos hechos violentos y a los gobiernos estatal y federal de lo que pueda seguir ocurriendo en el Barrio Río Jordán”, denunció Vázquez Luna.
La primera acción de violencia mencionan Las Abejas, se dio en casa de Alonso Giménez Méndez, a las 4:54 pm; lo pasaron buscando e informaron que lo seguirían buscando hasta encontrarlo. La segunda acción violenta es a las 5:06 pm, cuando amenazan con quemar la casa de Alonso Giménez Méndez, y después continuaron con su búsqueda, añadieron los también integrantes del Congreso Nacional Indígena en videoconferencia desde Acteal.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) urge al gobierno de la ciudad abstenerse de actos y declaraciones que criminalicen la protesta.
El reto principal es atender las causas de la misma: la violencia feminicida que enfrentan día a día las mujeres.
El día de ayer, 12 de agosto de 2019, mujeres de diversos colectivos y organizaciones se manifestaron frente a la PGJ-CDMX en un acto de indignación y exigencia de justicia por el caso de una joven de 17 años violada por elementos de la policía de la CDMX y por la violencia sexual y feminicida, así como la impunidad que enfrentan día a día por parte del estado. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México se refirió en declaraciones a la protesta realizada por colectivas de mujeres frente a la PGJ CDMX como una “provocación”, señalando que se abrirían carpetas de investigación.
En ese sentido es necesario recordar que como se estableció en la Constitución de la Ciudad de México, las autoridades tienen estrictamente prohibido realizar actos que den pauta a la criminalización del ejercicio de la protesta, es decir, que intenten amedrentar o inhiban el ejercicio de este derecho, esencial para la participación ciudadana a través del espacio público.
Recordamos a las instancias encargadas de coordinar labores de seguridad que actualmente está vigente el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones o Reuniones, expedido en marzo de 2017, mismo que es de observancia obligatoria, protege el derecho a la protesta y debe aplicarse en contextos de manifestaciones públicas.
Por tal motivo, resulta preocupante que la jefa de gobierno y la titular de la PGJCdmx declaren ante medios de comunicación y redes sociales que se iniciarán investigaciones penales para determinar responsabilidades hacia manifestantes por la supuesta comisión de delitos durante una manifestación, calificados como “provocaciones”, lo cual interpretamos como un claro acto de intolerancia de la autoridad. De continuarse con los procesos penales, estaríamos frente a la configuración del uso faccioso y selectivo del derecho penal, es decir, de actos de criminalización en contra del libre ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión. Siendo así, los daños mínimos hacia un edificio gubernamental en el contexto de manifestaciones deberían considerarse fuera del rango de persecución, en tanto son un reflejo de una problemática social que debe atenderse de raíz, no dentro del ámbito penal hacia quienes expresan su descontento contra las acciones y omisiones gubernamentales en asuntos de interés público, como lo es la violencia de género.
Es necesario escuchar la voz de las mujeres que participaron en la protesta de ayer sobre la necesidad de realizar trabajos urgentes y efectivos por parte del gobierno de la Ciudad de México, para erradicar la violencia contra las mujeres. Frente a la legítima exigencia de justicia, el gobierno, lejos de hacer uso del derecho penal como primera herramienta frente a la protesta, debe buscar soluciones y atender las causas que la originan.
El FLEPS llama al gobierno de la ciudad, particularmente a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad, a cumplir su responsabilidad de abstenerse de pronunciarse o iniciar cualquier acto que polarice, deslegitime, inhiba o criminalice la protesta social. Seguiremos reivindicando la importancia de contar con un gobierno e instituciones que reconozcan la importancia de la protesta social; la diversidad de expresiones en las calles es un indicador del nivel democrático de la ciudad.
Como organizaciones del FLEPS, también nos solidarizamos con las mujeres, defensoras y organizaciones feministas que, ejerciendo su derecho a la protesta, luchan por visibilizar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas de esta ciudad, exigiendo al estado el pleno respeto y garantía de todos sus derechos humanos.
Atentamente,
Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social
Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón
Martes 13 de agosto de 2019
En junio de 2019, la revista Gatopardo publicó el reportaje “La batalla de Oaxaca: Crónica de un enfrentamiento que divide a una región” de la periodista independiente Laura Castellanos. Asimismo, el portal de Aristegui Noticias publicó la nota: “Diputada de Morena se contradice en declaraciones contra ocho presos indígenas”, también de Laura Castellanos.
Se trata de una investigación de campo que recopiló testimonios sobre la lucha integral de la Asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, encontró detalles minuciosos sobre el caso de los presos políticos integrantes de la misma Asamblea, y muy importante, capturó las opiniones y perspectivas de personas identificadas como la contraparte de la Asamblea comunitaria, así como el testimonio directo de la Diputada Elisa Zepeda Lagunas, quien se dice víctima de los presos políticos.
Por primera vez, se consideraron los contrapesos del conflicto que vive Eloxochitlán de Flores Magón, con lo cual, el trabajo periodístico marcó las pautas para continuar las investigaciones serias y profundas sobre la lucha por la libre determinación de una comunidad originaria, en donde el modelo autonómico de la Asamblea comunitaria apegado a los usos y costumbres es amenazado por un cacicazgo que recurre al sistema tradicional y busca el control del gobierno apoyado por partidos políticos; la Diputada Elisa Zepeda Lagunas, es parte del grupo caciquil.
En el reportaje y la nota antes citados, la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán encontró evidencias sólidas que fortalecen su constante denuncia: “La Diputada de Oaxaca Elisa Zepeda Lagunas fabricó delitos a por lo menos 40 personas indígenas, usando como instrumento el falsear, manipular y ocultar información con la finalidad de desarticular un cabildo completo y toda organización comunitaria opuesta al régimen caciquil.”
Ahora bien, transcurridos más de los quince días para oponer réplica legal y hasta la fecha, la Diputada Elisa Zepeda Lagunas no ha hecho pronunciamiento alguno sobre el contenido de la investigación periodística, tampoco el Congreso del Estado de Oaxaca ha dicho algo al respecto.
Sin embargo, el silencio de la Diputada Elisa Zepeda Lagunas contrasta con su actividad orquestada desde el Congreso oaxaqueño, desde donde se victimiza y pide constantemente el apoyo de los legisladores para promover ante la Fiscalía y el poder judicial la obstaculización de la libertad de los presos políticos.
Mediante un comunicado de fecha 23 de julio de 2019 dijo haber sido haber sufrido violencia cobarde, ataques, amenazas. Nunca el comunicado de la Diputada clarificó cuáles fueron esos hechos delictivos, cuáles códigos o leyes los sancionan, en cambio, sirvió su actuación para hacer afirmaciones falsas de carácter político, reiterar hechos que ya están desmentidos legal y mediáticamente, y lo más vil, responsabilizó a los presos políticos de asesinato, olvidándose de la libertad que les fue dictada por el órgano jurisdiccional el 1° de marzo de 2019 contra esa falsa acusación.
Por lo anterior, la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón y los familiares de los presos políticos, desde nuestras formas de lucha, sin la cobertura de ningún partido político y hablando a viva voz desde este espacio comunitario, nos pronunciamos enérgicamente y:
Denunciamos el uso de los aparatos de poder por parte de la Diputada Elisa Zepeda Lagunas para reprimir la lucha por la libertad legalmente procedente de todos los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón.
Denunciamos el silencio convertido en opacidad del Congreso del Estado de Oaxaca, al permitir que una funcionaria cuyo instrumento es la falsedad, presida la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LXIV legislatura.
Denunciamos la obstaculización de los procesos penales por parte del Poder Judicial de Oaxaca, traducidos en graves dilaciones, como la sufrida por Miguel Ángel Peralta Betanzos en julio de 2019, al haberse repuesto su procedimiento para “reparar las violaciones a sus derechos humanos”, mismas que nunca importó violarle durante sus primeros cuatro años y medio de prisión.
Invitamos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a la Fiscalía General de la República a investigar de oficio los hallazgos de la investigación periodística en donde quedó de manifiesto la fabricación de delitos contra personas indígenas, así como la desarticulación de la organización de toda una comunidad, por la Diputada Elisa Zepeda Lagunas.
Pedimos la intervención urgente del Gobierno de la Cuarta Transformación a favor de los presos políticos de Eloxochitlán propuestos por el Senado desde diciembre de 2018 para ser amnistiados, apelando a sus afirmaciones de ser un gobierno para la defensa de los derechos humanos.
¡Viva la lucha por la libertad de los presos políticos!
¡Viva la libertad de las comunidades originarias que es la misma que defendieron nuestros padres!
¡No a la cultura totalitaria que se posiciona como la única a nivel mundial y ve a las comunidades indígenas como sobrevivientes que requieren rescate, y en Oaxaca, además, les cataloga forzosamente con un color político desconociendo las prácticas autonómicas!
¡No a la denostación de la lucha por la libertad y autonomía de Eloxochitlán de Flores Magón, que lleva más de tres décadas!
¡Vivan las comunidades originarias! cuyas prácticas cotidianas (la propiedad comunal, la ayuda mutua, políticas autonómicas) no son una utopía, si bien están en constante asedio.
Los asistentes al foro del INPI dejaron en claro que quieren elevar a rango constitucional el derecho a decidir sobre sus tierras y recursos
Fue difícil quedarse en silencio. Muchos necesitaban hablar, gritar, llorar. Hubo que encontrar la forma, y el dolor y la rabia se transformaron en aplausos, en un minuto de aplausos por los defensores de la tierra y el territorio asesinados.
José Luis Bitimeo Valenzuela, indígena mayo yoreme de Sinaloa, fue quien desató las primeras arengas, al plantear los resolutivos de la mesa sobre tierras, territorios, recursos y biodiversidad, en la que participaron 84 personas como parte de los foros de consulta respecto a las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizó estos foros por todo el país, para elaborar una iniciativa de reforma constitucional.
“Para hacer justicia social es necesario reconocer, consagrar y dotar de capacidades a quienes han sido históricamente marginados”, afirmó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en la inauguración del foro nacional, donde se recogieron las propuestas de temas para integrar la iniciativa de reforma.
GUANAJUATO, Gto., (apro).- En una dura carta, organizaciones civiles ambientalistas de distintos municipios del estado reprocharon al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo su posición de respaldo total al proyecto de la presa y acueducto de El Zapotillo y lo acusan de favorecer intereses económicos por encima de derechos humanos; “apoyar la construcción de la presa es un grave error que su gobierno no puede darse el lujo de cometer”.
La carta dirige a Diego Sinhue señalamientos como “falto de ética”, “contradictorio” y hasta “protofascista” por pasar por alto opciones para la gestión del agua para León, una ciudad que sufre inundaciones cada época de lluvias, y por ignorar las demandas de habitantes de tres poblados jaliscienses con riesgo de ser inundados, además del impacto ecológico en la zona de construcción de la presa.
“Usar el discurso del derecho humano al agua de los habitantes de León para colocar en segundo plano el derecho a la vida y a no ser desplazados de los alteños, resulta en una enorme falta de ética y sin ética, señor Sinhue, no se puede gobernar con decencia”, dice la carta pública.
Ante una próxima definición sobre si continuará o no la obra en El Zapotillo, y la reciente visita del Secretario del Medio Ambiente federal, Víctor Manuel Toledo Manzur, a Temacapulín –uno de los poblados en riesgo de ser inundado-, el gobernador de Guanajuato incluso anunció posibles movilizaciones de leoneses “para defender el proyecto que traerá agua que necesita León”.
Christian Téllez Padilla fue detenido en Veracruz en 2010 por policías presuntamente al servicio de Los Zetas. Foto: Twitter @idheasdh
Gabriela Soto Mayor/ Proceso
GINEBRA (apro). – El Comité de Derechos Humanos de la ONU, determinó que el Estado mexicano es responsable del caso de desaparición forzada de Christian Téllez Padilla en Veracruz en 2010 en el que participaron autoridades estatales supuestamente vinculadas a grupos del crimen organizado.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, un grupo de 18 expertos internacionales, emitió su dictamen basado en el derecho internacional de los derechos humanos después de recibir una denuncia de familiares de una víctima de desaparición forzada.
Según el dictamen “el 20 de octubre de 2010, el Sr. Christian Téllez Padilla (quien tenía 30 años y estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad del Golfo de México, Campus Poza Rica, Veracruz, en el momento de los hechos) conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica, con destino a un taller automóvil”.
Su compañera, Aidée Galindres Basave, le seguía en su camioneta. Aproximadamente a las 3:30 pm, a la altura del Puente Hueleque sobre el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, dos patrullas de la Policía Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, compuestas por ocho policías, interceptaron al Téllez Padilla, lo apuntaron con sus armas mientras lo bajaron de su automóvil y lo subieron a una de sus patrullas. Las patrullas se fueron y uno de los policías se llevó el automóvil de Téllez Padilla.
Los próximos días 8 y 9 de agosto tendrá lugar en Ginebra, Suiza el examen de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) que evaluará los retos y avances del Estado mexicano en materia de discriminación contra los pueblos indígenas, la población afrodescendiente y las personas migrantes y refugiadas. Dada la importancia de esta temática para el panorama general de derechos humanos en el país, organizaciones de la sociedad civil mexicana han elaborado un Informe Alternativo conjunto que destaca las principales violaciones de derechos humanos que han sufrido estas poblaciones, tanto en el sexenio anterior como en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En el informe se destaca: la discriminación contra las personas indígenas en el acceso a la justicia, los contextos de desplazamiento forzado, los impactos de los megaproyectos, los atentados contra la libertad de expresión de los pueblos indígenas y la violencia diferenciada que sufren las mujeres indígenas; por otro lado, también se subraya el racismo estructural e institucional contra las personas migrantes y refugiadas, que afecta de manera muy especial a la niñez migrante.
El Informe Sombra señala la necesidad de que el Comité esté al tanto y se pronuncie sobre las nuevas políticas migratorias que ha adoptado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el contexto de las llamadas “Caravanas Migrantes” y las negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estas políticas han llevado a la militarización de la Frontera Sur y a que las autoridades hagan declaraciones que criminalizan a las personas que defienden los derechos de las y los migrantes.
Ciudad de México | Desinformémonos. Un total de 625 mujeres indígenas y mestizas de México y de otros países se pronunciaron contra los proyectos extractivos “que representan la parte más agresiva y visible del neoliberalismo”, como el Corredor Industrial Transístmico, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos (PIM), así como repudiaron “las acciones que el actual gobierno mexicano está haciendo en contra de los migrantes” en el país y la criminalización de activistas y defensores, luego de dos días de trabajo del Segundo Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG), en la comunidad nahua de San Juan Volador, Veracruz.
“Ratificamos nuestra decisión de seguir vivas para acabar con el sistema capitalista patriarcal que nos esta asesinando”, señalaron en la declaratoria final del encuentro, donde también se pronunciaron por la libertad de los presos políticos, la presentación con vida de los desaparecidos y la justicia por los asesinados.
Las mujeres participantes destacaron que su resistencia es “importante y decisiva” porque se enfrenta a “la guerra de exterminio declarada a los pueblos del mundo por el capitalismo y el poder patriarcal”, por lo que los días 27 y 28 de julio buscaron, a través de talleres, diálogos e intercambios de saberes, prácticas y visiones, articular la organización y establecer medidas y acciones para continuar la lucha.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que llame a comparecer a los titulares de diversos organismos gubernamentales que se han negado a aceptar la Recomendación 29/2019, relacionada con el Programa de Estancias Infantiles.
En un comunicado, el organismo público señaló que ante la “reiterada negativa” a aceptar dicho señalamiento, pedirá que sean citados los titulares de las Secretarías de Hacienda y Bienestar, así como de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que expliquen por qué han rechazado la mencionada Recomendación.
Mediante un oficio dirigido a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la CNDH pidió citar a los funcionarios que se negaron a aceptar la Recomendación y que se notifique formalmente la fecha y hora que los titulares de las dependencias involucradas van a comparecer.
Luego de recordar que le ha pedido a las instituciones mencionadas que reconsideren su negativa a aceptar la Recomendación, la CNDH recordó que “tiene la vía expedita para solicitar al Senado de la República que requiera a las autoridades responsables las explicaciones correspondientes”.
Campamento de migrantes en Chiapas. Foto: Eduardo Miranda/Proceso
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Luego de tres días de recorrer la frontera sur mexicana, la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano documentó una flagrante violación sistemática desde las instituciones oficiales en contra de las personas de diversos países que entran a México y que buscan llegar a Estados Unidos.
Además de registrar “un enfoque de seguridad militarizada por encima del respeto y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad”, destacaron que en esta región del país existe “una estrategia de desgaste y contención que tiene la intención de generar cansancio, desmovilización y disuasión de las personas ante el acceso al derecho a solicitar refugio y a procedimientos de regularización, así como restringir y criminalizar la movilidad humana”.
En el informe titulado “La frontera sur es una tortura silenciosa”, investigadores y activistas dieron a conocer que se creó la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano, convocada y conformada por 24 organizaciones de México, Centroamérica y Estados Unidos.
Surgió en respuesta a la preocupación de organizaciones de derechos humanos de la región, ante los éxodos centroamericanos de los últimos meses.
