Denuncian «imposición y desdén» en mesas de diálogo sobre planta de amoniaco en Topolobampo

Foto: Gerardo Magallón

Redacción Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. La comunidad mayo-yoreme denunció las actitudes de «arrogancia» e «imposición y desdén» por parte de algunos representantes del sector agrícola que participaron en la más reciente mesa de diálogo sobre la planta de amoniaco que impulsa la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa.

«Lamentablemente, en la mesa de diálogo predominó una actitud de arrogancia por parte de algunos representantes del sector agrícola. En lugar de escuchar con apertura las preocupaciones legítimas sobre la planta de amoniaco, se percibió una postura de imposición y desdén hacia quienes defendemos nuestro territorio», señaló Melina Maldonado Sandoval, defensora yoreme de la Bahía de Ohuira e integrante del colectivo Aquí No.

La denuncia de Maldonado sucede tras la cuarta mesa de trabajo entre defensores, especialistas, académicos y empresarios de GPO sobre la planta de amoniaco, que representa una amenaza a la «identidad, territorio y espiritualidad» de las comunidades mayo-yoreme en Sinaloa, al poner en riesgo todo el ecosistema a pesar de que está protegido y reconocido desde 2009 dentro del Convenio Ramsar y de que forma parte de la cosmovisión y sustento del pueblo yoreme.

Ver nota completa

Crónica: El mundial 2026 es de las madres buscadoras

Por: Giselle Velasco Matías / @arlette_giselle

Fotografías Alan Hernández/ @alandjhm

Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- A unas horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cientos de madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas y colectivos provenientes de distintos estados del país marcharon sobre la calzada de Tlalpan con la intención de llegar al Estadio Azteca y visibilizar la crisis de más de 133 mil personas desaparecidas en México. Convocadas a una velada pacífica la noche del 10 de junio, las familias caminaron entre velas, fotografías y consignas para exigir justicia y búsqueda efectiva de sus seres queridos, en un contexto donde la celebración mundialista contrastó con una de las crisis humanitarias más profundas del país.

Ver nota completa

Gobiernos en América Latina y el Caribe deben crear políticas de protección que garanticen el derecho a defender los derechos humanos

Espacio OSC/FLEPS/Red TDT

● América Latina continúa siendo la región del mundo más peligrosa para la defensa de los derechos humanos, situación que se ha agravado en el contexto actual del COVID-19.

● Hoy en el día internacional de las personas defensoras de derechos humanos, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a los gobiernos de la región, a que establezcan acciones que respeten y protejan su labor.

9 de diciembre de 2021

Las personas defensoras de derechos humanos han asumido el liderazgo de acciones a favor de la paz, la justicia, los derechos de pueblos indígenas, el respeto a los territorios y el fortalecimiento de la democracia. En muchos casos son víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos, así como protagonistas del reconocimiento de derechos y la transformación de los conflictos al interior de sus comunidades.

Son personas comunes, trabajadoras, abogados/as, estudiantes, mujeres activistas, líderes y lideresas indígenas, afrodescendientes, campesinas y comunitarias, periodistas, sindicalistas o defensoras del territorio y el medio ambiente que siempre han luchado en tiempos de crisis por reconquistar nuestros derechos, exigir su garantía, respeto y promover todas las libertades.

Pese a eso, las personas defensoras viven el asedio constante en razón de su labor de defensa de derechos humanos, siendo víctimas de asesinatos, amenazas, agresiones físicas y digitales, espionaje, robo, estigmatización, persecución, criminalización, privación de  libertad, desplazamientos forzados, secuestro, desapariciones, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violencia sexual, entre otros, algunos de los cuales son específicos o se potencian en razón del género o procedencia étnica.

En la actualidad, América Latina es una de las regiones del mundo más peligrosas para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, sin que las instancias gubernamentales hayan adoptado medidas extraordinarias para su debida protección. Al contrario, la situación se ha agravado por la adopción de normas restrictivas y regresivas que afectan el ejercicio de los derechos humanos. Entre las medidas más frecuentes, están: los límites al acceso a la información, a la participación, la justicia, la protesta social y la intensificación de la militarización, las cuales se profundizan particularmente en contextos extractivos; así mismo, el aumento de violencias por razones de género y los discursos de desprestigio en contra de quienes defienden derechos humanos. En la mayoría de contextos de violencia, los principales agresores continúan siendo agentes estatales, seguidos de delincuencia organizada y actores particulares, principalmente éstos últimos asociados a las industrias extractivas.

Ver comunicado completo

La justicia en México, el otro daño colateral de la pandemia

Imagen: informe “El acceso a la justicia en México durante la pandemia de covid-19”.

 

Juan Omar Fierro/Proceso

La protección de los derechos humanos por la vía judicial se vio dramáticamente disminuida en la primera etapa de la crisis sanitaria en México a causa de la discrecionalidad de los jueces para definir lo que consideraron un caso urgente, tras los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal para reducir la actividad de los juzgados y disminuir los contagios, revela el informe El acceso a la justicia en México durante la pandemia de covid-19.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En México los grupos vulnerables, como migrantes, personas en situación de pobreza y población en situación de calle han sufrido retrocesos en su derecho a la salud, a la integridad personal y a la posibilidad de acudir a una autoridad para que puedan defender sus derechos, señala el informe “El acceso a la justicia en México durante la pandemia de covid-19”.

Elaborado por nueve organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, el reporte advierte que gran parte de estos retrocesos se debieron a la discrecionalidad de los jueces para definir lo que consideraron un caso urgente tras los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para reducir la actividad de los juzgados y de esa manera disminuir los contagios en la primera etapa de la crisis sanitaria en México.

Ver nota completa

Ver informe completo

Pegasus en México: Urge esclarecer su uso ilegal y proteger a personas defensoras y periodistas

Espacio OSC

  • Al menos 109 personas defensoras de derechos humanos y 25 periodistas pudieron ser infectadas por el malware Pegasus durante el sexenio pasado.
  • Se requieren investigaciones diligentes, exhaustivas e inmediatas, por parte de la Fiscalía General de la República acerca de la adquisición, uso ilegal y encubrimiento del espionaje ilegal.

El día 18 de julio se reveló a través de la investigación «Pegasus Project» realizada por Amnistía internacional y Forbidden Stories, que entre 2016 y 2017 diversos gobiernos en el mundo afectaron potencialmente 50 mil números telefónicos por el malware de espionaje Pegasus de NSO Group, entre los que se encuentran 15 mil números telefónicos mexicanos, incluyendo el de al menos 109 personas defensoras de derechos humanos y 25 periodistas. 

Esta revelación confirma y amplía los hallazgos de la investigación «Gobierno Espía» que en el año 2017 reveló  la práctica generalizada que desde el 2016 del uso de Pegasus y el espionaje por parte del gobierno mexicano en cabeza de Enrique Peña Nieto, en contra de opositores políticos, activistas, personas defensoras y periodistas. Las consecuencias de esta práctica ilegal son graves, debido a que, una vez instalado el malware en el teléfono de las víctimas, proporciona al atacante pleno acceso a los mensajes, correos electrónicos, elementos multimedia, micrófono, cámara, llamada y contactos del teléfono. 

Los actos de espionaje realizados durante el Gobierno de Peña Nieto no fueron hechos aislados e hicieron parte de una política de gobierno, que se caracterizó por las agresiones y actos de hostigamiento, en contra de personas defensoras y periodistas durante todo el sexenio, entre las que se destacan el asesinato, agresiones físicas, desplazamiento y criminalización. Durante ese mismo periodo, un total de 161 personas defensoras y 47 periodistas fueron asesinadas por motivo de su labor, crímenes que no han cesado en el actual sexenio y que han trascendido en distintos estados de la República permaneciendo en impunidad. 

Ante los actos de espionaje, nos solidarizamos con las víctimas y sus familias, entre las que se encuentra la integrante del Equipo Directivo de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, así como el Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera y el abogado Vidulfo Rosales, quienes también integran el Espacio OSC, así como las demás personas defensoras y periodistas objeto de intentos de espionaje. Esta práctica ilegal no solo es un ataque individual a la intimidad y acceso a datos personales, sino a sus familiares, amistades, redes de apoyo, movimientos sociales y víctimas que acompañan en la labor de defensa y promoción de derechos humanos. 

Ver comunicado completo

Hasta encontrarles: así luchan las familias por hallar a sus desaparecidos en la CDMX

Imagen: Animal Político

 

 

Dalila Sarabia/Animal Político

La mayoría de casos de desaparición registrados por la Comisión de Búsqueda de Personas CDMX se concentran en Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Cuando se habla de casos de desaparición de personas es común pensar en lo que se vive en otras entidades de México y no en la CDMX. Ya sea por la situación geográfica o porque la voz de sus familiares se ve opacada frente a otros fenómenos propios de la capital del país, la realidad es que la desaparición de personas en la ciudad no es un tema menor.

En 2019, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. En aquel momento la funcionaria refirió que desde 1992 en la capital del país se contabilizaban 792 personas desaparecidas vinculadas a un tema de derechos humanos.

Sin embargo, lo que se vive en la CDMX es mucho más alarmante.

Ver nota completa

 

México pide disculpas por tres desapariciones forzosas; padre de uno de ellos no las acepta y pide investigación

Redacción/Animal Político

El acto parte de tres decisiones de la ONU, que pidió responsabilidades a México por la desaparición de Christian Téllez Padilla, Israel Moreno Pérez y Víctor Manuel Guajardo Rivas.

Foto: Twitter @ONUDHmexico

“Mi familia y yo no podemos ni debemos aceptar la disculpa, porque no nos regresa a Israel y porque tenemos dignidad”; Carlos Moreno Zamora, padre de Jesús Israel Moreno Pérez, rechazó la disculpa presentada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, durante el acto en el que el estado mexicano reconoció la responsabilidad en la desaparición de Moreno Pérez y de Christian Téllez Padilla y Víctor Manuel Guajardo Rivas.

Los tres jóvenes desaparecieron en Oaxaca (2011), Veracruz (2010) y Coahuila (2013). Todos ellos fueron reconocidos por decisiones emitidas por del comité de las Naciones Unidas (ONU) contra las desapariciones forzadas.

“Ofrezco disculpas públicas por su desaparición y por las violaciones graves a sus derechos a la vida y por la falta de justicia y la actitud negligente e irresponsable del estado mexicano, que negó el acceso a la justicia. Asumimos con la convicción de que es apenas el primer paso para la reparación integral”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos.

Ver nota completa

Morena ‘sepulta’ los fideicomisos: impone mayoría en el Senado y se aprueba en lo general y particular su eliminación

Francisco Sandoval/Animal Político

La discusión en el pleno sobre la extinción de 109 fideicomisos se extendió a la madrugada de este miércoles; su eliminación se da pese a los reclamos de activistas y la oposición.

Bancada del PRI en el Senado. Foto tomada de Animal Político

El Senado de la República en México aprobó este miércoles en lo general y en lo particular la extinción de 109 fondos y fideicomisos públicos cuyos recursos atienden temas relacionados con ciencia, víctimas de la violencia, protección de defensores y periodistas amenazados, tecnología, cultura, deportes, cambio climático y desastres naturales, entre otros.

Tras una sesión de más de 12 horas y que inicio el martes en la noche, los senadores emitieron 64 votos a favor, 39 en contra y 0 abstenciones en los términos y los artículos reservados y los artículos transitorios del dictamen para desaparecer los fideicomisos.

Ver nota completa

Libertad de expresión y defensa de derechos humanos en la ‘nueva normalidad’

Cencos

Imagen: Cencos

Una de las consecuencias más evidentes de la pandemia es que los problemas sociales que ya existían se han profundizado. Esto es, al parecer, un diagnóstico en el que coinciden varias personas. El epicentro de la pandemia ahora se sitúa en América, donde países como Estados Unidos presenta una tasa de desempleo no imaginadas a inicios de año. El impacto en las diferentes áreas de la vida social y económica apenas comienza a mostrar su magnitud.

Los efectos de la pandemia marcarán a toda una generación, pues durante un tiempo indeterminado será necesario aprender a convivir con el virus en lo que ya algunos llaman la ‘nueva normalidad’. El aislamiento en casa representa un lujo para una sociedad tan desigual como la mexicana: cumplir a cabalidad con las medidas para salvaguardar la salud es algo que pocas personas se pueden permitir. Se ha vuelto trágica la dicotomía entre cuidarse y salir a buscar el sustento diario.

Hablar del regreso a una ‘nueva normalidad’ lleva implícita la idea de que nuestra vida era ‘normal’. Sin embargo, ¿es realmente deseable volver al anterior orden de cosas? Además, ¿qué significa regresar a ese estado? Si la historia de la humanidad demuestra que los momentos de irrupción son propicios para generar transformaciones, ¿qué es lo que debe cambiar para establecer una ‘nueva normalidad’, una ‘normalidad diferente’? Que esa normalidad tenga una perspectiva social, que reconozca y proteja la defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos, temas fundamentales para el establecimiento de una verdadera sociedad democrática.

Antes de la pandemia, el panorama no era nada alentador. Hacia finales de abril, Reporteros Sin Fronteras dio a conocer la clasificación de libertad de prensa en el mundo y México aparece allí como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente. Con respecto a la defensa de derechos humanos el escenario tampoco era muy diferente y lo más preocupante es que ha empeorado en las últimas semanas, pues esta labor no fue incluida dentro de las actividades esenciales del país. La Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) publicó recientemente un comunicado conjunto en el que diversas organizaciones de la sociedad civil denuncian el recrudecimiento de los ataques contra personas defensoras de derechos humanos en el contexto del aislamiento.

A pesar de estas adversidades, las personas defensoras y periodistas siguen activas. Por ejemplo, la Organización Casa de las Muñecas Tiresias, liderada por su fundadora Kenya Cuevas, expuso en la segunda mesa de diálogo organizada por Cencos los retos que enfrentan actualmente  la comunidad LGBTTTIQ+, las poblaciones en situación de calle y las personas usuarias de drogas. Señaló que es lamentable la ausencia de ayudas y pronunciamientos de autoridades oficiales. Cuevas y su organización levantaron la Casa Hogar Paola Buenrostro de forma inmediata para apoyar a mujeres trans que ejercen el trabajo sexual y que, de un día a otro, se quedaron sin hogar y sin trabajo por el cierre de hoteles y pensiones, producto de la contingencia.

Jade Ramírez, integrante de Periodistas de a Pie y fundadora del sitio Perimetral, recordó en la mesa que la desigualdad, reflejada en la falta de acceso a servicios de salud o agua potable en algunas comunidades, es un tema que los y las reporteras han venido documentando desde hace ya bastante tiempo. Para ella, el trabajo periodístico requiere hoy, especialmente, de una rigurosa y cuidadosa verificación de la información oficial, que por demás en ocasiones es de difícil acceso. El gremio ha tenido que reinventarse ante la pandemia y sumar, a la ya difícil situación de seguridad, el autocuidado debido al peligro que supone cubrir y salir a reportear en medio de una pandemia.

Dos ejemplos puntuales que demuestran por qué es importante apostarle a la construcción de un escenario social diferente, que privilegie la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos. En esta tarea las personas defensoras y periodistas juegan un rol fundamental, pues además de promover una sociedad más justa e informada, son los nodos para la creación y fortalecimiento de la participación ciudadana, así como de redes de apoyo y de diálogo para esa nueva realidad. 

Eliminar fideicomisos, una “torpeza grande” que afectará a miles de víctimas: ONG

Gloria Leticia Díaz/Proceso

Foto: Octavio Gómez/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión alertaron al Congreso de la Unión que, de eliminarse los fideicomisos que operan la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se pone en riesgo la vida e integridad de 30 mil víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y mil 304 defensores y periodistas que cuentan con medidas de protección.

En conferencia virtual, integrantes del Espacio OSC, Ángel Ruiz, de Fundar Centro de Análisis de Investigación; Nancy López, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH); Alberto Xicoténcatl, de la Casa del Migrante de Saltillo; Jade Ramírez de Periodistas de a Pie, e Itzia Miravete, de Artículo 19, calificaron la pretensión de eliminar el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), que maneja CEAV regido por la Ley General de Víctimas (LGV), como una “torpeza grande y un retroceso a las garantías de derechos humanos”.

Ángel Ruiz explicó que el diseño de ambos fideicomisos representa “una garantía para la protección de derechos humanos, porque no está sujeto a suficiencia presupuestal, lo que los hace necesarios”, además por el tipo de atención a que están dirigidos, “no tienen que regresar los recursos anuales no ejercidos, como sucede con otras dependencias cuando tienen subejercicios”.

Ver nota completa