Así se destruye la tierra para construir un nuevo aeropuerto en México

Foto: Heriberto Paredes/RT

Por Redacción/RT

“Esto no es una mina de oro o hierro, pero sí es una mina de donde se extrae la tierra con la que construyen al menos dos pistas del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El daño es impresionante”, dice Octavio Jiménez Rivera, abogado y habitante del municipio de Tezoyuca.

La tierra a la que hace referencia lleva el nombre de tezontle. Es roja y contiene multitud de minerales, lo que la hace muy fértil. Sin embargo, donde antes había una montaña de unos 1200 metros sobre el nivel del mar ahora existe el hueco que deja su ausencia y, al fondo, se pueden contemplar grandes tractocamiones que remueven esta tierra roja. Es el Estado de México, cuna de la versión actual del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que siempre ha gobernado la entidad.

Desde finales de 2015, a decir de Octavio, de 300 a 500 vehículos diarios transportan esta tierra y al menos otros 20 cerros similares están siendo afectados. Muchos de ellos son parte de la zona natural protegida Sierra del Patlachique y los vehículos operan en el lugar sin ningún tipo de autorización. Las empresas constructoras –Edificadora CICSA, del multimillonario Carlos Slim; la constructora ICA; y la española FCC Construcción– están extrayendo esta tierra para hacer el aplanado de las pistas que serán parte del proyecto aeroportuario, pese a las restricciones que las autoridades locales les han puesto.

Desempolvada en 2014 por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la idea de construir un nuevo aeropuerto para sustituir el que ahora tiene la capital mexicana se concretó en un proyecto de los arquitectos Fernando Romero y Norman Foster, que contemplaba un diseño de vanguardia que aparentemente estaría en convivencia con el medio ambiente. Sin embargo, desde que fue anunciado, el rechazo y la oposición a la construcción no se hicieron esperar.

Nuevo aeropuerto

Desde el año 2001, año en que el Gobierno de Vicente Fox anunció su mayor proyecto de infraestructura, la idea de un nuevo aeropuerto sobre lo que alguna vez fue el esplendoroso lago de Texcoco despertó el enojo de las comunidades afectadas, en especial en el municipio de San Salvador Atenco.

Con la creación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), las comunidades campesinas lograron estructurar una organización que se movilizó y frenó el proyecto del Gobierno foxista. En aquel entonces, a pesar de los escenarios de represión a la movilización, de la muerte de un comunero y de tener los medios masivos de comunicación jugando a favor del Gobierno federal, campesinas y campesinos echaron abajo el decreto presidencial que permitía la construcción del aeropuerto sobre tierras comunales.

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Campesinos de Chiapas se oponen a 21 proyectos mineros en la Sierra Madre

Foto: Rodrigo Soberanes

Por Redacción/Animal Político

Los campesinos del sur de Chiapas que tratan de frenar 21 concesiones mineras, dentro de una zona de reserva en la Sierra Madre de México, llevan varios días y muchas horas hablando sobre cómo fue su última pelea con machetes y piedras contra un grupo de personas contratado —aseguran— por las empresas afectadas por su lucha.

Si los campesinos no olvidan esta pelea y no dejan de hablar de ella, es porque saben que después del último episodio violento, cualquier cosa puede pasar.

Esta disputa ocurre en la costa del estado de Chiapas, al sur de México, en un municipio llamado Acacoyagua. Allí, al pie de la Sierra Madre de Chiapas —considerada como la última frontera minera del sur de México— viven más de 17 mil habitantes rodeados de las reservas de la biósfera La Encrucijada y El Triunfo, en una región conocida como El Soconusco.

En el caso puntual de su último enfrentamiento, señalan directamente a la minera El Puntal SA de CV, desarrolladora de la mina Casas Viejas, pero también han tenido dificultades con otras más, como el Grupo Minero Male, Honour Up Trading, GTM Mineral o personas que han identificado como las beneficiarias de las concesiones.

En esa región de reserva existen 51 mil hectáreas que podrían ser afectadas por proyectos, ya aprobados por el gobierno de México, que promoverían la apertura de 21 minas para la extracción de titanio. De esas 21 concesiones, tres ya han sido activadas y son el motivo de un intenso enfrentamiento entre opositores a la minería y las empresas que extraen el mineral.

Hoy, en los puntos estratégicos donde se instalará la logística minera, se han ido montando campamentos de lugareños —campesinos en su mayoría— opositores a ese plan de desarrollo económico empresarial para la región.

El Triunfo abarca desde zonas altas hasta parajes costeros. Es una región de más de 119 mil hectáreas que fue decretada como Reserva de la Biósfera para proteger, según el gobierno, el bosque de niebla que es el más diverso del Norte y Centroamérica, y “el ciclo hidrológico de las cuencas y la selva tropical húmeda del Soconusco”.

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Violeta Galicia, especialista en análisis de la minería en Chiapas, identificó anomalías graves sobre la actividad minera en general dentro de El Triunfo: dijo que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) “se encuentra en una situación difícil”, porque las concesiones mineras han sido aprobadas por la Secretaría de Economía del gobierno mexicano y, hasta el momento, “no existe una postura clara” de parte de esa institución —la Conanp— que se encarga de cuidar las áreas protegidas del país.

En su investigación Cartografía del deseo en Chiapas: entre la conservación y el extractivismo, Violeta Galicia narra que trabajadores de la Conanp reciben “presión” de funcionarios de las altas esferas de esa institución, que están “posiblemente coludidos con los intereses mineros”.

Mongabay Latam pidió la versión de la Conanp y hasta el momento la dependencia solo ha contestado que su respuesta está en trámite. También se buscó a las mineras para conocer su postura sobre los conflictos que hay entorno a sus proyectos, pero hasta el cierre del reportaje (y tras su publicación original) no obtuvo respuesta alguna.

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Xochicuautla: caminos de asfalto que separan vidas

Por Coralia Souza
@CoraliaSP

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 27 de abril de 2017.

El grito de auxilio de comunidades indígenas para no perder lo que les está siendo arrebatado ha convertido al país en un campo de batalla que golpea tradiciones y destroza espacios sagrados.

La esperanza reside en que estos despojos generen un incendio en la conciencia social y triunfe la justicia; sin embargo, muchas veces, la lucha dura décadas, mientras lenta y silenciosamente la depredación se llevan a cabo bajo la bandera del “progreso”.

Para la comunidad Otomí de San Francisco Xochicuautla, localizada en el municipio de Lerma, en el Estado de México, la resistencia lleva al menos diez años de lucha: la defensa de su territorio, derechos humanos y tradiciones se mantiene en contra de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

La herida fue provocada por el decreto de expropiación de 38 hectáreas de bosque, para ellos sagrado, pues es la fuente de los recursos que les permiten cultivar y vivir. Al inicio, como suele suceder, los intentos de negociación y compra de terrenos y conciencias por parte de las constructoras son uno de los pasos comunes; y luego, no es de sorprender que ante la resistencia, el siguiente movimiento sea el despliegue de cuerpos policíacos al servicio y defensa de los intereses del gobierno y las constructoras.

La intimidación legal y física logra en algunos casos su propósito: la retirada; pero, en el caso de Xochicuautla, la organización comunitaria obtuvo dos amparos en 2015 para frenar el agresivo proyecto. La respuesta del poder llegó en 2016: cuerpos policiacos estatales sitiaron la comunidad, el campamento de resistencia fue desalojado, muchos habitantes resultaron golpeados y las viviendas ubicadas sobre el trazo de la autopista, y que contaban con amparos por parte de los propietarios, fueron demolidas.

La presión social que había funcionado como apoyo frenó temporalmente el proyecto, pero el pasado 24 de abril cuerpos policíacos del gobierno estatal y personal de Grupo Higa acudieron a Xochicuautla e irrumpieron en la asamblea comunal para incidir en la elección del nuevo Comisariado de Bienes Comunales. La advertencia sobre vínculos de la nueva directiva con el gobierno actual no tardó en conocerse, y ahora se teme que se retome el proyecto que se encontraba a 65% de su avance, pese a los recursos legales de la población.

Ante este ecocidio, la división generada no solamente es física —con una autopista que separa familias—, también se ha desgarrado la comunidad y se han fragmentado sus raíces. La historia de abusos a los derechos de los pueblos indígenas ocurre cada vez con mayor frecuencia; y crecen los peligros que enfrentan las comunidades que permanecen en resistencia ante a la devastación de sus recursos naturales.

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Temacapulin en pie de lucha ante anuncio de su inundación por presa Zapotillo: la decisión está en la SCJN

Foto: Desinformémonos

Por Redacción/Desinformémonos

Jalisco I Los habitantes de Temacapulín están molestos e incrédulos ante el anuncio del gobernador Aristóteles Sandoval, de que “en beneficio de las mayorías” y basado en un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), por el cual pagaron 4.6 millones de dólares “no hay otra alternativa para evitar que se inunden las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmerejo con la presa El Zapotillo”.

A diferencia de otros años, que un anuncio de este tipo los impactaba demasiado, ahora el sentimiento común fluctúa entre la molestia y la incredulidad, porque no es la primera vez que un gobernador se retracta de apoyarlos. “Aristóteles es un político más, va de salida, así han sido siempre” señala don Alfonso Iñiguez habitante de Temacapulín al Diario NTR de Guadalajara. No es la primera vez que un gobernador se retracta de apoyarlos. Tienen claro que la determinación para reactivar la construcción de la presa está en la cancha del poder judicial.

“Por desgracia tenemos esos gobernadores que no tienen palabra y ahora dice que va a defender el agua. El agua la ha defendido la gente de Temaca, él dice que somos 300 o 400. No, no somos esos, somos todo México que nos apoya, somos muchos”, dijo la señora Isaura Gómez Guzmán, entrevistada en su casa, quien es de las que antes perdía el sueño y se enfermaba de la preocupación por el posible despojo”.

Después de cuatro años de asegurar que defendería a Temacapulín, Acasico y Palmarejo, este 29 de junio el gobernador Aristóteles Sandoval se apoyó en el estudio y resultados de la UNOPS, contratado por el gobierno estatal, para confirmar que es imposible evitar la inundación de los pueblos para dar lugar a la presa El Zapotillo, en un discurso que no pudo terminar debido a que pobladores de las comunidades estallaron en gritos de repudio.

“Ayer estábamos aquí en la plaza esperando a que nos dijeran qué había pasado con el anuncio del gobernador. Ya que nos hablaron por teléfono para contarnos los que andaban allá en Guadalajara sí nos dio coraje, pero dijimos, ‘si hubiera dicho que tenía el dinero y ganado el juicio, se la creemos’, pero ni una ni otra”, comenta don Alfonso.

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Juez da Tajamar a los ciudadanos y exige restauración a Semarnat; se triunfó contra el abuso: ONGs

Foto: Sin Embargo

Por Redacción/Sin Embargo

Los cancunenses están de fiesta. Celebran que tras una larga batalla, Tajamar regresa a las manos de los ciudadanos y reverdece, no se convierte en una plancha más de cemento e infraestructura para turistas. Festejan que su derecho a un medio ambiente sano por fin se respeta.

SinEmbargo realizó una visita a Cancún, Quintana Roo, y observó que las 57 hectáreas de manglar que estuvieron a punto de convertirse en un enorme complejo turístico, reverdecen nuevamente después de que la madrugada del 4 de enero de 2016, un grupo de trabajadores con maquinaria pesada, escoltados por policías, ingresaran al Malecón Tajamar para devastarlo y preparar la construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

La semana pasada, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe abstenerse de ejecutar la autorización de impacto ambiental otorgada al Fonatur. Ahora está obligada a restaurar las zonas de mangle afectadas y no podrá emitir una nueva autorización para el proyecto.

En entrevista para este medio digital, Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema) y Salvemos Manglar Tajamar, aseguró que se trata de una victoria, un logro para todos los ciudadanos.

Y recordó lo ocurrido a principios de 2016: Cuando estaba la defensa del manglar por parte de organizaciones civiles, “por órdenes de Paul Carrillo de Cáceres [ex Alcalde de Benito Juárez] y de Roberto Borge Ángulo [ex Gobernador de Quintana Roo], llegaron más de 100 granaderos para meterse a devastar”.

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