Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
El Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo dará a conocer razones científicas por las cuales no se debe permitir la construcción y operación del gasoducto Tuxpan-Tula.
Participan:
Andrés Barreda, presidente de la UCCS y miembro de ANAA
Itzam Pineda, antropólogo
Raymundo Espinoza, asesor legal del consejo y miembro de la ANAA
Integrantes del Consejo Regional
Convoca: Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo; Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
La cita: Miércoles 10 de Octubre de 2018 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse conFrancisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
OAXACA, Oax. (apro).- Al menos 16 autoridades municipales de la Sierra Juárez acordaron conformar un frente común con el fin de defender su territorio zapoteco ante los megaproyectos, la propuesta de construir una supercarretera en la región y la decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de mantener en su gabinete a Víctor Manuel Villalobos, nominado por el tabasqueño para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) a quien acusan de ser un promotor de empresas pro transgénicos.
Antes, acordaron sumarse al Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las empresas mineras, a realizarse en la ciudad de Oaxaca los próximos días 11 y 12 de octubre, ya que la Secretaría de Economía ha entregado concesiones mineras sobre más de 25 mil hectáreas de esa región zapoteca.
Durante el Primer Encuentro Regional de comunidades de la Sierra Juárez en defensa del Territorio, celebrado el pasado fin de semana en Guelatao de Juárez, reflexionaron sobre los posibles impactos que podrían causar los megaproyectos que se pretenden implementar en su región, así como articular esfuerzos para la defensa de su territorio.
En el encuentro estuvieron presentes autoridades municipales y comunales de Guelatao de Juárez, San Bartolomé Yatoni, San Juan Chicomezuchil, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Tabaa, San Juan Tepanzacoalco, San Miguel Tiltepec, San Miguel Yotao, Santa Catarina Lachatao, Santa Catarina Yahuio, Santa Cruz Yagavila, Santa María Josaa, Santiago Lalopa, Santo Domingo Cacalotepec, Tanetze de Zaragoza, Villa Talea de Castro.
Zacatecas, Zac., Ejidatarios de La Presa, municipio de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, acusaron a funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de falsificar actas de asamblea ejidal con las que obtuvieron poderes de representación y firma y realizaron trámites ante el Registro Agrario Nacional (RAN) a fin de continuar con la construcción de la presa La Maroma y de un acueducto.
Los señalados son Manuel Téllez Bugarín, director de la Conagua en San Luis Potosí, y Jorge Juventino Tovar Mares, director de la oficina de trámites para la tenencia de la tierra de esa dependencia.
‘‘Acepto el poder’’, firmaron los funcionarios citados las actas de asamblea presuntamente apócrifas que desconocen a los integrantes de la mesa directiva del ejido La Presa: Teodoro Cárdenas Lucio, Arnulfo García Rada y Juan Francisco García Torres, presidente, secretario y tesorero, respectivamente.
La construcción de la presa La Maroma no ha comenzado, pero el acueducto que pasará por el ejido La Presa ya está en obras.
Los ejidatarios denunciaron la presunta falsificación ante un grupo de investigadores y asesores jurídicos del Colegio de San Luis Potosí, quienes desde principios de este año han asesorado a los campesinos en la defensa de sus territorios y agua.
El viento dominante en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en el suroeste de México, es lo que en las últimas dos décadas ha atraído la mirada e inversión de empresas extranjeras dedicadas a la producción de energía con recursos renovables, pero también ha propiciado que las comunidades de esta región del país emprendan una lucha jurídica en defensa de sus tierras.
El Istmo de Tehuantepec se ha convertido en los últimos 20 años en la principal generadora de energía eólica en México, a la par que las comunidades de la zona luchan por mejores condiciones de vida para sus pobladores.
Foto: Jorge Ulloa
Los pobladores aseguran que no están en contra de este tipo de proyectos, pero sí de que se instalen sin que se garantice el derecho que tienen a una consulta previa, libre e informada, y el derecho a determinar el tipo de desarrollo que quieren; además de que no se tomen en cuenta consideraciones para proteger el medio ambiente.
Los megaproyectos eólicos han llegado a la región con la promesa de progreso, pero para los habitantes –quienes no cuentan con servicios básicos de educación y salud– éste no llega.
En la comunidad de San Dionisio del Mar, que en 2010 tenía una población total de 5 mil 098 habitantes, de los cuales 2 mil 559 estaban en pobreza extrema, el pueblo se organizó para luchar contra la instalación de un parque eólico de la empresa Mareña Renovables. El megaproyecto consistía en más de 100 aerogeneradores, que serían instalados en la laguna de Santa Teresa, afectando el principal medio de subsistencia de la región: la pesca.
“El mar es nuestra madre, es nuestro banco, porque de ella dependemos, porque de acá comemos. No es posible que venga un extranjero e instale sus aerogeneradores, contaminando nuestro mar, contaminando nuestra madre, y nos dejan sin trabajo, sin alimento”, explicó en este documental Aquilino Altamirano, habitante de San Dionisio del Mar.
Foto: Jorge Ulloa
En 2012 los pobladores obtuvieron un amparo que revocó la instalación de este megaproyecto, y a seis años continúan en resistencia. Durante este tiempo, los huaves han defendido no sólo su fuente de trabajo y alimentación, sino también su cultura; la adquisición de territorios para estos megaproyectos destruye también el conocimiento de la medicina prehispánica, que durante siglos han practicado sus antepasados.
Los pobladores de este municipio también denuncian que este proyecto se instalaría no sólo sin su consentimiento, sino con prácticas corruptas y falta de transparencia; las comunidades que defienden la tierra y el territorio ante los proyectos eólicos aseguran que no sólo son las empresas las que violan sus derechos, también los gobiernos municipales, estatal y federal.
En el Istmo de Tehuantepec otras comunidades indígenas se han organizado en contra de la instalación de megaproyectos, defienden su derecho a la tierra, territorio y bienes naturales; al consentimiento libre, previo e informado, a la consulta libre, previa e informada, a la libre determinación y a un medio ambiente sano; pero en su lucha se han enfrentado a ataques e intimidaciones.
Las y los defensores comunitarios son en México una de las poblaciones más vulnerables; en esta región, a pesar de haber detenido el proyecto, continúan organizados y en oposición a las eólicas, ya que consideran que persiste el riesgo de ser despojados de su tierra, y luchan no sólo por protegerla en el presente, sino por las generaciones que vienen.
SAN LUIS POTOSÍ, SLP, (apro).- El Juzgado Cuarto de Distrito con sede en esta ciudad concedió un amparo definitivo a los ejidatarios del municipio de Santo Domingo y localidades vecinas en contra de la construcción del confinamiento de desechos tóxicos en el rancho Palula, por las irregularidades en el proceso de aprobación del cambio de uso de suelo y la autorización en materia ambiental.
Foto: @CEA_SLP
Se trata de un emblemático triunfo del Comité por la Defensa de la Vida y el Territorio –conformado por campesinos y ejidatarios del Altiplano Potosino–, pobladores del pueblo Wixárika, la Pastoral Social de la Iglesia, científicos, académicos y abogados de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis (UASLP), El Colegio de San Luis y el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz AC.
“La organización social fue determinante”, aseguró el investigador Guillermo Luévano Bustamante, abogado y doctor en Ciencias Sociales, quien a través de la Clínica de Litigio Estratégico de la UASLP participó en la batalla legal que dio como resultado este primer amparo, de dos que se interpusieron en contra de la operación del confinamiento.
El proyecto, denominado Centro Tecnológico para el Manejo Integral de Materiales Provenientes de Actividades Industriales y Procesos Extractivos (Cetemim), fue impulsado por el Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (Citsu), cuyo principal accionista es el poderoso empresario minero José Cerrillo Chowell, también propietario de una gran extensión de Palula, rancho ubicado a unos 300 kilómetros de la capital potosina.
Entre los socios de Citsu aparecen también tres integrantes del gabinete del gobernador Fernando Silva Nieto (1997-2003): David Atisha Castillo, secretario de Ecología y Gestión Ambiental; Olegario Garza Grande, contralor general, y Fausto Cervantes Elizondo, titular de la Junta Estatal de Caminos.
En junio de 2015, los empresarios y exfuncionarios recibieron el visto bueno de la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA), perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a pesar de las anomalías contenidas en la respectiva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que entre otros puntos ubicó territorialmente el confinamiento en San Luis Potosí, cuando en realidad la zona se localiza dentro de Zacatecas.
Foto: Comuneros de San Mateo Tlaltenango, tomada de jornada.com.mx
Ciudad de México. Ante la prisa de las autoridades salientes a nivel federal y local por imponer el puente intervecinal (PIV) en La Venta, delegación Cuajimalpa, pobladores y comuneros denuncian que, de manera arbitraria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gobierno capitalino iniciaron la construcción del puente sin el aval de El Contadero y San Mateo Tlaltenango. Los comuneros aseguran que la asamblea agraria no ha otorgado su autorización para la obra en sus terrenos comunales, y se sumaron a El Contadero para de defensa de su territorio ancestral.
La madrugada del pasado 6 de julio, trabajadores contratados por el gobierno iniciaron la obra para sustituir el actual puente de La Venta, consecuencia de la construcción del Tren Interurbano Toluca-Valle de México. Indígenas y vecinos sostienen que no se llegó a ningún acuerdo con la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT, ni como con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (CDMX).
“Las autoridades impusieron el proyecto de construcción sin tomarnos en cuenta, no garantizaron solución a nuestras demandas, decían que conocíamos el proyecto de obra del nuevo Puente PIV La Venta cuando no es así, y pretendían que firmáramos para obtener el aval e iniciar la construcción, cuando debía ser consultado a todo el pueblo para su posible autorización de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.
A su vez, comuneros del San Mateo Tlaltenango sostienen que su Asamblea General de Comuneros no autorizó la venta ni convenio alguno para que en su territorio las autoridades hagan un área recreativa con concha deportivas, “y mucho menos se ha dado el aval para que se inicie el nuevo Puente PIV La Venta dentro de la propiedad comunal”. Acusan que tanto los representantes como su abogado “han sido cooptados por la SCT para dar un aval ilegal, pues compete sólo a la Asamblea, por lo que decidimos unirnos al El Contadero para defensa del territorio ancestral”.
Son las dos de la tarde de un día de abril. Bajo esta palapa enclavada en la selva maya el calor baña, pero no sofoca. El lugar es Ich-ek, una comunidad de cerca de mil habitantes localizada en Hopelchén, Campeche, donde un grupo de apicultoras indígenas, enfundadas en shorts, playeras sin manga y sandalias, ha trabajado por horas y se prepara para el descanso.
Esta mañana las mujeres llegaron con la misión de dar marcha atrás a un experimento que no funcionó: intentaban dejar a las abejas que crían en las cajitas rectangulares de madera donde las compran, pero la temperatura echó abajo el plan. Las cajas no resistieron el calor, lo que significó el traslado de todas las abejas a nidos naturales. Las meliponas, una especie de abejas milenaria, no tienen aguijón, lo que no supone un riesgo para quienes las crían; en cambio, son más delicadas que cualquier otra especie de abejas: hay que manipularlas con sumo cuidado y llevarlas a su nuevo hogar con delicadeza, más cuando se sabe que son una especie en peligro de extinción.
Para tener éxito hay que mover, completa, toda la estructura. Doña Avia, doña Leidy, doña Soco y el resto de sus compañeras mueven todo el nido, incluidas las crías, un poquito de miel y un poquito de polen. Este trabajo de extremo cuidado, sumado al bochornoso calor de la península, resulta simplemente agotador.
Foto: Viridiana Ramírez
Foto: Viridiana Ramírez
Foto: Viridiana Ramírez
Foto: Viridiana Ramírez
Hoy, cuando platican lo que hacen, las apicultoras hablan con sus más de veinte años de experiencia.
Doña Avia Huchín, de 66 años, viste una delgada blusa rosa con flores del mismo color. A través de sus lentes se asoman unos ojos que brillan todavía más cuando recuerda cómo empezó la historia de Koolel Kab, una organización fundada e integrada por mujeres indígenas que durante años han defendido su derecho a trabajar en lo que han elegido, que se han dedicado a criar y proteger a las abejas meliponas y que, con ello, han creado una red de empoderamiento y de defensa de la identidad, el territorio y el medio ambiente.
Empezó con un sueño
Era de noche y Avia Juchín no podía dormir. Se preguntaba si existiría en su mundo –un mundo dominado por hombres– la posibilidad de trabajar en algo que no fuera el hogar, el cuidado de los puercos o el de las gallinas.
Desde su habitación era algo que parecía imposible: a principios de los noventa, en esta región las mujeres no podían alzar la voz y no salían, pero un día llegó a la comunidad una ingeniera a la que Avia le preguntó si sería posible dedicarse a otra cosa, y ella le dijo que sí… entonces Avia se atrevió a soñar.
Recordó que cuando era niña, a los ocho o diez o doce años, conoció a una familia que trabajaba con abejas meliponas. Su mente no se detuvo y una noche fue incapaz de dormir pensando en cómo formar una organización, en dónde conseguir las abejas y con quién trabajar. “Como mis compañeras habían trabajado conmigo en un molino y tortillería, pensé en ellas”, recuerda Avia. Invitó a Himelda, a Carmela y a otras mujeres: juntas viajaron a Yucatán en busca de las abejas. Regresaron con un hobón cada una y luego de cinco años el grupo que formaron se convirtió en la organización que Avia soñó una noche, a poco más de mil 200 kilómetros de la Ciudad de México.
Desde entonces y hasta el día de hoy Koolel Kab ha sido un proyecto de mujeres. En la actualidad son seis las integrantes de esta sociedad que produce miel sostenible. Son ellas mismas, explica María del Socorro Pech, quienes se encargan de todo el proceso de producción y comercialización.
“Cuando nosotras cosechamos miel, la llevamos al centro de trabajo; ahí es donde le damos el manejo, la filtramos o envasamos, hacemos los subproductos y los comercializamos; así es como funciona nuestra sociedad: la miel que salga es de todas”, cuenta Soco, mientras las meliponas vuelan y zumban a su alrededor.
María del Socorro Pech | Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
Las mujeres de Koolel Kay aprovechan todo lo que las meliponas producen. Además de envasar la miel, trabajan con la cera: la lavan, la derriten y hacen con ella cremas que ayudan a combatir la resequedad de labios y manos, que sirven para curar heridas y piquetes de moscos. “Es una abeja que nos da miel medicinal, que nos sirve para la infección de la garganta, para la tos, para las cataratas y los ojos infectados”, completa Avia.
La importancia que esta especie tiene para los indígenas mayas radica no sólo en el aprovechamiento de su producción o en sus propiedades curativas; tiene valor, sobre todo, porque forma parte de su identidad. Esta abeja, originaria de la península, era criada por sus abuelos. Hoy está en peligro de extinción.
Por eso Koolel Kab tiene la misión fundamental de proteger y rescatar a esta delicada especie.“La apicultura aquí, en Campeche, en Hopelchén –y creo que a nivel nacional– está un poco mal: imagínese la melipona, que es más delicada; estas abejas no tienen aguijón, no son agresivas, no pican… entonces no se defienden tanto de los depredadores como del clima”, explica Socorro.
Desde hace cerca de tres décadas, la llegada a Hopelchén de comunidades menonitas ha provocado la deforestación de miles de hectáreas, debido a las nuevas formas de cultivo que introdujeron, que incluyen la industrialización y el uso de agroquímicos. Esto ha tenido un impacto negativo en la apicultura, una de las principales formas de subsistencia para las comunidades indígenas de la región, ya que se han perdido plantas necesarias para esta actividad por la quema de bosques, y las abejas mueren por el uso de plaguicidas.
Por eso las mujeres de Koolel Kab también se han convertido en defensoras de la tierra y del medio ambiente. En 2014 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) otorgó a esta y a otra organización de nombre Muuch Kambal el Premio Ecuatorial, que reconoce iniciativas de comunidades locales y pueblos indígenas que buscan soluciones de desarrollo sostenible al servicio de personas y de la naturaleza.
En 2012, Koolel Kab y Muuch Kambal, junto con otras organizaciones de la región, emprendieron una acción judicial para detener la plantación de soya genéticamente modificada, que había sido aprobada por autoridades mexicanas y que, entre otras afectaciones, contaminaban la miel que los mayas producían. Las comunidades se organizaron para frenar esta decisión que beneficiaba a Monsanto y lograron detener la siembra de soya transgénica.
De acuerdo con el PNUD, ambas organizaciones han movilizado a las comunidades mayas para “hacer frente a los desafíos sociales, ambientales y económicos”, según se lee en el estudio de caso de la Iniciativa Ecuatorial. El programa también hace énfasis en el liderazgo y en el empoderamiento de las mujeres, en la resistencia social y jurídica contra las medidas que las afectan, y en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Las damas de la miel saben que su labor es fundamental en la región, saben también que no pueden dejar de luchar por sus derechos, porque si lo hacen sus tradiciones y su identidad “se van a quedar como historia”. Están convencidas de que deben seguir, aun cuando no es bien visto que las mujeres sean parte de estos movimientos, porque han abrazado, además, la misión de educar en igualdad a hombres y mujeres.
Hoy extienden su legado a través de sus hijas y nietas. Enseñan sus actividades y transmiten lo que han aprendido a las que vienen: nueras, cuñadas y todo aquel que quiera apoyar.
“Los que quieran aprender y sumarse tienen que capacitarse; justo en este momento una de las que está apoyando es mi hija, otra es nuera de una de las socias y una es hija también de las socias fundadoras; así es como vamos renovando también a los integrantes, porque es necesario”, cuenta Soco.
Mientras, desde esta palapa, Avia sigue soñando: espera que algún día su nieta, de apenas diez años, quiera seguir sus pasos y llegue a trabajar con las compañeras que un día, hace más de veinte años, la ayudaron a construir Koolel Kab.
Fotos: Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara
Por Redacción/Sin Embargo
Baldenegro López, originario de la comunidad de Coloradas de la Virgen, localizada en el municipio de Guadalupe y Calvo, se dedicó durante diez años a “actividades y exigencias a las autoridades gubernamentales, enfrentó a los caciques que durante décadas han intentado despojar a la comunidad de su territorio ancestral y saquean los bosques de la región”, se lee en un comunicado.
Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Organizaciones conmemoran un año del asesinato del activista rarámuri Isidro Baldenegro López, quien defendió su comunidad y los bosques de la Sierra Tarahumara.
La Red en defensa de territorios indígenas de la Sierra Tarahumara espera que la investigación de las autoridades se centre en buscar a los autores intelectuales del crimen que acabó con la vida del activista ya que “desde las organizaciones se tiene conocimiento de que el asesino se encuentra vinculado con un grupo de sicarios que operan en la comunidad de Coloradas de la Virgen”, informaron a través de un comunicado.
Romeo Rubio Martínez, presunto autor material, fue detenido el pasado 8 de marzo del 2017, y permanece en prisión preventiva. Destaca que Rubio Martínez es hermano de Feliciano Rubio Martínez, presunto responsable del asesinato de Víctor Carrillo Carrillo, hijo de un beneficiario del Mecanismo de Protección, crimen que de acuerdo con las organizaciones continúa impune.
Zacatecas, Zac. El Registro Agrario Nacional (RAN) no encontró antecedentes registrales que demuestren que la compañía minera canadiense Pan American Silver es propietaria del predio que disputa legalmente a los habitantes de la comunidad La Colorada, del municipio de Chalchihuites, a quienes desalojó de sus casas y terrenos a finales de 2015.
Los pobladores de la localidad promovieron el año pasado un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), mediante el cual buscan demostrar que el predio en disputa, de mil 150 hectáreas, tiene la categoría legal de tierras nacionales, sobre las que cientos de comuneros han tenido la posesión durante más de cinco generaciones.
La tarde del 10 de enero se celebró una audiencia más del juicio en manos del TUA, con número de expediente 537/2016, entre los habitantes de La Colorada y los representantes de Pan American Silver, a la que fueron convocados por la magistrada Leticia Díaz de León para escuchar los testimonios de tres testigos que presentarían cada una de las partes en litigio.
En dicha audiencia se conoció la resolución oficial que envió el RAN, solicitada por el propio tribunal para conocer si existía algún antecedente de registro previo de algún ejido, comunidad indígena o ente privado.
Los comuneros llegaron con tres oriundos de comunidades aledañas a La Colorada, quienes testificaron ante la autoridad agraria sobre el conocimiento y convivencia que durante décadas han tenido con los pobladores de la primera localidad, quienes acusan a la empresa minera de haberlos despojado a la fuerza, y sin ningún argumento legal, de sus casas y tierras.