Boletín de prensa: habitantes de Tepoztlán, Morelos denuncian agresiones en su lucha por el territorio
Megaproyectos: Cuando el despojo se hace costumbre
Por Ixchel Cisneros
@chelawuera
Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 10 de noviembre de 2016.
Juan Carlos Flores Solís, es representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual consiste en dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que se construirían en las tierras de cientos de indígenas.
Juan Carlos fue detenido el 7 de abril de 2014 por 12 hombres vestidos de civil tras salir de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a donde le pidieron que fuera a ratificar una denuncia. Estuvo preso 10 meses acusado de motín, extorsión, despojo y daño contra la infraestructura hidráulica.
Un día antes, la policía estatal detuvo a la defensora Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal del San Felipe Xonacayucan y también opositora al PIM. La acusaron de robarle con violencia un celular a un trabajador de Bonatti, empresa responsable de la construcción del gasoducto, y de “oponerse a la ejecución de alguna obra o trabajo público”.
Lo único que hizo Enedina fue pararse frente a las máquinas para evitar que sus milpas, que en su mayoría producen maíz y quelites, quedaran arruinadas. Juan Carlos, ni siquiera estaba en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos que le imputaban.
En un trabajo realizado entre 2014 y 2016 por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Periodismo CIDE), registramos 80 agresiones contra comunidades indígenas y pueblos originaros por la construcción de megaproyectos.
Los ataques van desde las detenciones arbitrarias (30), como el caso de estas personas defensoras en Puebla, la violación al derecho a un medio ambiente sano (21), hasta la consulta previa, libre e informada (8).
Los estados con más agresiones son el Estado de México (28), Colima (12) y Puebla (9).
El Artículo 2º de la Constitución Política Mexicana dice: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas […] El derecho de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía […] Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y en consecuencia tienen autonomía para: […] Aplicar sus propios sistemas normativos; […] Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras[…]”.
Aun así, según las cifras de esta base de datos, el gobierno mexicano continúa violando los derechos de los pueblos indígenas al no respetar las normas por las que ellos se rigen, despojarlos de sus tierras o utilizar sus recursos naturales sin consultarles y encarcelar o amedrentar a quienes los defienden.
Del total de 80 agresiones registradas, 77 fueron cometidas por funcionarios públicos. La Comisión Nacional del Agua encabeza la lista con 24 de ellas; después le sigue la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, con 19, y la Secretaría de Energía, con 12. El mayor número de ataques ocurre en los proyectos mineros (14), en los hidroeléctricos (13) y en los eólicos (11).
Además, queda el agravante que en esta base de datos únicamente incluimos las agresiones que fueron denunciadas y pudimos comprobar, es decir, pudiese haber por ahí muchas más de las que todavía no nos enteramos.
Algunos dirán que las comunidades no quieren el desarrollo o que se oponen a la modernización pero ni siquiera se los hemos preguntado. Varios de ellos han asegurado estar de acuerdo con la construcción de la presa, el parque eólico o la mina, pero es la forma en la que las autoridades y empresas llegan a imponerlo, lo que les molesta. En otros casos, los pueblos originarios quieren proponer alguna alternativa para la construcción de la carretera o el paso del gasoducto, mas no se les permite.
Es necesario entender que ellos tienen derechos sobre la tierra y los recursos naturales. Viven desde hace siglos ahí, no son invisibles y tienen el derecho a decidir.
Si quieres conocer más sobre este proyecto, visita megadiscriminacion.org
Autoridades agrarias de Ocotlán y Ejutla repudian proyecto minero en Oaxaca
Por Redacción/Proceso
OAXACA, Oax. (apro).- Autoridades agrarias y municipales de los distritos de Ocotlán y Ejutla exigieron que se cancele el proyecto minero de la empresa Fortuna Silver Mines, así como se respeten las tierras de las comunidades zapotecas que han declarado sus territorios prohibidos para actividades extractivas.
De igual forma, culparon a la Semarnat, Conagua y Profepa por incumplir con sus responsabilidades, al permitir daños ambientales generados por el proyecto minero San José de las empresas mineras Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines.
Además, advirtieron que la presa de jales es una amenaza muy grave de contaminación para las comunidades, ya que con las últimas lluvias ha estado en su máxima capacidad y, en caso de desbordarse, afectará sus tierras de cultivo.
Los inconformes exigieron que la empresa Fortuna Silver Mines respete las tierras de las comunidades, mismas que han declarado sus territorios prohibidos para la minería, principalmente los límites ejidales de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos.
También pidieron a estos empresarios dejen de hacer excavaciones irregulares para sus intenciones de expansión, además de que el gobierno respete su decisión.
“Ayúdenme a salir de aquí”, la súplica reiterada del preso tzeltal Santiago Moreno en Chiapas
Por Redacción/Desinformémonos
“Estoy acá adentro en la cárcel, enfermo, porque no tengo paga. Por eso les pido que apoyen mi lucha para salir de acá”, expresa nuevamente en una carta desde el penal de Playas de Catazajá, el indígena tzeltal Santiago Moreno, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, preso desde hace ocho años en Chiapas.
La detención de Santiago se dio en el contexto de resistencia del ejido San Sebastián Bachajón de donde es originario, el cual se encuentra en la zona selva norte de Chiapas, en donde se ubican las turísticas cascadas de Agua Azul, las cuales son parte de un plan integral mega turístico que incluye proyectos como hoteles de lujo, un aeropuerto y campos de golf. De ahí que las detenciones arbitrarias a indígenas se hayan convertido en un recurso utilizado por los tres niveles de gobierno de manera frecuente.
Detenido en Febrero de 2009, Moreno Pérez, tenía cargo en su organización como consejo de vigilancia autónoma y llevaba más de 10 años resistiendo en defensa de la tierra y el territorio, del ejido Bachajón en contra de los megaproyectos, que el gobierno quiere implementar en la región. La noche de los hechos, fueron señalados y acusados, tanto él como su hijo Sebastián, por un grupo de partidistas pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como responsables de la muerte de una persona de la comunidad de la Pimienta. Los partidistas de la comunidad se juntaron para lincharlo, pero se evitó su muerte entregándolo a la cárcel a cambio de quitarle todas sus propiedades, ha informado el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs (GTNET).
Los últimos meses han sido especialmente duros para Santiago, el pasado diciembre se dio a conocer el fallecimiento de su esposa, “situación que ya de por sí es de extrema dureza para el compañero preso al no poder despedirse de ella ni abrazar a su familia en estos momentos, sumado a la dificultad que conlleva no poder realizar el duelo implícito de la despedida”, compartió el GTNET. “Además compartimos la preocupación por la situación de orfandad obligatoria que la sociedad carcelaria impone a sus hijos, alejándolo de ellos de una manera totalmente injusta y arbitraria”, añade el GTNET, debido a que los hijos de Santiago, también tienen órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar por el mismo delito que ha condenado a su papá.
Encarcelan a líder otomí opositor a construcción de autopista Toluca-Naucalpan
Por Redacción/Desinformémonos
Ciudad de México | Desinformémonos. El líder otomí opositor a la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, Juan Villegas Mejía, fue detenido por dos agentes ministeriales y trasladado al penal de Barrientos, en el estado de México, el pasado 25 de junio, denunció el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).
El Centro señaló que es probable que los agentes busquen suspender los derechos civiles y políticos de Villegas Mejía, y su encarcelamiento repercutiría “en el recurso de queja 82/2016 ganado el año pasado en el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en Materia Administrativa y con lo cual se anula la posibilidad de una consulta indígena para cancelar el paso de la autopista Toluca-Naucalpan en territorios indígenas otomíes”.
“Con este recurso legal, la autopista podría cancelarse, al menos en el tramo que pasaría por las comunidades de Ayotuxco, puesto que a través de la consulta, el proyecto no se aprobaría”, añadió.
La situación jurídica del líder otomí, representante otomí por usos y costumbres de San Francisco y Santa Cruz Ayotuxco, Huixquilucan, será determinada en audiencia pública el próximo 30 de junio ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, agregó el CDHZL.
De acuerdo con los representantes del Centro, a Villegas Mejía le fabricaron un delito de extorsión con el municipio como la parte acusadora. “Argumenta que un empleado de nombre Daniel Díaz González, recibió una llamada en donde Juan Villegas le exigía un millón de pesos, diciéndose respaldado por el cartel de Jalisco Nueva Generación, a cambio dejaría de promover el amparo antes mencionado”.