DDHH – Centro Nacional de Comunicación Social AC

27 agosto, 2019

Mecanismo de protección a periodistas está rebasado: ONU-DH

Redacción/ Aristegui Noticias

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH evidencia la falta de personal y dinero que sufre el Mecanismo para dar resultados.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) confirmó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es importante, pero actualmente está rebasado y tiene insuficiencia a nivel de recursos humanos y económicos.

Hasta el 31 de diciembre de 2018, el Mecanismo beneficiaba a 800 personas y para finales del 2019, la Secretaría de Gobernación (Segob) prevé que estará protegiendo a 1,131 personas y que el gasto asociado será de 325 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto asignado para 2019 fue de 207.6 millones de pesos, correspondiente al 64% del gasto previsto y monto inferior a lo ejercido en 2018 y 2017.

Ante la evidente insuficiencia, la Segob presentó el pasado 4 de abril, una solicitud adicional de 150 millones de pesos que todavía no ha sido respondida. Además, los funcionarios del Mecanismo no cuentan con todas las herramientas ni las capacitaciones necesarias para realizar sus funciones con la eficacia requerida.

En el documento Diagnóstico Sobre el Funcionamiento del Mecanismo, la ONU-DH señaló que parte de las desventajas que aún tiene el Mecanismo es en recursos humanos, ya que desde 2014 el número de funcionarios se ha mantenido en 36, lo que resulta insuficiente para darle seguimiento a las personas beneficiarias.

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9 agosto, 2019

‘Estamos luchando y necesitamos protección’: reclaman indígenas en foro

Andrea Vega/ Animal Político

Los asistentes al foro del INPI dejaron en claro que quieren elevar a rango constitucional el derecho a decidir sobre sus tierras y recursos

Fue difícil quedarse en silencio. Muchos necesitaban hablar, gritar, llorar. Hubo que encontrar la forma, y el dolor y la rabia se transformaron en aplausos, en un minuto de aplausos por los defensores de la tierra y el territorio asesinados.

José Luis Bitimeo Valenzuela, indígena mayo yoreme de Sinaloa, fue quien desató las primeras arengas, al plantear los resolutivos de la mesa sobre tierras, territorios, recursos y biodiversidad, en la que participaron 84 personas como parte de los foros de consulta respecto a las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizó estos foros por todo el país, para elaborar una iniciativa de reforma constitucional.

“Para hacer justicia social es necesario reconocer, consagrar y dotar de capacidades a quienes han sido históricamente marginados”, afirmó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en la inauguración del foro nacional, donde se recogieron las propuestas de temas para integrar la iniciativa de reforma.

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8 agosto, 2019

ONU y CIDH piden a México investigar “exhaustivamente” asesinatos de tres periodistas

La minuta/ Desinformémonos

Poner fin a la impunidad en los asesinatos de periodistas “será la mejor medida de prevención de agresiones y de protección de quienes se dedican al ejercicio de la actividad periodística”,manifestó ayer la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La ONU-DH condenó los asesinatos de los periodistas Rogelio Barragán Pérez en el estado de Morelos, Edgar Alberto Nava López en Guerrero (que era director de Reglamentos y Espectáculos de Zihuatanejo) y Jorge Celestino Ruiz Vázquez en Veracruz, con los que suman 17 periodistas asesinados durante la actual administración.

El organismo internacional recordó que a estos asesinatos, cometidos todos la semana pasada, se suman otros ataques contra medios de comunicación, como el ataque contra las instalaciones de El Monitor de Parral el miércoles 31 de julio.

A la condena de ONU-DH se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió “pasos decisivos” para enfrentar “la crisis de seguridad contra periodistas que se extiende durante años”, misma que –sostuvo– “requiere que se adopte una modalidad específica de reconocimiento, atención y respuesta”.

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6 agosto, 2019

Tortura, normalizada en Guanajuato: la practican policías y ministeriales, mientras la consecuenta Derechos Humanos

Carmen Pizano/ Desinformémonos

El último año de gobierno de Miguel Márquez la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado emitió 65 recomendaciones por «violaciones a integridad física» a corporaciones de policía estatales y municipales.

Veintiocho años de gobiernos panistas, cuyo eje central de doctrina es el respeto a la dignidad de las personas, no han logrado erradicar la práctica de la tortura como instrumento de «investigación» policial en Guanajuato, en cambio se ha tratado de disfrazar el maltrato policial al evitar ese término en las denuncias presentadas por las víctimas.

Sin reconocer la tortura como una práctica común en Guanajuato, la PDHEG, entidad que se ha hecho acreedora a críticas por su escasa independencia y la evidente debilidad de sus recomendaciones, ha decidido catalogar las agresiones como violaciones a la integridad física y/o personal, aunque en la relatoría de los hechos se incluyen métodos aplicados por elementos de la fuerza pública como la de colocar bolsas de plástico en la cabeza de los detenidos y descargas eléctricas en los testículos, que incurren sobradamente en la definición de tortura que establece la legislación vigente y los acuerdos internacionales a los que México se ha obligado.

Tan solo en el 2018 se emitieron 65 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos como la integridad física, integridad personal, en dos casos se clasifica como tratos crueles, inhumanos o degradantes y solo en una recomendación se hace referencia a la tortura.Sin embargo, en la legislación vigente incurre en el delito de tortura:

Al servidor público que con motivo de sus funciones, por sí o por medio de otra persona, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, con el fin de obtener, de ella o de un tercero, información o una confesión, de investigación, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras para que realicen o dejen de realizar una conducta determinada, de medida preventiva o de anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental…

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2 agosto, 2019

Exigen libertad para cinco presos indígenas víctimas de tortura en Chiapas

Frayba/ Desinformémonos

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, además de otras violaciones a derechos humanos, en cinco casos de presos integrantes del Pueblo Tsostil, en reclusión en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 05, en San Cristóbal de Las Casas y No. 10, en Comitán de Domínguez, Chiapas, México.

Adrián Gómez Jiménez, Juan de La Cruz Ruiz, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, en el CERSS No. 05; y Marcelino Ruiz Gómez, en el CERSS No. 10 se encuentran en ayuno como parte de las acciones civiles y pacíficas de protesta que iniciaron el 15 de marzo de 2019, en demanda de su libertad inmediata. Durante más de 4 meses han denunciado públicamente la Tortura durante su detención, violaciones al debido proceso en la investigación, tratos crueles en sus condiciones carcelarias, violaciones a su derecho a la protesta, así como riesgo a su salud y vida.

Estas cinco historias forman parte de 20 denuncias públicas de Tortura, de las cuales 13 casos (1) se encuentran en registro de atención, en la Fiscalía Contra la Tortura, (Fiscalía) perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, desde el 1 de abril de 2019.

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14 enero, 2019

Una simulación, la propuesta de mando civil para la Guardia Nacional: ONG

Redacción / La Jornada

Organizaciones de la sociedad civil que han participado en las audiencias públicas realizadas en la Cámara de Diputados para analizar la creación de la Guardia Nacional (GN), consideran una simulación el reciente anuncio del gobierno sobre un supuesto mando civil para esa nueva corporación de seguridad pública.

José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) dijo en entrevista con La Jornada que el anuncio del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, sobre la modificación del diseño original de la Guardia Nacional para que tenga un mando civil es una simulación.

En realidad no están concediendo absolutamente nada. Siguen siendo policías y marinos militares, siguen siendo entrenados por las fuerzas armadas y estando alojados en el Ejército y en la Marina. El mando operativo no va a estar nunca en manos de los civiles, porque los militares han dicho que no se van a someter a un mando civil, sostuvo.

Y añadió: Se trata de una simulación porque lo que están haciendo es hacer creer a la opinión pública que están escuchando y siendo sensibles a las críticas de los expertos, de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas y están supuestamente concediendo el mando civil, pero sabemos que no es así.

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12 diciembre, 2018

ONG: el sistema de justicia está en deuda con el país

Redacción / La Jornada

El sistema de justicia está en deuda con México. Muchos jueces, magistrados y ministros no cuentan con legitimidad para defender sus altos ingresos mensuales debido a sus ineficaces actuaciones, a la falta de resultados en favor de la justicia y a las dificultades económicas que enfrenta el país, señalaron defensores de derechos humanos.

En una nación con 99 por ciento de impunidad y donde, de acuerdo con la Encuesta Nacional a Población Privada de Libertad realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 30 por ciento de las personas recluidas en las cárceles no ha sido sentenciada, se puede concluir que el sistema de justicia es ineficiente, coincidieron en señalar Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

No son las altas percepciones las que garantizan autonomía, independencia e incorruptibilidad para el Poder Judicial, sino sus actuaciones.

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13 noviembre, 2018

Piden a Corte considerar máxima protección de DH en ley de seguridad

Redacción/La Jornada

Ciudad de México. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, exhortó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a considerar los estándares internacionales de máxima protección a los derechos humanos, en su respuesta “histórica” a la controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interna, presentada por la propia CNDH.

Tras inaugurar el Simposio Internacional de Derechos Humanos: a 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señaló que “si bien el proyecto de la SCJN trae avances, la preocupación, que no es en contra de ninguna institución, es que en un Estado democrático de derecho las normas se apeguen a la convencionalidad y a la Constitución”, pues explicó que “nos preocupa que la coordinación de las corporaciones policías estén a cargo de autoridades militares, porque tienen distinta preparación”.

González Pérez enfatizó que la CNDH acatará cualquier decisión que asuma el máximo tribunal y agregó que sin “demérito de su honorabilidad (de las instituciones militares, los estándares internacionales de máxima protección a los derechos humanos señalan que la interacción con la población, en materia de seguridad, tiene que estar en el mando civil, por eso hoy que se discute en la SCJN vuelvo a hacer el exhorto a los ministros porque es histórica la decisión que tomarán en función de la determinación que asuman en respuesta a la accion de inconstitucionalidad”.

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8 octubre, 20188 octubre, 2018

Peña deja una crisis sin precedente en materia de derechos humanos

Redacción / La Jornada

A menos de dos meses de concluir su mandato, el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, deja numerosos y graves pendientes y una profunda crisis en materia de derechos humanos. Cifras oficiales muestran que en este sexenio (hasta julio de este año) se han cometido 112 mil 760 homicidios dolosos, 22 mil 983 casos de desaparición, un promedio de nueve feminicidios al día, entre otras violaciones a las garantías de los ciudadanos.

Al hacer un balance de la administración por concluir, defensores de las garantías fundamentales señalaron que el gobierno del priísta dejará un saldo desfavorable en esta materia. En su más reciente informe de labores, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, enfatizó que el sexenio se vio marcado por graves violaciones a estas garantías, con casos como Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, afirmó que Peña Nieto deja una situación de crisis en esta materia, en la que entre las graves violaciones vemos que crecen las desapariciones forzadas, que de acuerdo a cifras oficiales entre 2007 y abril de este año suman 37 mil 435 casos; más de la mitad de los estados con declaratoria de alerta por violencia de género o solicitud de ésta; la tortura sigue siendo una práctica cotidiana, al igual que las ejecuciones.

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5 octubre, 2018

Tres estados lideran asesinatos de defensores de derechos

Redacción / El Universal

Los estados de Chihuahua, Guerrero y Oaxaca encabezan la lista de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, alertó Égdar Corzo Sosa, quinto visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En la presentación del Estudio sobre el Cumplimiento de los Pronunciamientos de la CNDH en materia de Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos, Corzo Sosa dijo que “la situación de las personas defensoras es de riesgo”, puesto que de 2006 a la fecha se han registrado 36 asesinatos contra ellos.

Recordó que el más reciente fue el del activista y ambientalista Jesús Javier Ramos Arreola, que se cometió la semana pasada en el municipio de Tlalmanalco, en el Estado de México. “El sólo hecho de que priven a una persona de la vida es para estar en una situación de preocupación”, alertó.

El quinto visitador destacó que los estados de Chihuahua, con 13 casos; Guerrero, con seis, y Oaxaca, con cinco, ocupan los tres primeros lugares de la lista de asesinatos de personas defensoras, por lo que representan mayor peligro para ese sector.

Respecto a las recomendaciones que ha emitido la CNDH sobre el tema, dijo que la falta sensibilidad de acceso a la información por parte de las autoridades del país ha dificultado la emisión de éstas, pero el análisis elaborado permite medir su impacto y determinar lo que falta por hacer.

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