El Estado mexicano tiene una gran deuda de justicia con muchas mujeres que han sido violentadas por agentes estatales, afirmó Amnistía Internacional (AI). En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que la región aún enfrenta desafíos para garantizar el pleno respeto y protección a ese sector, que sigue siendo víctima de feminicidios, desapariciones, acoso y violencia sexual, entre otras agresiones y delitos.
En el contexto del Día Internacional de la Mujer, Tania Reneaum, directora de AI México, denunció que aun cuando ha habido avances normativos e institucionales para garantizar los derechos de las mujeres, las autoridades mexicanas aún deben justicia en casos emblemáticos de abusos por agentes estatales.
Tres de ellos son: los feminicidios de Ciudad Juárez conocidos como Campo Algodonero; la violación sexual por soldados contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, en Guerrero –ambos con sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por violaciones a las garantías fundamentales–, y el de la tortura sexual contra varias mujeres detenidas en los operativos de San Salvador Atenco, estado de México, en mayo de 2006, que ya analiza el mismo tribunal.
Este 8 de marzo, señaló, estamos presenciando cómo se hace historia a medida que cada vez más mujeres alzan la voz y exigen justicia. Las luchas por la igualdad, por la libertad de decidir y por el derecho a una vida libre de violencia han impulsado victorias importantes en la reivindicación de los derechos de las mujeres. Ahora corresponde a las autoridades mostrar que están escuchando y adoptar acciones contundentes para que no se toleren las agresiones sexuales, el acoso ni ninguna clase de discriminación.
La ley de seguridad “invierte el mando civil sobre el militar”, mientras que no hay “evidencia de que la intervención militar reduzca la violencia”, dijo Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática y uno de los voceros que tomaron la palabra en nombre de la sociedad civil.
Bogotá, 2 de marzo (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró hoy su preocupación por la Ley de Seguridad Interior de México, que formaliza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, puesto que puede debilitar los derechos y libertades individuales.
“La preocupación que muestro con la ley de seguridad interior es la misma que extendió la comisión el pasado 4 de diciembre. De un lado es legítimo y necesario fortalecer la garantía de derecho a la seguridad, pero sin comprometer ni debilitar derechos ni libertades individuales”, aseguró la comisionada Flavia Piovesan durante las audiencias que la CIDH celebra en Bogotá.
En este sentido, señaló que “la formación castrense tiene otra lógica, otra racionalidad” a la policial, por lo que consideran que los militares no tienen la experiencia necesaria ni la preparación adecuada “para el desarrollo de este rol de seguridad”.
En ese sentido, Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática y uno de los voceros que tomaron la palabra en nombre de la sociedad civil, aseguró que la inseguridad ha crecido.
“Si tuviéramos una máquina para regresar en el tiempo y nos hubiéramos reunido durante una hora hace dos años, habría 2,1 homicidios en México en esa hora. Hoy, habría 3,5 personas asesinadas”, comentó.
Además de esa degeneración de la situación, aseguró que la ley de seguridad “invierte el mando civil sobre el militar”, mientras que no hay “evidencia de que la intervención militar reduzca la violencia”.
Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- El caso Atenco ejemplifica los problemas estructurales de México: la tortura, el uso excesivo de la fuerza pública, la discriminación de género y la impunidad, sostuvieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) las representantes de las 11 mujeres que acusaron tortura sexual durante el operativo policiaco de mayo de 2006.
Once años después, no hay ninguna persona condenada por las acusaciones declaradas por las víctimas, dijeron. La representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también refirió en su turno que aunque las autoridades mexicanas han tenido más de una década para actuar, en el caso Atenco la impunidad “es total” ante la falta de sentencias debido a los “mínimos esfuerzos” para que las investigaciones avancen.
Los representantes del Estado mexicano, aunque reconocieron la ineficiencia al inicio de sus investigaciones, afirmaron que las diligencias posteriores permitieron la consignación de 52 funcionarios públicos imputados por el delito de tortura e incubrimiento de tortura. Pero ninguno ha sido condenado, lo cual fue calificado como grave por parte del Juez de la Corte, Humberto Antonio Sierra Porto.
Al término de la audiencia que duró dos días, la CoIDH pidió información adicional a los representantes del Estado mexicano para posteriormente emitir una sentencia.
Ayer las víctimas exigieron investigar la cadena de mando del operativo. El Estado aseguró que ya lo hizo al presentar acusaciones contra un subdirector regional de la entonces Agencia de Seguridad Estatal, pero descartó identificar a los mandos individualmente ya que se violarían los derechos humanos de los policías.
El Estado argumentó que dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no identificó a los más altos responsables políticos y policías de la cadena de mando, la Corte Interamericana no puede hacerlo en su sentencia.
El Centro Prodh alegó que aunque la Corte no tiene las facultades para determinar responsabilidades penales individuales, puede identificar las omisiones de la cadena de mando policial y política para pedir que se investigue.
Aracely Olivos, del Centro Prodh, dijo que “las mujeres le han dicho a la Corte que su sentencia será un gran paso hacia la justicia y la verdad”.
“Ellas se reconstruyeron solas, pero no olvidan que la responsabilidad es del Estado. No piden nada extraordinario: sólo justicia y verdad”, reiteró.
Durante los alegatos finales ante la Corte en Costa Rica, las once mujeres portaron una playera morada con la leyenda “Rompiendo el silencio”.
Marcela Martino, de CEJIL, destacó que la tortura sexual de la que fueron blanco reflejan realidades persistentes en la policía mexicana y representan a miles de víctimas más.
“Contar su historia una y otra vez tiene consecuencias para ellas y sus familias, pero el Estado no les ha dejado otra opción”, declaró.
Aracely Olivos, del Centro Prodh, subrayó que el Estado mexicano ha rechazado todas las medidas de reparación demandadas por las sobrevivientes de tortura sexual: verdad, justicia y no repetición, lo cual permite más impunidad.
“Este caso ejemplifica que el Estado mexicano frecuentemente reconoce violaciones a derechos humanos en sedes internacionales, pero ante el país muestra otra cara al minimizarlas”, expuso.
El Estado mexicano pidió a través de sus representantes en la Corte que no se ordenen nuevas reparaciones, incluyendo las garantías de no repetición, porque afirma ya haber realizado medidas al respecto.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- Exigen verdad y justicia. En compañía de representantes de la organización Centro Prodh y del Estado mexicano, este jueves cuatro mujeres víctimas de Atenco declararon ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José, Costa Rica, haber sido víctimas de tortura sexual en un operativo policiaco ocurrido en mayo de 2006, durante la administración de Enrique Peña Nieto en el Estado de México.
Destacaron la importancia de la perspectiva de género en la investigación ya que la tortura sexual es una práctica particular de control social contra las mujeres.
Ante la ineficacia de las investigaciones y ausencia de sanciones en México, en 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó el caso y en octubre de 2015 resolvió a favor y declaró que 11 mujeres en Atenco habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, falta de acceso a la justicia y otras violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades. Lo turnó a la Corte.
Aunque en marzo de 2013 el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiacas, las declarantes exigieron este día que se esclarezca el caso detectando la cadena de mando, ya que las autoridades mexicanas las llamaron “mentirosas” y hasta el momento, a pesar de haber sido un operativo grande, no han sido consignados los responsables a nivel estatal y federal.
En contraste, las víctimas estuvieron presas durante años acusadas del presunto delito de ataques a las vías de comunicación. Fueron liberadas por falta de pruebas.
Por ello, en su condición de sobrevivientes, pidieron un Centro de documentación y reparamiento para mujeres víctimas que atienda sus necesidades médicas, psicológicas y jurídicas para generar un espacio de confianza, así como un mapeo de tortura sexual en el país.
“LA TORTURA SEXUAL DESTRUYE VIDAS”: NORMA
Norma Aidé Jiménez Osorio fue el 4 de mayo de 2006 a San Salvador Atenco. Tenía 23 años, era estudiante de artes plásticas en el INBA y colaboraba para una revista independiente, por lo que trató de documentar lo que había ocurrido un día antes como “un profundo acto de solidaridad”. Un policía había disparado a un niño en Texcoco luego de un enfrentamiento con comerciantes floristas.
Después de ser golpeada y víctima de acoso sexual, no pudo terminar la carrera porque los dedos de sus manos quedaron afectados. Ahora es profesora de arte en una escuela y dedica todo su tiempo para acompañar a las víctimas de tortura sexual.
“Mi papá no nos habla y cree que estoy equivocada por estar denunciando aquí”, ha declarado llorando.
Cinco mujeres darán un testimonio oral sobre las agresiones sexuales que sufrieron a manos de fuerzas de seguridad durante el operativo de San Salvador Atenco en mayo de 2006, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los próximos 16 y 17 de noviembre, en San José, Costa Rica.
Comparecerá el grupo de 11 mujeres peticionarias del caso, aunque sólo cinco de ellas darán testimonio: Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
“Ésta será la primera vez que comparecerán juntas ante un Tribunal las 11 mujeres peticionarias del caso desde mayo del 2006, cuando fueron ilegal y arbitrariamente detenidas durante la manifestación e iniciaron su lucha por que se conozca la verdad de lo ocurrido y se haga justicia”, apuntó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
El Centro recordó que, tras los operativos policiales en mayo de 2006 -cuando era gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto-, “al menos 31 de las mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales tanto al momento de la detención como en su traslado al penal y a su llegada a éste”.
Las mujeres, agregó, “tuvieron que lidiar por años con procesos penales arbitrarios por ultrajes a la autoridad, portación de arma, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado”, mientras “las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra se mantuvieron impunes”.
