CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, después de acreditar que se vulneraron las garantías a la accesibilidad y movilidad de dos personas en condición de discapacidad.
En un comunicado precisó que a ambas personas –una en Veracruz y otra en Morelos– se les negó la aplicación de descuentos en las tarifas de servicio público de autotransporte de pasajeros, por lo que tuvieron que dejar de realizar actividades de su interés debido a los altos costos del pasaje.
Detalló que en Xochitepec, Morelos, una madre llevaba diariamente a su hija menor de edad con discapacidad intelectual a practicar deporte en las instalaciones del IMSS en Cuernavaca, pero dejó de porque los transportistas no siempre les hacían efectivo el descuento, pese a contar con una credencial del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que acredita la condición de discapacidad de la niña.
El otro caso, apuntó, está referido a una persona con discapacidad motriz en Orizaba, Veracruz, quien solicitó al Área de Autotransporte Federal de la SCT se suscribieran convenios con los transportistas para beneficiar a las personas con discapacidad mediante descuentos en las tarifas.
La alta presencia militar acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos, señala.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el fin de semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra distintos artículos de la Ley de Seguridad Interior (LSI), aprobada en diciembre pasado por una mayoría en el Congreso y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, quien dijo que no haría uso de las facultades que le otorga esta legislación hasta que fuera revisada por el máximo tribunal.
La CNDH indicó que hay artículos que generan la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de los mexicanos, además de afectar el diseño, equilibrio y facultades establecidas constitucionalmente entre la Federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y Poderes.
En el documento que se expone íntegro a continuación, se señalan cuestiones relativas a la subordinación de autoridades civiles a militares que plantearía la LSI, contraviniendo criterios establecidos en contrario por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre la presencia del Ejército cumpliendo labores policiales, recordó que la Corte Interamericana expuso que la alta presencia militar acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos.
“La Corte Interamericana enfatiza el sentido en el que se han pronunciado diversos organismos internacionales que han analizado las implicaciones de permitir que cuerpos militares realicen funciones de policía judicial, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, manifestando su preocupación por el hecho de que los militares ejerzan funciones de investigación, arresto, detención e interrogatorio de civiles, y han indicado que las funciones de la policía deberían estar exclusivamente a cargo de una entidad civil. Sólo así se respetaría la independencia de las investigaciones y se mejoraría mucho el acceso a la justicia por parte de las víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, cuyas denuncias suelen ser investigadas por las mismas instituciones a las que acusan de perpetrar esas violaciones”, indica el recurso presentado.
La CNDH relató el caso de por lo menos nueve elementos federales que torturaron a una familia para extraer una confesión, durante 2015 en Tabasco.
Con el objetivo de extraer una confesión a un habitante de Tabasco, en el año 2015, por lo menos nueve elementos de la Policía Federal lo torturaron ante su esposa e hijas, y para aumentar la angustia del detenido, también a ellas las torturaron, durante toda una noche.
Según la versión oficial de los hechos, el padre de familia fue capturado el 7 de noviembre de 2015, dentro de una bodega ubicada en el estado de Tabasco, en la que supuestamente se ocultaba droga y gasolina robada. Según esta misma versión, el padre detenido reconoció haber sido capturado en dicha bodega, y que era parte del grupo delictivo que ahí almacenaba productos ilícitos.
Sin embargo, luego de dos años de investigaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que dicha confesión fue obtenida bajo tortura y que las acusaciones formuladas en contra de este padre de familia fueron fabricadas.
En primera instancia, la CNDH logró ubicar a tres testigos presenciales no vinculados con los hechos, quienes confirmaron que este señor, junto con su esposa y tres hijas, fueron capturados el 6 de noviembre de 2015 (es decir, un día antes de lo afirmado por la Policía Federal), y no en la supuesta bodega de hidrocarburos, sino cuando se disponían a meter el vehículo familiar en la cochera de su vivienda, en un punto distinto de la entidad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por irregularidades en la integración de las averiguaciones ministeriales iniciadas por la desaparición de una persona desde el 30 de julio de 2013.
En un comunicado, el organismo sostuvo que acreditó violaciones a los derechos humanos a la debida procuración de justicia y a la verdad atribuibles a personal de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, debido a que tampoco se entregó información a los familiares sobre el avance de las diligencias para la localización de su hijo.
Destacó que, de la revisión efectuada a tres investigaciones ministeriales, concluyó que las autoridades no realizaron las diligencias que dada su relevancia debieron llevarse a cabo con prontitud desde el inicio de la investigación, para evitar la pérdida de información a fin de ubicar a la víctima y, en su caso, encontrar a los probables responsables.
Se observaron lapsos de inactividad ministerial significativos para realizar diligencias tendentes a la búsqueda y localización de la víctima, lo que contravino el principio de debida diligencia, puntualizó.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió sobre los “potenciales riesgos” de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para regular la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, de cara a su discusión en el Congreso.
La emisión de una ley de seguridad interior, en los términos que se plantea, señaló la Comisión en un comunicado, “contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 Constitucional”.
En otro punto de su mensaje, la CNDH acusó que las fuerzas armadas han tenido que ejercer tareas de seguridad pública, por “la omisión, la indiferencia y la falta de resultados contundentes en la capacitación y desarrollo de las policías”.
En el ámbito del reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos, continuó, los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad:
“Tan sólo por mencionar algunos, se podrían referir desde las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior; una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica”, indicó.
Otro de los puntos de riesgo, según la Comisión, es “la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito”.
La propuesta de ley, agregó la CNDH, “no establece en forma expresa la forma como se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como materia o riesgos a la Seguridad Interior, siendo en consecuencia previsible que su aplicación trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución, lo cual propiciará que los responsables de una conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho.
Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo/AP) — La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que el aumento de 8.32 pesos al salario mínimo en México es preocupante porque todavía es muy bajo como para cubrir las necesidades básicas de un trabajador soltero o una familia.
El gobierno aumentó esta semana el salario mínimo en 8 pesos, de 80 a 88.4 pesos.
El aumento equivalente a unos 45 centavos de dólar y representa más o menos el valor de un pasaje de ida de autobús en la Ciudad de México.
La CNDH dijo que el salario mínimo ahora queda corto al mes tras cubrir los gastos de la canasta básica, el techo y ropa de un trabajador. Exhortó a las autoridades, como a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), a considerar hablar de derechos comprometidos como son la salud, la educación, la cultura, la vivienda digna cuando se trata de establecer la cifra del salario.
Aagregó que ha insistido en diferentes ocasiones que la suficiencia del salario mínimo debe garantizar el derecho de la población a tener acceso a la canasta básica y más cuando las cifras de pobreza en México han incrementado y una de sus causas es que los ingresos de los trabajadores no alcanza para cubrir las necesidades básicas.
La Comisión recuerda que el Artículo 123 de la Constitución contempla el derecho a un trabajo digno y socialmente útil, así como la Ley Federal del Trabajo que considera que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, por ello, refiere que el salario mínimo debe garantizar que “uno solo y sus familias, vivan dignamente, con pleno goce y disfrute de los derechos humanos”.
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
· Madres y padres de víctimas denuncian que no son escuchados por las autoridades, quienes los revictimizan. Mientras que los responsables de los agravios continúan ilegal e injustificadamente sin castigo, los familiares de las víctimas son objeto de maltrato, desprecio e indiferencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
· Ante estos hechos, hacen una denuncia pública para dar a conocer lo que realmente sucede cuando las personas entregan su confianza a la CEAV y a la CNDH como última esperanza de justicia y verdad.
· La falta de vigencia del Estado de derecho en México es conocida nacional e internacionalmente.
Participan: · Integrantes de la Organización Por TI SEA A.C. Salud Educación Alimentación
Convocan: · Por TI SEA A.C. Salud Educación Alimentación
La cita:
·La cita: Martes 7 de noviembre de 2017, a las 11:00 horas.
·En el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
México, 2 noviembre (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió hoy al Gobierno mexicano asegurar el presupuesto y el personal necesario y capacitado para ejercer labores que erradiquen la violencia contra periodistas.
La Comisión reiteró en un comunicado su compromiso de trabajar con todos los actores sociales para erradicar la violencia contra comunicadores y exigió “poner fin a la impunidad, para que los crímenes sean esclarecidos y los responsables llevados ante la justicia”.
Con motivo del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la institución señaló que el incremento de agresiones contra informadores en México, la falta de investigación y la prevalencia del 90 % en el índice de impunidad de los delitos en su contra debilitan el Estado de derecho.
Es concretamente el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación, el que debe contar con un presupuesto adecuado para generar “certeza y seguridad en el gremio periodístico para el pleno ejercicio de su labor”, indicó.
De acuerdo con las cifras de la CNDH, de 2000 al 31 de octubre de 2017 se registraron 130 homicidios de periodistas, de los cuales 13 corresponden a mujeres.
OAXACA, Oax. (apro).- Las víctimas de Nochixtlán desconocieron la Recomendación 7VG/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque “incrimina a las víctimas y favorece a los agresores al justificar la ejecución extrajudicial de personas al concluir que el uso de fuerza letal fue la adecuada”.
Por tal motivo, informaron que ya recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y harán lo mismo con otros organismos internacionales para exigir justicia por las “ejecuciones extrajudiciales” cometidas en el fallido operativo del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, en Oaxaca.
Las víctimas directas e indirectas y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas acusaron a la CNDH de proteger a los funcionarios públicos responsables de violación de derechos humanos durante la mencionada acción policiaca.
Por ello, informaron que el pasado 12 de junio presentaron una queja ante la CIDH donde acusan al gobierno mexicano de ejecuciones extrajudiciales en agravio de seis personas indígenas mixtecas en la masacre de Nochixtlán Oaxaca.
De entrada, dijeron: “rechazamos la recomendación 7VG/2017 emitida por la CNDH por ser un informe parcial y que juega un papel de defensa hacia los responsables de la masacre del 19 de junio; porque a las víctimas nos convierte en victimarias y a los responsables intelectuales y materiales en víctimas”.
Además, las víctimas destacaron que “no aceptamos la disculpa pública del gobernador, ya que ésta la tiene que dar el presidente de la República o el secretario de Gobernación en base a los estándares internacionales y que esperaremos que en su oportunidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita su informe de fondo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita la sentencia respectiva”.
Los supuestos
La carta está firmada por Gildardo González Santiago, José Luis Cruz Aquino, Rutilia Santiago Cruz, Angélica Reyes Cruz, y Viridiana Diego Cruz, así como por familiares de Omar González Santiago, Ancelmo Cruz Aquino, Nicolás Santiago, Silvano Sosa Chávez, -“ejecutados extrajudicialmente”-, quienes consideran que la Recomendación de la CNDH refiere argumentos para eximir de responsabilidad a funcionarios federales, estatales y municipales.
Su afirmación la soportan en que la CNDH argumenta como si se tratara de un legajo de investigación, en el que, inclusive, juega el papel de defensor y abogado de los responsables de la masacre del 19 de junio de 2016, como en los siguientes supuestos:
-En los cuerpos de las seis víctimas fue negativa la prueba de presencia de plomo y bario determinado por el perito oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE). Sin embargo, a criterio de la CNDH deja la duda de que si las víctimas portaban o no armas.
“La prueba negativa de presencia de plomo y bario determinado por el perito oficial de la FGE respecto de las seis víctimas no nos puede establecer si éstas portaban armas y es un resultado falible para determinar si alguna disparó un arma de fuego”. (Página 332 párrafo 971 de la Recomendación).
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó este martes su exigencia de “verdad, justicia y reparación” en el caso Ayotzinapa, “para que no haya olvido ni impunidad”.
De igual manera, advirtió que mantiene abierta su investigación para determinar violaciones a derechos humanos, y demandó a la autoridad que en su indagatoria considere todos los aspectos sustentados en elementos objetivos y científicos, y no la dé por concluida hasta esclarecer el destino de los normalistas desaparecidos.
A tres años de ocurridos los hechos relacionados con la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, apuntó, las víctimas y sus familiares aún no encuentran las respuestas que buscan.
En ese sentido, refrendó su compromiso con las víctimas y familiares de los normalistas, así como con los del colectivo Avispones de Chilpancingo y las víctimas de eventos paralelos, “para que estos hechos sean atendidos a cabalidad desde cuatro ejes fundamentales: derecho a la verdad, derecho a la justicia, reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares, y las garantías de no repetición”.
En un comunicado, la CNDH recordó que con el fin de preservar y garantizar los derechos humanos de las víctimas que pudieran ser vulnerados de manera irreparable, y para que las autoridades e instancias correspondientes pudieran realizar acciones de manera oportuna, antes de que se volvieran de muy difícil o imposible materialización, en su oportunidad emitió tres reportes.
Detalló que el 23 de julio de 2015 presentó el “Estado de la investigación del caso Iguala”, en el que formuló 32 observaciones y propuestas a diversas autoridades, 26 de ellas a la Procuraduría General de la República (PGR), tres a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dos a la Fiscalía General del estado de Guerrero y una al ayuntamiento municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero.
El 14 de abril de 2016, agregó, hizo público el “Reporte de la CNDH en torno a indicios de la participación de la Policía Municipal de Huitzuco y de dos agentes de la Policía Federal en los hechos de la desaparición de normalistas en el Puente del Chipote de Iguala”, en el que dirigió 17 observaciones y propuestas a la PGR.
Posteriormente, el 11 de julio de ese mismo año, difundió el “Reporte de la CNDH en torno a los hechos y circunstancias en las que Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa, fue privado de la vida”, en el que planteó cuatro observaciones a la PGR, una a la Fiscalía General del estado de Guerrero y tres a la CEAV.
Puntualizó que los tres reportes contienen un total de 57 observaciones y propuestas a la PGR, CEAV, Fiscalía General del estado y el municipio de Iguala, Guerrero, pero hasta el momento, recalcó, únicamente nueve pueden considerarse totalmente atendidas, 36 en vías de atención y 12 con el estatus de no atendidas.
