CEAV incumple acuerdos con víctima de guerra sucia

Redacción / La Jornada

En noviembre de 2017, víctimas de violación de DDHH acusaron a CEAV de no atender sus denuncias Foto: Cencos

Los hermanos Guichard Gutiérrez, activos integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) (organización guerrillera y clandestina) que operaba en Tabasco, Chiapas y Guerrero, fueron ejecutados y desaparecidos durante la llamada guerra sucia por el Ejército. Sus cuerpos nunca fueron hallados mientras los reclamos de sus pocos familiares vivos no se escucharon.

En 2001, en el informe general sobre desapariciones forzadas en los años de la guerra sucia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se reconoce a uno de estos cinco hermanos, Juan Amado –uno de los altos dirigentes de las FLN– como víctima de violaciones a sus garantías fundamentales.

En 1974, militares emboscaron, asesinaron y desaparecieron a cuatro de los cinco hermanos Guichard Gutiérrez (Juan, Geno Delín, Clemente y Nau) y sólo regresó Aldo, a quien en la década de los 80 se le dio una amnistía.

Desde 2007, Éric –hijo de Geno Delín– inició trámites ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se le reconociera como víctima por la ejecución de su padre y tíos.

Tras un largo peregrinar, hace unos meses en la CEAV se le dio la condición de víctima, y le dijeron que en 90 días se resolvería su situación para que pudiera acceder a los apoyos y reparación integral del daño. Sin embargo, el 8 de agosto pasado se cumplió ese límite y no se le ha resuelto nada.

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La CNDH pide a maestros y autoridades garantizar el derecho a la educación de infantes y adolescentes

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a autoridades y maestros de Chiapas y Oaxaca para que, “en atención al interés superior de niñas, niños y adolescentes, adopten las medidas necesarias para garantizar sus derechos humanos, en particular el relativo a la educación”.

Al cumplirse 19 días de haber iniciado la suspensión de clases en diversos planteles educativos de ambas entidades, la CNDH insistió en la necesidad de que todo planteamiento, demanda o discrepancia, por legítima que sea, se formule “necesariamente” por las vías institucionales y en el marco de la ley, “ratificando la obligación que tiene todo servidor público de sujetar sus actos a lo dispuesto por las normas y con estricta observancia y respeto a los derechos humanos”.

En un comunicado subrayó: “La CNDH rechaza todo acto de violencia y provocación, al tiempo que reafirma el valor y la importancia de las protestas pacíficas en una sociedad democrática, en cuyo ejercicio confluye la actuación de autoridades y de ciudadanos que en todo momento debe ser responsable y dentro del marco de la legalidad, evitando recurrir a la violencia o al uso indebido de la fuerza”.

De igual manera, ratificó su convicción sobre el valor del diálogo, el entendimiento y la construcción de acuerdos, en el marco de la ley, como vía para la solución de diferendos entre las personas y grupos.

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Boletín de prensa: Nulos avances en la investigación, a tres años de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar

Tlapa de Comonfort, 7 de junio de 2018. En plena jornada electoral marcada por una polarización social y política, hace tres años fue ejecutado extrajudicialmente por policías federales, el dirigente del pueblo na savi Antonio Vivar Díaz en la colonia El Tepeyac municipio de Tlapa. De acuerdo a los testimonios de sus compañeros Antonio se encontraba cerca de la capilla apoyando a las madres de familia que resguardaban a los policías.

El malestar de los colonos se debió a la acción arbitraria de estos policías que detuvieron a  8 personas que fueron llevadas al 93 Batallón donde elementos de la Marina los trasladaron en  helicóptero al puerto de Acapulco. Los señalaron como los autores de la quema de un vehículo del INE en la vía principal de la ciudad en el puente del río  Jale. En esa fecha el gobierno federal envió tropas de la Marina y del mismo Ejército junto con un grupo de policías de fuerzas especiales a la ciudad de Tlapa que estaba catalogada como un foco rojo. El uso de la fuerza fue desproporcionado por la forma en como procedieron a detener a ciudadanos y ciudadanas  que tuvieron  la mala suerte de pasar por las instalaciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

Para las autoridades federales la CETEG y el MPG representaban una amenaza para la jornada electoral. El gobierno federal se preparó para actuar represivamente, el mismo comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo coordinó la estrategia policial para arremeter contra la población que se atreviera a boicotear el proceso electoral.

Cuando 34 policías federales se disponían a  trasladar dos de los vehículos de la CETEG, los habitantes de la colonia se organizaron para impedir que continuaran con estas acciones ilegales. Los retuvieron, les quitaron sus escudos y los encerraron en el interior de la iglesia. La población exigía que regresaran en el mismo helicóptero a los ocho detenidos a cambio su liberación. La federación optó por el uso de la fuerza. Dio la orden de que subieran los policías federales con el apoyo del ejército para liberar  a los policías retenidos. Avanzaron golpeando a las personas que impedían su paso y en esa arremetida fue cuando uno de los policías que estaba en el interior de la capilla sacó su arma y la accionó contra Antonio Vivar, que formaba parte del grupo que los resguardaba. Fue una acción letal, contra un estudiante indígena comprometido con la causa de los 43 padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Fue una ejecución extrajudicial de un dirigente social que desde el mes de octubre del 2014 se había incorporado al movimiento de la toma de ayuntamientos en el estado de Guerrero como una medida de presión para exigir a las autoridades que presentaran con vida a los 43 estudiantes. A tres años de esta ejecución extrajudicial la Procuraduría General de la República en lugar de investigar  este delito sumamente grave se empeñó en criminalizar a los colonos  por haber retenido a los policías  federales. Lo inadmisible es que Antonio Vivar formaba parte de los acusados y no como la principal  víctima de esta acción letal. La misma PGR se ha mostrado reticente para agilizar las investigaciones sobre el policía federal que disparó su arma  contra Antonio Vivar.

Exigimos a la Procuraduría General de la República agilice la investigación de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar perpetrada por uno de los policías federales retenidos en la colonia El Tepeyac. Por otra parte demandamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que concluya la investigación y emita la recomendación de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar. Demandamos también a las autoridades del Estado que garanticen seguridad a los familiares de Antonio Vivar quienes solicitaron medidas cautelares ante las amenazas vertidas por grupos de choque que hace tres años participaron en la agresión a miembros de la CETEG y el MPG.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

Colectivo El Grito

OPIG CNPA-MN

Bad Tlapa

Colectivo Tioko

El 80% de la contaminación en los océanos es causada por la actividad humana: CNDH

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que el 80% de la contaminación en los océanos es causada por la actividad humana, asociada principalmente con las descargas de hidrocarburos y sustancias químicas y al vertimiento de 8 millones de toneladas de plástico al año, que genera gastos de remediación hasta por 8 mil millones de dólares anuales.

El organismo detalló que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), eso repercute sensiblemente en la viabilidad de los ecosistemas, fauna y flora marinas, así como en las actividades económicas que corresponden a ese entorno, además de representar un riesgo para la salud humana.

En ocasión del Día Mundial de los Océanos, que se celebra el 8 de junio, la CNDH exhortó a las autoridades de todos los niveles, organizaciones de la sociedad civil y personas en general a tomar conciencia de la importancia que conlleva la protección y preservación de los mares desde la perspectiva de los derechos humanos.

En un comunicado destacó que, conforme a datos la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), México cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral y dispone de una superficie de más de 3 millones de kilómetros cuadrados (62% del territorio nacional).

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Guardería ABC: A la impunidad de 9 años se suma robo del IMSS con medicinas para niños lesionados

Por Redacción/Sin embargo

A nueve años del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños que quedaron lesionados otros 70, la impunidad en el caso es la única respuesta a los reclamos de justicia de las madres y padres de los menores.
Los 19 sentenciados en 2016 están libres bajo un juicio de amparo y los funcionarios de primer nivel que estuvieron detrás de la tragedia ni siquiera fueron juzgados.
Además de la impunidad que envuelve al caso, los padres de los niños acusan que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presuntamente incurrió en corrupción a través del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE), en donde se han estado registrando medicamentos con sobreprecio y firmas falsas que justifican la entrega de beneficios para los niños lesionados que nunca les fueron dados.

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).- A nueve años del incendio que acabó con la vida de 49 niños y dejó a más de 70 lesionados en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, no hay un solo sentenciado en prisión y las víctimas no han recibido una reparación integral del daño, denunciaron el abogado de 32 familias y papás de menores fallecidos y heridos.

“Las autoridades quisieron enterrar el asunto, no está hecha la reparación integral del daño, y no me refiero a un pago. Hay complicidad entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas [CEAV], la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH] y la Auditoría Superior de la Federación [ASF]”, dijo el abogado Miguel Nava, que representa a padres de niños víctimas de la tragedia.

Nava afirmó que “hay un concierto de arbitrariedad” entre las instituciones del Estado que llevan a que a nueve años de la tragedia, la muerte y las lesiones de los niños estén impunes.

En agosto de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez de Sonora órdenes de aprehensión en contra de 22 trabajadoras de la Guardería ABC y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora impuso condenas en 2016 que van desde los 20 hasta los 29 años de prisión a 19 de los 22 implicados. Pero hoy todos los sentenciados están libres y amparados para llevar su proceso en libertad.

Entre los sentenciados están la Jefa del departamento de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 29 años) Nohemí “L” y el Delegado Estatal en Sonora del IMSS, Arturo “L” (28 años).

También el representante legal (28 años) y el secretario del Consejo de Administración de la Guardería ABC (28 años); el director de Protección Civil de la Secretaría del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora (28 años) y el director de Bomberos de Hermosillo (28 años).

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La CNDH alerta sobre riesgos y amenazas a la diversidad biológica nacional

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que hay riesgos y amenazas que se ciernen sobre la diversidad biológica en nuestro país y que, de no atenderse, pueden generar la pérdida de un importante porcentaje de recursos naturales como suelos, cuerpos de agua, manglares, fauna en peligro de extinción, bosques, selvas y demás ecosistemas únicos en el mundo.

En ese sentido, manifestó que es indispensable e impostergable que las autoridades ambientales aumenten sus capacidades técnicas para inspeccionar los proyectos que puedan representar un riesgo para la diversidad biológica nacional, además de realizar los estudios correspondientes en materia ambiental con criterios que favorezcan la protección de los recursos naturales.

De acuerdo con la CNDH, entre las principales problemáticas que pudiesen traducirse en una fuente de violaciones a los derechos humanos de carácter ambiental resaltan la minería a cielo abierto, las redes de gasoductos en todo el territorio nacional, la perforación hidráulica o práctica del fracking, construcción masiva de complejos inmobiliarios en zonas o terrenos permitidos y las autorizaciones ambientales sin perspectiva preventiva.

Por lo anterior, con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se conmemora el 22 de mayo, llamó a las autoridades a sensibilizar y generar conciencia entre la población sobre la importancia de la protección de los recursos biológicos del planeta.

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La CNDH demanda al Estado redefinir políticas hacia personas con padecimientos mentales

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, demandó al Estado mexicano redefinir políticas y terminar con la estigmación hacia personas con padecimietos mentales, y en particular atender las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó que los servicios de salud mental se proporcionen, en la medida de lo posible, con base en el consentimiento libre e informado de la persona concernida, garantizar que los tratamientos farmacológicos sean considerados parte del sistema de apoyos, que estén disponibles a bajo costo o sean gratuitos.

Asimismo, que puedan tener mayor acceso a la justicia personas de comunidades indígenas, mujeres y niñas víctimas de violencia y abuso, así como quienes viven con alguna discapacidad.

González Pérez expuso que cerca de 29% de la población mexicana entre 18 y 65 años ha padecido algún problema de salud mental -estimación que puede ser mayor por el desconocimiento del tema-, y que el presupuesto asignado a esta cuestión se acerca al 2% del gasto total en salud y hay un especialista por cada 29 mil habitantes.

En este contexto, el ómbudsman hizo un llamado a generar un cambio para otorgar atención prioritaria a los pacientes, revisar y adecuar las políticas públicas y presupuestarias, así como los marcos normativos correspondientes.

González Pérez participó en la inauguración del Seminario “El Derecho y la Salud Mental”, organizado por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la licenciatura de Ciencia Forense de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Red Temática de Ciencias Forenses. 

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Movimiento de Desaparecidos alerta a la CoIDH sobre el “uso político” que gobierno mexicano da a ley en la materia

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México alertó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el “uso político” que el Estado mexicano ha dado a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En un amicus curie que envió a la CoIDH, el Movimiento detalló que entre las condiciones con las que se aprobó dicha legislación se cuenta “el impulso de las familias y no el resultado de la voluntad política o debida diligencia del Estado”.

El pasado 13 de mayo, el Movimiento -integrado por 55 colectivos de familiares de desaparecidos, 35 organizaciones civiles de 18 entidades federativas y tres países de Centroamérica- remitió a la CoIDH un amicus curie en el contexto del litigio que se sigue contra México en el tribunal regional por la desaparición forzada de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel, los tres de apellido Alvarado, ocurrida en diciembre de 2009 por elementos del Ejército Mexicano.

Los integrantes de la familia Alvarado fueron detenidos por elementos del 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Y, pese a que persisten elementos de la autoría castrense en el caso y que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que se confirmó la participación militar, ante la CoIDH el Estado mexicano ha negado su responsabilidad.

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La CNDH urge frenar estigma y discriminación contra la población LGBTTTI

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a acabar con el estigma y discriminación que enfrentan las poblaciones LGBTTTI que sufre cada vez más la intolerancia de policías, servicios de salud y asociaciones religiosas, que puede derivar en crímenes de odio, falta de oportunidades laborales o problemas familiares y escolares.

En el marco del Día Nacional contra la Homofobia, que se celebra este día, el organismo pidió a autoridades y a la sociedad en general, impulsar una cultura de respeto e inclusión en favor de esa comunidad.

Consideró necesario implementar normas contra la discriminación que incluyan categorías protegidas como: la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. Para ello, abundó, se requiere generar un clima de respeto y establecer sanciones para quienes, desde el servicio público, cometan actos motivados por homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia.

También se requiere armonizar las leyes y normatividad locales con la Constitución General de la República, para que los bandos municipales de policía y buen gobierno y otros reglamentos “no sean utilizados como pretexto para la extorsión y acoso contra poblaciones homosexual, lésbica, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual” que prevalece en México.

De esa manera, subrayó, las autoridades se verán obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con el principio de universalidad, así como a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos fundamentales en los términos de ley.

Asimismo, la CNDH se pronunció en favor del reconocimiento legal de los matrimonios de las parejas del mismo sexo en todo el país y de la aprobación de reformas para el reconocimiento de la identidad de género en los documentos de las personas transexuales y transgénero.

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CNDH emite recomendación a Fiscalía de Veracruz por caso de activista desparecida

Foto: CNDH

Por Redacción/Animal Político

La Comisión ve irregularidades de diversos servidores públicos en la investigación de la desaparición de una activista que colaboraba con organizaciones que brindan acompañamiento a familiares de personas desaparecidas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 4/2018, dirigida al Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, por irregularidades de diversos servidores públicos en la investigación de la desaparición de una activista que colaboraba con organizaciones que brindan acompañamiento a familiares de personas desaparecidas o ausentes en el estado.

Hasta la fecha se desconoce el paradero de la activista y no hay avances para presumir la causa de su desaparición e identificar a los probables responsables.

En un comunicado, la Comisión destaca que acreditó que cinco servidores públicos de la Fiscalía del estado violentaron el derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia, de la víctima y sus familiares, y no investigaron oportunamente la desaparición.

La CNDH solicitó en su momento a dicha Fiscalía General implementar medidas cautelares en favor de la activista desaparecida, para dar con su paradero, se respetaran sus derechos y se brindara seguridad a sus familiares.

Lo anterior, después de que el 25 de marzo de 2016, un portal de noticias publicó en Internet una nota periodística sobre un grupo armado que privó de la libertad a la activista en el local en el que trabajaba. De acuerdo con un reporte del diario Reforma, se trata de la activista Claudia Ivonne Vera García.

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