CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de 12 años de la tragedia en la mina carbonífera de Pasta de Conchos, Coahuila, en la que murieron 65 trabajadores, de los cuales permanecen sepultados 63, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará la responsabilidad del Estado mexicano en la negación de justicia y verdad para las víctimas y sus familiares.
El 24 de febrero pasado, durante el 167 periodo de sesiones llevado a cabo en Bogotá, Colombia, el organismo de derechos humanos de la OEA dio entrada a la petición de los familiares de los mineros víctimas de una explosión en la mina de Pasta de Conchos, en febrero de 2006, informó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
La ONU señaló que en el marco de las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas algunos de los detenidos fueron torturados y se violaron sus derechos humanos para obtener confesiones.
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU exhortó este jueves al gobierno mexicano a perseguir y sancionar abusos y actos de tortura contra detenidos en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.
La oficina del Alto Comisionado en México presentó el informe “Doble injusticia”, que analiza los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de las investigaciones del caso, que desató una ola de indignación en todo el mundo.
El documento precisa que han sido detenidas y procesadas 129 personas y tras analizar 34 casos, el Alto Comisionado encontró “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”.
La noche del 26 de septiembre, estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, se apoderaron en la ciudad de Iguala de autobuses que usarían para sus movilizaciones, pero fueron detenidos por policías locales.
Según la hipótesis oficial, los policías entregaron a los estudiantes al cartel criminal Guerreros Unidos, que los habría asesinado para luego arrojar sus cenizas a un río. Pero expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cuestionado esa versión.
La Procuraduría General (fiscalía) es señalada de manera particular en el informe de las Naciones Unidas, pues se encontró que los casos documentados de violaciones ocurrieron después del 5 de octubre de 2014, cuando las autoridades federales se hicieron cargo de la investigación que inició la fiscalía del estado de Guerrero.
“En todos los casos analizados, los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura”, añade el informe.
Llama sociedad civil mexicana a que el sistema interamericano emita opinión consultiva sobre políticas de seguridad de la región y derechos humanos
Bogotá, Colombia, 02 de marzo de 2018.- Representantes del Colectivo Seguridad Sin Guerra y la Federación Nacional de Ombudspersons manifestaron a las y los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una Opinión Consultiva* y allegar de insumos técnicos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a efecto de resolver mejor los temas de controversia contenidos en la Ley de Seguridad Interior.
Dicho llamado ocurrió por la mañana durante la audiencia temática concedida durante el 167 periodo de sesiones del organismo, realizado en Bogotá, Colombia.
Los peticionarios de la audiencia también solicitaron a la CIDH que exhorte al Estado mexicano a que las discusiones en la SCJN incluyan audiencias públicas como se ha hecho en otros casos de gran relevancia, y que se mantenga al tanto de las discusiones alrededor de la discusión de las controversias y acciones de inconstitucionalidad, así como de los avances las demandas de amparo mencionadas.
Cabe destacar que el colectivo advirtió que se trata de la Ley más impugnada ante la SCJN. Son 23 los recursos que han presentado órganos públicos autónomos, municipios, estados y las minorías legislativas en el Congreso de la Unión: 9 acciones de inconstitucionalidad y 14 controversias, a las que se añaden más de 700 demandas de amparo en todo el país.
Durante la audiencia de forma inédita se proyectó un video del Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, en el que explicó su oposición a la Le y por qué por qué este organismo interpuso la Acción de Inconstitucionalidad. Por su parte, las comisionadas y comisionados sostuvieron que el modelo de seguridad ciudadana es el que mejor respeta los derechos humanos y apoyaron la petición de emitir una opinión consultiva. Se trata de un mecanismo para dar opiniones acerca de la compatibilidad entre leyes internas e instrumentos internacionales.
En sus intervenciones, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva y la Comisionada Flávia Piovesan expresaron sus coincidencias con lo expuesto por los peticionarios y manifestaron su intención de impulsar la solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana.
Las y los integrantes de organizaciones de la sociedad civil expresaron ante el sistema interamericano de derechos humanos que la Ley perpetuará la crisis de violencia y abonará a que siga la impunidad en los casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas, que según un reciente informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) es del 97%.
Entre las múltiples deficiencias de la legislación se acusó la imprecisión en la definición de “Seguridad Interior” y los conceptos asociados a ésta, su sentido contrario a las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, la falta de adecuada tutela a los derechos a la vida y la integridad personales, los riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta, la inexistencia de límites temporales precisos respecto de la vigencia de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y la violación del derecho a la protección de datos personales al obligar a organismos autónomos a entregar información, además de la falta de regulación del uso de la fuerza y de controles democráticos, también viola el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas, el principio de inmediatez en la puesta de disposición, principio de legalidad, principio pro persona y principio de progresividad.
Las y los peticionarios recordaron que la ley se aprobó a pesar de las numerosas recomendaciones de mecanismos internacionales -incluida la propia CIDH- sobre la necesidad de retirar al Ejército de las tareas de seguridad pública, e incluso a pesar de los múltiples señalamientos de las organizaciones de sociedad civil, academia, órganos públicos de derechos humanos y de organismos internacionales sobre el riesgo de legislar en la materia.
#SeguridadSinGuerra
*Reglamento de la Corte interamericana de derechos humanos. Artículo 70.
Los crímenes cometidos contra Nadia Muciño y Lilia García fueron presentados a la CIDH hace 7 y 5 años, respectivamente.
Familiares de víctimas de feminicidio exigen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronuncie sobre dos casos de feminicidio que siguen impunes en México y ya fueron presentados a la CIDH hace varios años.
Este jueves fue lanzada una campaña para que la CIDH se pronuncie sobre la admisibilidad del caso de feminicidio de Nadia Muciño Márquez, quien fue asesinada en el Estado de México el 12 de febrero de 2004 por su concubino y el hermano de éste.
Uno de ellos fue detenido, juzgado y recibió sentencia condenatoria, pero el Poder Judicial mexiquense la revocó y ordenó su libertad. El segundo sujeto permaneció huyendo de la justicia hasta el año 2012, cuando fue detenido y sujeto a proceso, recibió sentencia condenatoria en 2017, pero la impugnó y podría quedar libre en los próximos meses, recordó el el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social en un comunicado.
En 2010, la familia de Nadia presentó el caso ante la CIDH argumentando que muestra cómo la investigación sin perspectiva de género muestra la forma en que el sistema niega la justicia el derecho de acceso a la justicia a las víctimas.
El otro feminicidio es el de Lilia Alejandra García Andrade, perpetrado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 14 de febrero de 2001. Lilia Alejandra tenía 17 años cuando su cuerpo fue encontrado en un lote baldío de esa ciudad presentando signos de violencia y tortura.
El Relator Especial de la ONU sobre libertad de expresión, David Kaye, y el Relator Especial sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, realizarán una visita conjunta a México del 27 de noviembre al 4 de diciembre para evaluar la situación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país, incluido, como cuestión de máxima prioridad, el tema de la seguridad de los periodistas.
“México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo”, dijeron los expertos en una declaración conjunta antes de su visita.
“Los medios de comunicación y sus periodistas enfrentan presiones desde varios frentes. Si bien existe una serie de mecanismos diseñados para protegerlos, el gran número de ataques y la impunidad en la mayoría de los casos muestran claramente que los mecanismos de protección actuales son inadecuados.
“Esta visita nos brinda una oportunidad única para entender qué cambios en el marco institucional, legal y de políticas públicas podrían remediar esta situación. También nos permite evaluar si las recomendaciones hechas por nuestros predecesores en 2010 se han implementado”.
Esta nota se publicó originalmente en Huffington Post México el 14 de septiembre de 2016.
Luego de 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, algunos se preguntan si se podría estar peor.
“Pudieron haber sido tus hijos”. Recuerdo que cuando leí por primera vez esta frase en una manifestación por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el mundo se me vino encima. Y sí, pudieron haber sido mis hijos o los hijos de cualquiera en este país donde hay más de 28 mil personas desaparecidas.
Ya nadie se salva en un lugar donde el ejército y los federales están acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales y tortura como en Tanhuato y Tlatlaya; donde policías disparan a manifestantes como en Nochixtlán. Un México en el que a las comunidades indígenas se les despoja de sus tierras y recursos naturales como en Xochicuautla; donde autoridades detienen arbitrariamente a defensores de derechos humanos por el solo hecho de pelear por lo suyo; donde cada 26 días asesinan a un periodista.
Un lugar, donde el presidente y su esposa obtienen una casa de manos de uno de sus mejores contratistas y no pasa nada; un país donde las parejas del mismo sexo deben ampararse para poder casarse, donde nuestro presidente invita a nuestra tierra al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de que abiertamente ha declarado que los mexicanos somos violadores y criminales.
En resumen, un México con una grave crisis de derechos humanos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Luego de 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, algunos se preguntan si se podría estar peor. El panorama parece difícil de superar, pero sí, lamentablemente mi respuesta es sí, podemos estar peor.
Nos admiramos cuando en Guatemala renunció el presidente Otto Pérez Molina por supuestos actos de corrupción, quisiéramos que aquí se juzgaran a los militares que han cometido algún delito como en Argentina o Chile, pues exijámoslo.
Si no exigimos que esto no vuelva a suceder, que se investigue y sancione a los responsables, que se repare el daño a las víctimas y sus familiares, que se continúe con la búsqueda de las personas desaparecidas, que nuestras autoridades hagan su trabajo y rindan cuentas, y se respete la libertad de expresión, la situación seguirá empeorando.
Ciudadanos y ciudadanas lanzaron una iniciativa en redes sociales para que este 15 de septiembre a las 17:00 horas salgamos a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo y digamos nuestro motivo por el cual creemos que Peña Nieto debería renunciar a la presidencia. Salgamos y elevemos el costo político de la corrupción y de la impunidad. Que las autoridades sepan que los observamos y no estamos de acuerdo con sus acciones. Que votamos por ellos y deben responder por sus actos.
Por más trillado que se escuche, este es nuestro país y somos más los mexicanos y mexicanas trabajadoras y honestas, exijamos respeto.
Cuando era chica, mi abuelita me decía: “al que no habla, Dios no lo oye”. Así que si no quieres que esto siga empeorando, hazlo saber por el medio que decidas, pero no te quedes callado, no te conformes.
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 13 de abril de 2017.
Desde septiembre del año pasado se ha iniciado una “discusión” en materia de seguridad interior, en la cual el punto medular es legalizar la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles, en otras palabras, que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana realicen funciones de Policía Federal, Inteligencia, Ministerio Público entre otras.
Foto: El Informante
En este contexto los partidos políticos han impulsado tres propuestas de Ley de Seguridad Interior, la primera a cargo del senador panista Roberto Gil Zuarth, la segunda encabezada por los diputados priístas César Octavio Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales y por último, en el mes de febrero, la bancada del Partido Verde Ecologista de México hizo lo propio.
Después de realizar un análisis a las propuestas encontramos los siguientes puntos críticos:
–Controlar actos de resistencia no agresiva: en esta redacción poco clara, bien cabrían las manifestaciones pacíficas, violando claramente la libertad de expresión.
–Investigación y persecución de los delitos: si bien en los proyectos se manifiesta que el apoyo sería en caso de que las autoridades se encuentren superadas, en este sentido las agencias encargadas de estas funciones tienen enormes cargas de trabajo y deficiencias estructurales, por lo que en una visión operativa desde ya se encuentran rebasadas.
–Intervención de comunicaciones privadas: esto faculta a las Fuerzas Armadas a que puedan escuchar llamadas, ver mensajes de texto, revisión de redes sociales y correo electrónico, etc.
–Localización geográfica en tiempo real: es decir, que puedan conocer en dónde te encuentras en todo momento.
–En la propuesta impulsada por el PRI, “Hacer uso de cualquier método de recolección de información”: preocupa que en un proyecto de seguridad se utilicen redacciones tan vagas y confusas, mismas que podría permitir que se cometan actos ilícitos al margen de la ley.
Aunado a estas propuestas, el Presidente Enrique Peña Nieto en los últimos meses ha iniciado una campaña mediática vanagloriando a las Fuerzas Armadas y descalificando a quienes las critican, aun cuando es conocimiento público que en el desarrollo de algunas de sus actividades se han violado derechos humanos, lo que demuestra una intención clara por diversos actores políticos en pasar en este periodo ordinario una ley de seguridad interior.
Al comienzo del texto entrecomille discusión, y es que al menos entre los partidos políticos que impulsan estos proyectos y presidencia el fin: legalizar la participación de las Fuerzas Armadas, es un punto en acuerdo, lo que está sujeto a debate es el cómo hacerlo.
Es importante aclarar que las funciones que se establecen en los diversos proyectos no es algo que las Fuerzas Armadas no hagan ahora, sin embargo, legalizar su participación redimensionaría su injerencia en conflictos civiles, algo que la historia ha demostrado como nocivo para las sociedades, solo habría que echar un vistazo a Latinoamérica.
En relación con lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que “las fuerzas armadas son entrenadas para la defensa de un país contra un enemigo externo, por lo cual carecen del entrenamiento adecuado para cumplir con la misión de hacer cumplir la ley, tarea para la cual se requiere trabajar conjuntamente con las y los habitantes del país. Por ello, es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas”.
Dando seguimiento a esta idea, proponemos que la discusión debería centrarse en cómo mejorar a las diversas corporaciones policiacas del país, en Cencos hemos pensado puntos mínimos para iniciar este proceso:
-Mejorar los salarios.
-Mejorar la infraestructura.
-Reformas a leyes y reglamentos.
-100% de transparencia y rendición de cuentas.
-Capacitación constante y de calidad.
-Mejores condiciones laborales.
-Lo anterior aunado cero impunidad.
En síntesis, no queremos a las fuerzas armadas en las calles porque esas no son sus funciones, ni están preparadas para ello, y se ha demostrado que su intervención en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos.
La sociedad deber ser informada y considerada en la toma de esta decisión, la aprobación de una ley de este tipo modificaría radicalmente el rol entre autoridades y ciudadanos. No hay que olvidar que quienes ahora nos venden “seguridad” son los culpables de esta crisis de violencia e impunidad.
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 16 de marzo de 2017.
“Un crimen de Estado no es algo que se tenga que manejar. Habrá que esperar a las investigaciones”, Jimmy Morales, Presidente de Guatemala. Bajo esta premisa el funcionario ha dejado en claro su posición respecto de las 40 niñas fallecidas el ocho de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Para ser sincero, era de esperarse esta postura mediocre, pues el irónicamente llamado “hogar seguro” es dependiente de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, en otras palabras, el desarrollo de este centro está ligado casi directamente con su cargo. Y aun cuando ya fue destituido el titular de la secretaría, Carlos Rodas, el presidente debería ser vinculado en los procesos judiciales.
Una pieza clave en las investigaciones deberá ser por qué cuando en enero de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado información sobre las condiciones del centro y sobre las denuncias de trata, las autoridades nunca respondieron.
Este silencio representa una clara omisión por parte de las autoridades, pues de alguna forma la CIDH ya había puesto en el radar las condiciones que podrían estarse suscitando en este centro, mismas que lejos de atenderse fueron ignoradas.
Es necesario precisar que el término crimen de Estado, no se encuentra establecido en ningún tratado internacional, por lo que no existe un precepto que se tome como base para determinar si un hecho es o no un crimen cometido por el Estado, sin embargo, en este caso es evidente que quien corren a cargo del cuidado de las menores es una institución estatal, por lo que hay un vínculo claro sobre la responsabilidad.
Realizando un análisis sobre las funciones que realiza el centro, encontré que el objetivo es muy amplio y conjuga a menores que están sumergidos en problemáticas muy distintas, de acuerdo con la página web de la secretaria antes mencionada, la finalidad es dar “atención personas de entre cero y 18 años víctimas de violencia física, psicológica y sexual, con discapacidad leve, abandono, niñez en situación de calle, con problemática adictiva, víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial, laboral o económica y adopciones irregulares”.
Nota: La Noticia En Guatemala
Bajo la premisa anterior, el solo hecho de estar internado en el “hogar seguro” podría significar una violación a los derechos fundamentales, ya que es casi imposible que las menores accedieran a atención especializada, por lo que su estancia se reduciría en una especie prisión.
En este sentido, la CIDH en su informe el derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas ha manifestado que “debido a las precarias condiciones en las que se encuentran la mayoría de instalaciones, en términos sanitarios, higiénicos, de seguridad y hacinamiento, que no son compatibles con el objetivo de protección y cuidado”.
Como sociedad es indispensable seguir de cerca estos hechos y solidarízanos, no porque se susciten en otro país debemos de dejar de exigir justicia y sanción a los culpables, el derecho de niñas y niños trasciende fronteras, no debe vivir una tragedia más.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que existen avances en materia de derechos de las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans (LGBT) en México “establecidos en normas y en decisiones”; sin embargo, puntualizó que el reto es su implementación por lo que llamó al Estado mexicano a “cumplir un rol activo de promoción” de estos derechos en la sociedad y en las instituciones.
En la Audiencia 163 del periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, Francisco Eguiguren, presidente de este organismo, indicó que “se trata no sólo de hacer formación y capacitación con los funcionarios y claramente de investigar y sancionar a aquellas autoridades, fuerzas del orden, policías, jueces que mantengan prácticas de discriminación o violencia, pero hay que hacer un trabajo muy fuerte con la sociedad, en la escuela, en los medios de comunicación masiva en favor del respeto a la diversidad, a la orientación sexual, a la libertad y a la identidad”.
Esmeralda A. de Troitiño, relatora de la CIDH, en su participación indicó la falta de garantías para “la exigibilidad. ¿Cómo vamos a exigir alcanzar estos derechos?”.
Francisco Eguiguren subrayó los actos de violencia contra esta población, no sólo en México sino en América Latina, y recalcó la urgencia de registros estadísticos de crímenes por prejuicio. “En nuestro informe sobre violencia contra las personas LGBTI en las Américas, se constata que a pesar de estos avances existe una situación social real de continuidad de muchos de estos actos de ensañamiento, crímenes, odio, prejuicios, discriminación, impunidad, invisibilidad por falta de estadísticas de este tipo de casos, de registro específico”.
En este sentido, las organizaciones que participaron en la audiencia representados por José Luis Gutiérrez Román de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL); Fátima Gamboa Estrella, de EQUIS Justicia para las Mujeres; Jessica Marjane, de la Red de Juventudes Trans; Laura Hernández, coordinadora del Consultorio Virtual de Derechos Humanos y Servicios Legales, de Letra S, y Óscar Ramírez Siordia, quien fue privado cinco años de su libertad por el homicidio de su pareja, dijeron que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial, sólo por debajo de Brasil, en cuanto al mayor número de homicidios por prejuicio respecto de la identidad o expresión de género de las personas.
