Una familia muere durante enfrentamiento entre la Marina y grupo armado en Nuevo Laredo

Por Redacción / PROCESO

Efectivos de la Secretaría de Marina mataron a una familia cuando atacó desde un helicóptero a un grupo armado que había sorprendido en tres ocasiones sucesivas a elementos de la Armada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la madrugada del domingo.

Según el diario El Mañana de Nuevo Laredo, las víctimas fueron el padre, de 25 años; la madre, de 28; y dos niñas de 6 y 4 años, quienes circulaban a las 02:20 horas por la carretera a Piedras Negras, Coahuila, para ir a su casa en la colonia El Nuevo Progreso.

En la tarde del domingo, la Marina informó únicamente que en las emboscadas murieron un marino y 13 más resultaron heridos, en lo que es una de las peores agresiones sufridas por esa fuerza armada en lo que va de la guerra contra el narcotráfico.

La Marina también dijo que cuatro presuntos atacantes habían muerto cuando elementos que llegaron de refuerzo repelieron los ataques.

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Emite CNDH recomendación a Coahuila por “masacre de Allende”

Foto: Sanjuana Martínez/Archivo La Jornada

Por Redacción/La Jornada

Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a autoridades federales y de Coahuila por violaciones graves a derechos humanos que se dieron durante los días 18 a 20 de marzo de 2011 en el municipio de Allende, de esa entidad, cuando miembros del cártel Los Zetasirrumpieron en dicho territorio, privaron de la libertad al menos a 300 personas, a quienes al parecer ejecutaron, destruyeron 40 residencias y siete ranchos.

El organismo nacional determinó que para concretar esta llamada “masacre de Allende” los criminales habían contado con el apoyo de policías del municipio, además de que hay sospecha por diversos testimonios que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habrían presenciado los hechos sin hacer nada al respecto, por lo que en la recomendación se pide a la Procuraduría General de la República (PGR) indagar a fondo estos señalamientos.

La CNDH rememoró que fue gracias a diversas publicaciones periodísticas, difundidas entre enero, febrero y mayo de 2014, cuando este evento trascendió a escala nacional. Además que a partir de 2016, también gracias a los medios de comunicación, se dio cuenta del control que Los Zetas tuvieron del Centro Penitenciario Varonil en Piedras Negras, entre 2009 y 2012, también en Coahuila.

Diversos testigos protegidos por el gobierno de Estados Unidos, entre ellos algunos ex miembros de Los Zetas, han dado cuenta ante tribunales de aquel país de lo sucedido en Allende en aquel marzo de 2011. Hablan de una supuesta venganza de los entonces líderes del cárte, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, El Z40 y El Z42, quienes habrían sido delatados por miembros de la banda cuyas familias vivíano esta ciudad.

La CNDH encontró que en informes emitidos por el Colegio de México, la Universidad de Texas y la Federación Internacional de Derechos Humanos, aparecen diversas imputaciones, en actas de procesos judiciales estadunidenses, formuladas por testigos protegidos del gobierno de ese país, en contra de servidores públicos federales, de Coahuila y de los municipios de Allende y Piedras Negras, respecto de sus vínculos con miembros de Los Zetas, “situación que, deberá ser valorada e investigada por las instancias de procuración de justicia respectivas, en razón de sus competencias”, determinó el organismo.

Las 300 personas privadas de la libertad y muchos de ellos desaparecidos desde entonces, fueron llevados según los reportes, al rancho Los Garza, donde de acuerdo a testimonios habrían llegado soldados del Ejército mexicano.

“De las constancias que la CNDH se allegó, obran dos declaraciones que mencionan que servidores públicos de la Sedena, presenciaron los hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo de 2011, sin embargo, no se contó con mayores elementos que pudieran acreditar el dicho de los testigos; además se advirtieron imprecisiones en los informes relativos a la fecha y hora en la que elementos del Ejército mexicano se constituyeron en el rancho Los Garza. En consecuencia, este organismo nacional estima que la Procuraduría General de la República, deberá iniciar una investigación al respecto, y en caso de advertirse la comisión de algún delito, ejercer la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables.

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Ser joven y transitar por carretera, los mayores riesgos para ser víctima de desaparición en Coahuila

Foto: Cencos

Por Redacción/Animal Político

De acuerdo con el Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México, el 79% de los casos en Coahuila, las víctimas continúan desaparecidas, el 3% aparece sin vida y solo el 2% aparece con vida.

Ser joven y transitar por carreteras o caminos, es un peligro, pues representa el mayor riesgo para ser víctima de desaparición, al menos en el estado de Coahuila, de acuerdo con un informe del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México.

El informe señala que los jóvenes son el sector poblacional con mayor probabilidad de ser desaparecidos, también las personas que se encuentran en tránsito por las carreteras del estado, ya sea por su ocupación o por su condición de migrante.

Hasta la fecha, el Observatorio cuenta con un registro de 729 casos de desapariciones en la entidad.

Las desapariciones ocurrieron entre los años 2001 y 2017 y muestran una distribución que aumenta notablemente a partir de 2008 y tiene su máximo en el año 2011 con 179 casos. Luego se produce un progresivo descenso hasta el año 2017 con 8 casos registrados.

Las desapariciones se dan principalmente en 17 de los 38 municipios de la entidad, los de mayor incidencia son Piedras Negras (38%), Saltillo (23%) y Torreón (14%), que coinciden con las ciudades más pobladas del estado.

Las desapariciones en Coahuila han afectado a diferentes regiones entre los años 2009 y 2014, pero la más afectada fue la región fronteriza conformada por los municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Durante los años 2010, 2011 y 2012 fue la región que más desaparecidos.

Los casos de desapariciones se concentran en el rango entre los 17 y los 37 años. La media general es de 29 años y el valor que más se repite es 26 años.

De los registros sobre desaparición analizados en este informe, existen 44 casos de víctimas entre 1 y 17 años distribuidas en 33 hechos. De ellas, 30 son hombres y 14 son mujeres.

El promedio de edad es de 13 años, sin embargo las edades más frecuentes se acumulan entre los 15, 16 y 17 años. Salvo el caso de un niño estadounidense, el resto de las víctimas son mexicanas.

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Instalan Antimonumento por los 65 mineros de Pasta de Conchos

Foto: Somos el medio

Por Redacción/Somos el medio

Organizaciones y familiares de los mineros exigen al gobierno de la CDMX respete la memoria

Ciudad de México, 18 febrero de 2018. – « ¡A UNA VOZ, RESCATE YA! » es el grito de miles de personas que se reunieron esta tarde para pedir justicia por los 65 mineros fallecidos en 2006 dentro de la mina Pasta de Conchos en Coahuila. Sus familiares y amigos se reunieron para exigir justicia y que no se repitan catástrofes como esta. 

En México más de tres mil trabajadores han muerto en minas de carbón, 65 fallecieron el 19, febrero de 2006 en Coahuila dentro de la mina Pasta de Conchos, propiedad del GRUPO MÉXICO. Los cuerpos de 63 de ellos siguen en el socavón pese al pedido de sus familiares. Ademas, la misma empresa tampoco ha devuelto los restos de Félix Scheevoigth, quién murió en 1973.

Para rendir un homenaje a todas estas víctimas como a sus familiares, que todavía no pueden estar de luto por causa de la negligencia de los poderes estatales, miles de personas acudieron a la marcha que inició en el Hemiciclo a Benito Juárez hasta llegar a las instalaciones de la La Bolsa Mexicana de Valores donde los manifestantes colocaron un Anti-monumento en memoria de los mineros fallecidos, « porque la vida vale más que todas las empresas, acciones y negocios » dice el folleto del evento.

El Obispo de Saltillo, Raúl Vera, fue el encargado de ofrecer una ceremonia religiosa  para homenajear a los mineros muertos, pero también a todos los desaparecidos, como los 43 de Ayotzinapa o las más recientes víctimas de Atenco.

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Un reportero del periódico Zócalo es agredido y detenido mientras hacía su trabajo en Coahuila

Por Redacción/Sin embargo

“¡Gánchalo, a ese también nos lo vamos a llevar!”, alcanzó a escuchar Sigifredo de la Cerda, del periódico Zócalo, mientras lo agredían y pedía ayuda a otros policías municipales que se hallaban en el lugar, aunque nadie acudió en su auxilio; el lunes 21 de agosto, luego estar detenido por 15 horas, a Sigifredo le avisaron que sobre él recaían las acusaciones de haber golpeado a un oficial y de poner resistencia a ser arrestado.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El pasado domingo 20 de agosto, agentes ministeriales de Sabinas, Coahuila, detuvieron arbitrariamente, incomunicaron e impidieron realizar su labor informativa al reportero Sigifredo de la Cerda, del periódico Zócalo.

De acuerdo con Artículo 19, de la Cerda siguió a dos patrullas que vio pasar hasta la calle de Nueces, en la Colonia San Antonio, en donde ya se encontraban dos unidades de policía, una de ellas de la Investigación Estatal.

Sigifredo observaba la labor de los policías: los agentes de las patrullas que recién llegaron acudieron de inmediato con un grupo de personas que discutían con compañeros suyos de Investigación Estatal.

Los uniformados entraron con uso de la fuerza a una casa para someter a sus ocupantes, mientras el periodista los seguía para tratar de tomar algunas imágenes, sin embargo fue descubierto y un elemento le dijo que no podía fotografíar, por lo que Sigifredo tuvo que mostrar su identificación, narró en entrevista el fotoreportero.

“Cuando corro detrás de los policías, veo que irrumpen a la fuerza a una casa y comienzan a tratar de someter a los ocupantes. Un oficial me dice que no esté tomando fotos; de inmediato me identifiqué como reportero de Zócalo, pero me dijo que en un rato me pasaban las fotos de los detenidos.”
El periodista quiso continuar con su labor desde afuera de la casa: captó cómo un policía apuntaba con un arma de fuego en la cabeza de uno de los habitantes; fue descubierto otra vez y enfrentado por un elemento, quien golpeó su cámara.

“Desde afuera de la casa alcancé a observar que un policía al interior de la vivienda encañonaba a una persona. Tomé fotografías del hecho y de inmediato un oficial volvió a decirme que no tomara fotografías, esta vez de una manera más agresiva, manoteándome hacia la cámara y tirando golpes”.
“¡Gánchalo, a ese también nos lo vamos a llevar!”, alcanzó a escuchar de la Cerda mientras lo agredían y pedía ayuda a otros policías municipales que se hallaban en el lugar, sin embargo nadie acudió a auxiliarlo.

Su cámara y su celular, herramientas de trabajo del reportero, fueron objeto de jaloneos ya que policías querían quitárselas, mientras dos unidades lo mantenían acorralado.

Lo comenzaron a asfixiar sujetándolo del cuello con el brazo; de acuerdo con la declaración del periodista y con una imagen, la agresión la habría perpetrado un solo hombre.

Sigifredo de la Cerda también contó que cuando era asfixiado por el oficial, otro aprovechaba para golpear sus testículos; finalmente le quitaron su equipo de trabajo, los esposaron y trasladaron al Ministerio Público de Sabinas, Coahuila.

Una vez en el Ministerio, las autoridades le cuestionarion que por qué no traía su chaleco con la leyenda “PRENSA”, ya que sin ese, le argumentaron, no pudieron reconocerlo.

De la Cerda fue fotografiado frente a una manta de la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila “además de que le negaron en todo momento comunicarse con cualquier persona para avisar que estaba detenido y sin la posibilidad de ir al baño”.

El lunes 21 de agosto, luego estar detenido por 15 horas, a Sigifredo le avisaron que sobre él recaía la acusación de haber golpeado a un oficial y por poner resistencia a ser arrestado.
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Cada 15.7 horas, un periodista es atacado en México | 2017: 6 meses, 6 asesinados | Es la impunidad: A19

Por Redacción/Sin embargo

El aumento de 23 por ciento en las agresiones contra la prensa mexicana en el primer semestre de 2017 es un un reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a los periodistas, destaca el informe “Violencia contra la prensa en México”, realizado por Artículo 19.

La organización internacional expone que durante los primeros seis meses de este año fueron asesinados seis periodistas, mientras que tres más sufrieron tentativas de homicidio.

En México, plantea, se ataca a un periodista cada 15.7 horas y entre enero y junio de 2017 se reportaron 1.5 agresiones diarias. Además, expone, 50.7 por ciento de esos atentados fueron cometidos por funcionarios públicos. Los estados con mayores agresiones registradas son la Ciudad de México, Veracruz y Coahuila.

En las últimas horas, el periodista de El Universal Héctor de Mauleón ha sido amenazado de muerte. Otra vez. Lleva meses con amenazas, pero el Gobierno local y el federal han sido incapaces de dar con sus agresores. Y eso es sólo un reflejo de lo que está pasando en México.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– La organización internacional Artículo 19 (A-19) documentó que en el primer semestre de este año se produjeron un total de 276 agresiones contra periodistas en México, incluyendo seis asesinados y uno que se encuentra desaparecido. Esa cifra total representa un aumento de 23 por ciento, respecto a la registrada en el primer semestre de 2016, que cerró con 218 casos.

En las últimas horas, el periodista de El Universal Héctor de Mauleón ha sido amenazado de muerte. Otra vez. Lleva meses con amenazas, pero el Gobierno local y el federal han sido incapaces de dar con sus agresores. Y eso es sólo un reflejo de lo que está pasando en México.

En los primeros seis meses del año, la y los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Javier Valdez y Jonathan Rodríguez fueron asesinados con armas de fuego y a plena luz del día.

Para la publicación de este informe, la organización también incluyó en su reporte dos asesinatos más: el de Edwin Rivera, periodista migrante, ocurrido el 9 de julio en Acayucan, Veracruz, y el de Luciano Rivera, ocurrido el 31 de julio en Playas de Rosarito, Baja California.

También documentó tres tentativas de asesinato a Sonia Córdova, Julio Omar Gómez y a un periodista del cual se reservó su identidad.

De acuerdo con el informe “Violencia contra la prensa en México”, en el país se ataca a un periodista cada 15.7 horas y entre enero y junio de 2017 se reportaron 1.5 agresiones diarias y, además, expuso, 50.7 por ciento de esos atentados fueron cometidos por funcionarios públicos [con 140 de los 276 atentados].

Para Artículo 19, en su división México y Centroamérica, las cifras que hoy se revelan son “un reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a la prensa”.

En el periodo de referencia, la organización –que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas– identificó tendencias que permiten reconocer que en México la violencia contra la prensa se agudiza en diversas regiones, y qse acentúa de manera importante en los periodos previos a las elecciones federales de 2018 y posteriores a las celebradas este año.

Ese es el caso de estados como Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, en donde han aumentado las agresiones de manera considerable con respecto a años anteriores.

En este sentido destacó el caso de Coahuila, entidad sujeta a un proceso electoral complejo en el período analizado, y que reflejó un incremento de agresiones de 325 por ciento.

Esa entidad del norte del país ocupa ahora el tercer lugar con más agresiones contra la prensa, sólo por debajo de la Ciudad de México y Veracruz, ambos estados con 28 agresiones registradas.

En su informe del primer semestre de este año, Artículo 19 citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su alerta sobre la violencia contra la prensa en la cobertura de comicios.

“Los procesos electorales están íntimamente vinculados a la libertad de expresión e información, ya que para que los ciudadanos puedan llevar adelante sus decisiones en el momento de votar es indispensable que cuenten con la mayor cantidad de información posible. Para esto, es crucial que los hechos, las ideas y las opiniones circulen libremente. Sin lugar a dudas, el modo más común que tienen los ciudadanos de informarse en la actualidad es a través de los medios de comunicación de masas”, plantea la CIDH.

Sin embargo, alertó la Organización No Gubernamental (ONG), en México la tendencia muestra que, en un contexto electoral, las agresiones provenientes de integrantes o simpatizantes de partidos políticos aumentan, con una intención clara de reducir esos flujos de información que puedan derivar en el veto ciudadano o la exigencia de rendición de cuentas.

“Como se ha señalado en numerosas ocasiones, la falta de garantías democráticas en México provoca que la cobertura en contextos de protesta y electorales se convierta en un riesgo para las y los periodistas. Las elecciones y la protesta son ejercicios básicos y fundamentales dentro de una democracia y su cobertura se considera un discurso especialmente protegido. De esta manera, el aumento de agresiones en este contexto refleja las fallas institucionales de fondo en un país que se encuentra lejos de consolidarse como una democracia. Asimismo, corrobora la intencionalidad de los perpetradores de restringir el flujo efectivo de información de interés público”, expuso el informe.
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ONG acusan ante Corte Internacional crímenes de lesa humanidad de policías y Zetas en Coahuila

Por Redacción/Sin Embargo

Más de 100 organizaciones mexicanas publicaron hoy un informe, que presentará mañana ante la Corte Penal Internacional , en el que documentaron la colusión de Los Zetas con autoridades gubernamentales de Coahuila para cometer delitos como tortura y desapariciones forzadas entre 2009 y 2016, por lo que pidieron que se abra un expediente preliminar sobre México. Los hermanos Moreira, Humberto y Rubén, han gobernado Coahuila de 2005 a 2017, periodo en el que se cometieron dichos crímenes.

Diferentes investigaciones periodísticas y testimonios de víctimas dan cuenta de que las autoridades gubernamentales estaban al tanto de lo que ocurría en la entidad, incluso, mencionan una estrecha relación con Los Zetas.

De acuerdo con el testimonio de un ex miembro en una Corte de San Antonio, Texas, Estados Unidos, difundido en 2016, este grupo criminal habría financiado la campaña del ahora Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés.

El mexicano identificado como Adolfo Tavira declaró que observó a Los Zetas preparar una camioneta Chevrolet Suburban repleta de dinero en efectivo destinada para apoyar a Rubén.
“Se hicieron algunas contribuciones de campaña para el Gobernador”, testificó Tavira, de acuerdo con el diario San Antonio Express News.

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Humberto Moreira desvió millones a una empresa fantasma y fue exonerado por su hermano

Por Redacción/Sin embargo

El empresario radiofónico, Rolando González, aseguró haber recibió millones de dólares del Gobierno de Coahuila, a través de la empresa Construcciones Chavana, supuestamente creada por Humberto Moreira Valdés para el desvío de recursos públicos.

De acuerdo con el diario Reforma, González aseguró ante una corte de Texas que de 2006 a 2009 cobró un total de 49 millones 369 mil pesos que le fueron pagados por la oficina del director general de Gasto Público a la empresa identificada como “proveedora”.

Apenas ayer el periódico mexicano dio a conocer que el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, exoneró desde mayo de 2015 a su hermano Humberto, acusado de presunto fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el expediente por el que fue exonerado Moreira, la investigación del Gobierno de Coahuila detectó pagos por cerca de 50 millones de pesos realizados en 2010 a una empresa fantasma de Nuevo León. Pero la Procuraduría señaló que en el periodo que señala el empresarioRolando González no se encontraron reportes de transferencias provenientes de las finanzas del estado.

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Inicia exhumación de 458 cuerpos en Coahuila

Por Redacción/La jornada

Familiares de personas desaparecidas y especialistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado iniciaron este lunes la exhumación del primero de 458 cadáveres sin identificar, depositados por las autoridades en fosas comunes de las distintas regiones del estado.

Además, se iniciará el proceso de identificación de otros tres cuerpos que la subprocuraduría para la investigación y búsqueda de personas no localizadas en Coahuila tiene en resguardo en Piedras Negras.

“Después de un proceso largo y acucioso de documentación y capacitación de los especialistas, iniciamos la primera jornada de exhumaciones en fosas comunes hoy 17 y mañana 18 de abril. Se exhumará uno de los 458 cuerpos no identificados en el estado de Coahuila del periodo 2006-2017”, informó el Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, a nombre de agrupaciones de personas desaparecidas.

Una vez asegurados, los restos humanos se trasladarán a los laboratorios forenses que la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene en Saltillo, donde se hará el proceso de identificación.

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