Coahuila – Centro Nacional de Comunicación Social AC

19 febrero, 202220 febrero, 2022

El desplome en Pasta de Conchos cumple 16 años con el inicio de la búsqueda de los mineros sepultados

Imagen: Twitter @PBI_Mexico

Redacción/Animal Político

Las familias de los mineros señalan que continuarán exigiendo verdad, justicia, medidas de no repetición y el rescate de los restos de sus allegados.

Este sábado se cumplen 16 años de la tragedia en la mina de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, donde 65 de los 73 mineros que laboraban en ese momento murieron sepultados.

A pesar de que este aniversario coincide con el inicio de los trabajos para recuperar los cuerpos, las familias de las víctimas siguen esperando justicia pues aún no pueden recibir los restos de los mineros y el rescate aún parece lejano.

Fue el 19 de febrero de 2006 cuando la mina de carbón de Pasta de Conchos sufrió una explosión atribuida a una acumulación de gas metano. La mina, propiedad de Grupo México, se vino abajo y 65 mineros fueron sepultados; después de las primeras labores, solo dos de los cuerpos pudieron ser recuperados.

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7 septiembre, 20217 septiembre, 2021

La Corte decide: Nunca más se criminalizará a quien decida abortar

Imagen: Twitter @ISBeauvoir

Redacción/Animal Político

Con la invalidación del artículo 196 del Código Penal de Coahuila, se establece un criterio obligatorio para todos los jueces del país.

Con unanimidad de 10 votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto para las mujeres y las personas con capacidad de gestar.

Esto significa que ninguna jueza o juez podrá encarcelar a quien decida abortar.

El Pleno de la Corte invalidó el Artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila que imponía la pena de hasta tres años de cárcel a la mujer o persona gestante que se practicara un aborto, o a la persona que le ayudara con su consentimiento.

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28 junio, 202128 junio, 2021

Personas y organizaciones de la sociedad civil condenamos los asesinatos contra defensores de la tribu Yaqui y periodistas en Coahuila, Oaxaca y Estado de México

Cencos/Espacio OSC

En el mes de junio, al menos dos personas defensoras de derechos humanos y tres periodistas fueron asesinados en México.
Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las víctimas y familiares de la violencia, y exigimos de las autoridades de gobierno garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión.
Ante este contexto de violencia, es necesario impulsar una política pública integral de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Junio, 28, 2021, México. Las personas y organizaciones firmantes nos solidarizamos con las víctimas y sus familias, y condenamos los asesinatos, ataques y amenazas sistemáticas en contra de personas defensoras de derechos humanos, en especial quienes defienden la tierra y el territorio, y contra periodistas y medios independientes en el país.

Los homicidios en Sonora cometidos en contra de los defensores del agua y el territorio Tomás Rojo, tras días de estar desaparecido y de Luis Urbano Domínguez, ambos pertenecientes a la tribu Yaqui, así como de los periodistas Saúl Tijerina en Coahuila, Enrique García en Estado de México y Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca, este último beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas; reflejan los riesgos a los que están expuestos en México quienes defienden derechos humanos y la libertad de expresión. Además, exponen la ausencia de medidas y políticas por parte de las autoridades federales, estatales y municipales para prevenir y sancionar los ataques a la vida, integridad y labor de las personas defensoras y periodistas.

La falta de campañas de reconocimiento sobre la defensa de derechos humanos; ausencia de investigaciones y sanciones penales a las agresiones previas; poca coordinación entre instituciones de los tres niveles de gobierno para garantizar la labor de personas defensoras y periodistas; falta de debida diligencia en la realización de análisis de riesgo e implementación de medidas de protección, en especial con enfoque de género, colectivo y comunitario; y la ausencia de políticas de seguridad dirigidas a la desarticulación de bandas criminales, son algunas de las falencias identificadas que han posibilitado que personas defensoras y periodistas no cuenten con condiciones seguras para poder realizar su labor.

Frente a la continuación de violencia, ataques físicos y homicidios cometidos contra personas defensoras y periodistas, que han evidenciado la profundización de la crisis y violencia en materia de derechos humanos en el actual contexto de COVID-19 y post-electoral, exigimos a las autoridades federales, estatales, municipales y entes autónomos implementar acciones dirigidas a la creación de entornos seguros para la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico, así como omitir cualquier acción que inhiba el ejercicio de los derechos de estas poblaciones.

Recomendamos la generación de mesas de trabajo con participación de autoridades con facultades para prevenir, proteger, investigar y reparar el daño, así como de personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que permita reactivar el diálogo en torno a la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos presentado en Diciembre de 2020.

Exigimos a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a combatir la impunidad investigando diligentemente los asesinatos cometidos contra personas defensoras y periodistas. Urge que se lleven a cabo las investigaciones conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y con base a buenas prácticas en materia de delitos cometidos en contra de personas defensoras, que partan de la hipótesis de su labor de defensa e información.

También exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones establecidas en el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En tanto el Mecanismo siga siendo la única respuesta del Estado Mexicano, es conditio sine qua non fortalecerlo.

Por último, solicitamos a las Relatorías de libertad de expresión y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, de la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pedro Vaca, Irene Khan,Mary Lawlor y Joel Hernández Garcia, continuar la observancia sobre la situación en México, y les exhortamos respetuosamente a pronunciarse respecto a la situación de violencia y la necesidad de políticas eficaces para garantizar el derecho a defender y de ejercicio de libertad de expresión.

Para contacto de medios

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas

contacto@espacio.osc.mx

@EspacioOSC

Personas firmantes

Ángeles Hernández Alvarado, Alejandro Castro, Araceli Osorio Martínez, Témoris Grecko, Amarela Varela Huerta, Profesora investigadora UACM, Elsa Ángeles Vera, Adriana Mújica M, Manuel Alejandro Castro Flores, Rosa María Rodríguez Quintanilla, Arely Orozco Rolón, Rosario Patricia Rodríguez Rodríguez, Estrella Pedroza, Juan Castro Gessner, Elia Regina Basurto Ríos, Concepción Peralta Silverio, Nantzin Saldaña Escobar, Raquel Cervantes Alday, Vania Pigeonutt, Ma de Jesús Alvarado Balleza, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Red Nacional de Peritos y Expertos independientes contra la Tortura, Edith Escareño Granados, Dolores Soto, Rossana Ramírez Dagio, Yaredh Marín Vázquez, Gloria Careaga Pérez, Gloria Guadalupe Flores Ruiz, Rosa Isela, Dolores Soto, Camelia Muñoz Alvarado.

Organizaciones de derechos humanos y redes de la sociedad civil

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Amnistía Internacional México, Aluna Acompañamiento Psicosocial, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cimige, A.C, Centro Universitario Comunal «ity Ndyaa Ndoo», Colectiva Sobrevivientes de feminicidio en México, Red de Trabajadoras de la Educación SNTE, Ojos de Perro vs la Impunidad A.C, Campo, A.C, La Tribuna de Toluca, Voces Irritilas, A.C, La Talacha Noreste, periódico digital, El Aguijón Medios,, El Aguijón Medios, The Observer, Periodismo y Verificador del Discurso Público, Colectivo Ambiental Guanajuato,, Red Nacional Género y Economía, Espacio libre independiente Marabunta A.C, Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual, Las Vanders, Organización Familia Pasta de Conchos, 4pnoticias, Observatorio de Designaciones Públicas, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

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2 septiembre, 2019

Rescate en Pasta de Conchos es viable

Sididh/ Somos el medio

Ciudad de México, 02 de septiembre de 2019. La Organización Familia Pasta de Conchos y el Centro Prodh saludaron el anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que durante la lectura de su informe señaló que expertos internacionales dictaminaron que el rescate en Pasta de Conchos es viable y que los trabajos iniciarán pronto.

El 19 de febrero de 2006, la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, en Coahuila, sufrió una explosión agravada por las condiciones deplorables de seguridad; 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. El lugar tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000; sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran.

Las labores de rescate quedaron a cargo de Grupo México, empresa dueña de la mina. El 4 de abril del año 2007, después de rescatar únicamente dos cuerpos y en una decisión sin precedentes en el resto del mundo, la poderosa minera decidió suspender el rescate argumentando que se ponía en riesgo a los rescatistas. Para las familias y sus organizaciones acompañantes, la razón de esta suspensión sería que, de ser rescatados los cuerpos, se evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la mina y esto acarrearía sanciones penales, económicas e incluso el retiro de las concesiones de la empresa.

Desde entonces, las familias han luchado contra la corriente exigiendo el rescate de sus familiares y el esclarecimiento de lo sucedido. A la fecha no existe una investigación activa ni se había demostrado voluntad política para hacer el rescate. Ello obligó a las familias a acudir en 2010 a la CIDH, acompañadas por el Centro Prodh, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y la Organización Familia Pasta de Conchos.

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31 enero, 2019

Protestan por vertedero de residuos industriales en Coahuila

Redacción/La Jornada

Saltillo, Coah. Policías estatales dispersaron a unos 100 manifestantes que se oponen al funcionamiento de un vertedero de residuos industriales en el ejido Noria de la Sabina, en General Cepeda, y durante más de seis horas mantuvieron bloqueos y el cierre a la circulación de vehículos en los dos sentidos de la autopista de cuota entre Saltillo y Torreón.

Los campesinos y habitantes de Noria de la Sabina y otros ejidos cercanos al confinamiento de residuos industriales de la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, Sociedad Anónima (Semnsa), emplazaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a que de inmediato cierre del establecimiento que desde hace cuatro años recibe y confina aceites y otros residuos de las industrias.

Los campesinos aseguraron que durante la campaña presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a revisar los permisos que dependencias del gobierno federal emitieron a favor de la compañía, la cual es propiedad de la familia Calvert, de Saltillo, pues advirtieron que tanto los empleados de la empresa, como familias vecinas padecen enfermedades debido al contacto con productos químicos y basura industrial.

Los manifestantes bloquearon primero los carriles de la carretera libre y después llevaron la protesta a la autopista de cuota, que estuvo cerrada a la circulación desde las 12 horas de este miércoles. El bloqueo de la vía fue a la altura del kilómetro 32.

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6 septiembre, 20186 septiembre, 2018

La CNDH emite recomendación a la Semar por la tortura de 17 personas en 5 estados

Redacción/Sin Embargo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 29/2018, a la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República, por el caso de 32 marinos que torturaron a 17 personas, además señala a 17 agentes del Ministerio Público federal fueron omisos en el acceso a la justicia de las víctimas.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).-La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó la detención arbitraria, retención ilegal y tortura de 17 personas, a menos de elementos de la Secretaría de Marina(Semar). Los hechos ocurrieron en los estados de Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

La CNDH emitió una recomendación a la Semar, y a la Procuraduría General de la República (PGR), por las violaciones graves a los Derechos Humanos de las víctimas. La recomendación 29/2018 emitida por el organismo señala a 32 elementos de la Semar y a 17 agentes del Ministerio Público que habrían sido omisos en las investigaciones de los delitos.

La CNDH indica que la actuación de las autoridades del Ministerio Público constituye una violación del derecho al acceso a la justicia. 17 agentes dilataron u omitieron el inicio de las investigaciones penal correspondientes por el probable delito de tortura.

De acuerdo con los datos de la recomendación, la CNDH recibió entre 2013 y 2017 las quejas de las víctimas y sus familiares, además de información derivada de visitas formuladas por autoridades ministeriales y jurisdiccionales.

Con dichas visitas, se procedió a la integración de 12 expedientes, incluidos en la recomendación, donde se acreditó que después de su detención, las víctimas fueron trasladadas a instalaciones de la Semar, donde fueron agredidas y permanecieron bajo custodia de “elementos aprehensores”.

La recomendación se dirige principalmente a la Semar porque: “los hechos se encuentran relacionados con una práctica constante en la que los elementos navales realizan detenciones de personas alegando supuestos casos de flagrancia o denuncias anónimas que derivan en actos violatorios de derechos humanos”, señala el documento.

La CNDH indica que la actuación de los marinos transgredió los derechos a la libertad, integridad y seguridad jurídica y personal de las 17 víctimas, 4 de las cuales son mujeres y 13 son varones.

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30 mayo, 2018

Claman justicia tras el asesinato del periodista Héctor González Antonio

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Reporteros de Tamaulipas, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, así como la CNDH y el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, condenaron y exigieron justicia tras el homicidio del periodista Héctor González Antonio –colaborador de Grupo Imagen y Excélsior– ocurrido en Ciudad Victoria, y cuya muerte eleva “a 136 los comunicadores asesinados desde el año 2000”.

En un comunicado dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la Red de Periodistas del Noreste consideró que “la muerte de nuestro colega Héctor González Antonio nos pone nuevamente de luto y en alerta”.

También describe que González Antonio lucía golpes “y fue hallado sin zapatos ni camisa, lo cual revela circunstancias violentas en torno a su fallecimiento, que ocurre cuando todavía no se marchitan las flores de las coronas de Alicia Díaz, asesinada en Monterrey la semana pasada”.

Además, los integrantes de la Red de Periodistas del Noreste “demandamos de las autoridades de Tamaulipas y al gobierno federal una investigación clara y a fondo sobre el asesinato del corresponsal del periódico Excélsior”.
Además, “exigimos mantener las garantías necesarias para el ejercicio de nuestra profesión”.

Por su lado, la CNDH dijo que solicitó a las autoridades de Tamaulipas medidas cautelares para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de los familiares de Héctor González, “brindarles la contención emocional que sea necesaria y realizar una investigación inmediata allegándose de las evidencias para determinar la responsabilidad del crimen, analizando en todo momento la línea vinculada con su labor periodística”.

También confirmó que personal de la CNDH se trasladó a Victoria para brindar atención a familiares de la víctima y realizar las primeras diligencias del caso.

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8 mayo, 2018

¿Quién desaparece al “cerillo” de una tienda, de 16 años? Pues pasó. La madre lo busca hace 7 años

Por Redacción/Sin embargo

Cosme Humberto trabajaba como empacador de una tienda en Torreón, Coahuila. La tarde del 5 de mayo de 2011, el menor fue a comprar ropa a una tienda y desde entonces no se sabe nada de él.
Marisela, la madre, no ha dejado de buscar a su hijo aunque las autoridades, lejos de ayudarla, la tratan de desanimar: primero le dijeron que él se había ido por su voluntad sin darle mayores argumentos y, a la fecha, no le han dado avances del caso.

Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).- Cosme Humberto Alarcón Balderas tenía 16 años la última vez que fue visto por sus padres en Torreón, Coahuila. Salió del trabajo, fue a una tienda y ya no se supo más de él.

Este 5 de mayo se cumplieron siete años de la búsqueda que su madre Marisela Balderas emprendió para dar con su paradero ante la “indolencia” de las autoridades. Y esa lucha le ha traído el deterioro de su salud y el divorcio.

Cosme cursaba el primer semestre en la preparatoria técnica y laboraba, medio tiempo, como “cerillo”, en la tienda City Club. El dinero que ganaba lo usaba para pagar sus estudios y ayudar a sostener a su familia

“Era un joven con ilusiones, con muchas ganas de vivir. Deseaba ser ingeniero en maquinas y herramientas, esa era su mayor ilusión”, comenta la señora Marisela.

Era un jueves. No hubo clases por ser feriado. A las tres de la tarde Cosme Humberto salió de su casa rumbo a la supermercado ubicado a 15 minutos de su hogar.

“Yo le marcaba [a su trabajo] y le preguntaba cómo estaba, me mantenía al pendiente. Esa vez él contestó que estaba bien: Me dijo: ‘estoy aquí en el trabajo, estoy ocupado, permíteme’”, recuerda la madre.

Dieron las cinco de la tarde. Una prima de Cosme llamó a Marisela para decirle que el joven aparecía conectado en Facebook. Marisela insistió, pero no obtuvo respuesta de su hijo mayor.

Avanzó el día. A las 6:30 de la tarde, el adolescente tomó la llamada de su mamá:

–Mamá, estoy ocupado –recuerda Marisela que fueron las últimas palabras que escuchó de Cosme.

Habitualmente, el chico entregaba las ganancias a su familia, salvo cuando tenía gastos de escuela . En esa ocasión le comentó a su madre que no podría cederle el dinero porque quería comprarse una camisa y, de paso, avisó que llegaría a su vivienda a las 8 de la noche –un poco más tarde de lo usual–, ya que primero iría por la prenda.

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23 abril, 201823 abril, 2018

Denuncian ataque contra la casa de Las Abejas de Acteal

Por Redacción/La Jornada

San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que “personas armadas atacaron el sábado la sede de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y permanecen amenazando la vida, seguridad e integridad de mujeres, niñas y niños en su mayoría”.

En una “acción urgente”, informaron que desde las 18:45 horas “se comenzaron a escuchar disparos de armas de fuego en los alrededores de Acteal, municipio de Chenalhó”, por lo que mujeres, hombres, niñas y niños corrieron a refugiarse”.

“Los disparos se escuchaban salir desde la casa de Javier Luna Pérez, integrante del Partido Verde Ecologista de México” (PVEM), afirmaron los integrantes del centro.

Según testimonios de un integrante de Las Abejas de Acteal, “ayer nos hizo muy presente la masacre; revivimos nuestro dolor, porque quienes destruyeron el alambrado y la casa, han seguido la forma como actuaron los grupos paramilitares el 22 de diciembre de 1997, para desalojarnos. No sólo actuaron desde la carretera, también se escucharon disparos cerca del río”.

El organismo que preside el obispo de Coahuila, Raúl Vera López, dio a conocer que a las 23:16 horas, aproximadamente, “el grupo armado comenzó a destruir la casa que Las Abejas, habían construido a orillas de la carretera. En ese momento ya eran aproximadamente 15 personas, entre ellas Antonio Gómez, presidente del Consejo Pacifista Sembradores de Paz”, quienes “dispararon a un foco del alumbrado público, quedando a oscuras la zona”.

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13 abril, 201813 abril, 2018

Colectivos de familiares de desaparecidos logran acuerdos con la Segob

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La modificación del acuerdo de adscripción de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la apertura de un espacio para las familias de desaparecidos en la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el impulso de la iniciativa en materia de declaración de ausencia por desaparición fueron algunos compromisos que colectivos de familiares de desaparecidos acordaron con el secretario de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida.

De acuerdo con Yolanda Morán Isais, de Fuerzas Unidas pro Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), y Lucía Díaz Genao, del colectivo Solecito de Veracruz –ambos del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México–, en la reunión de casi una hora con el funcionario federal, decenas de familiares de desaparecidos le expresaron sus inconformidades por no dar continuidad a los acuerdos sostenidos con la anterior administración de proveer de las facultades necesarias a la CNB para garantizar la efectiva búsqueda de las víctimas del flagelo.

“Lo único que exigimos es que cumpliera lo que los familiares ya veníamos trabajando desde hace años. No se trata de ninguna concesión. Yo le dije al secretario ‘usted sólo tiene dos opciones: ser el malo de la película que no hizo nada para que se implementara la ley o que en el último tramo del sexenio le echó todos los kilos para avanzar”, contó Morán, madre de Dan Jeremeel Fernández, desaparecido por militares en 2008 en Torreón, Coahuila.

El encuentro de este jueves con Navarrete Prida –quien estuvo presente menos de una hora y luego dejó al mando al subsecretario Rafael Avante– fue el resultado de una reunión previa con el titular de la Segob en Coahuila la semana pasada.

Según Yolanda Morán, el objetivo principal de la junta era concretar el compromiso que en la entidad norteña hizo el secretario de modificar el acuerdo por el que se adscribía a la CNB bajo la tutela de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

“Él se quiso disculpar diciendo que creía que dejando a la CNB por debajo de la CNS las familias íbamos a contar con la Policía Federal para realizar el trabajo de búsqueda. Pero nosotros le recordamos que la misma ley dice que la CNB tendrá amplias facultades de coordinación nacional y que, con el equipo anterior, habíamos quedado en que no se iban a tomar decisiones sin nosotros”, apuntó.

La activista explicó que entre los puntos expuestos por los familiares estuvieron las preocupaciones por la falta de implementación en los estados de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

De acuerdo con dicha legislación, cada entidad federativa debe contar con un área específica de investigación de casos de desaparición dentro de las fiscalías o procuradurías, una comisión local de búsqueda y un consejo ciudadano, apuntó Morán.

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