Desaparecer al Conadis romperá pactos internacionales, dice el ombudsman

Redacción / La Jornada

La desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), como plantearon funcionarios a organizaciones civiles, generaría una afectación directa a los derechos de quienes viven con algún tipo de invalidez, quienes históricamente han sido víctimas de discriminación y estigmatización por parte de la sociedad, lo que les impide el acceso al ejercicio pleno de sus garantías fundamentales en condiciones de igualdad con el resto de la población, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Subrayó que el Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con lo que adquirió el compromiso a escala internacional de proteger, promover y asegurar el disfrute y ejercicio ciudadano de este sector para lograr su plena inclusión en la sociedad.

Por ello, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez dirigió un oficio al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas Rodríguez, con copia a la titular de la SG, Olga Sánchez Cordero, con siete consideraciones en relación al reciente anuncio de la posible desaparición del Conadis.

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CNDH pide medidas cautelares por ajuste presupuestal a estancias infantiles

Redacción/El Financiero

Entre las medidas, el organismo pidió garantizar y salvaguardar la integridad y seguridad de los responsables y trabajadoras de estancias así como pagar los apoyos correspondientes a enero y febrero.

Foto: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a autoridades federales la implementación de seis medidas cautelares para impedir la posible violación a los derechos humanos de niñas y niños, ante el ajuste presupuestal de casi 50 por ciento al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos.

Por ello se plantea generar acciones que eviten la violación de los derechos de los menores con motivo del ajuste y su modificación en la forma de asignar los apoyos económicos, privilegiando el interés superior de la niñez.

También, llamó a implementar acciones preventivas para garantizar y salvaguardar la integridad y seguridad de las personas responsables y trabajadoras de estancias infantiles que han sido amenazadas, agredidas y hostigadas ante las acusaciones de corrupción.

Además pidió que se realice el pago de los apoyos de enero y febrero, en los términos en que operaba en 2018; una disculpa pública de las autoridades federales “por haber difamado y acusado de corruptas y de operar irregularmente a las responsables de las estancias infantiles”, pues dañó su imagen y reputación.

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CNDH emite recomendación por detenciones arbitrarias en Aguascalientes

Redacción / Notimex / El Sol de México

Foto: La Jornada

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 17VG/2019 a autoridades de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, por violaciones graves a las garantías fundamentales.

El organismo detalló que tras analizar las pruebas del expediente de queja, la CNDH acreditó que personal de dicha dependencia incurrió en detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles e inhumanos contra personas detenidas.

Se trata de por lo menos nueve detenciones arbitrarias, así como daños a la integridad personal por tortura en 14 casos, afectación a la seguridad e integridad en dos, así como daños en integridad sexual por tortura y violencia sexual en tres, además de violación al derecho de acceso a la justicia en 19.

Detalló que de los 186 casos que la CNDH investigó, en diversas ocasiones la Policía Ministerial detuvo arbitrariamente a las víctimas y pretendió justificar su arresto.

En la mayoría de los casos las personas detenidas eran trasladadas a las instalaciones de la entonces Procuraduría de Justicia estatal, a un espacio con características de gimnasio, donde eran atadas de manos y pies, y sometidas a tortura y vejaciones.

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Sufren desplazados olvido en Chiapas

Redacción / Agencia Reforma / El Zócalo

Foto: Facebook Frayba Derechos Humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que los tres niveles de gobierno incurrieron en omisiones para prevenir los actos de violencia que derivaron en el desplazamiento forzado de aproximadamente 5 mil 266 personas originarias de distintas comunidades de los Municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas.

El organismo concluyó que debido a que las autoridades no les garantizaron ayuda inmediata, el desplazamiento forzado obligó a las víctimas a refugiarse en 11 campamentos en los que se vulneraron sus derechos humanos, como el acceso a los servicios de salud, a la asistencia humanitaria y a la seguridad personal.

El desplazamiento forzado se enmarca en los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2017, cuando varias personas ingresaron al Municipio de Chalchihuitán con armas de fuego, dispararon contra la población y ocasionaron la muerte de una persona.

Tras estos hechos y en medio de un conflicto interno por la propiedad de las tierras, miles de habitantes de las comunidades de Canalumtic, Pom, Ch´enmut, Bololchojón, Bejeltón, Tulantic, Cruztón, Cruz Cacanam y Tzomoltón dejaron sus hogares y buscaron refugio en otras zonas.

De acuerdo con la Recomendación 87/2018 de la CNDH, los desplazados se refugiaron en condiciones precarias.

Por ejemplo, el campamento “Bejelton II”, ubicado al interior de la montaña y a 30 minutos de la cabecera municipal de Chalchihuitán, albergaba a 159 personas que dormían en el suelo bajo una carpa de 10 por 10 metros hecha con palos de manera y plástico negro, y dado que carecían de agua potable, baños o letrinas, realizaban sus necesidades fisiológicas en los alrededores.

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Emite CNDH recomendación por migrante herido en Guanajuato

Redacción / La Jornada

Foto: Jacciel Morales/Proceso

En junio de 2013, un integrante del Servicio de Protección Federal (SPF) disparó por la espalda contra un migrante centroamericano de 23 años de edad, lo cual provocó lesiones que le ocasionaron parálisis de por vida.

Los hechos ocurrieron en Apaseo el Grande, Guanajuato, cuando la víctima viajaba junto con 10 centroamericanos más en el tren rumbo a la frontera con Estados Unidos; al descubrir la presencia de los uniformados, los migrantes corrieron para evitar ser detenidos. Los elementos de Protección Federal Ferroviaria, pertenecientes a la entonces Comisión Nacional de Seguridad, los persiguieron, uno abrió fuego e hirió al joven.

Por este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al gobierno de Guanajuato, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Procuraduría General de la República, pues acreditó la violación a la seguridad jurídica, a la integridad personal, a recibir atención derivada de su condición de víctima y de acceso a la justicia en su modalidad de procuración.

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Dependencias aceptan recomendación de CNDH sobre uso de plaguicidas

Redacción/La Jornada

Foto: María Luisa Severiano/La Jornada

Ciudad de México. Las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Agricultura y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aceptaron la Recomendación 82/2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por el “incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad”.

Después de valorar los términos de la recomendación, las referidas dependencias “comparten la relevancia de sus fines, velando por el goce y el ejercicio de los derechos humanos a la alimentación, el agua salubre, un medio ambiente sano y a la salud”.

Por ello, “cada una en el ámbito de su competencia y atribuciones, así como con estricto apego a las normas y procedimientos que constituyen su marco jurídico de actuación, ejecutarán las acciones de planeación, coordinación, regulación, colaboración y capacitación que derivan de dicha recomendación”.

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La CNDH emite recomendación por violencia contra 20 estudiantes en dos estados y la CDMX

Redacción/Proceso

Foto: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó actos de violencia física, psicológica o por negligencia u omisión contra 20 estudiantes menores de edad ocurrido en diez escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas, de Hidalgo, Tabasco y la Ciudad de México.

En un comunicado, el organismo informó que la recomendación 86/2018 fue dirigida al secretario de Educación Pública, al presidente de la Junta de gobierno del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), al secretario de la Función Pública y al gobernador de Tabasco.

La CNDH informó que, tras investigar nueve expedientes de queja respectivos, acreditó violencia escolar ejercida por docentes o autoridades escolares en contra de niñas, niños y adolescentes, y en otros se observó violencia entre los mismos alumnos que aumentó ante la inadecuada supervisión de los docentes.

Los hechos ocurrieron en distintas fechas y planteles: en la Ciudad de México detectó tres agresiones en preescolares privados, cuatro en escuelas primarias públicas y una en una secundaria pública.

También detectó agresiones en un preescolar comunitario del Conafe en el Estado de Hidalgo, y una más en una secundaria pública de Tabasco.

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Ordenan a PGR dar versión pública de averiguación por caso Tlatlaya

Redacción/La Jornada

Foto: Facebook INAI

Ciudad de México. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer versión pública de la averiguación previa del caso Tlatlaya SEIDO/UEITA/174BIS/14, así como del expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que los organismos garantes de transparencia, como el INAI, deben asumirse como corresponsables de los procesos de justicia transicional.

“Debemos ejercer nuestras atribuciones para garantizar la disponibilidad de información pública para que tanto autoridades como población estén informados, tengan un lenguaje común, confíen entre ellos y muestren disposición para sentarse a la mesa de diálogo a pesar de las tensiones y antagonismos. El Inai debe resolver cuando un sujeto obligado de la administración pública federal, como en este caso que expongo, interpretan erróneamente la excepción a la reserva de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos”, enfatizó.

Una particular solicitó las actas, investigaciones, denuncias y cualquier otro documento relacionado con los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.

En respuesta, la PGR puso a disposición, previo pago de costos de reproducción, la versión pública de la averiguación previa del caso, así como el expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación de la CNDH.

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Guardia Nacional no garantiza revertir ilegalidad, impunidad y corrupción: CNDH

Redacción/Aristegui Noticias

Luis Raúl González Pérez dijo ante diputados que la propuesta del Ejecutivo es “parcial e incompleta”.

Foto: Twitter @CNDH

“Entregar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter militar, no garantiza en modo alguno que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que México enfrenta”, afirmó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Durante su intervención en la reunión con los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en la que se discute la creación de la Guardia Nacional, González Pérez aseguró que la propuesta del Ejecutivo es una “respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad”.

“No podemos empezar a depositar la garantía directa de los derechos, dentro de nuestro sistema constitucional, en órganos o estructuras militares (…) la primacía de las instancias civiles sobre las militares no podemos verla como un mero postulado teórico”, dijo el ómbudsman nacional.

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CNDH llama a prever mecanismos ante posibles nuevos éxodos migrantes

Redacción/La Jornada

Foto: @CNDH

Existe una alta probabilidad de que el fenómeno migratorio visto durante las masivas caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica vuelva a repetirse, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe prever un mecanismo de seguimiento y acción inmediata para trabajar de manera coordinada con las instituciones nacionales de defensa de las garantías fundamentales de los países involucrados.

Así lo consideró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al participar en las audiencias públicas por el 170 periodo de sesiones del organismo regional, que se celebraron en Washington. El quinto visitador de esa instancia nacional, Édgar Corzo Sosa, presentó ante los comisionados un informe sobre la situación y atención que se ha brindado a las casi 10 mil personas que formaron parte del éxodo migratorio.

El organismo nacional solicitó a la CIDH desarrollar un análisis que permita identificar y atender desde una óptica de derechos humanos los factores que producen la migración de amplios grupos de personas en sus países de origen, para ofrecer alternativas a la migración; realizar una visita de monitoreo a las fronteras de México con Estados Unidos (norte) y con Guatemala(sur) para identificar las condiciones de acceso y situación en general que prevalecen.

También, elaborar una guía, lineamientos o protocolo para regular el uso de la fuerza cuando sea requerido, guardando la proporcionalidad y atendiendo la vulnerabilidad de las personas migrantes; considerar la necesidad de acciones inmediatas de respuesta y atención ante eventuales sucesos de flujo intenso como el de una caravana y evaluar la adopción en esos momentos de medidas cautelares por la CIDH.

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