Ciudad de México | Desinformémonos. «Nos presentamos ante ustedes con nuevos Caracoles y más municipios autónomos rebeldes zapatistas en nuevas zonas del sureste mexicano», así como con Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista recién creados en el territorio autónomo de Chiapas, con lo que sumarán 12 caracoles con sus Juntas de Buen Gobierno, anunció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en un comunicado.
«Son 11 Centros nuevos, más los 5 caracoles originales, 16. Además los municipios autónomos originales, que son 27, total de centros Zapatistas son 43», explicó el Subcomandante Moisés, quien señaló que los nuevos territorios zapatistas son producto de «años de trabajo silencioso, a pesar del cerco, a pesar de las campañas de mentiras, a pesar de las difamaciones, a pesar de los patrullajes militares, a pesar de la Guardia Nacional, a pesar de las campañas contrainsurgentes disfrazadas de programas sociales, a pesar del olvido y el desprecio».
Por otra parte, el EZLN convocó al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) a compartir y buscar propuestas para las problemáticas de los pueblos indígenas y sus luchas en el «Foro en defensa del territorio y la Madre Tierra», a realizarse en octubre, así como llamó a La Sexta y a las redes de apoyo al EZLN a iniciar el análisis y discusión para la formación de una Red Internacional de Resistencia y Rebeldía, Polo, Núcleo, Federación, Confederación, «o como se llame, basada en la independencia y autonomía de quienes la formen».
La llamada “estrategia de contención” de indocumentados aplicada por México tras el acuerdo migratorio con EEUU, está llena de “contradicciones”, “eufemismos” y hasta “violaciones al derecho internacional”, alerta Enrique Vidal, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba.
“Se ha legitimado el uso de armas de fuego para el arresto de migrantes y su detención ha terminado incluso en fallecimientos en estaciones migratorias, como la muerte de un haitiano” ocurrida la semana pasada en la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, afirma Vidal.
Migrantes haitianos que se encuentran detenidos denunciaron a las organizaciones que agentes del INM les han llamado “perros”, “pendejos”; les ofrecen alimentos y agua en mal estado y les limitan deliberadamente el acceso al baño.
La muerte del haitiano Maxene Andre, que no recibio atención médica, deja ver que la política del actual gobierno en la materia está propiciando violaciones graves de los derechos humanos de los migrantes, en el mismo tono que ocurría en administraciones anteriores, afirmó Jorge Andrade, miembro del Instituto para la Seguridad y la Democracia.
Alrededor de 200 personas partidistas participaron la tarde del sábado 10 de agosto en la destrucción de tres casas de integrantes de las Abejas de Acteal, en el Barrio Río Jordán, de la colonia Miguel Utrilla. Los Chorros, en el municipio de Chenaló, denunció Juan Vázquez Luna, presidente la la Organización Civil las Abejas de Acteal.
“Como mesa directiva de la Organización Las Abejas, hemos pasado la información al presidente municipal de Chenaló, y al síndico municipal. Le hemos dicho que queremos una solución para que no sigan estos actos violentos, y hasta el momento no ha dado ninguna respuesta, por tanto los responsabilizamos de estos hechos violentos y a los gobiernos estatal y federal de lo que pueda seguir ocurriendo en el Barrio Río Jordán”, denunció Vázquez Luna.
La primera acción de violencia mencionan Las Abejas, se dio en casa de Alonso Giménez Méndez, a las 4:54 pm; lo pasaron buscando e informaron que lo seguirían buscando hasta encontrarlo. La segunda acción violenta es a las 5:06 pm, cuando amenazan con quemar la casa de Alonso Giménez Méndez, y después continuaron con su búsqueda, añadieron los también integrantes del Congreso Nacional Indígena en videoconferencia desde Acteal.
Noé Jiménez Pablo y José Santiago Álvarez fueron secuestrados, torturados y asesinados el 17 de enero en Amatán, Chiapas.
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Alberto Pradilla/ Animal Político
Deisy Domínguez López tiene 32 años, es madre de tres hijos y es viuda.
Su pareja era Noé Jiménez Pablo. El 17 de enero fue secuestrado, torturado y asesinado en Amatán, Chiapas, junto a su compañero José Santiago Álvarez. Ambos participaban en un plantón contra el gobierno municipal de Manuel de Jesús Carpio Mayorga, cuando hombres armados se los llevaron. Sus cuerpos aparecieron un día después en el vertedero, a tres kilómetros del lugar, con señales de violencia.
Deisy Domínguez habla con voz suave, dubitativa. Tiene tres hijos a los que criar. Solo dos de ellos saben que su papá fue asesinado. El otro es demasiado pequeño. Pero algún día preguntará. Y Domínguez le contará que fue un defensor de Derechos Humanos, miembro del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común en Amatán, y dirigente del Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala, a quien estar incluido dentro del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no le salvó de morir asesinado.
Durante meses recibió amenazas. Al final, las amenazas se cumplieron. Sus asesinos están en la calle. Y su familia, según Domínguez, solo recibe el apoyo de sus compañeros. Ella trabaja en el campo y apenas le alcanza para alimentar cuatro bocas. Por si fuera poco, tras el asesinato ella también recibió amenazas.
El crimen permanece impune. Como la mayoría de crímenes que se perpetran en México, no hay detenidos. Según el abogado Leonel Rivero, que representa a las familias de las víctimas, se giraron varias órdenes de captura hace dos meses. No ofrece más datos. No quiere entorpecer la investigación haciendo públicos los nombres de los acusados, que siguen en libertad a pesar de estar señalados. Pero dice que se han señalado autores tanto materiales como intelectuales.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, además de otras violaciones a derechos humanos, en cinco casos de presos integrantes del Pueblo Tsostil, en reclusión en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 05, en San Cristóbal de Las Casas y No. 10, en Comitán de Domínguez, Chiapas, México.
Adrián Gómez Jiménez, Juan de La Cruz Ruiz, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, en el CERSS No. 05; y Marcelino Ruiz Gómez, en el CERSS No. 10 se encuentran en ayuno como parte de las acciones civiles y pacíficas de protesta que iniciaron el 15 de marzo de 2019, en demanda de su libertad inmediata. Durante más de 4 meses han denunciado públicamente la Tortura durante su detención, violaciones al debido proceso en la investigación, tratos crueles en sus condiciones carcelarias, violaciones a su derecho a la protesta, así como riesgo a su salud y vida.
Estas cinco historias forman parte de 20 denuncias públicas de Tortura, de las cuales 13 casos (1) se encuentran en registro de atención, en la Fiscalía Contra la Tortura, (Fiscalía) perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, desde el 1 de abril de 2019.
El Comité Cerezo México informa que, el 30 de agosto del 2019, aproximadamente a las 11am en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, nos sumamos junto con otras organizaciones de derechos humanos, sociales y periodistas a la caravana de observación y documentación de derechos humanos, la cual tuvo como finalidad conocer la situación que vive la comunidad indígena de Rio Florido, Municipio de Ocosingo, Chiapas, perteneciente al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y poder dialogar con la comunidad.
Foto: Comité Cerezo México
Antecedentes:
La comunidad de Rio Florido nace en 1991, tras la lucha y la recuperación de las tierras de los indígenas, hoy, agrupados en el FNLS. Durante 18 años la comunidad ha enfrentado desalojos, hostigamientos y graves violaciones a los derechos humanos. La lucha por la propiedad colectiva de la tierra ha sido una de las principales demandas que hasta la actualidad no se ha resuelto por falta de voluntad política del Estado.
La comunidad de Rio Florido, como integrante del FNLS desde su existencia, ha sido solidaria con la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, libertad presos políticos y justicia en los casos de ejecuciones extrajudiciales.
Como consecuencia de la lucha del FNLS, la organización ha sufrido graves violaciones derechos humanos. Ejemplo de ello, en los últimos 4 años, han sucedido los siguientes hechos:
7 de noviembre de 2015, intento de ejecución extrajudicial de tres miembros del FNLS en la CDMX.
12 de enero de 2016, intento de ejecución extrajudicial de un menor de edad en Ocosingo.
5 de marzo de 2016 desaparición forzada de Fidencio Gómez Santíz en Ocosingo.
28 de febrero de 2017 ejecución extrajudicial de Humberto Morales menor de 13 años de edad en el Carrizal, Ocosingo, Chiapas.
29 de junio 2017, 13 detenidos en Tuxtla durante una manifestación exigiendo la exhumación en el caso de Humberto.
24 de septiembre de 2017, detención arbitraria de Rodolfo García Gómez, del ejido Nuevo Guadalupe, Venustiano Carranza, Chiapas.
19 de junio de 2019 Ejecución extrajudicial de Mario Moreno López de la Comunidad 20 de junio, del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas.
La demanda de verdad y justicia no ha sido atendida por el gobierno del estado de Chiapas ni por el Gobierno Federal.
El 12 de junio del 2019, tras 12 días de plantón y una reunión cancelada por parte del gobierno federal, una comisión de diversas organizaciones populares y de derechos humanos, incluido el FNLS fue atendido por el Lic. Alejandro Encinas, quien a su vez estuvo acompañado de Josefina Bravo Rangel, comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de la SEGOB; Neftalí Granados, Asesor de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Félix Santana, Director General de Estrategias para la atención de Derechos Humanos. En dicha reunión se hizo entrega formal a las autoridades de las demandas de verdad y justicia; y se dio conocimiento de la grave situación que se vive en el estado de Chiapas respecto a las violaciones a los derechos humanos y se solicitó la intervención de subsecretaria de gobernación para resolver la situación en la que viven las comunidades organizadas pertenecientes al FNLS.
La omisión por parte del gobierno federal al no atender y establecer mesas de trabajo con el FNLS para resolver las graves violaciones a los derechos humanos contribuye a que, lejos de sentar las bases para resolver las demandas del FNLS, éste recurra al derecho a la protesta social y sea víctima de la represión estatal.
A su vez, existen más de 11 carpetas de investigación en contra de grupos paramilitares y fuerzas policiales del estado de Chiapas por graves violaciones a los derechos humanos en contra de integrantes del FNLS sin que hasta la fecha existan avances en las investigaciones ni la sanción correspondiente a los autores materiales e intelectuales de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, hostigamiento e intentos de violación en contra de dicha organización.
La situación actual:
18 de julio de 2019 ocurrió la desaparición forzada de Javier González Díaz de la Comunidad 20 de junio, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, el cual 27 horas después fue presentado por la autoridad municipal con evidentes señas de tortura y tras haberlo trasladado a 5 lugares distintos antes de su presentación. Javier, actualmente está preso acusado de robar una moto, cuando no sabe manejar ni bicicleta.
Este hecho causó el inicio de las protestas por parte de las comunidades que integran el FNLS.
Del 20 al 23 de julio fuerzas policíacas, violando el derecho humano a la protesta, desalojaron violentamente las manifestaciones de difusión que miembros del FNLS realizaban para informar sobre los hechos descritos.
28 de julio de 2019 en la carretera que comunica Ocosingo-Altamirano ocurrió un intento de homicidio en contra de Domingo Gómez Sántiz y Juan Calixto Gómez Sánchez, el primero recibió el impacto en su brazo, el segundo en el plexo solar.
El día 23 de julio con la participación del Ejército mexicano y la Guardia Nacional se establecieron de manera permanente Bases Operativas Mixtas (BOM) en las cercanías de las comunidades del FNLS para inhibir el derecho humano a la protesta.
A partir del 24 y hasta la fecha, el Gobierno de Chiapas ha lanzado una campaña de criminalización en contra de los miembros del FNLS, amenazando que tiene abiertas 111 carpetas de investigación desde el año 2015 y que aplicará el Estado de derecho, al mismo tiempo declaraba que agotaría un diálogo simulado.
Nuevamente el 28 de julio el Gobierno de Chiapas abrió una mesa de diálogo, sin llegar a acuerdo alguno, ya que no es una mesa que decida nada, sino que sólo aduce que tiene que preguntar y no avanza el diálogo.
El 30 de julio nuevamente hubo comunicación por parte del Gobierno estatal sin que se hay fijado nueva fecha de reunión con el FNLS.
La demanda de libertad de Javier González Díaz es la petición central del FNLS
Foto: Comité Cerezo México
La visita a Rio Florido
El 30 de julio aproximadamente a las 12:00 del mediodía como caravana de Observación y documentación logramos visitar la comunidad de Rio Florido.
Debido a las firmas de apoyo a la caravana y la presencia de ésta, la policía fue replegada de las carreteras a las cabeceras municipales de Altamirano y Ocosingo, así durante el trayecto no se observó presencia policiaca alguna.
Al arribar a Rio Florido fuimos recibidos principalmente por ancianos, mujeres y niños, ya que nos explicaron existe el temor de que, en cualquier momento, la autoridad incursione en la comunidad y reprima.
Pudimos conocer de viva voz el testimonio de la hija del preso Javier González Díaz y el temor por parte de miembros de la comunidad por los vuelos rasantes del helicóptero y drones sobre la comunidad y de los efectos que han tenido los gases lacrimógenos en los niños y niñas de la comunidad en cada incursión policiaca y militar.
En la comunidad viven aproximadamente 80 familias y aproximadamente 250 niños y niñas, las cuales se encuentran en riesgo.
Cuando la caravana salió de regreso a San Cristóbal de las casas, nos informaron que, en Ocosingo, aproximadamente a las 3 pm fue cortada la señal de celular e internet, a dicha cabecera municipal la caravana arribó a las 4:00 pm y durante un mitin de denuncia que presenciamos, ahí la cantidad de policías vestidos de civil tomando fotografías y video lo consideramos hostigamiento.
Como Comité Cerezo México hemos insistido reiteradamente al Gobierno Federal y al Gobierno Estatal que tienen que mostrar voluntad política para resolver los graves problemas que aquejan a las comunidades y que las graves violaciones a los derechos humanos aunada a la falta de interlocución han derivado en el agravamiento de la actual situación.
Creemos firmemente que la solución a los problemas sociales no es la represión política, sino la solución a las demandas que originan la protesta social. Estaremos al pendiente del curso de los acontecimientos y seguiremos documentando las violaciones a los derechos humanos.
Por último, el Comité Cerezo México, organización de Derechos Humanos agradece a todas las organizaciones y personas que firmaron por la solicitud para que se privilegie el diálogo y no la represión como mecanismo para resolver el conflicto en Río Florido, Chiapas, y por las garantías de seguridad de los integrantes de la Caravana de observación derechos humanos que se realizó el día 30 de julio del presente año y en la que participaron integrantes del Comité Cerezo México, gracias a su firma la Caravana de observación y documentación no registró incidentes mayores.
Les pedimos estar atentos al desarrollo de los acontecimientos en la comunidad de Río Florido, Ocosingo, Chiapas y agradecemos su solidaridad y preocupación por la integridad de los defensores de derechos humanos del Comité Cerezo México que participaron en la Caravana.
Premio de la Paz de Aquisgrán 2012 (Aachener Friedenspreis) “Por que ser defensor de los derechos humanos no es sinónimo de terrorista” Contactos: Coordinación / Educación ☎ (55) 56559465 / Cel. (55) 10472031
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifiesta su preocupación por el riesgo a la vida en el que se encuentra la población, perteneciente al pueblo tsotsil, de comunidades ubicadas en la franja fronteriza de Aldama-Chenalhó, Chiapas, México.
El día 27 de julio de 2019, aproximadamente a las 13:00 Hrs., comenzaron a escucharse disparos hacia las comunidades de Tabak, Coco’, San Pedro Cotzilnam, Baletik y Xuxchen del municipio de Aldama. Según testimonios la agresión provenía desde la comunidad de Santa Martha, Chenalhó.
En el ataque armado, Filiberto Pérez Pérez originario de Tabak, de 23 años de edad, fue herido de bala mientras se encontraba haciendo diligencias para un velorio familiar y falleció a las 16:00 horas.
El día 19 de julio, este Centro de Derechos Humanos informó al presidente de la República mexicana Andrés Manuel López Obrador de la persistencia de la situación de violencia en la región, con el objetivo de prevenir actos de imposible reparación: «El 17 de julio del presente año se escucharon disparos con armas de fuego, en el lugar conocido como Aktik Il (dos) ubicado en Aldama dentro de las tierras que ocupan las 60 Hectáreas en disputa, estos disparos provenían de personas armadas que están situadas en el municipio de Chenalhó».
Ciudad de México | Desinformémonos. La Secretaría de Movilidad y Transporte decomisó dos camionetas de servicio de transporte autónomo para las comunidades zapatistas en la cabecera municipal de Salto de Agua, Chiapas, lo que «representa otra agresión a las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), en el contexto de hostigamiento militar a su territorio», denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
«Estos actos de agresión y hostigamiento contradicen las afirmaciones del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien en su visita a Guadalupe Tepeyac, municipio oficial de Las Margaritas, Chiapas, el 06 de julio de 2019, manifestó: ‘refrendamos nuestro respeto al Ejército Zapatista a pesar de las diferencias’», señaló el Frayba en un comunicado.
Ante las agresiones, llamó al Estado mexicano a entregar los autos decomisados y devolverlos a los pueblos, cesar las agresiones y hostigamientos a la autonomía de las comunidades zapatistas y respetar el derecho a la autonomía y la libre determinación del EZLN.
La defensa del bosque, el agua y la vida se contrapone a los intereses económicos de la empresa Bienes Raíces La Moraleja, responsable de la construcción del Fraccionamiento La Moraleja, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Por lo cual el sistema de procuración de justicia dictamina y mantiene vigentes órdenes de aprehensión que criminalizan y judicializan a quienes integran el movimiento socioambiental de la Colonia Maya. En riesgo la libertad de 2 defensoras, 4 defensores, así como la integridad y seguridad de vecinas y vecinos que mantienen la resistencia no violenta ecológica en la apuestan por el Lekil Kuxlejal (Vida Digna) de los pueblos.
El 07 de septiembre de 2012 autoridades municipales autorizaron el cambio de uso de suelo de una zona contemplada como conservación ecológica, en el sur de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. El permiso autorizó la construcción del Fraccionamiento La Moraleja, obra de la empresa Bienes Raíces La Moraleja, propiedad del señor Juan Óscar Liévano Narváez. El proyecto contemplaba edificar 200 casas en un terreno de bosque de encino, en una superficie total de 5 hectáreas.
Para la construcción del fraccionamiento, la empresa Bienes Raíces La Moraleja destruyó árboles y removió la tierra, lo cual ocasionó daños que pusieron en peligro de inundación a calles, casas y escuelas de la Colonia Maya. El 30 y 31 de agosto de 2015, se colapsaron dos bardas que colindaban con una escuela primaria y un kinder, lo que significó un riesgo a la vida de niñas y niños. El 05 de junio de 2016, se derrumbó un fragmento de barda de más de 30 metros que afectó a 20 familias.
De acuerdo con información al alcance de ambos organismos, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas durante este periodo; tres de ellos sucedieron en Chiapas, 9 hombres y una mujer, una cifra cercana a los al menos 13 casos documentados durante todo el año 2018, lo cual supone un significativo aumento de la violencia.
Así el 3 de enero se produjo en Arriaga, Chiapas, el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo quien formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos «El Coloso de Piedra» y que en 2013 fue víctima de detención arbitraria en el marco de su participación en actividades de defensa del derecho al agua.
El 17 de enero fueron víctimas de desaparición los defensores de derechos humanos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez cuando participaban en un plantón frente al Palacio Municipal de Amatán, Chiapas, y sus cuerpos sin vida fueron localizados el 18 de enero. Cabe señalar, Noé Jiménez era beneficiario del Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
