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Por Redacción/Sin Embargo

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- El caso Atenco ejemplifica los problemas estructurales de México: la tortura, el uso excesivo de la fuerza pública, la discriminación de género y la impunidad, sostuvieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) las representantes de las 11 mujeres que acusaron tortura sexual durante el operativo policiaco de mayo de 2006.

Once años después, no hay ninguna persona condenada por las acusaciones declaradas por las víctimas, dijeron. La representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también refirió en su turno que aunque las autoridades mexicanas han tenido más de una década para actuar, en el caso Atenco la impunidad “es total” ante la falta de sentencias debido a los “mínimos esfuerzos” para que las investigaciones avancen.

Los representantes del Estado mexicano, aunque reconocieron la ineficiencia al inicio de sus investigaciones, afirmaron que las diligencias posteriores permitieron la consignación de 52 funcionarios públicos imputados por el delito de tortura e incubrimiento de tortura. Pero ninguno ha sido condenado, lo cual fue calificado como grave por parte del Juez de la Corte, Humberto Antonio Sierra Porto.

Al término de la audiencia que duró dos días, la CoIDH pidió información adicional a los representantes del Estado mexicano para posteriormente emitir una sentencia.

Ayer las víctimas exigieron investigar la cadena de mando del operativo. El Estado aseguró que ya lo hizo al presentar acusaciones contra un subdirector regional de la entonces Agencia de Seguridad Estatal, pero descartó identificar a los mandos individualmente ya que se violarían los derechos humanos de los policías.

El Estado argumentó que dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no identificó a los más altos responsables políticos y policías de la cadena de mando, la Corte Interamericana no puede hacerlo en su sentencia.

El Centro Prodh alegó que aunque la Corte no tiene las facultades para determinar responsabilidades penales individuales, puede identificar las omisiones de la cadena de mando policial y política para pedir que se investigue.

Aracely Olivos, del Centro Prodh, dijo que “las mujeres le han dicho a la Corte que su sentencia será un gran paso hacia la justicia y la verdad”.

“Ellas se reconstruyeron solas, pero no olvidan que la responsabilidad es del Estado. No piden nada extraordinario: sólo justicia y verdad”, reiteró.
Durante los alegatos finales ante la Corte en Costa Rica, las once mujeres portaron una playera morada con la leyenda “Rompiendo el silencio”.

Marcela Martino, de CEJIL, destacó que la tortura sexual de la que fueron blanco reflejan realidades persistentes en la policía mexicana y representan a miles de víctimas más.

“Contar su historia una y otra vez tiene consecuencias para ellas y sus familias, pero el Estado no les ha dejado otra opción”, declaró.

Aracely Olivos, del Centro Prodh, subrayó que el Estado mexicano ha rechazado todas las medidas de reparación demandadas por las sobrevivientes de tortura sexual: verdad, justicia y no repetición, lo cual permite más impunidad.

“Este caso ejemplifica que el Estado mexicano frecuentemente reconoce violaciones a derechos humanos en sedes internacionales, pero ante el país muestra otra cara al minimizarlas”, expuso.

El Estado mexicano pidió a través de sus representantes en la Corte que no se ordenen nuevas reparaciones, incluyendo las garantías de no repetición, porque afirma ya haber realizado medidas al respecto.

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