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Comunicado: Poder Judicial ordena al CNI a no destruir documentos relacionados con la llamada “Guerra Sucia”

Imagen: Twitter @CentroProdh

 

Centro Prodh/Article 19

  • La prohibición de destruir documentos proviene de la suspensión dictada en el juicio de amparo que promovió Alicia de los Ríos Merino, hija, acompañada por el Centro Prodh y Artículo 19, por las irregularidades documentadas por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el período 1965-1990.
Ciudad de México, 2 de octubre 2023.- Luego de que el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 emitiera el “Informe técnico sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en el AGN” y, posteriormente, dos ampliaciones más sobre irregularidades encontradas en ese acervo, Alicia de los Ríos Merino, acompañada por el Centro Prodh y Artículo 19, promovió, un juicio de amparo, con el objetivo de que se localicen y transfieran archivos perdidos, sustraídos, faltantes o que nunca fueron transferidos (y debieron serlo) al Archivo General de la Nación.
El 8 de septiembre el juicio de amparo fue admitido por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Gracias a una resolución del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se concedió la suspensión provisional y, el pasado 21 de septiembre, el Juzgado Octavo hizo lo propio al conceder la suspensión definitiva en el juicio.
Estas resoluciones reconocen que familiares como Alicia de los Ríos Merino tiene derecho a exigir que se revisen estos documentos, donde podría encontrarse información sobre el paradero de su madre desaparecida, así como el esclarecimiento de este periodo de represión estatal en contra de movimientos sociales.  Asimismo, el Poder Judicial advirtió que las autoridades del Centro Nacional de Inteligencia no desvirtuaron con pruebas las irregularidades documentadas por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, sino que solamente se han limitado a negarlas.
Finalmente, el Poder Judicial ordenó que, mientras se encuentre en curso el juicio de amparo, las autoridades del Centro Nacional de Inteligencia deben abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar los documentos históricos” a los que se refiere el MEH en sus informes.
Alicia de los Ríos Merino busca a su madre, homónima, desaparecida en 1978 por la Brigada Blanca, una agrupación conformada por el Ejército, policías y procuradurías estatales y la Dirección Federal de Seguridad, hoy Centro Nacional de Inteligencia.
En el marco de la conmemoración del 2 de octubre, no olvidamos, y hacemos un llamado al Centro Nacional de Inteligencia a cumplir con las resoluciones del Poder Judicial y cumplir, finalmente, con las órdenes presidenciales de transferir todos los archivos de la represión con los que cuentan. Estos documentos son esenciales para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, pero también para asegurar la justicia, memoria, reparación y no repetición de los hechos. Que al término del sexenio familiares de víctimas de desaparición tengan que acudir a los tribunales para que éstos tutelen su derecho a la verdad, muestra que la promesa de esta administración de ir a fondo en este tema permanece aún incumplida.
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Organizaciones de derechos humanos y personas defensoras reprobamos las declaraciones en contra del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Imagen: EspacioOSC

 

Espacio OSC

05 de junio, 2023, México

En la conferencia matutina de los días del 30, 31 de mayo y el 1° de junio, el Presidente de la República realizó una serie de declaraciones desafortunadas que desinforman y desprestigian la labor de las organizaciones de derechos humanos y las coloca en un mayor riesgo. Esto al señalar que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) y otras organizaciones han callado ante otros casos de violaciones a derechos humanos cometidas en gobiernos anteriores, por supuestas filiaciones partidistas, y sugiriendo además, que hay una intención de estos organismos para que su gobierno fracase.

A lo anterior, es necesario señalar que dichas afirmaciones no son ciertas. Desde su fundación en 1988 el Centro ProDH ha trabajado del lado de las víctimas para que haya justicia, verdad y porque en México no existan violaciones a los derechos humanos. Hemos sido testigos en estos 35 años de su importante labor en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como de una sociedad civil resiliente que ante el horror y la violencia no han dejado de organizarse, acompañar a las víctimas, exigir y proponer acciones para revertir las condiciones de violencia y crisis de derechos humanos que persiste en todo el territorio nacional.

Diversos son los casos en los que el Centro ProDH ha generado pautas para diagnosticar el actual escenario de violencia y garantizar el acceso a la justicia y la reparación dirigida a víctimas de violaciones a derechos humanos, tales como el caso de los Campesinos Ecologistas, Las mujeres de Atenco, Jacinta Francisco Marcial, el cuartel militar en Xochimilco. También han denunciado la militarización y la violencia propiciada por la denominada Guerra contra el Narcotráfico durante el Sexenio de Felipe Calderón; durante la administración de Enrique Peña Nieto documentó la masacre de Tlatlaya y representó a las familias de Ayotzinapa, y en la actualidad continúa con su labor de acompañamiento a víctimas de tortura y otras graves violaciones de derechos humanos.

Lamentablemente, en la actualidad tal como lo han corroborado informes de las organizaciones de la sociedad civil, instancias de gobierno, agencias internacionales de derechos humanos y organismos multilaterales, las violaciones a derechos humanos en el país persisten y no han dejado de suceder. Las instancias de gobierno encargadas de revertir dicha problemática, no han hecho lo suficiente para revertir las condiciones que detonaron dicha situación, como es el caso de las Fiscalías, Fuerzas Armadas, Instancias de gobierno federal y estatal que atienden a víctimas, y quienes ejercen facultades para prevenir, proteger, investigar y garantizar la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, las cuales continúan sin atender de forma cabal sus obligaciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.

La crisis en materia de derechos humanos continúa, y requiere del diálogo permanente con la sociedad civil para buscar acciones que ayuden a revertir dicha situación. Para esto, es necesario de la voluntad política para investigar y enjuiciar a quienes históricamente continúan ostentando el poder, y sobre quienes hacen uso de este, para denostar, desprestigiar y desviar la atención de los verdaderos problemas que hoy vive el país.

Desde las organizaciones de la sociedad civil, colectivos/as que defendemos derechos humanos, seguiremos abiertos a mantener el diálogo y realizando acciones que promuevan la paz, a favor de las víctimas y por el respeto de los derechos de todas y todos.

 

Contacto para medios:

Espacio OSC para la Protección de personas defensoras y periodistas

+52 1 444 434 07 97, espacioosc@gmail.com

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos»

+52 1 56 4160 1331, comunicacion@redtdt.org.mx

 

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Ejército mexicano espió con Pegasus a dos personas defensoras de derechos humanos del Centro Prodh

Article 19 MX-CA

  • Dos personas integrantes de la organización de derechos humanos fueron espiadas entre junio y septiembre de 2022 en coyunturas que involucran a las Fuerzas Armadas.
  • La nueva evidencia técnica aportada por Citizen Lab demuestra que el Centro Prodh ha sido atacado bajo los últimos dos gobiernos.

Ciudad de México 18 de abril de 2023.- El análisis forense que elaboró el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, reveló la infección con el malware Pegasus de los dispositivos móviles del director y coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Los ataques constatados por Citizen Lab fueron detallados en el informe “Centro Prodh nuevamente atacado con Pegasus: Cómo la Impunidad y la militarización propiciaron la repetición del espionaje”, elaborado por las organizaciones responsables de la investigación #EjércitoEspía —Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), ARTICLE 19 y SocialTIC— en colaboración con el Centro Prodh.

Además, el 15 de diciembre de 2022, las dos personas del Centro Prodh recibieron un correo electrónico proveniente de Apple y dirigido a su cuenta en iCloud. La empresa les notificó que sus dispositivos habrían sufrido una intromisión ilegal por “atacantes patrocinados por el Estado”.

En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos tres personas defensoras de derechos humanos y dos periodistas han sido espiadas ilegalmente con Pegasus presumiblemente por el Ejército, que de acuerdo con la información dada a conocer por medios, es la única institución que actualmente cuenta con Pegasus. Los casos revelados en 2022, permanecen en la impunidad.

El análisis forense reveló que las infecciones ocurrieron entre los meses de junio y septiembre de 2022. La primera infección documentada ocurrió el miércoles 22 de junio y afectó el teléfono del director del Centro Prodh. La fecha coincide con el evento organizado en el Campo Militar No. 1, como parte de las actividades de la Comisión para la Verdad y Justicia por los Hechos 1965-1990, en lo que se conoce como el periodo de la Guerra Sucia. Cabe destacar que el Centro Prodh acompaña ante instancias nacionales e internacionales a familiares de víctimas de ese periodo.

Al día siguiente, el jueves 23 de junio de 2022, el Ejército infectó el dispositivo de la coordinadora del área internacional del centro. Ese día se desarrolló una audiencia pública con la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos, en la que se abordaron los casos de Ayotzinapa, el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, y la familia Barajas de Guanajuato.

El director del Centro Prodh volvió a ser atacado con Pegasus el 13 de julio de 2022. La infección del dispositivo ocurrió dos días antes de la revelación de un documento interno del área de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) —filtrado por el colectivo hacktivista Guacamaya—. Dicho documento revela el interés de las fuerzas armadas para dar seguimiento a las declaraciones de las autoridades religiosas vinculadas con el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui. El Centro Prodh acompaña el proceso legal y de incidencia de este caso.

Los otros ataques se dieron en septiembre de 2022. El primero de ellos, sucedió el 24 de septiembre, un día después de la protesta de normalistas y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa afuera del Campo Militar No. 1.

En ese contexto, también se dieron diversos hechos relacionados con el trabajo de defensa de derechos humanos y asesoría legal que brinda el Centro Prodh: la filtración de información testada del informe de la Presidencia de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia (COVAJ), la cancelación de órdenes de aprehensión en contra de militares implicados en el caso, y la renuncia del Fiscal Especial por la intromisión del Fiscal General.

Finalmente, el 29 de septiembre de 2022, el Ejército volvió a infectar con Pegasus el teléfono de uno de los defensores del Centro Prodh. Ese día fue la presentación del IV Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, a la que integrantes de la organización acudieron como representantes de las familias.

Entre junio y septiembre del 2022, cabe subrayar, el Centro Prodh realizó múltiples denuncias públicas sobre el fracaso de la política de seguridad y especialmente sobre los riesgos de la militarización.

El análisis del Citizen Lab revela que integrantes del Centro Prodh han sido atacados con el malware Pegasus en dos sexenios distintos: durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y en el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 19 de junio de 2017, la investigación Gobierno Espía reveló el espionaje con Pegasus en contra de 12 periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, entre ellas, tres integrantes del Centro Prodh. Pese a las denuncias interpuestas ante la FGR, los casos no han sido esclarecidos, mostrando las consecuencias que tiene la impunidad en la repetición de los hechos.

El espionaje ilegal cometido por el Ejército a integrantes del Centro Prodh, en contextos de exigencia de verdad y justicia por abusos castrenses, confirma las consecuencias de la profundización de la militarización que actualmente vive el país.

Ante estos lamentables hechos, exigimos:

  • El cese inmediato del espionaje ilegal del Ejército a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
  • Que se garantice la seguridad e integridad personal de las personas espiadas con Pegasus y de sus familias, así como de las personas que han participado en la investigación de estos hechos, y de las organizaciones y medios que desarrollan investigaciones alrededor de la vigilancia ilegal en México.
  • Una investigación independiente, exhaustiva, imparcial, profesional y objetiva sobre el reciente espionaje a dos personas defensoras de derechos humanos integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el total esclarecimiento de los casos anteriores, denunciados penalmente desde junio de 2017.
  • El establecimiento de un mecanismo independiente e internacional de investigación sobre el espionaje ilegal en México cometido en gobiernos anteriores y en el actual, de manera que se garantice a las víctimas y a la sociedad el derecho a la verdad que se esconde en los archivos de inteligencia militar y civil del país.
  • Que se garantice la no repetición del espionaje ilegal mediante una agenda de reforma legal e institucional que impida de manera verificable el abuso de los sistemas de inteligencia del país. Este proceso debe ir liderado por el Congreso acompañado de la sociedad civil, para asegurar el apego a los más altos estándares de derechos humanos.

 

Para más información, favor de escribir a comunicacion@article19.org 

 

Ver comunicado e informe “Ejército espía. Centro Prodh nuevamente atacado con Pegasus: Cómo la impunidad y militarización propiciaron la repetición de espionaje”

Ver comunicado de prensa del Centro Prodh

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ONG promueve amparo contra desaparición de fondo de víctimas

Arturo Angel/Animal Político

La ONG, que ha encabezado la representación de victimas de casos como Atenco, Tlatlaya y Ayotzinapa, argumenta que la extinción del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral representa un grave retroceso en materia de derechos humanos.

La extinción del fondo a través del cual se garantizaba contar año con año con un presupuesto exclusivo para la atención a las víctimas de delitos graves y violaciones a derechos humanos ya llegó a los tribunales. La jueza federal Ana Luisa Priego Enriquez abrió un juicio de amparo para analizar si dicha reforma representa una violación a la Constitución. 

El proceso se puso en marcha gracias a una demanda presentada por la organización civil Centro Prodh, que interpuso este recurso luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejara pasar el plazo con el que contaba para promover una acción de inconstitucionalidad. 

La ONG, que ha encabezado la representación de victimas de casos como Atenco, Tlatlaya y Ayotzinapa, argumenta que la extinción del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) representa un grave retroceso en materia de derechos humanos. A su vez, un colectivo de 20 familias de personas desaparecidas también promovió un amparo contra dicha reforma.

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Sentencia sobre Tlatlaya confirma que hay pruebas para procesar a militares: Centro ProDH

Redacción Aristegui Noticias/SB

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, señala que en la pasada administración se protegió a los militares involucrados en las ejecuciones extrajudiciales de presuntos integrantes del crimen organizado, ocurridas el 30 de junio del 2014, pero que ahora se tendrá que revisar, tras el fallo de un tribunal federal que ordenó recapturar a los elementos del Ejército que participaron en los hechos.

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”El Gil” está libre por culpa de la PGR de EPN, pero también por la FGR actual: abogado de los 43

Por AP/María Verza/Sin Embargo

Gilberto López Astudillo, apodado “El Gil”, era considerado integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y uno de los principales involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

Según la versión del Gobierno de Peña Nieto, los jóvenes fueron secuestrados en la localidad de Iguala por policías que luego los entregaron a miembros del crimen organizado que los quemaron en un basurero cercano. Sin embargo, expertos independientes aseguran que no hay pruebas que acrediten la tesis de que fueron calcinados.

Foto: Cencos

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Uno de los principales acusados de la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 en el sur México fue absuelto y liberado en la primera sentencia del juicio sobre el crimen que conmocionó a México y el mundo.

Según explicó el martes a The Associated Press Santiago Aguirre, director del Centro Prodh y abogado de las familias de las víctimas, el Juez decretó la “absolución por insuficiencia probatoria” de Gilberto López Astudillo, que fue liberado.

Aguirre explicó que la decisión del Juez se debió al “desaseo, las violaciones a los derechos humanos y las irregularidades de la investigación” del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). No obstante, el abogado también denunció que “la nueva Fiscalía no hizo nada para corregir esas deficiencias”.

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Rescate en Pasta de Conchos es viable

Foto tomada de Somos el medio

Sididh/ Somos el medio 

Ciudad de México, 02 de septiembre de 2019. La Organización Familia Pasta de Conchos y el Centro Prodh saludaron el anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que durante la lectura de su informe señaló que expertos internacionales dictaminaron que el rescate en Pasta de Conchos es viable y que los trabajos iniciarán pronto.

El 19 de febrero de 2006, la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, en Coahuila, sufrió una explosión agravada por las condiciones deplorables de seguridad; 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. El lugar tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000; sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran.

Las labores de rescate quedaron a cargo de Grupo México, empresa dueña de la mina. El 4 de abril del año 2007, después de rescatar únicamente dos cuerpos y en una decisión sin precedentes en el resto del mundo, la poderosa minera decidió suspender el rescate argumentando que se ponía en riesgo a los rescatistas. Para las familias y sus organizaciones acompañantes, la razón de esta suspensión sería que, de ser rescatados los cuerpos, se evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la mina y esto acarrearía sanciones penales, económicas e incluso el retiro de las concesiones de la empresa.

Desde entonces, las familias han luchado contra la corriente exigiendo el rescate de sus familiares y el esclarecimiento de lo sucedido. A la fecha no existe una investigación activa ni se había demostrado voluntad política para hacer el rescate. Ello obligó a las familias a acudir en 2010 a la CIDH, acompañadas por el Centro Prodh, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y la Organización Familia Pasta de Conchos.

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Comunicado: A 13 años de Atenco, mujeres sobrevivientes demandan cumplimiento de sentencia interamericana y exigen justicia para las mujeres que han alzado la voz contra la tortura sexual

* El Gobierno mexicano, al cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, tiene la oportunidad de revertir una década de impunidad.
*El Comité contra la Tortura de la ONU instó al Estado mexicano a cumplir con la sentencia y se pronunció sobre la tortura sexual.
*Otras mujeres, como Mónica Esparza -privada de la libertad desde hace 6 años-, han denunciado también la práctica de la tortura sexual.
 
Ciudad de México, 03 de mayo de 2019. A 13 años de los hechos de Atenco, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual señalaron que el cumplimiento pleno de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la revisión de los expedientes de otras mujeres que también han denunciado esa violación a derechos humanos, ponen a prueba el compromiso del Gobierno Federal con la erradicación de la tortura y la impunidad.
Al conmemorar por primera vez los hechos ya con una sentencia dictada por la Corte Interamericana, acompañadas por el Centro Prodh, las mujeres sobrevivientes destacaron que la sentencia del tribunal regional es un reconocimiento a la lucha digan que sostuvieron durante más de una década, además de constituir un referente de alcance internacional sobre la necesidad de prevenir, sancionar y erradicar la tortura sexual. Por eso, indicaron que el cumplimiento pleno de la sentencia en todos sus extremos, sobre todo en los concernientes a la sanción de los responsables agotando la cadena de mando, debe ser una prioridad de la política gubernamental de derechos humanos en este sexenio.  
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Excesivo e inaceptable, el uso de la fuerza en Atenco: Corte Interamericana al notificar sentencia al Estado mexicano

Redacción/Aristegui Noticias

La Corte IDH ordena realizar una investigación exhaustiva de los hechos, que incluya a todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal: Centro Prodh.

Foto: Twitter Centro Prodh

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó este viernes al Estado mexicano sobre la sentencia en la que lo responsabiliza por las graves violaciones a derechos humanoscometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.

“El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas. La Corte concluyó que el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado en este caso, resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza contra todos”, destacó la Corte IDH en el resumen de su sentencia.

La Corte IDH ordena al Estado realizar una investigación exhaustiva de los hechos, que incluya a todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal, sentando un precedente importante al explicitar que el Estado mexicano tiene el deber de esclarecer la participación de la cadena de mando.

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Nota de prensa: Firma del decreto presidencial, “nueva etapa” para las familias de Ayotzinapa

 

  • Se instruye a las dependencias del Ejecutivo federal a tener una amplia colaboración con la investigación.
  • “Es un asunto de Estado dar con la verdad. No habrá impunidad”: AMLO
  • “Que no quede en la firma nada más. Siga caminando con nosotros”, piden familiares al presidente.
  • Solicitan a ONU y CIDH cooperación y asistencia internacional para llegar a la verdad.

 

Ciudad de México, 03 de diciembre de 2018. Para las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la emisión del decreto para el fortalecer el derecho a la verdad y la justicia en el caso, firmado hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, representa una nueva etapa de esperanza en la que “se irá construyendo la confianza”.

Tras apelar a su perseverancia y pedir que la mantenga para dar con el paradero de los muchachos, Doña María Martínez, mamá de Miguel Ángel Hernández Martínez, le pidió a Andrés Manuel López Obrador que siga caminando con las madres y los padres y le señaló que son miles las personas desaparecidas en México. “Estamos acá porque no queremos que ninguna familia pase por todo esto”, señaló.

El decreto ordena la creación en 30 días hábiles de una Comisión Presidencial –coordinada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas- que proveerá a los familiares de las víctimas, como coadyuvantes en la investigación, de todos las facilidades y apoyos institucionales que requieran para el esclarecimiento de los hechos. Estará compuesta por familiares de los normalistas, sus representantes y funcionarios de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, además de expertos profesionales y técnicos.

Foto: centroprodh.org.mx

El titular del Poder Ejecutivo señala en el decreto que toda la Administración Pública federal deberá facilitar el ejercicio del derecho a la verdad de las familias; específicamente, el subsecretario Encinas deberá realizar las vinculaciones necesarias con las dependencias y con el aparato de justicia para la buena marcha de la comisión.

“No habrá ninguna traba para llegar a la verdad”, aseguró el presidente López Obrador, quien reiteró que es un asunto de Estado dar con la verdad pues la misma fortalece a las instituciones y señaló la importancia de que sea el primer acto de gobierno en Palacio Nacional del nuevo sexenio. Las familias pidieron que no se les nieguen las audiencias necesarias y se les trate con humanidad.

El decreto –que se publicará mañana en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor un día después- indica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encargará de lo relativo a los recursos necesarios para el funcionamiento “sin obstáculos” de la comisión; mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores se encargará de realizar los convenios necesarios con instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a efectos de que se intensifique la cooperación internacional en el caso.

El Presidente de la República aclaró que la Comisión Presidencial que incluye el decreto no es la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia que ordenó el Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas. Esta última deberá ser creada por la nueva Fiscalía General de la República – como ente autónomo- o, en su defecto, por la actual Procuraduría General de la República. Sin embargo, el decreto sí instruye a la Secretaría de Gobernación que genere los convenios y procesos de trabajo con la Fiscalía a efecto de asegurar su creación.

Además, al instruir a todos los organismos y dependencias a facilitar información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos, el decreto recuerda que la información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos no puede ser reservada e instruye a que se implementen medidas de protección y beneficios para las personas que ofrezcan información relevante.

Mientras que Alejandro Encinas sostuvo que la emisión del decreto es el inicio de una política de Estado “con las víctimas al centro”, las familias resaltaron: “sabemos que con la firma de este documento no quiere decir que todo está solucionado, por eso pedimos que no nos dejen solos”.

Los representantes de las familias adelantaron que, a partir del 5 de diciembre, se dialogará con la CIDH la asistencia técnica, específicamente con personas expertas del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI).

Más información y materiales de prensa: ? http://bit.ly/FdecAy312

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