Después de que la PGR interpusiera diversos recursos en contra de una sentencia emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas a inicios de junio, en la que se ordenaba “conformar una Comisión para la Investigación y la Verdad del Caso Ayotzinapa”, hoy, 20 de septiembre, dicho Tribunal resolvió “que no existe imposibilidad jurídica para crearla” y que “al analizar el artículo 21 constitucional se concluyó que no existe exclusividad del Ministerio Público para investigar”, como alegaba la PGR.
Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2018 DGCS/NI: 43/2018
NOTA INFORMATIVA
Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
CASO: Por unanimidad, Tribunal Colegiado de Tamaulipas resuelve que no existe imposibilidad jurídica para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)
ASUNTO: El Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito informa que al resolver los incidentes de inejecución 4/2018 a 7/2018, por unanimidad de votos determinó dejar sin efectos la resolución del Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas en la que se señaló que existía imposibilidad jurídica para la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).
Los magistrados subrayan que sí existe sustento constitucional, convencional y legal para su creación. Además de que no se puede invocar el derecho interno para no cumplir compromisos internacionales, conforme a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Convención de Viena; y que se debe atender el caso bajo la óptica que establece el artículo 17 constitucional, en el sentido de que se debe privilegiar la solución de los conflictos, sobre los formalismos procedimentales.
En la resolución se dejó en claro que el Tribunal Colegiado atendió en todo momento la litis que fijó el propio Ministerio Público de la Federación al momento de interponer el recurso de revisión, y como en el caso se revocó la determinación del Tercer Tribunal Unitario, la Ley de Amparo obliga al Tribunal Colegiado a reasumir jurisdicción y atender la litis del juicio de amparo de primera instancia; por lo que también se tuvieron que analizar los conceptos de violación de los quejosos detenidos que no atendió el Tribunal Unitario.
Al analizar el artículo 21 constitucional conforme a diversos métodos de interpretación, se concluyó que no existe exclusividad del Ministerio Público para investigar. Incluso en el caso existen investigaciones formales reconocidas por la propia Procuraduría General de la República, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
En relación a la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la comisión de investigación del caso Ayotzinapa, se destacó que en ninguna parte de la ejecutoria de amparo se dijo que investigarían delitos, sino que investigarán hechos, en específico, los relacionados con lo acontecido el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero; y que una vez que la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), emprenda su misión, podrá llegar a un punto en el que, al analizar o explorar determinada línea de investigación, la CNDH estime que procede formular una recomendación a determinada autoridad, y podrá hacerlo en el marco de sus atribuciones legales. En tanto que el Fiscal, podrá considerar que existen elementos para ejercer acción penal en contra de alguna persona y, desde luego, podrá hacerlo.
GINEBRA (Proceso).- A unas horas de terminar su mandato como Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein consideró que en tanto no se conozca de manera irrefutable lo sucedido en la noche trágica de Iguala ni haya rendición de cuentas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso “permanecerá como una herida abierta en la mente de los mexicanos” y como una de las “asignaturas pendientes más acuciantes del gobierno de Enrique Peña Nieto”.
En la última entrevista concedida a un medio mexicano antes de dejar su puesto en la ONU, Zeid dice a Proceso: “Cuando fui a México, era claro para mí que, si las autoridades mexicanas en conjunto con la comunidad internacional no podían resolver el rompecabezas de Ayotzinapa como un ejemplo de lo que estaba pasando en el país, éste seguiría sufriendo situaciones similares y recurrentes.
“La expresión de preocupación pública sobre el caso Iguala y la falta de respuestas sobre lo que sucedió a los 43 son interrogantes que siguen encendidas en la mente de muchos. Y si no hay responsabilidad por uno de los episodios más severos que hemos visto en México en el pasado reciente, estas condiciones persistirán.”
Recuerda que uno de los momentos más difíciles de su mencionada visita al país, en 2015, fue su encuentro con los padres y familiares de los 43 estudiantes, cuyo profundo dolor percibió. “Lo que más quisiéramos es ver justicia para ellos”, expresa.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó la liberación de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, quien lleva 171 días en prisión “por una equivocada acusación” de la Procuraduría General de la República (PGR) que lo confundió con La Rana, mientras que el verdadero implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “goza de libertad en la más absoluta impunidad”.
El organismo informó que han transcurrido 99 días desde que entregó a la PGR las pruebas de la inocencia de Sandoval Rodríguez; sin embargo, continúa en la cárcel.
“La PGR no ha hecho nada por enmendar su error. Mantiene su injusta acusación contra un inocente”.
Hace 73 días la CNDH dio a conocer que Sandoval Rodríguez fue arrestado “por una equivocada acusación de la PGR” y cuatro días después presentó escritos Amicus Curiae a su favor ante los tribunales que conocen el caso.
En un mensaje transmitido en cadena nacional con motivo de su 6o. Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto habló del Caso Iguala y reconoció su insatisfacción por no haber alcanzado el objetivo de dar paz y tranquilidad a los mexicanos.
Foto: Captura de pantalla / YouTube / Gobierno de la República
Existen evidencias claras y contundentes de que “muy lamentablemente” los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron incinerados por un grupo delincuencial, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto.
En un mensaje transmitido en cadena nacional con motivo de su 6o Informe de Gobierno, recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación que correspondía al ámbito local.
Luego de una “investigación profunda y amplia” se llegó a la conclusión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
“En lo personal, y con el dolor que causa, estoy en la convicción de que lamentablemente pasó lo que la investigación arrojó“, manifestó.
Recordó que ante el rechazo de los familiares de los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” por aceptar los alcances de la investigación realizada, fue necesaria abrirla a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La razón del magistrado federal Sabino Pérez García fue la imposibilidad jurídica que argumentaron la PGR y la CNDH.
Foto: Cencos
Un magistrado federal suspendió este miércoles, por tiempo indefinido, el cumplimiento de la sentencia que ordena crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La decisión del magistrado Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Tamaulipas, se da después de que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijeron que existe imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia, informó el diario Reforma.
“Tomando en cuenta que tanto la PGR como la CNDH arguyeron imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector en lo que les atañe (integrar la comisión de investigación), una al promover el incidente respectivo y la otra al desahogar la vista concedida con motivo de este incidente, es por ello que para las mencionadas autoridades, así como para el Presidente de la República y la Cámara de Diputados, se suspende el tramite de ejecución de cumplimiento de la sentencia de amparo”, determinó Pérez.
La suspensión estará vigente hasta que se resuelva el incidente de imposibilidad de cumplimiento.
La CNDH aclaró su posición a través de una nota informativa y afirmó que “ha estado y estará en favor de que se conozca la verdad” y que, aunque no es parte en los juicios de amparo referidos atenderá las sentencias.
