CIDH detecta más indicios de federales y militares en ataque a normalistas⁩ en Ayotzinapa

Redacción / Animal Político

Foto: Paola Ramos / Cencos

A cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, perpetrada entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, y dos años después de que se instalara el Mecanismo Especial de Seguimiento al caso, este órgano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe final de labores, en el que analiza las principales anomalías, deficiencias y omisiones detectadas en la investigación realizada por el gobierno mexicano.

La conclusión es drástica: “A pesar de todas las diligencias contenidas en un expediente de más de 618 tomos, las investigaciones continúan fragmentadas, y requieren de un análisis integral (…) muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, sobre todo, cuando se trata de indagatorias relacionadas con la participación de agentes del Estado en el ataque a los normalistas.

El informe del “Mecanismo de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa” de la CIDH analiza diversas irregularidades relacionadas con la operación del Centro de Control y Comando C4 de Iguala, en el que operaban de manera coordinada representantes de todas las instancias de seguridad, tanto locales, como federales, incluyendo al Ejército.Desde el C4, señala el informe, se controlaban las cuatro únicas cámaras de vigilancia en vía pública que se encontraban en operación el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, de las cuales, se extrajeron “10 archivos con fragmentos de video, con una duración muy corta”.

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“Indebida” diligencia de Zerón en caso Iguala: CNDH

Redacción/La Jornada

Foto: Roberto García Ortiz/La Jornada

Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que durante las indagatorias por el caso Iguala, elementos federales incurrieron en actos de tortura contra algunas de las personas imputadas de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, además de que hubo “indebida” diligencia en las indagatorias por los hechos, donde uno de los responsables es el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón.

Este mediodía, el organismo nacional presentará la recomendación por este caso, en la que acreditó que las autoridades de los tres niveles de gobierno-a quienes está dirigida la recomendación- incurrieron en violaciones graves a las garantías fundamentales durante la desaparición forzada de los 43 normalistas, suscitada entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, y durante el proceso institucional posterior a estos hechos.

El documento, que consta de 32 capítulos y más de 2 mil hojas, será dado a conocer este miércoles por el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez; y por el titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH, José Larrieta Carrasco, en una conferencia de prensa que se prevé se prolongue varias horas.

Fuentes del organismo nacional adelantaron que la recomendación documenta más de 70 casos de tortura contra algunos de los presuntos implicados en los crímenes contra los normalistas. 

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EPN termina su gobierno sin aclarar el caso Ayotzinapa, con una investigación fallida y ningún sentenciado

Redacción / Animal Político

Foto: Paola Ramos / Cencos

Enrique Peña Nieto prometió que habría justicia en el caso de la desaparición de 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa. Pero a unos días de concluir su gobierno, con la investigación de la PGR, no hay una sola sentencia condenatoria contra alguno de los responsables, y no hay certeza para los padres sobre lo que pasó con sus hijos, en un hecho que tuvo resonancia internacional y que marcó la administración del político priista.

Durante estos cuatro años, organismos internacionales como el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el llamado GIEI, y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han exhibido las fallas de la investigación de la Procuraduría General de la República para aclarar quién y por qué atacaron a los estudiantes de entre 17 y 25 años -el 26 de septiembre de 2014-, y qué fue de ellos.

Ese compendio de irregularidades, entre ellas la tortura contra detenidos, según documentó la Oficina de la ONU en México, la falta de imparcialidad de la PGR, y la precipitación del gobierno de Peña Nieto para tratar de dar “carpetazo” al asunto con la llamada “verdad histórica” -la versión de que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula-, llevaron a que en este punto la investigación oficial se esté “cayendo judicialmente”, según defensores de derechos humanos.

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Aprueban diputados que el Ejecutivo cree comisión que indague el caso Iguala

Redacción / La Jornada

Exactamente a 4 años de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, AMLO y víctimas se reunieron para hablar sobre el caso.
Foto: Paola Ramos / Cencos

Con los votos de Morena, Partido del Trabajo, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano e incluso el Verde Ecologista, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que como presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador pueda cumplir su compromiso de campaña de constituir una comisión especial que investigue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Se trata de un cambio al artículo 21 de dicha ley, para que el Ejecutivo pueda constituir comisiones investigadoras presidenciales.

Estas comisiones se constituyen como grupos de trabajo especiales para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, revisión, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones, definió la cámara en la minuta, que se turnó al Senado para su revisión.

PRI, PAN y PRD anticiparon sus votos en contra, con el argumento de que se concentrará aún más el poder presidencial.

Esa postura derivó en la aplicación de la mayoría por parte de Morena, con sus aliados electorales de PT y Encuentro Social, así como los votos de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde, que sumaron 328 votos en favor.

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GIEI, dispuesto a retomar caso Ayotzinapa con AMLO

Redacción / Milenio

Exactamente a 4 años de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, AMLO y víctimas se reunieron para hablar sobre el caso.
Foto: Paola Ramos / Cencos

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuvo un primer acercamiento con el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a quienes manifestaron su disposición de continuar apoyando en la investigación de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. 

El primer contacto fue con el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo Carlos Beristain, integrante del GIEI que investigó el caso Ayotzinapa, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

“Nosotros tuvimos un contacto más bien informal para mostrarnos y preguntar también cuál es la disponibilidad nuestra para una posible ayuda respecto al caso. Fue un contacto meramente informal en el marco de la conmemoración de los cuatro años del caso de los 43”, dijo en entrevista. 

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Admiten recurso de ‘El Mijis’ para que siga búsqueda de los 43

Redacción / La Jornada

Foto: Dennis A. García / La Jornada

Un juez federal admitió a trámite la demanda de amparo que interpuso el diputado de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, conocido como El Mijis, con el que busca que la Procuraduría General de la República (PGR) continúe la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa y lo trate como un caso de desaparición forzada.

En conferencia de prensa realizada en la entra de la PGR, el diputado explicó que lo que busca es que se reconozca a la sociedad la titularidad del derecho a la verdad colectiva.

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Señala PGR riesgos en caso Iguala

Redacción / Reforma

Foto: Especial

El criterio empleado por la justicia federal en el Caso Iguala, de desestimar acusaciones y testimonios con la simple presunción de tortura, sin un dictamen científico de por medio, complica el futuro del proceso contra los involucrados, reconoció Alfredo Higuera Bernal, Fiscal Especial en la materia.

En junio pasado, un juez federal dictó la libertad a 4 de los acusados por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en el mismo fallo anuló 46 testimonios por diversas irregularidades, 10 de ellos por indicios de tortura, sin estar plenamente comprobada.

“Podemos decir que complica enormemente (el juicio contra los acusados), lo complica naturalmente porque son decisiones que tienen un impacto sobre la situación jurídica de las personas que están en proceso”, consideró el Fiscal del Caso Iguala.

“Es sumamente importante esclarecer si la hubo (tortura) en un caso de esta importancia y que estos aspectos se diriman no por presunción; es decir, no por la ausencia de un dictamen establecer que pudo no haber sido emitido en un plazo, no por ello decir que necesariamente hay tortura”.

A Higuera se le cuestionó sobre uno de los argumentos que esgrimió el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas para ordenar la creación de la Comisión de la Verdad y que consiste en que la PGR no había agotado numerosas líneas de investigación.

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Descalifica Sedena la Comisión de Investigación para Ayotzinapa

Redacción / El Universal

Este 26 de agosto, familiares marcharon a casi cuatro años de la desaparición de los normalistas.
Foto: Paola Ramos / Cencos

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que la yot La en el caso Ayotzinapa “no tiene la objetividad y la imparcialidad que se requiere porque le deja la dirección de la investigación a los representantes de la víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, afirma Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el general Ramos Flores dice que si las acciones para instrumentar una comisión de la verdad se ajustan al marco de la ley, las Fuerzas Armadas se ceñirán a esa legislación.

“La Sedena ha ejercitado algunas acciones porque considera que la comisión de la verdad no está prevista en el orden jurídico mexicano ni está prevista en algún tratado internacional, entonces, nosotros pensamos que una investigación a cargo de un organismo, que por cierto, le deja la dirección de la misma a los representantes de la víctimas [CNDH], pues no tiene la objetividad y la imparcialidad que se requiere”.

Como consecuencia de esa postura “algunos elementos militares interpusieron un recurso contra esa resolución, porque si la investigación no se hace en el marco de la ley, pues sus derechos, sus garantías pueden verse lesionados al ser una investigación ad hoc, fuera de procedimiento, una investigación, insisto, sin garantías”.

A cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, rechaza la participación del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala: “Es importante dejar claro que derivado de las investigaciones y, como se ha sostenido, la Sedena, ha informado que no hubo ninguna participación [la noche de los sucesos], no existe ningún elemento que refiera que se actuó por parte de personal militar”.

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Rastreo a celulares de normalistas da más pistas del caso Ayotzinapa

Redacción / La Jornada

Foto: Paola Ramos / Cencos

Por el caso Iguala la Procuraduría General de la República (PGR) prepara una nueva consignación contra al menos 30 personas que estarían involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que a lo largo de estos cuatro años se ha establecido que al menos 13 teléfonos celulares de los estudiantes quedaron en manos de policías de Iguala, Cocula e integrantes de Guerreros Unidos, de acuerdo con registros de las compañías telefónicas que dieron seguimiento al IMEI de cada aparato y luego a los chips que les instalaron quienes se quedaron con ellos.

En declaraciones que aún no se han hecho públicas, existen datos que permitirían identificar a los responsables de la muerte de Julio César Mondragón, cuyo cuerpo fue abandonado en calles de Iguala la mañana del 27 de septiembre. Las fuentes revelaron también que el gobierno de Estados Unidos posee más charlas entre integrantes de Guerreros Unidos y las reacciones que tuvieron los líderes en días posteriores a los sucesos.

Hay detalles de la investigación que el titular de la oficina de investigación, Alfredo Higuera Bernal, ha mantenido en total sigilo, como que el último peritaje realizado por la Dirección de Servicios Periciales de la PGR estimó que en el basurero de municipal de Cocula fueron incinerados entre 17 y 25 normalistas.

Deslindarían a militares

También se han incluido en los nuevos tomos los interrogatorios realizados a militares del 27 Batallón de Infantería y los peritajes hechos a esas instalaciones castrenses en los que, en cumplimiento de lo solicitado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no se localizó evidencia de haber participado en la desaparición y en el expediente se agregaron las cuatro fotografías que tomó un soldado cuando los policías detenían a estudiantes frente al nuevo Palacio de Justicia.

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