PGR acumula pruebas contra el Ejército en caso de desaparición, y hallan su rastro en dos cuarteles

Paris Martínez/Animal Político

El ingeniero Francisco Herrera fue interceptado cuando conducía a su trabajo, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en 2015; sus teléfonos registraron actividad en coordenadas que corresponden exactamente con la ubicación del Campo Militar Número 1.

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La mañana del 24 de febrero de 2015, el ingeniero Francisco Herrera, entonces de 39 años, fue interceptado cuando conducía a su trabajo, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, por al menos dos vehículos que lo encajonaron en una avenida y lo obligaron a parar la marcha.

Tal como registraron las cámaras del C4 de la ciudad, de uno de esos autos descendió al menos una persona, que abordó la camioneta del ingeniero Herrera, y luego los tres vehículos partieron, ya con el ingeniero bajo “privación ilegal de la libertad”, para luego perderse, tal como señalan las averiguaciones previas que por separado iniciaron tanto la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, el mismo día de los hechos, como la Procuraduría General de la República, un mes después.

Desde entonces, el paradero del ingeniero Francisco Herrera (empleado de una empresa productora de papel, recién separado, que habitaba en una casa de interés social con una cama y una mesa de plástico como únicos muebles) es desconocido.

Aunque los indicios acumulados en los tres años y medio transcurridos desde el rapto apuntan a un presunto responsable, paradójicamente, las mismas averiguaciones previas emprendidas (a las que Animal Político tuvo acceso) evidencian omisiones y actos dilatorios por parte de la autoridad investigadora hacia el presunto involucrado, que es el EjércitoMexicano.

El rapto

Al mediodía del 24 de febrero de 2015, al no tener noticia del ingeniero Francisco Herrera, y al no lograr contactarlo en ninguno de sus dos teléfonos celulares, su familia comenzó a rastrearlo a través del servicio de geolocalización de su teléfono celular, que ubicó las instalaciones del 15 Batallón de Infantería, de Tampico, como último punto en donde su teléfono celular se había activado.

Tal como indicaba el rastreador GPS, el aparato se había activado dentro del cuartel militar a las 9:35 horas del 24 de febrero, es decir, alrededor de dos horas después de que el ingeniero fue raptado.

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Con Karime al frente, el DIF-Veracruz entregó más de 415 millones a red de 33 empresas fantasma

Por Redacción/Animal Político

El monto cuadriplica lo revelado oficialmente hasta ahora. El DIF fue la primera dependencia en la que comenzó el desvío con empresas fantasma que luego se extendió a ocho dependencias más.

Imagen: Animal Político

Entre 2011 y 2016, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Veracruz –que de manera honoraria presidía Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte– entregó más de 415 millones de pesos en contratos con 33 empresas fantasma.

Esta cifra representa un monto casi cuatro veces superior a los 112 millones de pesos de presuntos desvíos que permitieron a la Fiscalía de Veracruz obtener una orden de aprehensión contra Karime Macías Tubilla, acusada de desviar esta cantidad a seis empresas fantasma por productos y servicios que no se entregaron.

Datos obtenidos de centenares de solicitudes de acceso a la información, enviadas a diferentes dependencias del estado de Veracruz, permitieron a Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentar que el DIF-Veracruz entregó estos 415 millones 78 mil 432 pesos en contratos a 33 empresas fachada, todos durante la gestión de Macías Tubilla.

Pero además, Animal Político y MCCI han podido documentar que, en realidad, la red de empresas fantasma está conformada por 400, sobre las que se abundará en siguientes entregas periodísticas.

A este grupo de 400 empresas pertenecen las 33 empresas fachada que sirvieron para presuntamente desviar recursos del DIF-Veracruz.

Entre esas compañías se encuentran las seis que la Fiscalía de Veracruz identificó para pedir la orden de aprehensión contra Karime Macías: Grupo Balcano SA de CV ; Prefraco SA de CV; Abastecedora Romcru SA de CV; Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV; Ravsan Servicios Múltiples SA de CV; y ANZARA.

Se trata de empresas fachada o fantasma, es decir, legalmente constituidas pero que carecen de los recursos humanos y materiales para proporcionar cualquier servicio, más allá de emitir una factura. De las 33 empresas que recibieron dinero del DIF el SAT ya investigó a 19 y concluyó, en definitiva, que eran empresas inexistentes que simulaban operaciones.

Aunque el nombre de Karime Macías no aparece en ninguno de los contratos firmados, pues de hecho el puesto de presidenta del DIF es honorífico, la investigación de la Fiscalía de Veracruz consignada a un juez apunta a que ella presuntamente ordenaba y coordinaba los pagos a las empresas fachada para desviar los recursos públicos.

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Sin contratos y sin cobrar; así trabajan más de mil maestros de estudiantes con discapacidad a nivel bachillerato

Por Redacción/Animal político

Maestros de los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad denuncian irregularidades laborales que van desde la falta de pago hasta trabajar sin contrato y hacer declaraciones de impuestos al SAT sobre salarios que no han recibido.

Desde enero pasado los mil 500 asesores educativos de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), de todo el país, no reciben su sueldo.

Sus exigencias a la Secretaría de Educación Pública (SEP) van más allá del pago de su salario, pues además acusan una serie de irregularidades respecto a sus condiciones laborales y entorno de trabajo.

En las últimas dos semanas los asesores y encargados de los CAED a nivel nacional han realizado diversas acciones para exigir sus pagos. Sin embargo, aseguran que ni la SEP ni la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) han atendido sus reclamos.

Los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad ofrecen la opción de cursar el bachillerato de manera no escolarizada para personas con alguna discapacidad, con validez de la SEP.

Surgen en 2009, luego de que un alto número de estudiantes con discapacidad inscritos en el sistema de Preparatoria Abierta se encontraran con el obstáculo de que los maestros no estaban capacitados para trabajar con personas con discapacidad.

De acuerdo con la SEP, en todo el país existen 291 CAED. Estos se componen de un responsable del centro, un auxiliar y cuatro o cinco asesores. Cada asesor se encarga de un área de conocimiento, las cuales son: ciencias experimentales, humanidades, matemáticas y lenguaje y comunicación.

El sueldo de cada asesor ronda los 7 mil 600 pesos mientras que los responsables ganan alrededor de 8 mil 500 pesos; su pago es mensual.

La SEP adeuda a cada integrante de los CAED alrededor de 30 mil pesos. Pero a pesar de la difusión que se le ha dado al caso, los docentes afectados dicen que son ignorados por las direcciones correspondientes.

“Somos de todos y de nadie”

En entrevista para Animal Político, Gabriela Galicia, responsable del CAED no. 5 de Ciudad de México, explica que el problema radica en que los centros dependen de varias dependencias de manera informal y las irregularidades en el pago se deben principalmente a que los recursos destinados para ello pasan por diversas instancias.

“Financieramente nosotros dependemos totalmente de la SEP, pero no somos una Subsecretaría, trabajamos bajo la modalidad de Preparatoria Abierta, pero en cuanto a capacitación dependemos de la Dirección General de Bachillerato, es decir somos de todos y de nadie”, comenta.

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Gobierno federal niega al Sistema Nacional Anticorrupción información sobre La estafa maestra

Imagen: Animal Político

Por Redacción/Animal Político

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR) y dependencias como la Sedesol y la Sedatu no han entregado, ni al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción o a ciudadanos que lo han solicitado, información pública sobre el esquema de desvío de recursos públicos, documentados en La Estafa Maestra.

Desde hace cuatro meses, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, uno de los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción, solicitaron al SAT las facturas emitidas por las empresas fantasma o con irregularidades contratadas por universidades públicas para hacer servicios al gobierno federal, pero que nunca se cumplieron, de acuerdo con la ASF.

“Aún no hay respuesta”, dice José López Presa, miembro del Comité. “Desde nuestra perspectiva, tratándose de recursos públicos no hay pie a la reserva de la información”, pero la negativa ni siquiera se ha expresado a través de un documento oficial, simplemente el SAT ha “ignorado” la petición.

La estafa maestra es el esquema de desvío documentado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción en el cual once dependencias públicas “contrataron” a ocho universidades públicas por 7 mil 670 millones de pesos para hacer supuestos servicios, pero éstas subcontrataron a 186 empresas, de las cuales 150 son irregulares y, por tanto, no cumplieron los servicios. El dinero simplemente desapareció.

De acuerdo con la ley, el SAT tiene una actuación preponderante para encontrar a los posibles responsables de la estafa porque es el encargado de revisar la legalidad de las empresas y las operaciones que realizan; por tanto, tienen la información fiscal de las 186 compañías que supuestamente fueron contratadas en este esquema.

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Piden al SAT información fiscal para proceder contra empresas reveladas en La Estafa Maestra

Por Redacción/Animal Político

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción solicitó al SAT información sobre los pagos hechos por Pemex, Sedesol y SCT a empresas fantasma reveladas por Animal Político.

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción solicitó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) la información sobre los pagos que hicieron Pemex, Sedesol y SCT a empresas fantasma reveladas en el reportaje La Estafa Maestra.

El pasado 4 de septiembre, Animal Político reveló cómo 186 compañías fantasma recibieron 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones.
El Comité explicó que todo contribuyente está obligado a emitir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) cuando se obtienen ingresos provenientes de entes públicos, de no hacerlo “consentiría la evasión fiscal de los contribuyentes, sino también el desvío de recursos públicos (corrupción)”.

Las dependencias públicas deben contar con documentación comprobatoria y justificativa de sus gastos y pagarlos a través transferencias bancarias.

El CPC señaló que hay evidencias y reportes de “que de manera intencionada los entes públicos utilizan las empresas fachada o fantasma como mecanismo para desviar recursos públicos”.

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