#EjércitoEspía: en 2019, la Sedena pagó 60 mdp a la empresa que vende el software Pegasus en México

Imagen: Twitter @R3Dmx

 

 

Nayeli Roldán/Animal Político

La Secretaría de la Defensa Nacional hizo dos pagos a Comercializadora Antsua, uno por 46.4 millones de pesos y otro por 13.6 millones, de acuerdo con información revelada por el grupo de activistas Guacamaya.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pagó 60 millones de pesos a la compañía Comercializadora Antsua, SA de CV, designada como representante exclusiva para venderle tecnología de NSO Group —la empresa israelí desarrolladora del software de espionaje Pegasus—, por dos contratos de adjudicaciones directas realizadas en 2019. 

Así lo revelan documentos relacionados con estos contratos —contenidos en la información de la Sedena obtenida por el grupo de hacktivistas Guacamaya—, que la dependencia había ocultado pese a solicitudes de información e incluso peticiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizadas durante el proceso de auditoría que el órgano fiscalizador le practicaba en septiembre de 2021. 

Ambas contrataciones fueron por el “servicio de monitoreo de información remota” y, según los documentos, los pagos fueron autorizados por la Tesorería de la Federación (Tesofe), toda vez que les fueron asignados números de Cuentas Líquidas por Cobrar (CLC), término utilizado para el registro de pagos en contabilidad gubernamental.

Este domingo, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso dieron a conocer que un periodista de Animal Político, el periodista y escritor Ricardo Raphael y el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos fueron espiados a través de la infección de sus teléfonos con el software Pegasus, mientras realizaban investigaciones de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por las Fuerzas Armadas. 

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Ocho masacres y aumento de la violencia en 19 estados durante primer año del gobierno de AMLO

Arturo Ángel/Animal Político

Durante este año subió el promedio de víctimas por ataque, pese a la nueva estrategia y el despligue de la Guardia Nacional.

Imagen: Susana Gómez/Animal Político

En el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la crisis de seguridad en el país continuó y se profundizó. La cifra de personas asesinadas, 32 mil 565, no solo es la más alta para un inicio de sexenio, sino que además los casos se han vuelto más violentos.

Y es que el promedio de víctimas que deja cada caso en 2019 es el más alto de por lo menos los últimos cinco años. Ocho masacres con un saldo de 124 personas que perdieron la vida, entre ellos mujeres, niños y policías, son ejemplo de esto.

El alza de las tasas de homicidios no es un hecho focalizado en una región del país, sino que se extiende en 19 de los 32 estados.

Un matiz importante: los datos confirman que el gobierno de López Obrado recibió, a diferencia de sus antecesores, una tendencia al alza en los homicidios. Este crecimiento se había detenido en los últimos meses, aunque el balance preliminar de noviembre arroja, otra vez, un incremento.

Lo anterior ocurre pese a que el gobierno actual ha fijado el problema de la inseguridad como un tema prioritario de su política pública, que se aborda todas las mañanas en reuniones que sostiene el gabinete de seguridad y que son encabezadas por el propio presidente.

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Migración detiene y encierra a solicitantes de refugio pese a tener papeles

Alberto Pradilla/Animal Político

Durante el operativo del sábado en Chiapas contra la caravana de africanos, caribeños y centroamericanos, agentes del INM arrestaron a peticionarios de asilo que niegan estar presentes en la marcha.

Foto: Alberto Pradilla/Animal Político

“Yo iba con los papeles legales. Se lo dije. Ellos vieron los documentos y nos metieron en la perrera”. Víctor Edgardo Ruiz Orellana, hondureño, del departamento de Olancho, de 31 años, protesta al abandonar la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. Pasan algunos minutos de las 17:00 horas y el hombre, junto a su esposa y sus dos hijos, acaba de ser puesto en libertad. Con ellos caminan otros tres jóvenes de Honduras y otro más de El Salvador. 

Todos ellos estuvieron encerrados más de 24 horas, desde las 9 de la mañana del sábado, a pesar de ser solicitantes de refugio en México. 

Ruiz Orellana explica que huyó de Honduras a finales de mayo por problemas con un grupo criminal. Muestra su petición de asilo formulada ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). Va por la segunda constancia, pero todavía no han transcurrido los 90 días que, según la ley, dispone la administración para responder. 

El caso de Ruiz Orellana no es único. Según relata, otros muchos solicitantes de asilo, centroamericanos en su mayoría, fueron detenidos en la mañana del sábado. Ese mismo día, una caravana de unas 2,000 personas salió de Tapachula. 

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Inconsistencias en expediente apuntan a montaje de policía de Guanajuato en muerte de joven

Rodrigo Soberanes/Animal Político

Entre las anomalías se encuentra el reporte de un perito quien dijo encontrar el cuerpo dentro de una cocina, cuando la policía reportó el hallazgo en una carretera de Villagrán.

Foto: Cuartoscuro

El expediente sobre el caso de Leonardo García -el joven guanajuatense que murió en un paraje cercano a las vías del tren rodeado por 12 policías después de un supuesto enfrentamiento- tiene inconsistencias que apuntan a un posible montaje que ocultaría una ejecución extrajudicial.  

Una de las anomalías es el reporte de un perito quien señaló haber encontrado el cuerpo dentro de una cocina, cuando la propia policía reportó que los hechos ocurrieron en una carretera dentro del municipio de Villagrán, a la altura de la comunidad El Rehilete.

“Localizado sobre el área del suelo de cocina por parte superior del inmueble y junto al muro poniente de la cocina. Inmueble localizado en la calle Nardo. En su miembro inferior izquierdo al realizar inspección del cadáver se observan a simple vista heridas por arma de fuego”, señala el documento.

Este caso, sucedido el 11 de julio pasado, desató el enojo de una comunidad completa en Guanajuato porque, según testigos, Leonardo fue víctima de una ejecución.

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42 años después de torturarla, el Estado mexicano se disculpará con víctima de la Guerra Sucia

Alberto Pradilla/Animal Político

Martha Camacho Loaiza fue arrestada en 1977 en Culiacán por integrantes de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Estaba embarazada y era militante de la Liga Comunista 23 de septiembre.

Foto: Centro Prodh

El 19 de agosto de 1977 comenzó el infierno para Martha Camacho Loaiza. Fue arrestada en Culiacán, Sinaloa, por militares de la Secretaría de la Defensa e integrantes de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Estaba embarazada y era militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, un grupo político militar que operó en México en los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado. La mujer fue torturada durante 49 días. Junto a ella, en las instalaciones de la 9ª zona militar, se encontraba su esposo, José Manuel Alapizco. Fue ejecutado. A ella le obligaron a presenciarlo. El cuerpo nunca apareció.

Martha Camacho es la presidente de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa. Hoy el Estado le pedirá perdón en una ceremonia que se oficiará en el Centro Cultural Tlatelolco, el mismo lugar en el que cientos de estudiantes fueron reprimidos en 1968.

La disculpa la pronunciará la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Está previsto que al acto acuda también el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas.

Se trata de la primera ocasión en la que una víctima de la época conocida como la “guerra sucia”, que se alargó entre los años 60 y 70, recibirá una petición de perdón oficial del Estado.

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La ASF perdonó a Manuel Velasco desvío de 685 mdp; recursos de mujeres pobres fueron a empresas fantasma

Manu Ureste/Animal Político

Imagen: Animal Político

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) perdonó al gobierno chiapaneco de Manuel Velasco desvíos por 685 millones de pesos que acabaron en una red de empresas fantasma.

En tan solo dos días, la Auditoría —que hoy dirige David Colmenares— le dio carpetazo a una investigación que llevaba meses en proceso, en la que se habían encontrado diversas irregularidades y que, incluso, realizó la misma dependencia, pero durante la pasada administración, la de Juan Manuel Portal.

En la investigación que dirigió Portal, la ASF había documentado irregularidades en el gasto de cientos de millones de pesos en un programa social que prometía impulsar el desarrollo de las madres solteras de escasos recursos de Chiapas, uno de los estados más pobres de México.

Pero el perdón de la Auditoría —ya con Colmenares al frente— se aceleró cuando se supo que en el Senado de la República se iba presentar un punto de acuerdo para que Manuel Velasco respondiera ante la ciudadanía por esos desvíos millonarios.

Animal Político documentó que detrás de ese perdón exprés que benefició a Manuel Velasco hay un entramado de corrupción y de simulación que permitió que 685 millones de pesos que debieron invertirse en empoderar a miles de mujeres pobres, acabaran en las cuentas de empresas fantasma.

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Jueces ordenan aprehensión de 12 exfuncionarios de Javier Duarte por peculado

Redacción/Animal Político

Son los primeros resultados de denuncias promovidas por la Auditoría Superior. La PGR reconoce negligencia en estos casos, y riesgo en otros como La Estafa Maestra.

Foto: PGR

La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo al menos 12 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte por su probable responsabilidad en el delito de peculado. Esto como resultado de las denuncias por desvíos de recursos federales interpuestas ante el Ministerio Público por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se trata de los primeros casos promovidos por la ASF, en donde la PGR consigue completar la investigación y enviársela con éxito a un juez. En total la Procuraduría ha abierto entre 70 y 80 carpetas de investigación y averiguaciones previas por denuncias de los auditores, muchos de los cuales permanecieron por años sin avances, o incluso fueron mal integradas de forma premeditada.

Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de PGR, Felipe Muñoz Vázquez, en una reunión con periodistas en la sede de dicha dependencia.

El funcionario explicó que, para acelerar el esclarecimiento de las denuncias que la ASF ha interpuesto en contra de la administración de Javier Duarte, se conformó un equipo especial con funcionarios de ambas instituciones.

“Lo que hicimos fue formar un grupo de agentes del Ministerio Público, concretamente tres, un director general, dos peritos en contabilidad y dos auditores y nos trasladamos a Veracruz. Establecimos una oficina y empezamos a integrar los casos”, dijo.

El resultado es la judicialización (antes conocida como consignación) exitosa en las últimas semanas de varias de estas carpetas de investigación, que se tradujeron en órdenes de aprehensión en contra de doce exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte.

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Padres de Mara Castilla demandan a Cabify por su responsabilidad en el feminicidio de la joven

Redacción/Animal Político

En la demanda, los abogados solicitan el pago de tres indemnizaciones, una por la reparación del daño moral, otra por responsabilidad civil de la empresa, y la tercera por daños punitivos; el presunto responsable fue nuevamente vinculado por feminicidio.

Foto: Viridiana Ramírez/Cencos

Los padres de Mara Castilla, la joven asesinada en septiembre de 2017 en Puebla tras abordar una unidad de transporte privado operado por Cabify, interpusieron este jueves 27 de septiembre una demanda civil ante el Tribunal Superior feminde Justicia de Ciudad de México, en contra de la empresa por el daño moral sufrido a causa del crimen.

Los abogados Roberto Fernández y Carlos Brehm, de la firma Santamirna y Steta, detallaron en entrevista que en la demanda solicitan el pago de tres indemnizaciones: “Una por reparación del daño moral de los padres de Mara, otra por el pago de una indemnización por la responsabilidad civil que tiene Cabify ante los hechos, y la tercera por daños punitivos”.

En el último caso, explicaron, se trata de una figura relativamente nueva que se refiere al pago de una sanción ejemplar por parte de Cabify, “para evitar que la conducta se vuelva a repetir y otras plataformas que prestan servicios similares sepan que sus omisiones, negligencias y acciones tienen consecuencias”.

El monto para las tres indemnizaciones será planteado por el juez que tome el caso con base en ciertos factores de la investigación; de aprobarse, el total de la cantidad serán destinada a los padres de Mara.

Cabify ya fue notificada sobre la demanda y los abogados quedarán a la espera de la respuesta de la empresa para tomar un siguiente paso.

“Esperamos que tengan una reacción al respecto, sabemos que hace meses los representantes de Cabify tuvieron un acercamiento con los abogados penalistas del caso y no hubo una respuesta positiva para asumir la responsabilidad, pero confiamos en que en esta ocasión reflexionen el tema y hagan lo más apropiado”, señalaron.

Más allá del pago de las indemnizaciones, Roberto Fernández y Carlos Brehm comentaron que la intención de la demanda civil es que Cabify y otras plataformas tomen en serio la integridad de las y los usuarios, y cambien de fondo sus mecanismos de seguridad para que garantice que hechos como el caso de Mara no se volverán a repetir.

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Pegasus sigue activo en México: suplantan identidad de Animal Político para espiar

Redacción/Animal Político

El método de infección de Pegasus es a través de un clic en un enlace malicioso, que suele hacerse pasar por un sitio web legítimo para engañar a la víctima.

StockSnap.io

El dominio del sitio de noticias Animal Político y del servicio de noticias por mensajes UNO Noticias son suplantados por el programa Pegasus para enviar mensajes a celulares e infectarlos con un programa que permite el espionaje, de acuerdo con un reporte del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que también confirma que este programa sigue siendo utilizado en México .

El método de infección de Pegasus es a través de un clic en un enlace malicioso, que suele enviar un SMS a celulares haciéndose pasar por un sitio web legítimo para engañar a la víctima.

De acuerdo con la investigación, los dominios que se hallaron coinciden con la infraestructura de la firma israelí NSO Group, dedicada al ciberespionaje.

El año pasado, después de que se revelara que el programa espía -que supuestamente solo se vende a gobiernos- era usado para espiar a defensores, periodistas y activistas,una parte de la infraestructura fue parcialmente desactivada. Pero la nueva investigación de Citizen Lab revela que este programa aún es utilizado para espiar.

Los dominios que utilizan para suplantar la dirección de Animal Político son:

  • universopolitico[.]net
  • animal-politico[.]com

La dirección real del portal de noticias es animalpolitico.com

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Aunque ya había sido denunciada, IMSS volvió a dar un contrato a una empresa involucrada en una red de simulación

Redacción/Animal Político

El pasado 7 de junio, el IMSS informó que demandó a “un proveedor” de equipo médico tras ser revelada una red familiar de empresas que competían entre ellas; una semana después una de esas compañías ganó un contrato.

Instituto Mexicano del Seguro Social

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgó un nuevo contrato por 2.6 millones de pesos a su proveedor de equipo médico Carimed Equipos, una de las empresas de la red familiar de Isabel Camacho, luego de que fuera revelada la simulación de competencia entre esas compañías para ganar licitaciones del Instituto.

La operación de las empresas y su vínculo con funcionarios y exfuncionarios del IMSS fueron dados a conocer por Animal Político el 5 de junio pasado. En respuesta, el IMSS anunció el 7 de junio que había denunciado a “un proveedor”(sin señalar cuál) de equipo médico ante la Procuraduría General de la República (PGR), por presuntos actos ilícitos.

Siete días después, el 14 de junio, fue notificado el fallo de la licitación LA-050GYR022-E36-2018, en la que el IMSS le otorgó una partida de casi tres millones de pesos por la compra de equipos radiológicos a Carimed, empresa que forma parte del grupo acusado de simular competencia, falsificar registros sanitarios y ofrecer prebendas a funcionarios.

Dacega Corporation, DCG Technology, MED Prime, International Equipment JCB, Innovación MEC y Carimed Equipos forman un grupo de empresas administradas por la propietaria de Dacega, Isabel Camacho Ruiz. Por lo menos desde 2012, estas compañías compiten entre sí para conseguir contratos con el IMSS, muchos de ellos firmados con la delegación sur de la Ciudad de México, en la que trabajan funcionarios a los que Camacho les ha pagado boletos de avión. Un abogado, y socio de Isabel, fue funcionario del hospital de Ginecobstetricia ‘Luis Castelazo Ayala’, con el que la red también firmó decenas de contratos.

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