Cuernavaca, Mor., Habitantes de Cuautla, Ayala y Yecapixtla, entre otros municipios de la zona oriente de Morelos, presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) una queja para que se detenga la consulta pública que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para los días 23 y 24 de febrero, con el propósito de ver si se continúa el Proyecto Integral Morelos (PIM) que lleva a cabo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que incluye la construcción de dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto.
Encabezados por Gilberto López y Rivas, profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, campesinos y opositores al PIM dijeron que la demanda es contra “el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del estado (Cuauhtémoc Blanco), pero particularmente contra la CFE, que prácticamente ya construyó una termoeléctrica en Huexca, municipio de Yecapixtla.
Al menos 20 organizaciones civiles que atienden a población migrante firmaron una carta dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la Cámara de Diputados, en la que piden la intervención del gobierno federal para apoyar con la atención a migrantes, en tránsito y deportados.
“Las organizaciones civiles, espacios e iglesias firmantes de la carta pública reiteramos nuestro compromiso con los y las migrantes de acuerdo a nuestras capacidades, misión y propios recursos. Por lo que exigimos de los gobiernos federal, estatal y municipal que asuman su responsabilidad de garantizar atención digna a la población migrante, dice la postura emitida por las 20 organizaciones civiles”, cita la misiva.
Los organismos también pidieron la creación de una comisión federal permanente en Baja California que atienda de forma inmediata e integral a las personas migrantes, que garantice la protección de sus derechos humanos y los principios básicos de seguridad humana e igualdad.
Exigieron un plan de acción integral de protección a migrantes en las ciudades fronterizas que convergen en esta región.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) apremió al gobierno federal a atender la violencia contra las mujeres que se presenta en el ámbito comunitario y revisar las 18 alertas de género declaradas en el país. En este sentido, pidió que el presidente Andrés Manuel López Obrador dialogue con las organizaciones.
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, expuso que 70 por ciento de los feminicidas se mantiene en el estatus de desconocidos, ubicando sólo a 30 por ciento de los agresores como personas conocidas de las víctimas, tales como sus parejas y familiares cercanos, entre otros, “lo que refleja un evidente contexto criminal.
Lo que han hecho las autoridades estatales es invisibilizar y reducir el feminicidio al ámbito familiar; del 24 por ciento de los asesinatos de mujeres que se reconoce como tal, la mayoría lo ubican en este círculo, dejando en la impunidad y no investigando los que se cometen en el espacio público, donde en muchos casos están involucrados diversas estructuras criminales, señaló.
Cd. de México (18 diciembre 2018).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que en las Coordinaciones Regionales de Seguridad Pública serán militares quienes ejerzan el mando, por lo que las corporaciones civiles tendrán que subordinarse a ellos.
“Nada de que mandan todos, porque, entonces, no sirve. Manda uno, mando único, porque él va a tener el mando, todas las responsabilidades y todas las facultades.
“Entonces, en las coordinaciones: mandos del Ejército, y mandos de la Marina en las costas. Y que ese mando sea el que coordine a todos”, explicó, en un encuentro con militares y civiles de las 150 coordinaciones regionales.
Dicha medida, reconoció el Presidente, se tomará, a pesar de que aún no se aprueba la reforma Constitucional con la que se busca crear la Guardia Nacional, una rama del Ejército que será la encargada de tareas de seguridad pública.
Las universidades estatales recibirán 3.4% menos que el año pasado, insuficiente para pagar sueldos y enfrentar la inflación. Aunque el proyecto de las 100 nuevas universidades, propuestas en campaña por López Obrador, sí tendrán recursos.
Foto: Facebook @UAEMex
Las instituciones de Educación Superior de los estados tendrán menos recursos para operar en 2019 con respecto al año anterior, se recortarán las becas para universitarios y se castigarán algunas áreas de dicho nivel, según el proyecto previsto por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador; en cambio, se destinarán mil millones de pesos a una nueva partida para crear las 100 universidades prometidas por el mandatario durante la campaña electoral.
La UNAM, UAM e IPN también tuvieron recortes en su presupuesto. La Máxima Casa de Estudios señaló en un comunicado que el recorte de más de 6% de recursos “no corresponde a la trascendente e importante labor dela institución”. Y pidió a los diputados modificar el proyecto de presupuesto.
Mientras que la Universidad Autónoma Metropolitana lamentó el recorte y también pidió a los legisladores rectificar.
Este lunes, López Obrador justificó el recorte a la UNAM al decir que “en general, es que se va a hacer más con menos. ¿Por qué? Se acaba la corrupción, se acaba el derroche. Va a rendir más el presupuesto. Eso es lo único que puedo decir”, señaló en su conferencia matutina.
Las entidades federativas recibirán 58 mil 647 millones de pesos para las 68 instituciones de educación superior en todo el país. Aunque este presupuesto es 210 millones de pesos mayor con respecto a 2018, cuando tuvieron 58 mil millones 437 mil pesos, al incluir la inflación hay una disminución real de 3.4%, según cálculos del diputado Tonatiuh Bravo, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
La política migratoria de esta administración incluye un gran cambio de tono para dejar atrás los retenes policiales y otras formas similares de control hacia el flujo de personas en el país, señaló Tonatiuh Guillén, comisionado nacional de Migración, al referirse al plan nacional en la materia que presentará hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se establecerá claramente el respeto estricto a los derechos humanos, así como el cumplimiento del pacto mundial sobre migración, en el cual México se compromete a una movilidad ordenada, segura y regular, indicó el funcionario en entrevista realizada en la Secretaría Gobernación, entidad responsable del diseño y puesta en marcha de esa política del país.
El miércoles pasado, la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, dijo que no se negará el ingreso a ningún extranjero en situación irregular, siempre y cuando se registre.
En la frontera sur, indicó entonces, sólo habrá una puerta; “a cualquiera que quiera entrar sin documentos le vamos a decir: ‘fórmate en la cola y vas a ingresar al país. Vamos a poner módulos para identificarlos y hacer un registro ordenado de todos los migrantes”.
Representantes de los 110 sobrevivientes de la masacre de Acteal en 1997 enviaron hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador un documento para solicitar su intervención para que a casi 21 años de lo sucedido se haga justicia y se reconozca la verdad.
Vicente Luna Ruiz, Antonio Gómez Pérez, Mariano Luna Ruiz, y Francisco Gómez Pérez, con la personalidad acreditada ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), solicitaron a López Obrador una reunión para en San Cristóbal de las Casas sobre el caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal).
Las Abejas buscaran al presidente con el objetivo de buscar un mecanismo conjunto de solución y reparación integral basado en la verdad y justicia.
Así mismo, Las Abejas buscarán el encuentro físico con López Obrador en medio de toma de protesta de Rutilio Escandón Cadenas este próximo 8 de diciembre.
La agenda de derechos humanos va más allá del uso de los militares en tareas de seguridad pública. Sin embargo, el anuncio de la Guardia Nacional representa un riesgo para las facultades ciudadanas y no bastará con la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para que las fuerzas armadas dejen de violentar las garantías fundamentales, señalaron defensores de estas garantías, quienes insistieron en que mantener a elementos de las fuerzas armadas en labores que no les corresponde, como lo anunció el nuevo mandatario federal, representa un riesgo para las garantías fundamentales.
Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, indicó que el tema de la Guardia Nacional es delicado, aunque las agendas de derechos humanos son más complejas. Hay que esperar y analizar a que se cumpla el compromiso (de López Obrador) de consultar a la población.
Gutiérrez indicó que un punto central en la agenda de derechos humanos de López Obrador será resolver el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como la punta de lanza para aclarar y llegar a la justicia en el tema de las más de 37 mil desapariciones que se han dado en el país en los pasados dos sexenios. El mensaje que mande este lunes (al decretar la creación de la comisión de investigación para el caso Iguala) será la base para que más adelante declare una emergencia nacional forense y haya una revisión profunda de la fiscalía para personas desaparecidas.
Se instruye a las dependencias del Ejecutivo federal a tener una amplia colaboración con la investigación.
“Es un asunto de Estado dar con la verdad. No habrá impunidad”: AMLO
“Que no quede en la firma nada más. Siga caminando con nosotros”, piden familiares al presidente.
Solicitan a ONU y CIDH cooperación y asistencia internacional para llegar a la verdad.
Ciudad de México, 03 de diciembre de 2018. Para las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la emisión del decreto para el fortalecer el derecho a la verdad y la justicia en el caso, firmado hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, representa una nueva etapa de esperanza en la que “se irá construyendo la confianza”.
Tras apelar a su perseverancia y pedir que la mantenga para dar con el paradero de los muchachos, Doña María Martínez, mamá de Miguel Ángel Hernández Martínez, le pidió a Andrés Manuel López Obrador que siga caminando con las madres y los padres y le señaló que son miles las personas desaparecidas en México. “Estamos acá porque no queremos que ninguna familia pase por todo esto”, señaló.
El decreto ordena la creación en 30 días hábiles de una Comisión Presidencial –coordinada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas- que proveerá a los familiares de las víctimas, como coadyuvantes en la investigación, de todos las facilidades y apoyos institucionales que requieran para el esclarecimiento de los hechos. Estará compuesta por familiares de los normalistas, sus representantes y funcionarios de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, además de expertos profesionales y técnicos.
Foto: centroprodh.org.mx
El titular del Poder Ejecutivo señala en el decreto que toda la Administración Pública federal deberá facilitar el ejercicio del derecho a la verdad de las familias; específicamente, el subsecretario Encinas deberá realizar las vinculaciones necesarias con las dependencias y con el aparato de justicia para la buena marcha de la comisión.
“No habrá ninguna traba para llegar a la verdad”, aseguró el presidente López Obrador, quien reiteró que es un asunto de Estado dar con la verdad pues la misma fortalece a las instituciones y señaló la importancia de que sea el primer acto de gobierno en Palacio Nacional del nuevo sexenio. Las familias pidieron que no se les nieguen las audiencias necesarias y se les trate con humanidad.
El decreto –que se publicará mañana en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor un día después- indica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encargará de lo relativo a los recursos necesarios para el funcionamiento “sin obstáculos” de la comisión; mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores se encargará de realizar los convenios necesarios con instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a efectos de que se intensifique la cooperación internacional en el caso.
El Presidente de la República aclaró que la Comisión Presidencial que incluye el decreto no es la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia que ordenó el Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas. Esta última deberá ser creada por la nueva Fiscalía General de la República – como ente autónomo- o, en su defecto, por la actual Procuraduría General de la República. Sin embargo, el decreto sí instruye a la Secretaría de Gobernación que genere los convenios y procesos de trabajo con la Fiscalía a efecto de asegurar su creación.
Además, al instruir a todos los organismos y dependencias a facilitar información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos, el decreto recuerda que la información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos no puede ser reservada e instruye a que se implementen medidas de protección y beneficios para las personas que ofrezcan información relevante.
Mientras que Alejandro Encinas sostuvo que la emisión del decreto es el inicio de una política de Estado “con las víctimas al centro”, las familias resaltaron: “sabemos que con la firma de este documento no quiere decir que todo está solucionado, por eso pedimos que no nos dejen solos”.
Los representantes de las familias adelantaron que, a partir del 5 de diciembre, se dialogará con la CIDH la asistencia técnica, específicamente con personas expertas del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI).
