GUADALAJARA, Jal. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reclacó que el mando de la Guardia Nacional será militar, con lo que descartó la solicitud del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, de que el manco fuera civil.
Y aunque, según dijo, ya se eligieron, será la próxima semana cuando se den a conocer los nombres de quienes serán los integrantes del Estado Mayor y el comandante de la Guardia Nacional. De este último se negó a dar el nombre, solo dijo que es un elemento en activo.
“Ya lo tenemos, vamos a dar a conocer ya los mandos de la Guardia nacional, acuérdense que se tiene que conformar un Estado Mayor, que lo integra la Policía Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y el comandante de la Guardia Nacional”, dijo el mandatario federal.
López Obrador justificó que debe ser un militar quien encabece la Guardia Nacional “porque vamos a contar con el apoyo del Ejército.
“Estoy hablando de una reconversión en el Ejército y necesitamos un elemento de esta institución, además con experiencia, con disciplina, con rectitud, con honestidad, con profesionalismo”, dijo.
Organizaciones integrantes del Foro Social de Izquierda realizaron un mitin en el Ángel de la Independencia con la finalidad de exigir justicia para Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), al cumplirse un mes de que el activista fue asesinado.
Hicieron un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a no beneficiar megaproyectos que destruyen los recursos y criminalizan a los opositores, demandaron que el asesinato del activista no quede impune y que se garantice que ningún defensor de derechos humanos, del ambiente y del territorio sea víctima de un crimen o de persecución.
En tanto, la Asamblea de la Resistencia de Amilcingo y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala señalaron que la Fiscalía General del Estado no ha esclarecido el crimen y el gobierno federal se ha negado a atraerlo para que lo investigue la Fiscalía General de la República.
Samir Flores, defensor de la tierra y el territorio y periodista comunitario, fue asesinado el 20 de febrero de 2019 / Imagen: #YoPrefieroLaVida -Hackear el Aeropuerto
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue declarado “persona non grata” en Morelos por la Asamblea Emergente Nacional ante la Violencia de Estado y la Autodeterminación de los Pueblos “por incumplir su palabra empeñada en 2014”, cuando se pronunció en contra de la termoeléctrica en Huexca, cuyo gobierno ahora impulsa. La Asamblea, que el fin de semana reunió a pueblos, ejidos, organizaciones y colectivos indígenas, aseguró que la llegada de AMLO a la presidencia “no está significando un cambio de política”, sino que, por el contrario, “significa la continuidad del neoliberalismo en detrimento de nuestros derechos y territorios”.
Denunció que cumplidos los cien primeros días del gobierno de AMLO “siguen asesinando a los defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores indígenas”, así como “se siguen impulsando nuevos proyectos de destrucción como el Tren Maya y el Corredor Transístmico en Oaxaca”, al igual que el Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto.
“Con rabia vemos que el poder cambia de color, pero no de preferencias, el capitalismo sigue siendo el rey-gobierno que pretende acabar con los territorios de los pueblos originarios para convertirlos en mercancía a través de la explotación y destrucción de la vida”, indicó la Asamblea, integrada por Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos Puebla Tlaxcala y la Asamblea de la Resistencia de Amilcingo, entre otras.
De la misma forma, exigió “la destitución del Delegado en Morelos Hugo Erik Flores y la atracción del caso de Samir por la Fiscalía General de la República”, luego de que el activista, opositor de la termoeléctrica en Huexca, fuera asesinado el pasado 20 de febrero en su domicilio.
La política enérgetica adoptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus primeros cien días de gobierno “contraviene de manera radical la lucha en contra del cambio climático y los compromisos del Acuerdo de París, que él mismo ha ratificado”, manifestó la organización ambiental Greenpeace.
A través de un comunicado, Greenpeace identificó cinco decisiones presidenciales que se alejan del combate al cambio climático “y que muestran que el medio ambiente, en los hechos, no resulta un tema relevante, a pesar de que el mismo ejecutivo haya declarado que ‘no podríamos, de ninguna manera, llevar a cabo una actividad económica, por importante que sea, afectando el medio ambiente, contaminando el agua, dañando el territorio’”.
Entres las cinco decisiones, se encuentran el plan nacional de refinación, la reactivación del sistema de plantas termoeléctricas y la reducción de recursos asignados para mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático en 36 por ciento respecto al del 2018.
El Gobierno federal arrancó el día de ayer una nueva fase en la investigación del caso de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos en el municipio de Iguala, Guerrero el 26 de septiembre del 2014. Los trabajos para la construcción de la verdad histórica tras el crimen, contarán ahora con el apoyo directo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, detalló que en el mecanismo especial para la investigación caso Ayotzinapa, la CIDH apoyará –entre otras cosas– con asesorías técnicas en todas las líneas de investigación criminal que estén abiertas y que no se llevaron a cabo por parte de la ex Procuraduría General de la República, actualmente, Fiscalía General.
Asimismo, informó que dentro de esta nueva fase de investigación –y atendiendo una orden directa del presidente Andrés Manuel López Obrador– los trabajos del grupo de apoyo técnico se intensificarán para dar cobertura a todas las líneas criminales que no siguió en su momento la extinta PGR, además de dar atención especial a los nuevos mecanismos impulsados para la obtención de información fidedigna sobre el caso.
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
Pide Reporteros Sin Fronteras a AMLO proteger a periodistas
Reporteros Sin Fronteras realzará una conferencia de prensa posterior a haber sostenido una reunión con el Poder Ejecutivo acerca de medidas de protección y prevención de violencia contra comunicadores y periodistas.
La organización da al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador recomendaciones en la materia y anuncia acuerdos con Secretaría de Gobernación.
También anuncian la presentación de un caso de agresión a prensa que ha quedado impune ante la Corte Penal Internacional.
Participan:
Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros sin Fronteras
Emmanuel Colombié, Director del despacho América latina de Reporteros sin Fronteras
Balbina Flores Martínez, Representante de Reporteros sin Fronteras en México
Convoca:
Reporteros Sin Fronteras
La cita: Martes 12 de Marzo de 2019 a las 13:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse conFrancisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
A 100 días del inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, no se conoce “en papel” la estrategia que seguirá el gobierno federal para contrarrestar los ataques a la prensa, fortalecer la protección y abatir la impunidad en los crímenes contra periodistas.
En entrevista, Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, dijo que hay descalificaciones del mandatario a la prensa crítica a la cual señala de amarillista, fifí y mentirosa.
“No tenemos en concreto, sobre el papel, una política pública que nos diga hacia dónde va el gobierno en términos de protección, justicia y reparación del daño a las víctimas”, dijo.
En tanto, Jan Albert-Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), indicó que la violencia es un escenario que López Obrador “heredó” de administraciones pasadas, sin embargo, el nuevo gobierno tiene que presentar su estrategia para fortalecer la protección al gremio y combatir la impunidad.
La violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha incrementado de forma alarmante, apuntan organizaciones. En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador se ha registrado el asesinato de 14 personas en Nayarit, Estado de México, Hidalgo, Chiapas, Baja California Sur, Oaxaca, Tabasco, Sonora y Morelos.
El homicidio más reciente fue el de Samir Flores Soberanes, indígena náhuatl fundador de la Radio Comunitaria Amiltzinko 100.7 FM y opositor al Proyecto Integral Morelos; Flores Soberanes, de 32 años, recibió dos disparos afuera de su casa, en Amilcingo, Morelos la mañana del 20 de febrero.
Con el objetivo de exigir justicia y protección para las personas defensoras y periodistas en México, organizaciones agrupadas en el colectivo Espacio OSC colocaron al frente de Palacio Nacional una cruz por cada periodista y persona defensora que ha sido asesinada en esta administración.
En el evento hubo un enlace telefónico con el defensor Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala y compañero de Samir Flores Soberanes, quien recalcó la preocupación ante la inacción del gobierno mexicano para frenar los ataques contra personas defensoras y periodistas.
“Por un lado dice el gobierno de López Obrador que de manera velada no se va a reprimir a los movimientos sociales, a los defensores de derechos humanos con más encarcelamientos y se promueve una amnistía que tampoco ha llegado a todas las personas que están presas y presos por la defensa de sus derechos; lo que nos preocupa es que la cárcel sea sustituida por el asesinato, por la impunidad”, aseguró.
Recalcó que las y los defensores y periodistas se encuentran en grave riesgo, sin embargo, la actual administración actúa igual que las anteriores al no proteger a estos grupos.
Espacio OSC urgió al gobierno mexicano a proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas desde un enfoque de protección colectiva; a reconocer la importancia de su labor, así como la exigencia de sus luchas; a iniciar un diálogo con organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas y autoridades para construir una política pública integral de protección.
También hizo un llamado al presidente, Andrés Manuel López Obrador: “es necesario… que realice declaraciones que no estigmaticen la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas o sugieran que las organizaciones de la sociedad civil actúan incorrectamente o ilegalmente”.
La descalificación en contra de estas dos poblaciones eleva el riesgo en el que se encuentran y las deja en condiciones de vulnerabilidad frente a ataques, aseguran las organizaciones, por lo que es necesario reconocer su labor y la importancia que ésta tiene en el fortalecimiento de la democracia.
Desde el 1 diciembre de 2018 hasta la fecha, han sido asesinadas 14 personas defensoras de derechos humanos y periodistas:
1. Jesús Alejandro Márquez Jiménez, periodista asesinado en Nayarit el 1 de diciembre de 2018. 2. Diego García Corona, periodista asesinado en el estado de México el 5 de diciembre de 2018. 3. Manuel Martínez Bautista, indígena náhuatl, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Yahualica, Hidalgo el 24 de diciembre de 2018. 4. Sinar Corzo Esquinca, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Chiapas, el 3 de enero de 2019. 5. Noé Jiménez Pablo, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019. 6. José Santiago Gómez Álvarez, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019. 7. Rafael Murúa Manríquez, periodista comunitario asesinado en Baja California Sur entre el 19 y 20 de enero de 2019. 8. Gustavo Cruz Mendoza, defensor de derechos humanos asesinado en Oaxaca el 20 de enero de 2019. 9. Bernardino García Hernández, defensor de derechos humanos asesinado en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca el 21 de enero de 2019. 10. Estelina López Gómez, defensora de tierra y territorio asesinada en la comunidad de Santo Tomás, en Chiapas, el 23 enero de 2019 11. Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, periodista, asesinado en Villahermosa, Tabasco el 9 de febrero. 12. Óscar Cazorla López, activista muxe y defensor de los derechos para el colectivo LGBTI, asesinado en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 9 de febrero 13. Reynaldo López Salas, locutor de radio asesinado en Hermosillo, Sonora, el 16 de febrero. 14. Samir Flores Soberanes, defensor de derechos humanos y periodista comunitario náhuatl, asesinado en Amilcingo Morelos municipio de Temoac, el 20 de febrero.
Samir Flores, defensor de la tierra y el territorio y periodista comunitario, fue asesinado el 20 de febrero de 2019 / Imagen: #YoPrefieroLaVida -Hackear el Aeropuerto
Consulta sobre Huexca pone en riesgo a personas defensoras y comunidades
Durante el evento, Juan Carlos Flores reiteró que la consulta con la que se decidirá el futuro de la termoeléctrica de Huexca y que está programada para este 23 y 24 de febrero será boicoteada en varios lugares.
Recalcó que las autoridades continúan imponiendo esta consulta “que es completamente inconstitucional; que viola los derechos de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa, informada y de buena fe; que está bañada de sangre”.
Para el FPDTA la consulta pone en riesgo a las comunidades, así como a las y los defensores de derechos humanos. Con este clima de violencia y tensión es muy peligroso hacerla, asegura Juan Carlos Flores, sin embargo, se va a hacer. “No podemos echarnos atrás en la defensa de nuestros derechos”, añadió.
El llamado a quienes quieren participar en la consulta es que voten por el NO a la termoeléctrica, y a organizaciones y medios de comunicación pidió y monitorear los lugares de Morelos, Puebla y Tlaxcala en los que se llevará la consulta, para vigilar que todo transcurra en orden.
Conoce la lucha de los pueblos contra el Proyecto Integral Morelos:
Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, los refugios para mujeres que viven violencia extrema no recibirán subsidios del gobierno para la prestación de servicios este año.
La convocatoria para acceder a los más de 346 millones de pesos aprobados para 2019 en el Presupuesto de Egresos de la Federación fue suspendida desde el pasado 14 de febrero, anunció el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
El argumento para ya no asignar subsidios a estos refugios fue “acatar cabalmente” la decisión de López Obrador de no transferir recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil.
“Por medio del presente comunicado se hace del conocimiento público que derivado de la instrucción recibida a través de la CIRCULAR UNO de fecha 14 de febrero de 2019, firmada por el C. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo informado por el Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, Licenciado Ángel Rodríguez Alba, mediante oficio 309-2019 de fecha 18 de febrero de 2019, con esta fecha se suspende la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REFUGIO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS, QUE VIVEN VIOLENCIA EXTREMA Y, EN SU CASO, A SUS CENTROS DE ATENCIÓN EXTERNA 2019, acatando cabalmente la decisión del Ciudadano Presidente de no “transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano”, informó el Centro.
Más de 400 pobladores de los municipios de Leonado Bravo y Zitlala, Chilpancingo, arribaron a la Ciudad de México este domingo para plantarse en Palacio Nacional hasta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador los atienda y resuelva el tema de violencian que padecen.
Al mediodía del domingo, una caravana conformada por pobladores de comunidades del municipio de Leonardo Bravo, en la sierra, y de Tlaltempana, en Zitlata llegaron a la Ciudad de México para que sea tratado el desplazamiento que han sufrido por la violencia.
El objetivo es reunirse con López Obrador para pedirle que los apoye a regresar a sus comunidades.
Los pobladores salieron con colchonetas y casas de campaña para realizaran el plantón afuera de Palacio Nacional.
En el caso de los desplazados de la sierra, desde el 11 de noviembre dejaron sus pueblos después de que nos 2 mil hombres armados, quienes se autodenominaron comunitarios, irrumpieron en la comunidad de Filo de Caballos y fueron avanzando a otros pueblos, hasta tener el control de 10 localidades.
Desde hace tres meses más de mil 600 pobladores están albergados en el auditorio de la cabecera municipal y regados en casas de familiares. En el auditorio viven hacinados y con objetos indispensables para ellos.
Los menores de edad no han podido retomar sus clases y los pobladores han denunciado que los hombres armados están saqueando sus viviendas.
En más de dos ocasiones han intentado regresar a sus pueblos, pero los hombres armados se lo han impedido. Incluso, una vez dispararon contra la caravana que los llevaba de vuelta.
Los desplazados harán dos peticiones a López Obrador: que retire a los sujetos armados de sus pueblos y que les garantice la seguridad para volver.
El vocero de los desplazados, Crescencio Pacheco González, dijo que acudieran a la Ciudad de México porque el gobernador, Héctor Astudillo Flores, no ha mostrado interés para resolver su problema.
