Organizaciones internacionales forman una coalición contra la Ley de Seguridad Interior

Foto: Viridiana Ramírez/Cencos

Por Redacción/Animal Político

Diez organizaciones internacionales conformaron una coalición para observar y documentar la situación de derechos humanos en el país tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, y hacer un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que ejerza su facultad de veto respecto a esa legislación.

“La aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se concretó esta semana en el Senado mexicano implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedentes y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos”, indicaron en un comunicado.
“Lejos de abordar la impunidad generalizada de crímenes atroces -incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la larga ‘guerra contra las drogas’- la Ley de Seguridad Interior consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad públicas reservadas para autoridades civiles”, agregaron.

La coalición está conformada por Amnistía Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group (LAWG), la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), la Organización Mundial contra la Tortura (OMTC), Peace Brigades International (PBI) y Robert F. Kennedy Human Rights.

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Amnistía y la FJEDD claman justicia en el caso de una joven asesinada por el dueño de una discoteca en SLP

Por Redacción/Proceso

Amnistía Internacional (AI) y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) entregaron este jueves al gobernador Juan Manuel Carreras un documento con más de 13 mil firmas en el que se exige investigar como feminicidio el asesinato de la joven Karla Pontigo Lucciotto, y no como homicidio culposo o accidental, proceso que actualmente es llevado así por la Procuraduría local.

Ambas organizaciones trabajaron en una campaña que reunió ese número de firmas, en respaldo a una carta dirigida al gobernador Carreras para revertir la impunidad que prevalece en el caso, como lo denunció la familia de Karla desde que murió, tras ser encontrada desangrándose en la madrugada del 28 de octubre del 2012 en la discoteca “Play”, donde trabajaba como edecán para costear sus estudios y ayudar a su familia.

La joven falleció horas después en un hospital, mientras el propietario de la discoteca aseguraba que “había chocado” contra una puerta de cristal, pero posteriormente se conoció que el cuerpo de Karla presentaba múltiples lesiones, incluso huellas de un posible ataque sexual, pero la Procuraduría acusó al propietario del antro de homicidio culposo.

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Basta con estar en el lugar equivocado para ser detenido en México, acusa Amnistía Internacional

Foto: Amnistía Internacional

Por Redacción/Animal Político

¿Qué tienen un común un estudiante de la UNAM, un adolescente maya y un vendedor de dulces en Nezahualcóyotl, Estado de México? Los tres fueron detenidos de forma arbitraria, denunció la organización Amnistía Internacional.
En mayo de 2013, Enrique Guerrero Aviña conducía su auto en las inmediaciones del Estadio Azteca, cuando notó que un grupo de hombres lo perseguía en una camioneta. El joven, en ese entonces de 28 años y estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM, trató de escapar, pero le fue imposible. Fue interceptado en el cruce de Ermita y Churubusco y, contra su voluntad, fue subido a una camioneta, donde lo interrogaron.

Le preguntaron direcciones e identidad de líderes sociales. Enrique estaba confundido y temeroso, así que no proporcionó datos. Posteriormente, los sujetos lo llevaron a una Agencia del Ministerio Público Federal, donde lo acusaron del secuestro de dos sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, en Oaxaca.

Al presentar el primer informe: Falsas sospechas: Detenciones arbitrarias por la policía en México, Amnistía Internacional (AI) concluyó que a Enrique lo detuvieron arbitrariamente, no se le permitió comunicarse con su familia o con un abogado y fue torturado de manera verbal y física.

A pesar de eso, Enrique permanece detenido en un penal federal en Jalisco, por su supuesta participación en un secuestro.

“Su aprehensión no terminó ese día; esto ha sido una larga noche de cuatro años, de intentar demostrar no solo su inocencia sino todas las vejaciones a las que ha sido sometido”, afirmó Lenika Morales, esposa de Enrique, durante la presentación del informe de Amnistía Internacional.

Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que “generalmente, las detenciones arbitrarias son conocidas en países autoritarios, donde se utilizan para callar las voces de disidencia”; sin embargo, en el caso de México, “es suficiente estar en lugar y el momento equivocado” para que a una persona pueda ser detenida de forma arbitraria.

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Mujeres, presas bajo tortura; sus verdugos siguen sin castigo

Foto: La Jornada

Por Redacción/La Jornada

Mujeres sobrevivientes de tortura han contado a diversas organizaciones civiles la pesadilla de haber sido víctima de esa práctica. Muchas siguen detenidas, acusadas de pertenecer a cárteles de la droga. La única prueba en su contra son las confesiones arrancadas mientras eran sometidas a abusos sexuales, golpes, intento de asfixia con bolsas o agua y veían cómo sus familiares o parejas eran tratadas de la misma manera.

Un común denominador en todos los casos, los victimarios –marinos, soldados o policías– no han sido sancionados, ni siquiera perseguidos. Amnistía Internacional señaló hace unos días que con la publicación, el lunes pasado, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las autoridades están obligadas no sólo a prevenir ese delito, sino a seguir cientos de casos para combatir la impunidad. Esta práctica, han señalado organizaciones nacionales e internacionales, es sistemática y generalizada en el país.

Testimonios

El 12 de febrero de 2013 Mónica viajaba en su automóvil con su esposo y su hermano, cuando elementos de la policía municipal de Torreón, Coahuila, los obligaron a detener el vehículo. La mujer narró su historia a AI, la cual se dio a conocer con muchas otras en el informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México. En ese entonces, tenía 26 años. En su testimonio indicó que los agentes no mostraron orden de aprehensión alguna, pero se los llevaron a un galpón detrás de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón.

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Feminicidios en Jalisco deben ser una prioridad política: AI

Por Redacción/Desinformémonos

Los feminicidios y la violencia de género deben tratarse como una “verdadera” prioridad en la política de Jalisco, aseguró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, Tania Reneaum Panszi, quien insistió en que las autoridades de la entidad necesitan implementar las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

De acuerdo con Reneaum, ninguna de las medidas se han puesto en marcha a dos meses de que la Conavim entregó al gobierno de Jalisco un informe con 12 recomendaciones y 37 acciones para combatir la violencia de género.

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Corrobora AI ejecución de civil en Palmarito



Por Redacción/Aristegui Noticias

Amnistía Internacional corroboró que en el operativo del pasado 3 de mayo en Palmarito, Puebla, se dio la ejecución de al menos un civil.

En un comunicado, indicó que “nuevas imágenes de video, verificadas de forma independiente por Amnistía Internacional, en las que se ve a unos hombres vestidos con uniformes militares mexicanos matando a tiros a una persona durante una operación de seguridad en la región central del país, ponen de relieve la necesidad urgente de impedir que las fuerzas armadas desempeñen funciones policiales”.

“Este video muestra algo que los y las activistas de derechos humanos llevan decenios denunciando: las fuerzas armadas mexicanas están fuera de control y nunca se les deberían encomendar operaciones de seguridad pública”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional…

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Boletín: Nuevas pruebas de ejecución por militares ponen relieve deficiente estrategia de seguridad

Nuevas imágenes de video, verificadas de forma independiente por Amnistía Internacional, en las que se ve a unos hombres vestidos con uniformes militares mexicanos matando a tiros a una persona durante una operación de seguridad en la región central del país, ponen de relieve la necesidad urgente de impedir que las fuerzas armadas desempeñen funciones policiales, ha declarado hoy Amnistía Internacional, mientras México debate un proyecto de ley que permitiría a las fuerzas armadas desempeñar dichas funciones.

“Este video muestra algo que los y las activistas de derechos humanos llevan decenios denunciando: las fuerzas armadas mexicanas están fuera de control y nunca se les deberían encomendar operaciones de seguridad pública”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“La mera idea de permitir que el personal militar detenga a personas e investigue delitos es indignante a la vista del trágico historial de derechos humanos de las fuerzas armadas mexicanas. Esta es una estrategia mal planteada que ya ha demostrado su total ineficacia.”

“En lugar de tratar de combatir la violencia con más violencia y de correr el riesgo de convertirse en otro grupo criminal, las autoridades mexicanas deberían centrarse en su obligación de proteger los derechos y la seguridad de todas las personas.”

Fuentes militares confirmaron oficialmente que el 3 de mayo de 2017 el ejército llevó a cabo dos operaciones de seguridad en Palmarito Tochapan, una pequeña localidad del estado de Puebla, en la región central de México. Según las fuerzas armadas, durante la segunda operación hubo un tiroteo entre soldados y presuntos delincuentes que desembocó en la muerte de cinco personas, dos soldados entre ellas. Unos días después se publicaron en las redes sociales unas imágenes de video presuntamente pertenecientes a la operación en las que un soldado dispara supuestamente a una persona tendida en el suelo.

Amnistía Internacional ha verificado de forma independiente las imágenes sin encontrar ningún indicio de que hubieran sido editadas o manipuladas.

La organización también ha verificado que las imágenes se tomaron en Palmarito Tochapan, que el video no se publicó en Internet antes del 4 de mayo de 2017 y que los uniformes, armas y vehículos que aparecen en él coinciden con los de otras imágenes de las fuerzas armadas de México.

Amnistía Internacional analizó también otros videos del mismo suceso que se publicaron de forma independiente en las redes sociales y que corroboran estas imágenes.

Basándose en estos datos, Amnistía Internacional tiene razones suficientes para creer que la noche del 3 de mayo de 2017 podría haberse cometido una ejecución extrajudicial en Palmarito Tochapan, Puebla, y pide a las autoridades una investigación civil imparcial, independiente y efectiva del personal militar implicado en el caso, incluidas las personas con mando o responsabilidad superior.

“Todos los indicios señalan que miembros del ejército mexicano han cometido una ejecución extrajudicial, que es un crimen de derecho internacional. Las autoridades mexicanas no deben perder más tiempo y abrir una investigación civil urgente de este incidente.”

El caso surge en medio de un debate nacional en torno a un proyecto de ley sobre “seguridad interna” que encargará a las fuerzas armadas su participación en algunas operaciones de seguridad que debería llevar a cabo la policía y que incluye conferirles facultades para detener a personas, reunir y procesar pruebas, y participar en la investigación de delitos.