Ciudad de México | Desinformémonos. Amnistía Internacional (AI) reprobó la declaración del secretario de Seguridad Pública de Puerto Morelos, Alfredo Edgardo Valdez de León, que el pasado 19 de mayo dijo «por algo los matan» a un periodista durante una reunión con el visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos al Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).
AI señaló que la declaración de Valdez «justifica el asesinato de periodistas» y es «una amenaza directa y un atentado en contra de la libertad de expresión y prensa».
La amenaza fue contra el reportero Fernando Montero, quien ya antes había denunciado amenazas por parte del Ayuntamiento de Puerto Morelos en 2021 y en febrero de este ingresó una queja ante la Cdheqroo, luego de que el director de Seguridad Pública enviara a sus agentes para amedrentarlo y exigir que se fuera cuando cubrió la fuga y atropellamiento de un detenido.
Con relación a la queja, el visitador adjunto de la Comisión, Alan Pat, llevó una reunión de mediación el 19 de mayo, a la que también asistieron Valdez de León, armado, y su director jurídico. Fue ahí donde el director de Seguridad Pública refrendó su agresión contra el reportero y le dijo «por algo los matan».
Ciudad de México. En México, las mujeres que participan en marchas y movilizaciones en contra de la violencia de género están expuestas a ser agredidas de diversas formas por parte de los cuerpos de seguridad, como parte de un escenario de criminalización y estigmatización generado tanto por las autoridades como por algunos medios informativos, advirtió Amnistía Internacional (AI) México.
En su informe “México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan” –el cual se presenta este miércoles–, la organización advirtió que aunque el derecho humano a la libertad de reunión pacífica está supuestamente garantizado en el país, en la realidad muchas mujeres sufren violencia y vulneración de ésta y otras garantías básicas al salir a manifestarse en las calles.
“Distintos cuerpos policiales han infringido los derechos de las mujeres y las niñas, incluyendo los derechos a la reunión pacífica, a la libertad, a la integridad personal, a estar libres de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a vivir una vida libre de violencia”, señaló AI en su estudio.
De igual forma, el colectivo documentó que “las autoridades responden a las protestas de mujeres y contra la violencia de género contra las mujeres, con excesivo e innecesario uso de la fuerza, con detenciones ilegales y arbitrarias, con abuso verbal y físico basado en el género contra las mujeres y con violencia sexual”.
Es “particularmente interesante” observar que luego de un proceso electoral en el que el presiente electo dijo que no se militarizaría el país, López Obrador terminó presentando un plan al que él llama el 80-20, en donde potencializa el papel del Ejército.
Foto: lopezobrador.org.mx
El tema de la seguridad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se puede reducir a la Guardia Nacional sino que es necesario contemplar los demás factores que lo convierten en “un modelo de seguridad punitivo, que constitucionaliza la presencia del Ejército”, alertó la directora Ejecutiva de la Sección Mexicana de Amnistía Internacional, Tania Reneaum.
Ese modelo, añadió, es violatorio de todas las recomendaciones que desde hace 4 años el Estado mexicano ha estado recibiendo por parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por parte de mecanismos internacionales de la ONU“.
En entrevista para #AristeguiEnVivo, dijo que es “particularmente interesante”observar que luego de un proceso electoral en el que López Obrador dijo que no se militarizaría el país y que optaría por una policía civil, terminó presentando un plan al que él llama el 80-20.
MÉRIDA, Yuc. (apro).- Amnistía Internacional y el Equipo Indignación entregaron hoy al gobierno de Yucatán más de 57 mil firmas ciudadanas exigiendo justicia e indemnización para un adolescente detenido arbitrariamente y torturado en 2016 por policías municipales de Chemax.
Foto: Amnistía Internacional
Los activistas acudieron al palacio de gobierno para entregar el escrito dirigido al gobernador Mauricio Vila Dosal, en el que se demanda investigar el caso y resarcir el daño ocasionado a José Adrián, el adolescente maya que entonces tenía 14 años, y a su familia.
El chico fue detenido por policías municipales en la localidad de X-Can cuando regresaba de la escuela caminando a su casa a raíz de que una pelea callejera protagonizada por otros jóvenes.
Cuando los policías llegaron al sitio, arremetieron a golpes contra José Adrián, a quien aporrearon contra el vehículo policial, le pisaron la cabeza y le lesionaron el cuello mientras lo detenían.
Le quitaron la camisa y los zapatos y lo llevaron a la comisaría de policía de Chemax, donde lo colgaron de una pared y lo dejaron ahí por horas. Sus padres fueron obligados a pagar una multa y los daños al vehículo policial para poder sacarlo del calabozo.
“Dos años después de este altercado violento, los agentes de policía locales autores de este hecho siguen sin haber rendido cuentas por lo sucedido”, recordaron loso activistas.
Ciudad de México | Desinformémonos. La propuesta de seguridad de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de crear una Guardia Nacional controlada por las fuerzas armadas “repite esencialmente el modelo de seguridad militarizada fallido y que ha permitido la comisión de graves violaciones de derechos humanos en manos de las fuerzas armadas”, aseguró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas en Amnistía Internacional.
Foto tomada de Desinformémonos
Por su parte, Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, opinó que “la propuesta del presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y profesionalización de las policías civiles”.
“El nuevo gobierno debería romper el paradigma militar de seguridad y establecer un nuevo modelo. Deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y deben mantener el control de las operaciones”, agregó.
De la misma forma, la organización Human Rights Watch (HRW) calificó como un “error colosal” y una política “potencialmente desastrosa” el plan presentado por AMLO en materia de seguridad.
El número de familias separadas en la frontera por el gobierno de Donald Trump por su política de tolerancia cero es mucho mayor del admitido: asciende a más de 6 mil en cuatro meses, aseguró este jueves Amnistía Internacional (AI).
La cifra, más del doble de la que se había dado a conocer, fue obtenida de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Las más de 6 mil separaciones ocurrieron entre el 19 de abril y el 15 de agosto de este año, precisó un informe de AI.
De esa cifra, además, están excluidas separaciones no registradas, como las de abuelos y otros miembros de la familia no inmediata, cuyas relaciones califican las autoridades de fraudulentas. La cifra de familias separadas por la administración Trump llega a 8 mil desde 2017.
Estas escandalosas cifras indican que las autoridades estadunidenses informaron mal a la opinión pública acerca del número de familias a las que había separado, o bien que continuaron con esta práctica ilegal a pesar de las órdenes judiciales para poner fin a las separaciones, manifestó Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El Estado mexicano tiene una gran deuda de justicia con muchas mujeres que han sido violentadas por agentes estatales, afirmó Amnistía Internacional (AI). En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que la región aún enfrenta desafíos para garantizar el pleno respeto y protección a ese sector, que sigue siendo víctima de feminicidios, desapariciones, acoso y violencia sexual, entre otras agresiones y delitos.
En el contexto del Día Internacional de la Mujer, Tania Reneaum, directora de AI México, denunció que aun cuando ha habido avances normativos e institucionales para garantizar los derechos de las mujeres, las autoridades mexicanas aún deben justicia en casos emblemáticos de abusos por agentes estatales.
Tres de ellos son: los feminicidios de Ciudad Juárez conocidos como Campo Algodonero; la violación sexual por soldados contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, en Guerrero –ambos con sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por violaciones a las garantías fundamentales–, y el de la tortura sexual contra varias mujeres detenidas en los operativos de San Salvador Atenco, estado de México, en mayo de 2006, que ya analiza el mismo tribunal.
Este 8 de marzo, señaló, estamos presenciando cómo se hace historia a medida que cada vez más mujeres alzan la voz y exigen justicia. Las luchas por la igualdad, por la libertad de decidir y por el derecho a una vida libre de violencia han impulsado victorias importantes en la reivindicación de los derechos de las mujeres. Ahora corresponde a las autoridades mostrar que están escuchando y adoptar acciones contundentes para que no se toleren las agresiones sexuales, el acoso ni ninguna clase de discriminación.
Luego de las críticas al Estado mexicano señaladas en el “Informe 2017/18 de Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo”, el vocero de Presidencia dijo que el gobierno de México está dispuesto a hacer los ajustes necesarios en materia de seguridad.
La promesa de un México en paz, que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, se desmorona hacia el fin del sexenio con los altos niveles de violencia, indicó el informe 2017-2018 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, de la organización Amnistía Internacional.
Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, señaló que en el país “graves violaciones a los derechos humanos continúan ocurriendo de forma rutinaria (…) y las personas presuntamente responsables de estos crímenes rara vez son llevados a juicio, lo que envía un mensaje claro de que estos son tolerados”.
A continuación, Animal Político te presenta los puntos más críticos en cuanto a violaciones de los derechos humanos en México, según el Informe:
Fuerzas de seguridad, detenciones y reclusión
Las detenciones y reclusiones arbitrarias continúan siendo generalizadas en México, y en ocasiones derivan en otras violaciones de derechos, como torturas, malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
El informe de Amnistía Internacional documentó que los informes policiales sobre detenciones muchas veces contienen “errores importantes”, como información falsa y otras deficiencias, como imprecisiones en el registro de la fecha y hora de la detención.
Este panorama resulta alarmante para la organización, en el marco de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que podría permitir “la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía, sin incluir disposiciones efectivas que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas ni la supervisión civil.
Tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales
En febrero, el relator especial de la ONU sobre tortura hizo público un informe, en el que concluyó que la tortura y otros malos tratos continúan siendo generalizados en México, e incluyen un uso alarmante de la violencia sexual.
Por ello, señaló Amnistía Internacional, organizaciones de la sociedad civil recibieron con agrado la Ley contra la Tortura, que entró en vigor en junio del año pasado.
Sobre las desapariciones forzadas, la organización documentó que continúan siendo una práctica habitual, y los responsables continúan gozando de una impunidad casi absoluta.
En el tema de las ejecuciones extrajudiciales, la organización señaló que estas no se investigan adecuadamente y, de hecho, por cuarto año consecutivo, en 2017 las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y fuerzas militares, ni sobre los cargos penales contra elementos del Estado que las perpetren.
Amnistía Internacional señaló que el pasado diciembre se aprobó la Ley de Seguridad Interior, que permite “la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía”, sin garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se siguieron sin esclarecer el paradero de 34 mil 656 personas, aunque la cifra real es más alta, porque se excluyeron casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas, apuntó AI. Entre estos casos, continuó sin respuestas el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en el sur del país en 2014, y “las investigaciones apenas avanzaron” durante 2017.
México, 22 febrero (EFE).- México experimentó un aumento de la violencia -con más de 40 mil homicidios- durante el pasado año, mientras que en el país continuó la impunidad por las violaciones de derechos humanos, así como las amenazas, homicidios y ataques contra periodistas y activistas, denunció Amnistía Internacional (AI).
En su informe anual 2017 presentado hoy en Washington, la organización hizo referencia al “incremento significativo” en el número de homicidios registrados en el país -4 mil 583 entre dolosos y culposos en los once primeros meses del año-, el más alto desde el comienzo del mandato del actual Presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“La cifra real podía ser más alta, ya que algunos crímenes no se denunciaban a la Policía, y no todos los que se denunciaban derivaban en medidas oficiales”, apuntó.
AI señaló que el pasado diciembre se aprobó la Ley de Seguridad Interior, que permite “la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía”, sin garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
Respecto a la situación de periodistas y defensores de derechos humanos, “continuaron las amenazas, el hostigamiento, las agresiones y los homicidios”, destacó.
Al menos doce periodistas perdieron la vida, entre ellos Javier Valdez, fundador del diario Riodoce, asesinado en mayo pasado en Sinaloa.
Las autoridades, remarcó la organización, no han obtenido “avances significativos” en las investigaciones sobre estos homicidios, muchos de ellos perpetrados a plena luz del día y en espacios públicos.
La tortura y otros malos tratos “seguían siendo generalizados”, como constató un informe de seguimiento del relator especial de la ONU.
Las desapariciones con implicación de agentes estatales y no estatales siguieron siendo una práctica “habitual”, con una “impunidad casi absoluta”.
Encuesta revela al menos 500 casos en los que personas de Honduras, El Salvador y Guatemala tuvieron que regresar a sus países obligados por autoridades mexicanas sin importar los riesgos que el camino implica.
Las autoridades migratorias mexicanas obligan a regresar a miles de migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala violando el derecho internacional e interno y sin tener en cuenta los riesgos que enfrentan esas personas al volver a sus países de origen envueltos en las tasas delictivas más altas del mundo.
Amnistía Internacional presentó este martes una encuesta que refleja 500 experiencias de personas centroamericanas que viajaron a través de México. Los testimonios revelan cómo el Instituto Nacional de Migración (INM) “incumple sistemáticamente el principio de no devolución, pilar vinculante del derecho internacional y mexicano que prohíbe la devolución de personas a situaciones donde corran riesgo real de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos”.
“Estas son historias trágicas de familias, niños, hombres y mujeres huyendo de la violencia extrema para salvar su vida. En lugar de brindarles la protección a la que tienen derecho, México está dándoles la espalda a esta gente en necesidad de manera ilegal,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El informe menciona que los países del “Triángulo Norte”, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras– continúan sufriendo una situación de violencia generalizada, donde la tasa de homicidios es entre 4 y 8 veces más alta de lo que la Organización Mundial de la Salud considera niveles “epidémicos” de homicidio.
Desde hace años, dice Amnistía, las personas que salen de estos países lo hacen no sólo impulsadas por la esperanza de encontrar mejores oportunidades de empleo, sino también porque huyen de situaciones donde su vida corre peligro, que se dan en algunas de las naciones más violentas del planeta.
