A casi cuatro meses del sismo no tenemos certeza de cómo serán reconstruidos nuestros hogares: damnificados a Mancera

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. “Estamos dispuestos a dialogar, sentarnos a la mesa y lograr acuerdos sólidos que nos permitan avanzar, pues a casi cuatro meses del sismo no tenemos certeza de la manera en que serán reconstruidos nuestros hogares, en algunos casos, ni siquiera se han entregado dictámenes sobre la condición estructural de los inmuebles”, expuso la agrupación Damnificados Unidos de la Ciudad de México al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.

La organización solicitó a Mancera que establezcan una mesa de trabajo “de carácter serio y resolutivo” para atender la crisis por el sismo del 19 de septiembre, así como para esclarecer las irregularidades que a lo largo de más de tres meses han documentado en las viviendas y la emisión de dictámenes.

“Desde el inicio de la contingencia, hemos presenciado irregularidades que van desde la inoperancia de diversas autoridades, hasta errores que nos niegan la certeza jurídica, como dictámenes de seguridad estructural con direcciones erróneas, notificaciones entregadas ‘de puerta en puerta’ en edificios colapsados, así como medidas que sólo atenúan el desastre pero no muestran voluntad por solucionarlo”, señaló.

Los damnificados recordaron que asistieron a la Cámara de Diputados para solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se contemplaran recursos suficientes para la reconstrucción de las zonas dañadas. “Hicimos lo mismo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero no fuimos escuchados”, agregaron.
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En Cuauhtémoc hay 32 edificios en riesgo de colapso, y en 5 el peligro es inminente

Por Redacción/Animal Político

En la delegación Cuauhtémoc, uno de los puntos más afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, permanecen hasta la fecha 32 edificios en “riesgo de colapso”, por lo que su demolición es urgente, y cinco de ellos están en “riesgo inminente”.

Estos 32 edificios, explicó Cinthya Murrieta, encargada de Protección Civil de la delegación, “se tienen que demoler, porque pueden en cualquier momento colapsarse, no sólo con un sismo, sino incluso con vibraciones importantes, como las que provoca la maquinaria pesada”.
Entre este grupo de edificios, existen cinco catalogados como en “alto riesgo de colapso”, y se ubican en: Colima 198 (colonia Roma Norte), Durango 167 (Roma Norte), Francisco Javier Mina 16 (colonia Guerrero), Luis Moya 64 (colonia Centro), Melchor Ocampo 288 (Cuauhtémoc), Privada de soto 108-110 (Guerrero), República de Paraguay 55 (Centro).

Esta calificación de riesgo, explicó la funcionaria delegacional, no fue emitida por Cuauhtémoc, sino directamente por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México.

Según un reporte elaborado por la delegación, a partir de los dictámenes emitidos por el ISC-CDMX, además de los 32 edificios en riesgo de colapso, hay otros 56 edificios que, aún cuando no están en peligro de derrumbarse, sí fueron catalogados como inmuebles de “alto riesgo” para sus moradores, ya que tienen elementos a punto de desplomarse, tales como muros, acabados, cornisas, ventanales, tubería, que deben ser “intervenidos” para garantizar la seguridad de las personas.

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Ley para reconstrucción viola derechos de damnificados del 19S, acusan ONG; le critican 21 irregularidades

Foto: Cuartoscuro

Organizaciones de la sociedad civil instan al Gobierno de la CDMX y a la ALDF a tomar medidas inmediatas para garantizar que la Ley de Reconstrucción proteja los derechos humanos.

Por Redacción/Animal Político

Organizaciones civiles señalaron que la Ley para la reconstrucción y recuperación de la Ciudad de México viola los derechos de las personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre, por lo que pidieron a las autoridades locales tomar en consideración a los involucrados.

Las organizaciones criticaron que el gobierno de la Ciudad de México haya adelantado procedimientos para atender a las personas afectadas, y que se contemple demoler viviendas con daños, ya que estos procedimientos no tienen fundamento en un marco legal claro ni permiten la identificación de las autoridades.

En un comunicado, enumeraron 21 irregularidades en los procesos de atención a las víctimas, así como fallas en la ley, entre las que resaltan el cierre y levantamiento de centros de acopio, en ocasiones de forma violenta y sorpresiva, como ocurrió en la Glorieta de Cibeles, en la Colonia Roma.

Otro de los problemas, indicaron, es la falta de alternativas adecuadas de vivienda temporal o alquileres asequibles; la inexistencia de criterios de priorización que se compartan públicamente para la dictaminación de edificios.

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Los sismos de septiembre son los desastres con más víctimas en lo que va del siglo en México

Por Redacción/Animal Político

El 19S triplicó el saldo de muertos de la epidemia del virus AH1N1, el desastre más letal que hubo hasta septiembre. Le siguen los saldos por lluvias, inundaciones y huracanes.

El sismo del pasado 19 de septiembre que dejó 360 muertos es el desastre más mortífero de lo que va del siglo en México, mientras que el ocurrido casi dos semanas antes, el 7 de septiembre, es el cuarto más letal en este periodo con 102 víctimas.

Hasta antes de septiembre pasado el peor desastre en cuanto a vidas perdidas según los reportes oficiales era la epidemia del virus A(H1N1) que dejó 116 muertos en todo el país, y de ahí seguían varios huracanes, inundaciones u explosiones. Ningún sismo destacaba como un evento de alta letalidad hasta la llegada de estos dos.

El temblor ocurrido a las 13:14 horas del 19 de septiembre fue de 7.1 grados. Aunque no fue el de mayor intensidad registrado en el país, su epicentro en Axochiapan, Morelos, provocó que golpeara con intensidad zonas densamente pobladas. El resultado oficial: 360 personas que perdieron la vida. Es una cantidad que triplica a la cifra más alta de muertos de un desastre en ese siglo, que era la de la epidemia del virus H1N1.
El sismo se sintió en seis estados; en todos hubo víctimas mortales. Tan solo en la Ciudad de México, las 228 personas que fallecieron serían suficiente para convertir a este sismo en el más mortífero. Pero a eso hay que agregarle 74 muertos en Morelos, 45 personas que perdieron la vida en Puebla, 15 en el Estado de México, seis en Guerrero y uno en Oaxaca.

Casi dos semanas antes de este temblor, a las 11 de la noche con 49 minutos del 7 de septiembre de 2017 se registró un terremoto de 8.1 grados de magnitud con epicentro en Pijijiapan, Chiapas. En cuanto a magnitud se trata del movimiento telúrico más fuerte registrado en el país desde el terremoto de 1985 que también fue de 8.1 grados.

Este temblor dejó un saldo letal de 102 víctimas mortales. De ellas 82 fueron en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco. Su saldo lo coloca como el cuarto evento más mortífero de lo que va del siglo en el país, detrás del sismo del 19 de septiembre, de la epidemia del virus AH1N1, y del desastre que provocó el efecto combinado de los huracanes Ingrid y Manuel en Guerrero que dejaron un balance de 105 personas fallecidas. En el quinto puesto quedaron las afectaciones que dejaron lluvias torrenciales en cuatro estados en 2001 con un total de 95 fallecidos.

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En Alpanocan, Puebla, ciudadanos reconstruyen sus viviendas, del gobierno no han recibido nada

Por Redacción/Animal Político

Ciudadanos han donado material para construir casas, la Unicef montó aulas móviles para los niños que perdieron su primaria, mientras el gobierno solo ha realizado el censo de afectados en Alpanocan.

El gobierno federal llegó un mes después del sismo a Alpanocan, una comunidad con un alto grado de marginación, ubicado en el municipio de Tochimilco Puebla. Hasta entonces comenzaron la demolición de la escuela primaria Rural Ignacio Zaragoza, que atiende a cerca de 500 alumnos.

Lo que no ha empezado aún, dicen los vecinos y se mira en las calles, es la reconstrucción de las viviendas.
Apenas el jueves 19 de octubre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el gobierno de Puebla terminaron el censo: son 28,371 las viviendas afectadas; de esas 5,744 están catalogadas como daño total. Una de cada cinco.

De lo que no se habla ni por parte de la Sedatu ni del gobierno poblano es de los damnificados, nadie tiene información sobre el total de personas que resultaron afectadas y que ahora duermen en tiendas de campaña, en casas a medio derruir cubiertas con alguna lona, o en las viviendas provisionales que levantaron los ciudadanos.

En los albergues que instaló el gobierno, encabezado por Antonio Gali Fayad, sólo se atienden a 65 personas.


El escombro lo movieron los voluntarios

Este domingo 22 de octubre varias cuadrillas de padres de familia y vecinos de la localidad, una de las más afectadas porcentualmente en el estado de Puebla pues se estima que el 80% de las viviendas tuvieron algún tipo de daño, transportaron el mobiliario educativo que se logró rescatar para llevarlo al terreno en donde se levantaron las 16 aulas móviles que donó la UNICEF.

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¿Dónde quedó, cuánto es? ONGs le exigen a Meade transparentar la ayuda que nos llegó por el sismo

Por Redacción/Sin embargo

Organizaciones de la sociedad civil ven con preocupación la falta de transparencia en el manejo del Gobierno federal de los recursos públicos para atender los daños de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado. También alertan del riesgo que ese dinero termine en manos de políticos corruptos, justo cuando comienza el proceso rumbo a las elecciones federales de 2018.

La propuesta de un Fondo Único ha cobrado auge como la única que podría homologar los criterios de los distintos fondos que surgieron por parte del Gobierno, la iniciativa privada y las donaciones internacionales. Sin embargo, pese al respaldo generalizado entre las organizaciones civiles y la población afectada por los terremotos, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto ni siquiera ha volteado a ver el planteamiento de una sociedad cansada de la corrupción.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– La propuesta de un Fondo Único de Reconstrucción Nacional que consolide a todos los que se han abierto para atender los daños de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados ya está en el escritorio José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirma el colectivo ciudadano Nosotrxs, que también alerta del riesgo de que esos fondos terminen en manos de políticos corruptos, justo ahora que inicia el proceso rumbo a las elecciones de 2018.

Luis Fernández, director ejecutivo de Nosotrxs, explicó que un primer paso para atender a los damnificados es identificarlos a cabalidad, pero “lo grave es que todos los fondos se han creado a partir de diagnósticos distintos”.

Esta situación, alertó, podría abrir la puerta a duplicar esfuerzos y beneficiar a un mismo sector de la población por falta de un padrón ordenado, además de que los recursos que se entregan se pueden “partidizar”.

“Las autoridades del país –municipales, delegacionales, estatales y federales– tienen un incentivo perverso por reportar más daños con la expectativa de recibir más recursos de los fondos para los damnificados”, ejemplificó.

Esta semana, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que la reconstrucción costaría alrededor de 48 mil millones de pesos, 10 mil millones más que el primer cálculo que dio a conocer el 27 de septiembre pasado.

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Son 11: Graco, ediles, diputados. Enseñaron el cobre con el 19S o, al menos, por eso los investigan

Por Redacción/Sin embargo

El Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu y la titular del DIF estatal, Elena Cepeda; Martha Aguilar Tovar, titular del DIF Michoacán; el Presidente Municipal de Irapuato, Guanajuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez; la Diputada panista Rocío Aguilar Nava en Puebla; el Diputado perredista Mauricio Toledo en Coyoacán, Ciudad de México, y el Presidente Municipal en Atlautla, Estado de México, el priista Mauro Sánchez Marín, fueron señalados por la ciudadanía por el uso político-electoral de los víveres destinados a las víctimas del sismo del 19 de septiembre.

Además, la Presidente Municipal de Juchitán, Oaxaca, Gloria Sánchez López, también es acusada tras el terremoto del 7 de septiembre, así así como Rafael Jesús Abreu Ponce, Ricardo Cabrera Ferez y Mauro Sánchez Pola, funcionarios del Gobierno en Veracruz de Miguel Ángel Yunes, por las mismas prácticas después del huracán “Katia”.

Ante esta serie de acusaciones contra los funcionarios públicos, algunas con videos o fotos que documentaron los posibles ilícitos, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha comenzado a investigar posibles delitos electorales. Pero a un mes del temblor que cimbró el centro del país, no se han emitido conclusiones.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).– Hace un mes, a las 13:14 horas un sismo de 7.1 grados, con epicentro al sureste de Axochiapan, Morelos, estremeció al centro del país. Causó la muerte de 369 personas, dañó más de 180 mil viviendas y dejó más de 250 mil damnificados en seis estados. A 30 días de ocurrido el fuerte temblor, las autoridades calculan que la reconstrucción costará alrededor de 48 mil millones de pesos.

Los mexicanos, 32 años después del terremoto del 85, se volvieron a movilizar, solidarizar y donar víveres. Sin embargo, el Fiscal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, lamentó que pese a la tragedia se están investigando desde el martes 26 de septiembre seis casos por denuncias por la condición de ayuda con fines electorales por parte de funcionarios públicos en Morelos, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado y Ciudad de México.

Nieto detalló que investigan en Morelos al DIF Estatal, luego de que ciudadanos acusaron en redes sociales al Gobernador Graco Ramírez Abreu y a su esposa Elena Cepeda por el desvío de dos tráileres a una bodega de la institución gubernamental; en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, tras inculpar al DIF estatal por etiquetar apoyos; en Irapuato, Guanajuato, gestionado por el panista Ricardo Ortiz Gutiérrez; en Tehuitzingo, Puebla, por señalamientos contra la Diputada panista Rocío Aguilar Nava por entregar apoyos con su nombre y logo del partido; en la delegación Coyoacán de la capital gestionada por el perredista Víctor Maldonado, para determinar si el PRD reetiquetó los apoyos con su color; y en el municipio Atlautla, Estado de México, gobernado por Mauro Sánchez Marín.

“En Pátzcuaro, Puebla y Morelos se presentaron videos en donde aparece la retención de los vehículos y por otro lado en varias ocasiones el reetiquetamiento de los mismos”, afirmó el Fiscal. La indagatoria “se desarrolla respecto a la vinculación con los partidos políticos. En Pátzcuaro y Morelos, con el PRD; en Puebla, con el PAN, y en el Estado de México con el PRI”.

La Fepade también se encuentra investigando en Juchitán, Oaxaca, por el posible desvío de víveres tras el terremoto de 8.2 grados que ocurrió la noche del 7 de septiembre, que también afectó municipios de Chiapas. El municipio es gobernado por Gloria Sánchez López.

Asimismo, la Fiscalía especializada indaga el caso en Veracruz. Tras el paso del huracán “Katia” por la entidad, Rafael Jesús Abreu Ponce, director de la Comisión del Agua estatal de Coatzacoalcos; Ricardo Cabrera Ferez, delegado de Patrimonio en Xalapa; y Mauro Sánchez Pola, Rector de la Universidad Tecnológica del Sureste en Nanchital, repartieron apoyos a damnificados en Coatzacoalcos utilizando el nombre del Gobernador Miguel Ángel Yunes y colores del Partido Acción Nacional (PAN). El partido político se deslindó.
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Un juez ordena detener a la dueña del Colegio Rébsamen

Por Redacción/Animal Político

Las órdenes son por la presentación de un certificado de uso de suelo falso y por su presunta responsabilidad en la muerte de 26 personas luego que uno de los edificios de la escuela se derrumbara durante el sismo del 19 de septiembre.

Un juez libró dos órdenes de aprehensión contra Mónica García Villegas, directora y dueña del colegio Enrique Rébsamen. Las órdenes son por uso de documentos falsos y el homicidio culposo de 26 personas, 19 niños y 7 adultos, que murieron por el colapso de uno de los edificios del plantel por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Una de las órdenes es por la presentación de un certificado de uso de suelo falso ante el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y por el cual dicho instituto presentó una denuncia penal en febrero pasado, reportó El Financiero.
De acuerdo con la denuncia, citada por el diario, el certificado que presentó García Villegas – quien también era la representante legal de la escuela – no era del Colegio sino de un predio ubicado en César Elpidio Camales, antes Calle 4, S/N, manzana 102, lote 845-D, colonia Santa Marta Acatitla, Iztapalapa.

La directora compareció ante las autoridades, se deslindó del documento y señaló a un hombre llamado Pedro Hernández como el gestor que realizó los trámites.

Autoridades judiciales confirmaron que, hasta la mañana de este domingo, García Villegas no había sido detenida ni se había presentado de manera voluntaria pues es uno de los dos requisitos, junto con el pago de una garantía de 500 mil pesos, para hacer efectiva la suspensión de amparo que obtuvo.

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Empezar de cero: El sismo les arrebató el patrimonio de toda una vida

Por Redacción/Animal político

Vecinos de los edificios dañados por el sismo en Canal de Miramontes viven en la incertidumbre de no saber si sus casas serán derrumbadas.

La señora Remedios González iba a empezar a cocinar cuando, a la 1:14 de la tarde, el edificio de cuatro plantas en el que llevaba viviendo más de 30 años comenzó a estremecerse ante los impactos de un sismo de intensidad 7.1.

“Yo viví también el sismo del 85”, cuenta la mujer de 56 años. “Pero aunque aquel fue más demoledor, este se me hizo larguísimo. Todo a mi alrededor salió disparado. Los vasos, los platos, la cubertería, todo”.

Tras algo más de un minuto “eterno”, la tierra dejó de temblar, y aparentemente regresó la normalidad. Remedios tomó su celular y se dispuso a salir del inmueble, ubicado en el número 3010 de Canal de Miramontes. Pero ya cuando bajaba por las escaleras, la mujer se percató que aquel no había sido un sismo como muchos de los que el edificio había soportado con solvencia, incluido el del pasado 7 de septiembre, cuando otro potente temblor de 8.2 puso a prueba la resistencia de la ciudad.

Ya en la primera planta del edificio, Remedios entró en shock. A sus pies, grandes trozos de concreto le dificultaban el paso, y a uno y otro lado varias paredes tenían enormes boquetes que dejaban a la vista el interior de los departamentos de sus vecinos.

Aun así, Remedios relata que se resistía a creer que estaba ante un desastre que, a unas pocas cuadras de su casa, ya había provocado la muerte de ocho personas tras el derrumbe de un bloque de departamentos en el fraccionamiento Los Girasoles II, además de graves daños en otros inmuebles como el suyo.

“Cuando bajé si vi muchos daños fuertes en el edificio, pero pensé que en un rato nos permitirían regresar por nuestras cosas”, dice encogiendo los hombros. “Nunca se me pasó por la cabeza que ya no volvería a entrar a mi casa. Que la iba a perder para siempre”.

“Mi patrimonio de 30 años de trabajo se quedó atorado en el edificio”

Desde el pasado 19 de septiembre, Remedios y otras 24 familias del edificio 3010 están “alojados” en el estacionamiento de un centro comercial, donde con la ayuda de ciudadanos voluntarios se instaló un centro de acopio para damnificados.

No es que vivan ahí, precisan los vecinos afectados, sino con amigos y familiares que les brindaron sus casas mientras dure la crisis. Pero estar todos debajo del toldo instalado en un rincón del estacionamiento los mantiene unidos como una sola familia, subraya María Magdalena Austrich, otra vecina.

Sobre todo desde hace apenas un par de días, cuando un dictamen técnico ya les confirmó dos cosas terribles: una, que su edificio tiene que ser demolido. Y dos, que su estructura quedó tan dañada que ni siquiera se les permite el acceso para sacar sus documentos básicos, ni pertenencias de ningún tipo.

“Todo mi patrimonio de más de 30 años de trabajo se quedó atorado ahí adentro”, dice Remedios, que señala con la barbilla en dirección al edificio para luego explicar que es viuda desde hace 15 años, y que tiene una hija de 22 que le pregunta a diario qué es lo que van a hacer ahora.

“No nos quedó absolutamente nada. El día del sismo mi hija salió para sus clases con la ropa que llevaba para ese día. Pero su laptop, todos sus libros, su ropa, todo se le quedó en el departamento. Ahora todo está perdido y nosotros mismos vamos a tener que ir reponiendo ese patrimonio. Vamos a tener que empezar de cero”.

Verónica Domínguez, otra vecina, no estaba en el edificio al momento del temblor. Pero cuando consiguió regresar y reunirse con sus hijos en el camellón de la avenida Miramontes, rápido comprendió que sus vidas acaban de cambiar drásticamente.

“Cuando vimos los hoyos enormes en la fachada de mi departamento, entendimos que, literalmente, nos habíamos quedado en la calle, sin nada”, se lamenta.

Ahora, Verónica trata de recuperar su tranquilidad y la de sus hijos. Y aunque admite que es consciente de la gravedad de la situación en la que están, les ha prometido que conseguirán otro hogar.

“Ya se hicieron a la idea de que no vamos a poder pasar al departamento, y de que vamos a empezar realmente de cero”.
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