Ciudad de México a 22 de noviembre de 2018.- El colectivo de Damnificados Unidos se manifestó el día de ayer a las afueras del Palacio del Ayuntamiento, donde se encuentran las oficinas de la actual administración de la CDMX para exigir que se publiquen los lineamientos para la reconstrucción de viviendas en las alcaldías de Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, que a 14 meses del 19S siguen en la incertidumbre. Dichos lineamientos permitirán conocer la ruta de reconstrucción para viviendas, atención a grietas y les darán acceso al Fondo de Reconstrucción y al fideicomiso.
Tras protestar una hora, el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco, salió a hablar con la organización de damnificados, quien les dijo que los lineamientos no se pueden publicar en la Gaceta a pesar que ya están listos, debido a que el Congreso de la Ciudad de México se encuentra discutiendo la nueva Ley de Reconstrucción, aparte de que deben contar con la revisión de la próxima administración de Claudia Sheinbaum. “Es de conocimiento de todos ustedes que se presentó una iniciativa de ley en el congreso mediante la cual se va a hacer una reforma a la Ley de Reconstrucción, hemos estado en comunicación y se esta previendo una reunión con el equipo de transición la próxima semana. Nos pidieron ellos revisar estos lineamientos a la luz de esta iniciativa de ley, para poder tenerlos listos la próxima semana” señaló el funcionario.
Ante tal declaración, que causó molestia en las y los integrantes de Damnificados Unidos, realizaron una caminata alrededor de la plancha del zócalo de la ciudad y después instalaron un platón a las afueras del edificio de gobierno, mismo que en cuestión de minutos fue resguardado por el cuerpo de granaderos de la Secretaria de Seguridad Pública. “Somos damnificados, no delincuentes” gritaban.
A un año del desastre, el esfuerzo por reconstruirnos continúa
Por Gerardo Aznar
Foto: donadora.mx
Este 19 de septiembre se cumple un año de aquel martes en el que aproximadamente a la 1:15 pm, la capital del país y los estados colindantes como Puebla, Morelos y el Estado de México, resintieron un terremoto con una magnitud de 7.1 en escala Richter. Esto aunado al grave sismo que se registró 12 días antes en el estado de Chiapas, el cual devastó un gran número de comunidades en estados como Oaxaca, Tabasco y Veracruz.
Aunque de momento se generó un enorme apoyo a partir de la solidaridad por parte de la sociedad civil en general y de diversas organizaciones sociales que incluyeron a arquitectos, ingenieros, constructores, estudiantes y muchos más agentes de apoyo. Todo esto se fue diluyendo al transcurrir el tiempo, y conforme pasaron los meses pareció olvidarse que aún hemos reconstruido casi nada.
A un año del desastre, la realidad es casi igual de apabullante. La situación de las personas y los lugares afectados no ha cambiado en demasía. Son escasas las experiencias de reconstrucción que han podido llegar a materializarse, en gran parte por falta de apoyo para recaudar recursos económicos y materiales necesarios para llevarse a cabo. Y por otro lado, la vergonzosa incapacidad de los diferentes órdenes de gobierno para hacer frente a una catástrofe de tal magnitud.
A pesar de esta situación, aún existen proyectos que aunque son escasos, persisten en continuar con un trabajo de re-construcción digna y con respeto a las personas y comunidades afectadas.
El caso del Centro Comunitario Xantetelco, que inició su construcción a finales del mes de julio de este año, es un ejemplo vivo del esfuerzo que ha realizado la comunidad por reconstruir su tejido social, con el apoyo y solidaridad de un grupo de especialistas en arquitectura y construcción comunitaria.
Jantetelco, Morelos es una comunidad catalogada como Municipio Histórico. Debido a las graves afectaciones que sufrieron durante el sismo, un grupo de mujeres originarias de la localidad conocidas como el Grupo de los 46, plantearon la posibilidad de generar un proyecto para la construcción de un Centro Comunitario, con el objetivo de recuperar el tejido social de su comunidad.
A partir de que conocieron el trabajo realizado por el grupo de arquitectos del estudio Centro 43, en apoyo a otras comunidades afectadas por el sismo, solicitaron de su asesoría para el diseño y la construcción del Centro Comunitario, en el cual se han brindado talleres constructivos con técnicas de tierra y madera, con el apoyo del Consultorio de Arquitectura Práctica. Además de implementarse un programa de talleres culturales que están acompañando el proceso de la obra, con el objetivo de generar dinámicas sociales que provoquen una identificación y apropiación del espacio desde su construcción.
El Centro Comunitario Xantetelco retoma elementos arquitectónicos recurrentes en las construcciones tradicionales del lugar, con el objetivo de integrarse a su contexto. Su diseño, desarrollado junto con el acompañamiento y participación de la comunidad, cuenta con tres salones de usos múltiples, los cuales permitirán la flexibilidad y fusión de los espacios de acuerdo a las necesidades y aforo de las actividades que se desarrollen en su interior.
El sistema constructivo del Centro Comunitario pretende ser un prototipo de bio construcción sustentable, involucrando cinco técnicas distintas en un sistema mixto que incluye: un cimiento de mampostería de piedra originaria del lugar, muros de BTC fabricados también tierra de la localidad, una estructura a base de marcos de madera y muros divisorios de bahareque recubierto de encalados e impermeabilizantes de baba de nopal, y una cubierta compuesta por cerchas de madera y lámina ecológica.
Uno de los principales objetivos de esta construcción es integrar a la comunidad a partir de su participación en la obra, esperando recuperar la confianza en los sistemas constructivos de tierra, y a su vez reforzar el tejido social que había sido gravemente lastimado.
El Centro Comunitario Xantetelco continúa en construcción, y aunque se han terminado las primeras etapas de la obra con el apoyo de la comunidad y la solidaridad de un gran número de personas, aún es necesario recaudar los fondos necesarios para concluir las últimas etapas de su construcción.
Puedes conocer más sobre el proyecto y apoyar desde la plataforma de Donadora (https://donadora.mx/projects/centro-comunitario-xantetelco). De la misma manera, puedes comunicante a los contactos de las organizaciones que están coordinando este enorme esfuerzo por recuperar la armonía de la comunidad y reafirmar que puede existir una reconstrucción digna con respeto a la historia y a las comunidades que habitan estos espacios.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año de los sismos de septiembre, no es posible identificar un panorama completo sobre la reconstrucción con la información pública disponible, y tampoco se puede conocer ni evaluar si las acciones del gobierno han cumplido sus objetivos para la atención de todas las necesidades de la población afectada, afirman Transparencia Mexicana (TM) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
En un estudio publicado este lunes, ambos organismos sostienen que tres sectores concentran el 71% de los recursos públicos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden): educativo, vivienda, y monumentos. Sin embargo, no se tiene información sobre el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (Fonrec).
De acuerdo con el informe sobre transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados asignados para la reconstrucción, suman más de 38 mil millones de pesos los destinados a ocho entidades del país.
Los recursos públicos autorizados para el Fonden suman casi diez veces más que el valor monetario de donativos privados reportados por donatarias y fideicomisos autorizados, que recaudaron alrededor de 3 mil 900 millones de pesos.
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
A un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre InfraRural y la Brigada Multidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México presentan su informe de trabajo.
v Aseguran que el apoyo recibido de organismos independientes fue fundamental para afrontar la emergencia provocada por los sismos; sin embargo, también denuncian que la problemática continúa en diversas comunidades afectadas, y que son las que tiempo atrás han sufrido una alta marginación.
Participan: Integrantes de las Organizaciones Convocantes
Convoca: InfraRural y Brigada Multidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México
La cita: Martes 18 de Septiembre de 2018 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse conFrancisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
Con el sismo del 19-S, la cúpula de una iglesia cayó sobre una primaria en la colonia Guerrero; la escuela reanudó clases, pero con miedo a un nuevo derrumbe
Foto: INAH
Media cúpula de una iglesia de la colonia Guerrero, en el centro de Ciudad de México, se vino abajo cinco días después del terremoto del 19 de septiembre. Unas 300 toneladas de cantera fracturaron el piso de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles y atravesaron las losas de la escuela contigua, llegando hasta las aulas de la primaria pública Italia.
Un año después, la otra mitad de la cúpula permanece erguida pero agrietada, como una amenaza latente para la comunidad escolar y los vecinos.
El día del accidente, Dolores Contreras recuerda haber ido a misa por la mañana, como todos los domingos, y sentir “tierrita que caía”. La vecindad donde tiene su casa colinda con la iglesia por el lado opuesto al de la escuela, así que fue testigo del derrumbe. La mujer de 75 años y su familia estaban por comer cuando oyeron el estruendo y sintieron un nuevo temblor que los hizo correr hacia afuera.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) había suspendido las clases después del 19-S. Pero los papás habían acordado verse en la primaria el lunes 25 para recoger las mochilas que los niños no pudieron llevar consigo durante la evacuación.
“Afortunadamente nadie estaba allí, hubiera sido una desgracia terrible”, dice a mexico.com Pablo González, presidente de la asociación de padres. Él llegó a los alrededores de la escuela poco después del colapso de la cúpula y pudo ingresar al plantel con autorización de protección civil. Fue el primero que vio la gravedad de los daños y quien los reportó a la directora con fotos y videos.
A un año de la tragedia, la reconstrucción de los inmuebles dañados no ha sido la prioridad del gobierno. De los 6 mil 800 millones de pesos que se han aprobado para ejercer, apenas 600 millones se destinaron a ese fin en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Su sucesor, José Ramón Amieva, decidió utilizar 2 mil 500 millones de pesos del Fondo de Atención a los Desastres en la Ciudad de México (Fonaden) que el anterior gobernante se rehusó a usar.
Foto: Alejandro Saldívar/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ese es el panorama a un año del sismo de 7.1 grados Richter que puso en crisis a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017.
A la confusión de los primeros días siguió una maraña de cifras, planes y declaraciones de Mancera y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), órgano que fenecerá este lunes 17 para dar paso al primer Congreso de la Ciudad de México, al que le tocará revisar lo hecho por los asambleístas y el gobierno que termina en diciembre.
Lo que ahora tiene el gobierno de la Ciudad de México son cifras preliminares que permiten ver aspectos del desastre no sólo en los inmuebles de uso habitacional, sino en los negocios, las escuelas, hospitales, edificios de gobierno, la infraestructura pública y el patrimonio cultural y religioso.
Según la Comisión de Reconstrucción, 3 mil 393 inmuebles resultaron dañados, de los cuales 2 mil 6 son habitables. Aunque señala que el resto –mil 387– son parcialmente habitables o se deben rehabilitar, apenas reconoce 60 como imposibles de habitar; es decir, que tienen alto riesgo de colapso. Además reporta 519 no habitables pero que se pueden rehabilitar.
Cinco constructoras trabajan en la rehabilitación de 9 edificios y en la reconstrucción del 1C, donde murieron 9 personas. A un año de la tragedia, damnificados narran su experiencia y dan testimonio sobre los trabajos que ahora se llevan a cabo.
Foto: César Reveles/Animal Político
Doce meses de incertidumbre, de vivir en campamentos improvisados, de manifestarse, de exigir a las autoridades, pero siempre con una certeza: sus vidas no podían detenerse aquel 19 de septiembre de 2017.
Los vecinos del Multifamiliar Tlalpan aguardan la rehabilitación en los 9 edificios que quedaron de pie, y la reconstrucción del edificio 1C que colapsó con el sismo de magnitud 7.1 que sacudió el centro del país.
Sus caras demuestran el cansancio de un año de lucha. Aunque los trabajos iniciaron hace algunas semanas, el proceso para los damnificados no ha sido fácil, y están conscientes de que sus condiciones de vida podrían mantenerse así por lo menos 10 meses más.
“Vivir en un campamento es pesado, nos inundamos, se echan a perder nuestras cosas, hemos perdido mucho pero no nos podemos victimizar, sino sacar nuestra fortaleza”, comenta a Animal Político Guadalupe Padilla, propietaria del departamento 25 del edificio 4A.
Tras varias asambleas con los vecinos del Multifamiliar, el gobierno capitalino, a través de la Comisión de Reconstrucción, inició los trabajos para el edificio 1C el pasado 24 de julio; el 13 de agosto comenzaron las obras de rehabilitación en los otros nueve edificios que complementan el complejo habitacional.
Animal Político visitó las obras y recopiló los testimonios de los damnificados. Algunos de ellos reconocen que si bien la Comisión de Reconstrucción cumplió con dar luz verde al proceso de rehabilitación, los trabajos hechos hasta ahora no han cumplido del todo con sus expectativas iniciales.
Ciudad de México. A casi un año del sismo del 19 de septiembre de 2017, académicos y organizaciones de derechos humanos, entre ellos Fray Francisco de Vitoria, presentaron el proyecto Documenta desde Abajo, informe donde ofrecen testimonios detallados sobre las afectaciones a las personas damnificadas por el fenómeno natural en la Ciudad de México y en el cual enfatizan la responsabilidad de autoridades por omisión.
Francia Gutiérrez, de Damnificados Unidos, María Paula Saffon, del IIj-UNAM, Jaime Vera, de El Colegio de México, y Carlos Ventura, del CDH Vitoria, entre otros coincidieron que para poner fin a las violaciones de derechos de las personas damnificadas la próxima administración de la CDMX debe cumplir de inmediato las medidas de reconstrucción que permitan a las personas recuperar sus viviendas sin demora ni endeudamiento.
Las brigadas de documentación entrevistaron alrededor de 200 personas damnificadas ubicadas en 45 lugares diferentes, principalmente campamentos y albergues de Cuahutémoc, Benito Juárez, Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Milpa Alta, Coyoacán, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.
Entre los hallazgos fundamentales, resaltan las ausencia política adecuada de vivienda temporal posterior al sismo. “El gobierno de la CDMX cerró de manera prematura los albergues oficiales cuando la gente seguía necesitando alojamiento de emergencia o temporal. Asimismo los afectados señalaron la ausencia o inacción de autoridades en labores de búsqueda y rescate, el resguardo de objetos personales, labores de evacuación cuando el inmueble lo ameritaba, La producción de dictámenes oportunos y el anuncio de decisiones sobre reconstrucción”.
Las autoridades educativas y de la CDMX no han informado sobre el estado en el que están el resto de escuelas, y si cumplen con las normas actuales de seguridad, de acuerdo con un estudio elaborado por la asociación civil Impunidad Cero.
A casi un año del derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen por el terremoto del 19 de septiembre, donde murieron 19 niños y 7 adultos, las autoridades educativas y de la Ciudad de México no han informado sobre el estado en el que están el resto de escuelas, y si cumplen con las normas actuales de seguridad, de acuerdo con un estudio elaborado por la asociación civil Impunidad Cero.
El análisis sobre las responsabilidades de diversos actores en el caso Rébsamen detalla que era un edificio construido en 1983, que no se adecuaba a lo establecido en el Reglamento de Construcciones creado dos años después del terremoto de 1985, además de que en 2009 se le agregó un cuarto piso, que sumaba 225 toneladas, sin haber reforzado el diseño estructural.
“Existen constancias documentales de que las autoridades identificaron la ilegalidad de la obra y el riesgo de la misma, incluso la clausuraron en dos ocasiones, pero tal obra continuó y culminó, pese a las irregularidades y el riesgo que representaba, y sin razonamiento técnico alguno fue validada por DROs y CSEs [Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Seguridad Estructural]; lo que denota responsabilidad no solo de los propietarios del Colegio sino también de las autoridades que por acción u omisión permitieron que la obra irregular fuera construida e incluso validada”, señala el informe.
Por ello, considera urgente una revisión oficial a las escuelas construidas antes de esa fecha por parte de todos los involucrados con la infraestructura educativa –la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFE), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la CDMX y las delegaciones–.
Por vulnerar los derechos humanos de petición y a una vivienda digna y decorosa, un juzgado federal llamó al delegado de la Sedatu en Chiapas dar respuesta puntual a una quejosa que solicitó la reconstrucción de su casa, afectada por el sismo de 8.2 de magnitud del 7 de septiembre de 2017.
El Consejo de la Judicatura Federal informó que el juez Juan Marcos Dávila Rangel, titular del Juzgado 1 de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, resolvió así el amparo 712/2018.
Con base en ello, ordenó al delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) responder de manera congruente, completa, inmediata y, sobre todo, fundada y motivada sobre el estado que guarda el trámite realizado por la quejosa, para que reciba el apoyo para la reconstrucción.