¡NO SÓLO ES DUARTE!
Peña Nieto defiende a Fuerzas Armadas
Policías estatales, involucrados en 42 por ciento de los casos de tortura: CCTI
Por Redacción/ DesInformémonos
Los policías estatales en México son quienes están en el primer lugar como involucrados en los actos de tortura y detenciones, pues en 42 por ciento de los casos son los principales agentes, mientras que las Procuradurías locales están involucrados en 22 por ciento de los casos y la policía preventiva en el 15 por ciento, destacó un informe del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).
Con porcentajes menores se encuentran el Ejército y la Marina, con 10 y 5 por ciento respectivamente, señala el informe.
De acuerdo con el análisis de 50 casos de víctimas de tortura en el país, el 100 por ciento fue detenido de manera arbitraria, es decir, sin ninguna orden de aprehensión en su contra, y de ese total, 40.82 por ciento las llevaron a cabo elementos uniformados con identificación, mientras que el 34.69 por ciento se realizaron por personal vestido de civil, el 16 por ciento por parte de policías sin identificación, el 6.12 por ciento por personas uniformadas con identificación y otros vestidos de civil y el 2.04 por ciento por personas de civil y uniforme sin identificación.
“Lo más común es que los agentes que realizan la detención agredan con golpes o patadas con las botas”, destaca el informe, que incluye como métodos de tortura el uso de instrumentos para dar toques eléctricos, bolsas de plástico para asfixiar, golpes con las culatas de armas y el uso de éstas para amenazar o simular ejecuciones.
Asesinan a activista opositor a la minería y las altas tarifas de luz, en Oaxaca
Por Redacción/Proceso
OAXACA, Oax. (apro).- El representante común de la resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica en Chahuites, José Alberto Toledo Villalobos, fue asesinado el pasado fin de semana, denunció la organización Articulación de Pueblos Originarios del Istmo de Tehuantepec (Apoyo).
El defensor de los derechos humanos y también de la tierra y territorio contra las altas tarifas y minería en la localidad de San Pedro Tapanatepec, fue agredido a golpes el pasado sábado 8 de abril, alrededor de las 20:00 horas en el tramo carretero entre la colonia San José y la gasolinera de Tapanatepec y falleció un día después en el Hospital de Juchitán.
Integrantes de Apoyo denunciaron que Toledo Villalobos, quien pertenecía a la Red Nacional de Resistencia Civil, llegó a recibir amenazas de muerte y advertencias de que dejará de exigir bajas tarifas de energía eléctrica.
Según versiones, el defensor fue atacado por varias personas hasta dejarlo en estado de gravedad, razón por la que ingresó al hospital básico comunitario de Tapanatepec, sin que se le brindara la atención médica adecuada y finalmente lo trasladaron al Hospital General de Juchitán donde falleció.
ONG denuncia violación a protocolo sobre fosas en Jojutla
Por redacción/La Jornada
Cuernavaca, Mor. Los integrantes de la asociación civil “Regresando a casa Morelos” denunciaron que los peritos estatales y federales violaron el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada durante la exhumación de unos 65 cadáveres de dos fosas irregulares de Jojutla.
De una fosa se extrajeron 39 paquetes con 45 cuerpos, y de la otra 19 embalajes con al menos 20 cuerpos.
El colectivo sobre personas desaparecidas manifestó que no avalan los trabajos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la cual informó que sólo había 35 cuerpos, aunque al final se sacaron 45, además que debajo de éstos había otra fosa que contenía 19 bolsas con restos humanos. Advirtieron que no se descarta una tercera fosa, ya que siguen saliendo cadáveres.
“El colectivo Búsqueda de Familiares, Regresando a Casa Morelos, hace de su conocimiento lo siguiente: Que durante el proceso de la exhumación de los cuerpos de Jojutla ha sido violado el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, en particular, y todos los lineamientos para la Búsqueda de Personas Desaparecidas contenidos en el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense.
Asimismo, se incumplió con el manejo digno de los cuerpos exhumados de las Fosas de Jojutla”, dijo Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Morales Rodríguez, desaparecida en agosto de 2012.
Grave indiferencia del gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello a lucha valiente y digna por sus derechos y la defensa de la salud pública de 9 enfermeras en huelga de hambre.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 12 de abril de 2017.
Grave indiferencia del gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello a lucha valiente y digna por sus derechos y la defensa de la salud pública de 9 enfermeras en huelga de hambre.
El gobernador Manuel Velasco Coello, el Secretario de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda y el Secretario de Salud Francisco Ortega Farrera responsables de la vida, seguridad e integridad personal de enfermeras en huelga de hambre en Tuxtla Gutiérrez
Este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa continúa manifestando su preocupación por la vida, salud y el clima de criminalización impulsada por el gobierno de Chiapas en contra de ahora 9 enfermeras en huelga de hambre en las afueras del Hospital de la Mujer Dr. Rafael Pascacio Gamboa en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y continúa responsabilizando de lo que les pueda ocurrir en su vida, integridad y seguridad personal al gobernador Manuel Velasco Coello, al Secretario de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda y al Secretario de Salud Francisco Ortega Farrera.
Resulta particularmente grave que el Secretario de Gobierno haya incumplido su compromiso de volver el día 10 de abril para atender las demandas de las enfermeras en huelga de hambre y abandonara el diálogo, pero más grave que mientras enfermeras arriesgan su vida por defender sus derechos constitucionales y humanos y por exigir insumos, medicamentos y recursos para el sector salud que opera en condiciones deplorables en el gobierno de Manuel Velasco Coello, el gobernador con total indiferencia e insensibilidad se encontrara en San Cristóbal de Las Casas festejando presumiblemente su cumpleaños.
Hacemos público que este Comité Digna Ochoa recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con fecha 11 de abril con número de expediente CNDH/6/2017/2031/R en el que manifiesta que no se actualiza su intervención porque “no se desprende la intervención o participación de autoridades federales” y canaliza el caso de las enfermeras en huelga de hambre a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, manifestando que respecto de la problemática planteada se encuentra en trámite el expediente CEDH/0214/2017. Al respecto señalamos que es muy grave que la CNDH es miope para ver la evidente violación de Derechos Humanos y actúa como encubridora del gobierno de Chiapas, además de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas funciona como una oficina al servicio del Gobierno de Chiapas y sus visitadores aprovechando su envestidura como defensores de derechos humanos realizan acciones de vigilancia y obtención policíaca de información sobre activistas y verdaderos defensores.
Este Comité Digna Ochoa se une a la exigencia de las enfermeras en huelga de hambre y de los trabajadores y trabajadoras del sector salud que exigen la inmediata renuncia y castigo penal al Secretario de Salud Francisco Ortega Farrera, quien es responsable de desviar recursos de los trabajadores que nada más en el ejercicio presupuestal del año 2015 asciende al monto de 760 millones 408 mil 550 pesos.
Sin mantenimiento, con malos tratos y poca comida: así operan los tutelares en la CDMX
Por Redacción/ Animal Político
Falta de mantenimiento en el drenaje, dormitorios, baños, aulas y patios, además de carencia de medicamentos y de médicos y agresiones son las constantes que denunciaron los internos en tutelares de la Ciudad de México.
Los menores que se encuentran detenidos en tutelares de la Ciudad de México sufren maltrato por parte del personal de seguridad, viven en instalaciones con falta de mantenimiento en áreas como dormitorios y baños, y acusan que la comida que les dan es insuficiente así como el personal médico que los atiende.
Así lo documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al examinar el trato y las condiciones de internamiento en cinco penales para menores de la Ciudad de México.
Tras visitar los centros de reinserción social para el Desarrollo de Adolescentes, de Diagnóstico Integral para Adolescentes, Especializada para Adolescentes “Dr. Alfonso Quiroz Cuarón”, para Mujeres y la de Tratamiento Especializado para Adolescentes, la CNDH emitió el informe 1/2017, que da cuenta de las deficiencias que imperan en esos centros de detención.
Este informe se elaboró con base en entrevistas con los servidores públicos que se encontraban a cargo de los tutelares al momento de las visitas, personal médico y de seguridad, así como con las personas privadas de su libertad al momento de las visitas.
ACCIÓN URGENTE: aumento de los asesinatos de periodistas en México impulsa llamados internacionales
Desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el poder en 2012, 30 periodistas han sido asesinados. Según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) entre 2010 y 2016, el 99.75% de los asesinatos de periodistas han quedado impunes. A la luz de esta alarmante situación, nosotros, las organizaciones abajo firmantes, instamos al gobierno de México a tomar medidas que frenen esta tendencia asesina y que lleven a los responsables ante la justicia.
Tan sólo en el mes de marzo de 2017, tres periodistas fueron víctimas de asesinatos selectivos. Esto plantea serias dudas no sólo sobre la capacidad del Estado mexicano para controlar la violencia contra los periodistas, sino también sobre la efectividad de los mecanismos de protección existentes, ya que uno de los asesinatos se llevó a cabo después de que se considerara que la protección estatal ya no era necesaria. Los nombres de las víctimas y las circunstancias de sus asesinatos son los siguientes:
Miroslava Breach, Colaborador de La Jornada y El Norte de Juárez, entre otros medios de noticias. Breach abarcaba principalmente las historias sobre política y seguridad y había encabezado recientemente una investigación de corrupción que condujo al despido del Secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez. También escribió ampliamente sobre la corrupción en la administración del ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jaquez. Breach fue baleado y asesinado por un hombre armado no identificado en la mañana del 23 de marzo de 2017 cuando abandonó su casa en Chihuahua.
Ricardo Monlui Cabera, Director del periódico impreso El Politico. Monlui escribió principalmente sobre la producción de caña de azúcar y fue también presidente de una asociación de periodistas en el Estado de Veracruz. Monlui fue baleado y asesinado en un restaurante en Yanga, Veracruz mientras desayunaba con miembros de su familia.
Cecilio Pineda, Director de La Voz de la Tierra Caliente. Pineda informó ampliamente sobre la corrupción dentro de las autoridades estatales en Guerrero. Había criticado recientemente al Gobierno del Estado de Guerrero por carecer de la voluntad política y de la capacidad necesaria para tratar con el Cártel Tequileros. El 2 de marzo de 2017, Pineda fue asesinado a tiros por dos hombres en una motocicleta en un lavadero de autos en la ciudad de Altamirano.
De estos tres trágicos asesinatos, el de Cecilio Pineda es quizás el que mejor ejemplifica la incapacidad del Estado mexicano para detener la violencia contra los periodistas en el país. Después de un fallido intento de asesinato en septiembre de 2015, el Sr. Pineda recibió medidas de protección a través de un programa del Ministerio del Interior para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas amenazados (también conocido por su acrónimo SEGOB). El 14 de octubre de 2016, SEGOB retiró esas medidas considerando como bajo el riesgo corrido por Pineda, una decisión que tuvo consecuencias mortales. SEGOB ha proporcionado muy poca información sobre cómo llegaron a esta evaluación.
Estamos profundamente preocupados por esta reciente oleada de violencia contra periodistas en México y los niveles de impunidad asociados con estos crímenes. Una tasa cercana al 100% de impunidad es indicativa de graves problemas con la administración de justicia en México. Además, denunciamos enérgicamente la decisión del Ministerio del Interior de retirar las medidas cautelares de Pineda y hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que:
• Investiguen inmediatamente, de manera exhaustiva e imparcial, los asesinatos de Miroslava Breach, Ricardo Monlui Cabrera y Cecilio Pineda y que lleven a los responsables ante la justicia.
• Investiguen la decisión equivocada del Ministerio del Interior de negarle a Cecilio Pineda las protecciones garantizadas bajo el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y que proporcionen transparencia acerca de por qué su caso fue considerado de bajo riesgo.
Atacan a periodista en Los Cabos; muere su escolta
Por Redacción/Proceso
El periodista Julio Omar Gómez, quien recientemente había dejado de escribir por una serie de atentados, fue atacado a balazos esta mañana.
Los hechos ocurrieron en la colonia Acura, en Cabo San Lucas, mientras Julio salía de su casa cuando unos sujetos abrieron fuego y, de acuerdo con medios locales, abatieron al escolta que le había asignado la Secretaría de Gobernación.
Hace unas semanas, Julio Omar Gómez, quien era reportero de la página web 911 Noticias, anunció su retiro debido a que en dos ocasiones (en diciembre de 2016 y el 8 de febrero del 2017) fueron incendiados su casa y vehículos.
Tras ello, el comunicador interpuso denuncias ante la Procuraduría General de la República y se sometió al Programa de Protección a Periodistas, por lo que contaba con protección de las autoridades federales.
Gómez cubría diferentes temas, desde políticos o aquellos relacionados con las recientes ejecuciones en Los Cabos.
El negocio de la opacidad
Por Eduardo Espinosa
Vivimos en un país donde el gasto público es poco transparente y la corrupción abunda, por eso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tiene un papel crucial. Es una de las pocas instituciones destinadas a la rendición de cuentas y recientemente ha manifestado su preocupación por las grandes afectaciones al erario nacional.
Dentro de las tareas que realiza la ASF, tiene como mandato fiscalizar de manera externa, el uso de los recursos públicos federales en los tres poderes de la unión; los órganos constitucionales autónomos (ejemplos: IFE, Banco de México, UNAM); los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.
En febrero de 2017, la ASF publicó su informe de la revisión a la cuenta pública 2015, en la que informó que realizó 1,059 auditorías a entidades federativas y municipios; 599 al poder ejecutivo; 18 a órganos constitucionalmente autónomos; cuatro al poder judicial y tres al poder legislativo, arrojando un total de 2,133.
Como resultado de estas auditorías se realizaron las siguientes acciones:
3,956 recomendaciones, cuyo propósito es mejorar el desempeño, los procesos administrativos y sistemas de control de las entidades auditadas.
392 solicitudes de aclaración, en las que se requiere documentación adicional para soportar las operaciones y los montos observados no justificados o no comprobados durante la revisión.
Ante el SAT: 73 acciones de comprobación fiscal.
Ante las contralorías internas (ejemplo: contralorías municipales): 2,405 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
La finalidad es conocer en dónde quedaron 165 mil millones de pesos que reportó el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal Martínez, como un presunto daño al erario por irregularidades y opacidad en el gasto de los recursos. Para tener una claridad del enorme problema que esto representa para el país haremos las siguientes comparaciones:
La UNAM en 2017 recibió casi 41 mil millones, es decir, con el dinero que hace falta se podría financiar 4 veces la universidad pública más grande del país.
El rubro de cultura este 2017 recibió 12 mil millones (después de un recorte del 20% en relación con el 2016), es decir, se podría financiar 13 veces.
En materia de salud para este año se presupuestó un gasto de 535 mil millones, con los recursos faltantes se podría solventar un tercio, siendo este rubro uno de los presupuestos más altos.
En este sentido, el informe menciona los motivos que generan la perdida de estos recursos, en lo que encontramos afectaciones directas al erario (robo y/o desvió), inconsistencia entre resultados esperados y obtenidos, discrecionalidad en la toma de decisiones, archivos públicos deficientes (son los derivan de la prestación de un servicio público por entidades privadas), información financiera inadecuada (ejemplos: mala contabilidad, falta de comprobantes) y vulnerabilidad en las finanzas públicas (falta de controles internos).
En relación con lo anterior, una de las problemáticas recurrentes y en la que más dinero deja de ser auditable son las asociaciones público privadas, pues se ha observado que este esquema no permite verificar la determinación de precios ofertados (que los costos sean conforme al mercado), así como cuantificar o desagregar los elementos que integran el costo total de los proyectos.
De igual forma, cuando se encuentran operando el pago del mantenimiento y la operación de los inmuebles, tampoco son susceptibles de medirse, ni es posible cerciorarse que los trabajos efectuados sean los requeridos. En otras palabras, este esquema es un caldo de cultivo para la corrupción.
Una vez teniendo claro el panorama sobre los problemas que corre el erario, es necesario plantear algunas aclaraciones en relación a lo que puede hacer la ASF ya que tiene conocimiento de estas irregularidades. En principio da oportunidad a los entes auditados de aclarar su situación, sin embargo, una vez finalizado estos procesos y en el caso de que no se puedan aclarar, la auditoria superior denuncia los hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) con la finalidad de fincar responsabilidades y buscar la reintegración de los recursos en el momento oportuno.
En la tabla encontramos el número de denuncias iniciadas hasta 2014 y el monto que representa la suma de todas que es de $41,977,919,408.35, y casi de forma irrisoria las devoluciones según el portal de la ASF ascienden $1,897,202.4, es decir, un monto simbólico.
Realizando un análisis de las condiciones en las que opera la auditoria, podemos concluir que la falta de resultados reside en que su acción más “eficaz” está relacionada con la PGR, institución que está en proceso de transición a fiscalía general y que ha demostrado en diversos casos como Ayotzinapa y Tlatlaya, la nula capacidad en sus actuaciones, además, cabe señalar que el procurador es nombrado por el presidente y ratificado por pleno de la cámara de senadores, personas e instituciones que formar parte de los entes auditados.
El esfuerzo que realiza la ASF debe ser considerado para el combate contra la corrupción y no sólo dejarse plasmado en sus informes que documentan la debilidad de los controles fiscales y ponen el dedo en la llaga sobre los principales defectos y afectaciones que corre el dinero de todos los mexicanos.