Autoridades declaran inexistente a comunidad de indígenas para explotar sus tierras ancestrales

Redacción: Animal Político

Las tierras de una comunidad de indígenas han sido comercializadas por autoridades y particulares, a pesar de que los rarámuris cuentan con documentos sobre la propiedad de las mismas.

Bosques San Elías Repechique es una región enclavada en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, cuyas tierras y riquezas naturales han sido comercializadas por las autoridades en turno, así como por particulares, al menos desde la época del Porfiriato y hasta el presente y con una peculiaridad: cada vez que estas tierras han sido vendidas, las transacciones no sólo han incluido el suelo, sino también a los pueblos indígenas que, desde hace siglos, habitan ahí.

Incluso ahora, las autoridades mexicanas reportan oficialmente que esta comunidad es inexistente y, por esta vía, sus tierras han sido reclamadas en los años pasados para distintos proyectos privados: un aeropuerto, un gasoducto, y más recientemente, para la tala comercial de sus bosques.

“Sobre la existencia de esta comunidad rarámuri se cuenta con varios documentos históricos –explica Diana Villalobos, directora de la asociación civil Consultoría Técnica y Comunitaria, que brinda acompañamiento legal a los habitantes de Bosques San Elías Repechique–: existen fes bautismales de la época de la Colonia, los antecedentes registrales de 1888 y de 1906 mediante los cuales Porfirio Díaz vendió la región, dividiéndola en dos grandes propiedades, una de 70 mil hectáreas y otra de 15 mil, y en ambos casos las escrituras especificaban…

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Ley de protección a periodistas vulnera libertad de expresión en Guanajuato



Por redacción/Desinformémenos

En Guanajuato, la Ley de protección a periodistas que se aprobará vulnera y restringe la libertad de expresión y pone en situación de riesgo a las personas que ejercen el periodismo denuncia la organización internacional Article 19.

“El dictamen presenta serias carencias que, lejos de proteger la labor periodística, la sujeta a una serie de criterios y condiciones que incrementan su situación de vulnerabilidad, ya que contiene diversas disposiciones que resultan restrictivas y desproporcionadas para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información como se puede observar en el Anexo Técnico adjunto” señala Article 19.

No hay una visión integral de la problemática, puesto que hay temas que no se han atendido y resultan contrarios a la plena garantía de la libertad de expresión. Uno de ellos es el hecho de que en Guanajuato continúa vigente en su Código Penal el delito “contra el honor” o sea la posibilidad de demandar por “difamación y calumnias” con lo cual desatienden los estándares internacionales y las recomendaciones de la ONU y la CIDH.

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La CNDH solicita medidas cautelares para familiares de indígena asesinado en Chiapas

Por Redacción/ Proceso

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría General de Gobierno de Chiapas implementar medidas cautelares en favor de familiares del líder tzotzil Guadalupe Huet Gómez, asesinado el pasado 22 de mayo.

La misma medida fue solicitada para todos los habitantes la comunidad de Cruzton del Municipio de Venustiano Carranza.

El activista tzotzil en defensa de la tierra y por el respeto de los usos y costumbres en su municipio fue asesinado tras un ataque con armas de fuego, y falleció al interior de un cementerio que protegía de saqueos y robos. Se presume que quienes dispararon contra Guadalupe Huet eran integrantes de un grupo armado.

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PGR investiga a 30 militares por el enfrentamiento en Palmarito, Puebla; ninguno está detenido

Por Redacción/ Animal Político

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que participaron en un enfrentamiento contra presuntos ladrones de combustible el pasado 3 de mayo en Palmarito, Puebla, hechos en los que murieron diez personas, entre ellos cuatro soldados, 12 más resultaron heridas y nueve detenidas.

La indagatoria de la PGR contra los militares es por posibles irregularidades graves en que pudieron haber incurrido uno o varios de ellos, luego de que un video editado difundido en internet muestra a uno de los elementos presuntamente disparando en la cabeza a un civil que estaba rendido en el suelo.

Autoridades federales indicaron que ninguno de los elementos de la Sedena está por ahora detenido ni suspendido de sus funciones y que será en los próximos días cuando se solicite su comparecencia ante el Ministerio Público para que rindan una declaración ministerial. Posterior a ello se tomarán las determinaciones que correspondan.
Los soldados que están bajo investigación son los que participaron operativamente en el despliegue realizado la noche del 3 de mayo en Palmarito, como parte de una acción para combatir el robo de combustible, específicamente el aseguramiento de una toma clandestina.

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Boletín: Nuevas pruebas de ejecución por militares ponen relieve deficiente estrategia de seguridad

Nuevas imágenes de video, verificadas de forma independiente por Amnistía Internacional, en las que se ve a unos hombres vestidos con uniformes militares mexicanos matando a tiros a una persona durante una operación de seguridad en la región central del país, ponen de relieve la necesidad urgente de impedir que las fuerzas armadas desempeñen funciones policiales, ha declarado hoy Amnistía Internacional, mientras México debate un proyecto de ley que permitiría a las fuerzas armadas desempeñar dichas funciones.

“Este video muestra algo que los y las activistas de derechos humanos llevan decenios denunciando: las fuerzas armadas mexicanas están fuera de control y nunca se les deberían encomendar operaciones de seguridad pública”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“La mera idea de permitir que el personal militar detenga a personas e investigue delitos es indignante a la vista del trágico historial de derechos humanos de las fuerzas armadas mexicanas. Esta es una estrategia mal planteada que ya ha demostrado su total ineficacia.”

“En lugar de tratar de combatir la violencia con más violencia y de correr el riesgo de convertirse en otro grupo criminal, las autoridades mexicanas deberían centrarse en su obligación de proteger los derechos y la seguridad de todas las personas.”

Fuentes militares confirmaron oficialmente que el 3 de mayo de 2017 el ejército llevó a cabo dos operaciones de seguridad en Palmarito Tochapan, una pequeña localidad del estado de Puebla, en la región central de México. Según las fuerzas armadas, durante la segunda operación hubo un tiroteo entre soldados y presuntos delincuentes que desembocó en la muerte de cinco personas, dos soldados entre ellas. Unos días después se publicaron en las redes sociales unas imágenes de video presuntamente pertenecientes a la operación en las que un soldado dispara supuestamente a una persona tendida en el suelo.

Amnistía Internacional ha verificado de forma independiente las imágenes sin encontrar ningún indicio de que hubieran sido editadas o manipuladas.

La organización también ha verificado que las imágenes se tomaron en Palmarito Tochapan, que el video no se publicó en Internet antes del 4 de mayo de 2017 y que los uniformes, armas y vehículos que aparecen en él coinciden con los de otras imágenes de las fuerzas armadas de México.

Amnistía Internacional analizó también otros videos del mismo suceso que se publicaron de forma independiente en las redes sociales y que corroboran estas imágenes.

Basándose en estos datos, Amnistía Internacional tiene razones suficientes para creer que la noche del 3 de mayo de 2017 podría haberse cometido una ejecución extrajudicial en Palmarito Tochapan, Puebla, y pide a las autoridades una investigación civil imparcial, independiente y efectiva del personal militar implicado en el caso, incluidas las personas con mando o responsabilidad superior.

“Todos los indicios señalan que miembros del ejército mexicano han cometido una ejecución extrajudicial, que es un crimen de derecho internacional. Las autoridades mexicanas no deben perder más tiempo y abrir una investigación civil urgente de este incidente.”

El caso surge en medio de un debate nacional en torno a un proyecto de ley sobre “seguridad interna” que encargará a las fuerzas armadas su participación en algunas operaciones de seguridad que debería llevar a cabo la policía y que incluye conferirles facultades para detener a personas, reunir y procesar pruebas, y participar en la investigación de delitos.

Autoridades obligadas a localizar con vida a periodista privado de la libertad en Michoacán

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017.
Article 19

El periodista Salvador Adame director del medio de comunicación Canal 6tv fue privado de la libertad por un grupo armado en Nueva Italia, Michoacán. Hasta el momento de la publicación de esta alerta se desconoce su paradero.

Aproximadamente a las 19:00 horas del 18 de mayo, Adame se encontraba en un expendio de agua purificada sobre la avenida Lázaro Cárdenas cuando fue interceptado por un grupo de personas armadas que lo subieron a una camioneta negra con rumbo desconocido.

No es la primera vez que el periodista es víctima de agresiones en su contra, ARTICLE 19 documentó el 9 de marzo de 2016 que fue golpeado y detenido arbitrariamente por elementos del Mando Único Policial mientras cubría una manifestación en el municipio de Múgica, Michoacán.

En aquella ocasión refirió en entrevista con ARTICLE 19 que sus coberturas son críticas del ayuntamiento de Múgica y se centran en temas políticos, sobre todo en actos de corrupción y mala actuación por parte de las autoridades.

Es de suma importancia tomar en cuenta las agresiones previas para establecer los mecanismos de protección necesarios para su familia, realizar las investigaciones correspondientes y localizar con vida y de forma inmediata al periodista.

Adame dijo a esta organización que ya había sido amenazado por el crimen organizado en distintas ocasiones, la última fue el 20 de septiembre de 2015. Le dijeron que “tienen un hermano que está ayudando” al ayuntamiento de Múgica y que no se metiera con ellos.

El periodista había sido privado de la libertad por integrantes del crimen organizado tres veces en los últimos cuatro años. “En Michoacán nos encontramos en un estado de indefensión total”, declaró.

Atendiendo al anuncio hecho por el Presidente Enrique Peña Nieto el 17 de mayo, en las llamadas “Acciones para la Libertad de Expresión y la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”, ARTICLE 19 exige se realicen las acciones correspondientes para salvaguardar la integridad de la familia del periodista. El gobierno federal debe cumplir el compromiso de realizar acciones coordinadas con los diferentes organismos públicos encargados de la protección de periodistas, así como con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Además, ARTICLE 19 solicita que a la brevedad se coordinen la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y realicen las acciones correspondientes en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especial de Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), para que realicen la búsqueda y localización con vida de Salvador Adame. Por lo tanto, deberá activarse el Protocolo Homologado para la búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada.

Por último, ARTICLE 19 exige a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE Michoacán) coadyuve con la PGR para realizar las acciones necesarias para dar con el paradero del periodista, debiendo en todo momento realizar las investigaciones preliminares tomando como base de las mismas la actividad periodística de Salvador Adame.

El Senado pisotea acuerdos y cierra sus puertas a los 43

El 3 de mayo una comisión del Senado se comprometió a recibir a los 43
Unilateralmente y sin notificación previa suspendieron la reunión

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2017.

En el día 21 del plantón de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, una comisión plural integrada por 7 senadores nombrada por la junta de gobierno del Senado de la República recibiría a los padres para informar sobre los avances de dos peticiones acordadas en la reunión del pasado 3 de mayo:

1.- La conformación de una comisión especial para el caso Ayotzinapa.

2.- La comparecencia del procurador general de la republica Raúl Cervantes para que informe los avances de las cuatro líneas de investigación recomendadas por el GIEI.

Sin previo aviso y de manera unilateral suspendieron la reunión, la informalidad y displicencia de los Senadores nos indigna. El despliegue de los cuerpos policiacos con el afán de reprimir se hizo notar desde la llegada de los padres y madres, lo que denota que la negativa de recibir a los padres ya estaba acordada faltando al compromiso pactado la semana pasada.

La negligencia y cerrazón del Estado Mexicano no detendrán nuestra lucha, el desdén de los que se dicen representantes populares no nos desanima.

La lucha por la presentación de nuestros hijos la llevamos en el corazón de cada uno de los que hoy exigimos la presentación con vida.
Nada ni nadie acallara las voces por verdad y justicia ni detendrán el movimiento de los padres y madres de los 43.

Atentamente.

Comité de padres y madres de los 43

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

Organizaciones repudian asesinato de la defensora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez


Ciudad de México, 11 de mayo del 2017.

REPUDIAMOS EL ARTERO ASESINATO DE MIRIAM ELIZABETH RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, MADRE DE KAREN ALEJANDRA SALINAS RODRÍGUEZ, DESAPARECIDA EN EL 2012

SOLICITAMOS AL GRUPO DE TRABAJO DE DESAPARICIONES FORZADAS E INVOLUNTARIAS DE NACIONES UNIDAS, AL RELATOR ESPECIAL DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y AL RELATOR ESPECIAL SOBRE EJECUCIONES SUMARIAS Y ARBITRARIAS, SOLICITEN DE MANERA URGENTE MEDIDAS CAUTELARES

La madrugada de este 11 de mayo, fuimos informados por representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas de Tamaulipas, del repudiable asesinato de MIRIAM ELIZABETH ROGRIGUEZ MARTÍNEZ. Los cobardes asesinos entraron a su casa y la acribillaron alrededor de la 10:30 pm, del 10 de mayo. En esta oscura noche de violencia y terror que hemos vivido por más de una década en el noreste del país –y que desgraciadamente se fue extendiendo a todo el territorio mexicano–, la impunidad, la ausencia total e incuestionable de un supuesto Estado de Derecho ha posibilitado la vigencia de un sistema de terror y muerte como forma de gobierno en nuestros estados.

Nos preguntamos quiénes fueron los perpetradores directos. ¿Acaso los hombres que se fugaron del penal de Ciudad Victoria y que están procesados por la desaparición y ejecución de su hija KAREN ALEJANDRA SALINAS RODRÍGUEZ, desaparecida en el 2012? ¿Acaso fueron simples ladrones como suelen ser las versiones oficiales? No lo sabemos, pero lo que sí podemos constatar es la responsabilidad del Gobierno Mexicano por la negligencia de no brindar las medidas de protección que solicitó la víctima, ante el riesgo que corría su vida, por la fuga del responsable de la muerte de su hija.

Reprobamos la falta de seriedad de las autoridades, GRITAMOS YA BASTA, NO PODEMOS ACEPTAR MÁS MADRES Y PADRES DE DESAPARECIDOS ASESINADOS POR BUSCAR A SUS HIJAS E HIJOS. Ya no queremos gobiernos indolentes, cooptados y corruptos que sacrifican a los ciudadanos por sus perversos intereses.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México condena enérgicamente el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, compañera-madre buscadora de su hija desaparecida y de todos los y las desparecidas en México.

Solicitamos:
Al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, al Relator Especial sobre Defensores de Derechos Humanos y al Relator de Ejecuciones Sumarias y Arbitrarias, solicite Medidas Cautelares al Estado mexicano para proteger a la familia de nuestra compañera MIRIAM ELIZABETH RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y a los miembros de la Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas, por el riesgo a la vida, integridad y seguridad de nuestras compañeras y compañeros.

Exigimos:
La investigación inmediata e imparcial de este cobarde asesinato a través de un órgano que garantice imparcialidad e independencia.

Al Titular del Ejecutivo Federal Lic. Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación
Lic. Miguel Angel Osorio Chong, que dejen de simular y actúen para garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país, y si no pueden que renuncien.

YA BASTA, NI UNA MADRE Y PADRE MÁS ASESINADOS POR BUSCAR A SUS HIJOS E HIJAS DESAPARECIDAS.


Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM (Guerrero); Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES (Nuevo León); Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Colectivo Colibrí (Estado de México); Colectivo el Solecito de Veracruz; Colectivo Solecito Córdoba; Colectivo Solecito Cardel; Colectivo Solecito Tierra Blanca; Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, “Alzando Voces” COFADDEM (Michoacán); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A. C.; Comité de Familias Migrantes Desaparecidos del Salvador COFAMIDE (El Salvador); Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’otontik” (Chiapas); Desaparecidos de El Fuerte Sinaloa (Sinaloa); Desaparecidos Justicia, A.C. (Querétaro); Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); Familiares de Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Familiares de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Distrito Federal); Familiares acompañados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHEM) (Chihuahua); Familiares organizados con Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Chihuahua); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Desaparecidos de Piedras Negras (Coahuila); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); Familiares Enlaces Xalapa (Veracruz); Búsqueda María Herrera Xalapa; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos –Región Sureste (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – Región Centro (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos – Región Laguna (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDLN); Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila); Justicia para Nuestras Hijas (Chihuahua); Los Otros Desaparecidos de Iguala (Guerrero); Colectivo Madres Unidas (Chihuahua); Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala; COFAMIPRO- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras; COFAMICENH- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras; Plataforma de Víctimas de Desaparición en México (Distrito Federal); Por Amor a Ellxs (Jalisco); Red de Madres Buscando a sus Hijos, A.C.; Red Eslabones por los Derechos Humanos: Eslabones Nuevo León, Eslabones Estado de México, Eslabones Morelos y Eslabones Michoacán; Red Nacional de Enlaces; Regresando a Casa Morelos; Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa.; Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, A.C.; Voces Unidas por la Vida, Sinaloa.

Organizaciones civiles e instituciones universitarias solidarias:
Alliance for Global Justice (EE.UU.); Asociación de DH del Estado de México; Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario A.C.; Casa Mariposa-Restauration Project (EE.UU.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C. (Coahuila); Cauce Ciudadano, A.C; Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Colectivo Universitario “2 de Marzo”. Comisión Estatal Para la Promoción de una Vida Digna A.C.; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C; Comuna P’urhepecha; Coordinadora de Mujeres 1o de Agosto (COMO); Dirección de Programas de Incidencia – Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial; Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, (FMPDH); Fundación para el Debido Proceso DPLF; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.; Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C.(Ciudad de México); Indignación, A.C (Mérida); Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC; Instituto de Justicia Procesal Penal; Causa en Común, A.C; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C; LAWG (Latin America Working Group) (EE.UU.) Ciencia Forense Ciudadana; LUPE – Lucha Unida de Padres y Estudiantes (Tucso, AZ, EE.UU.); Matrioskas Movimiento de Izquierda Revolucionaria; Mesa Nacional para las Migraciones Guatemala- MENAMIG; Mexico Unido contra la Delincuencia; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C; Michigan Solidarity Network witn Mexico (EE.UU.); Militarization in The Americas Research Collective (EE.UU.); Milynali Red CFC; Misioneros de San Carlos Scalabrinianos- Guatemala; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Red Retoño, A.C.; Red de Alerta Temprana: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C.,  Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN, Actuar Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Zihuame; Servicios y Asesoría para la Paz, A.C; The School of the Americas Watch (EE.UU.);

Personas solidarias: Mons. Raúl Vera López, Obispo de Saltillo; Ana Luna Serrano, Universidad Autónoma de Baja California; Araceli Rodríguez Nava; Aram Barra; Areli Rojas; Arturo Bravo Peña (Morelia, Michoacan); Átala Chávez y Arredondo; Bárbara A. Frey, Human Rights Program, University of Minnesota (EE.UU.); Bettina Gómez Oliver, (Ciudad de México); Brenda Rangel Ortiz (Querétaro); Camila Ruiz Segovia, Brown University (EE.UU.); Carlos Cruz Santiago (Ciudad de México); Carolina Pimentel; Carolina Robledo CIESAS (Ciudad de México); Cecilia Bárcenas; César Paz Rincón; Darwin Franco (Jalisco); Denisse Dresser; Diana Hernández García; Eliana García Laguna; Guadalupe Barrena; Erika I. Llanos Hernández; Ernesto López Portillo; Fabiola Lizette Mancilla Castillo;
Felipe Antonio Mendoza Martínez; Gabriela Flores Mendoza (Ciudad de México); Guadalupe de Jesús García Leyva; Gustavo G. Mohar; Itizia Miravete Veraza; Iván García Garate; Janice K Gallger, Assistant Professor Rutgers University-Newark (EE.UU); Javier Mancera; Javier Rosas Reyes; Jorge Javier Romero Vadillo; José Manuel Ruíz; Simón Hernández León; Karina Ansolabehere, FLACSO; Layda Negrete; María Novoa; Carlos Brito;
Leticia Jáuregui; María Eugenia Padilla García; María Fernanda Peñaloza Del Valle; Mariclaire Acosta; May-ek Querales Mendoza estudiante CIESAS (Ciudad de México); Miguel Sarre; Monserrath Gheno; Omaira Ochoa Mercado; Pablo Romo Cedano; Rosa Elena Guerrero Parada; Silvia Cruz Montero; Teresa Carmona Lobo; Mirleivys Maria Piloto Alejo; Verónica Michel, John Jay College-CUNY (EE.UU.); Victor Manuel García Herrera (Querétaro); Whitney Taylor, Cornell University (EE.UU.); Zeller Álvarez, Universidad de Antioquia (Colombia).