Categoría: Noticias

 

 

 

La Comisión Instructora del Congreso del Estado de Veracruz debe tener listo hoy el dictamen que determinará si ha lugar el desafuero del alcalde de Medellín,
Omar Cruz, a quien la Fiscalía del Estado acusa de ser “el autor intelectual” de la desaparición y el asesinato del director de ‘La Unión’.

 

MARZO 17, 2015 Manu Ureste (@ManuVpC)

 

Más de dos meses después de la desaparición y asesinato del periodista veracruzano Moisés Sánchez tanto
el presunto autor intelectual del homicidio, el alcalde con licencia de Medellín de Bravo, Omar Cruz, así como cinco de los seis autores materiales,
siguen en libertad.

 

Hasta el momento, por la muerte el pasado 2 de enero del director del semanario ‘La Unión’ están detenidos Clemente Noé Rodríguez Martínez, exagente
de la policía interestatal que confesó haber participado en los hechos; los moto patrulleros de la policía municipal de Medellín, José Francisco
García y Luigi Heriberto Bonilla; y Martín López Meneses, chofer y escolta del edil Omar Cruz.

 

Del resto de presuntos autores materiales, cinco expolicías a los que Noé Rodríguez identificó en la investigación ministerial 01/E/2015 como ‘El Harry’,
‘El Chelo’, ‘El Piolín’, ‘El Moi’, y ‘El Olmos’ (José Luis Olmos), ni la Fiscalía de Veracruz ni la Fuerza Civil han dado con su paradero cuando
este martes 17 de marzo se cumplen 75 días del asesinato de Moisés Sánchez.

 

En cuanto a Omar Cruz, para quien la Fiscalía del Estado pidió formalmente el pasado 26 de enero un Juicio de Declaración de Procedencia en su contra
por considerar que él habría dado la orden de “desaparecer” al comunicador a través de su escolta Martín López Meneses, está previsto que hoy la
Comisión Instructora del Congreso del Estado de Veracruz tenga listo el dictamen que determinará si ha lugar el desafuero del edil con base a los
señalamientos de la Fiscalía.

 

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Ver entrevista con Jorge Sánchez, hijo de Miosés

 

 

MVS Radio señaló que no puede aceptar condicionamientos y ultimatos de sus colaboradores; la empresa llama a sus colaboradores a continuar trabajando y
aseguró que refrenda su compromiso de hacer un periodismo “abierto, plural y crítico”.

 

MARZO 16, 2015 Redacción Animal Político

 

La empresa MVS Radio terminó la relación laboral que tenía con Carmen Aristegui la noche de este domingo 15 de marzo, tras rechazar las condiciones que
impuso la periodista, que exigía que dos de sus reporteros fueran reinstalados en sus puestos de trabajo, después de ser despedidos “por haber comprometido
el nombre de MVS sin contar con facultades para ello y sin haber consultado previamente a la administración de la empresa”.

 

“Lamentamos la posición de la conductora, pero como empresa no podemos aceptar condicionamientos y ultimatos de nuestros colaboradores. El diálogo no se
atiende imponiendo condiciones, sino escuchando a las partes y tratando de alcanzar acuerdos”, indico MVS Radio en un comunicado emitido la noche de
este domingo.

 

“En MVS Radio trabajamos en equipo. La cultura de nuestra organización gira en torno a ese concepto, por lo que las actitudes individualistas no tienen
cabida en nuestro proyecto. No podemos permitir que alguno de nuestros colaboradores pretenda privilegios en menoscabo de sus compañeros y mucho menos
que pretenda imponer a la administración condiciones y ultimatos”, agrega.

 

MVS Radio asegura que “la libertad de expresión se ejerce cabalmente, tal y como ha quedado demostrado en el caso particular de Carmen Aristegui”. Además,
llama a sus colaboradores a continuar trabajando en equipo y aseguró que refrenda su compromiso de hacer un periodismo “abierto, plural y crítico”.

 

El anunció sobre el término de la relación laboral entre MVS Radio y Carmen Aristegui ocurre luego de que el viernes 13 de marzo, la periodista pidiera
la reincorporación de dos reporteros que fueron despedidos tras sumarse a una alianza de ocho medios y organizaciones que conforman la plataforma Méxcioleaks,
destinada a denunciar de forma anónima actos de corrupción.

 

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Foto: Equipo de Investigaciones especiales de Carmen Aristegui (Tomada de Twitter @ihuertaz)

 

 

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– El equipo de periodistas despedido ayer por MVS investigaba la casa de Malinalco del Secretario de Hacienda,
Luis Videgaray, quien la adquirió a crédito con una tasa menor que la del mercado a Grupo Higa, uno de los consorcios más beneficiados por el gobierno
de Enrique Peña Nieto en el Estado de México.

 

Una petición de apoyo a Carmen Aristegui en Change.org acumula, a las 9:40 de la mañana de este viernes, más de 85 mil firmas.

 

El equipo es el mismo que descubrió la “casa blanca” de Angélica Rivera y el Presidente de México, que también fue vendida por ese mismo grupo constructor.

 

Aristegui, quien exigió la reinstalación de los periodistas despedidos, dijo que se enviaron 10 preguntas a Videgaray –uno de los hombres más cercanos
del Presidente–, pero hasta el momento sólo 4 habían sido respondidas.

 

Dijo que la investigación se dará a conocer próximamente, pero no ofreció más detalles.

 

Habló sobre la relación con MVS en estas horas, y dio a entender que se está negociando, en un estira y afloja, aunque la empresa propiedad de Joaquín
Vargas ha mantenido, se entiende, una posición rígida. La periodista rechazó claramente, esta mañana, el despido de Daniel Lizárraga e Irving Huerta,
quienes hasta ayer formaban parte de la Unidad de Investigación de Noticias MVS Primera Emisión. Exhortó a la empresa de Joaquín Vargas a restituir
a sus compañeros.

 

“Rechazamos categóricamente el despido de nuestros compañeros Irving Huerta y Daniel Lizárraga, esta acción instrumentada por la administración afecta
seria y claramente nuestro trabajo y nuestra generación de contenidos a la audiencia. Ayer nos reunimos con nuestros compañeros y acordamos con
el resto del equipo seguir ofreciendo nuestro trabajo a la audiencia”, dijo Aristegui al inicio de su programa radiofónico.

 

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HERMOSILLO, SON.- El director general de EXPRESO, Luis Felipe Romandía Cacho, fue agredido la noche del martes con gas lacrimógeno por dos sujetos que
llegaron a su vivienda y lo atacaron, informó el propio directivo, quien atribuye que el ataque se haya realizado debido a la línea editorial de la
empresa.

 

“Tocaron la puerta de mi casa, estaba sólo con mis cuatro hijos; la verdad es la falta de malicia al abrir la puerta porque vivo en una cerrada que tiene
acceso controlado, y por la confianza de que es común que chavos que se quedan jugando futbol tarde me piden la pelota que se les va al patio, abrí
con mucha confianza, me empujaron la puerta y me vaciaron un bote de gas lacrimógeno en el rostro y salieron corriendo”, dijo Romandía Cacho”.

 

Indicó que no había recibido algún tipo de amenaza, y pidió a las autoridades esclarecer el ataque.

 

“Fue un momento en el que uno como padre se estresa. La verdad, si hay alguna persona que sintió lesionados sus intereses, en los 10 años que llevamos
como casa editorial, pues siempre hemos tenido las puertas abiertas para una aclaración, una réplica, y creo que somos de los pocos medios que
reconocemos cuando cometemos un error, y si ese fue el caso, no hay necesidad de eso”, comentó.

 

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Por Arturo Constantini

 

John Ralston Saul, presidente de PEN Internacional, aseguró que cuando 43 estudiantes son asesinados y existe un fallo tan grave dentro de la policía y
el ejército, los funcionarios en el nivel más alto son responsables directa o indirectamente.

 

“No se trata si sabían o no, son responsables del sistema. Y si no pueden hacer que el sistema funcione, entonces deben cargar con la responsabilidad que,
en términos democráticos tradicionales, significa que renuncien”, sentenció Ralston durante la conferencia de prensa, en la que la delegación del PEN
Internacional en México informó de los resultados de la Cumbre de las Américas, llevada a cabo en nuestro país.

 

Explicó que la gente responsable de un gobierno, en especial el jefe de un estado, tiene dos tareas. La primera es la protección de sus ciudadanos, no
del ejército o la policía. Y la segunda es fincar responsabilidades a los funcionarios cuando hayan hecho algo malo.

 

Los presidentes de diferentes centros PEN coincidieron en su preocupación sobre la violencia contra los periodistas y la represión de la libertad de expresión
que se vive en México, en tanto subrayaron la urgente necesidad de romper la “no santísima trinidad”, como lo acuñó Ralston, que consiste en el vínculo
entre corrupción, impunidad y violencia.

 

“No hay duda, sabemos los números de los periodistas asesinados en este país y sabemos de las amenazas. Cuando tienes estos niveles de violencia, no sabes
exactamente dónde termina, así que sería ingenuo decir que los defensores de la libertad de expresión no están en riesgo”, dijo Ralston.

 

Aclaró que ellos abogan por la protección a periodistas, no porque ellos sean especiales sino porque funcionan en el corazón del mecanismo de libertad
de expresión. “Entonces, cuando hay un ataque a un escritor, es un ataque al mecanismo que le pertenece a todos los ciudadanos”.

 

Sobre el diagnóstico que hizo sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la secretaría de Gobernación
(Segob), afirmó que, no obstante se ha observado algún progreso, el mecanismo es imperfecto y es “sólo es una curita” porque no tiene atiende el problema
sino el resultado de éste.

 

Opinó que un problema fundamental en México es que, aunque existen leyes, no hay voluntad política para una correcta implementación y no se han atacado
los problemas de fondo, en especial la impunidad que se convierte en un detonante para la “incitación a la violencia”.

 

Durante su estancia en México, miembros de PEN tuvieron reuniones con el titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong; el presidente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez; el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera; el secretario de Relaciones Exteriores,
José Antonio Meade y senadores.

 

El mundo observa a México

“Es cada vez más claro que el mundo está observando” a México, dijo Ralston. En particular, mencionó los casos de Alemania y Japón que ven con ojos de
incertidumbre el gran daño de la reputación del país a nivel internacional.

 

Enfatizó que “es importante que los mexicanos sepan que esto está pasando” y que la habilidad de sobresalir económicamente está siendo dañada por la mala
reputación de México debido a la violencia, corrupción e impunidad.

 

“Yo veo a empresarios todo el tiempo que me dicen ‘dime qué está pasando, estoy preocupado sobre invertir’”, remató Ralston.

 

Hori Takeaki, secretario internacional de PEN, mencionó que hace diez años, en Japón, los medios escribían maravillas sobre México y ahora el tema preponderante
son las cuestiones negativas. Comentó que entre los escritores preocupados por lo que sucede en nuestro país es el renombrado novelista Haruki Murakami.

 

“Esto ha pasado en los últimos 10 años y ha matado toda su reputación y nuestra confianza también”, afirmó Takeaki.

 

 

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Declaración de PEN Internacional sobre Libertad de Expresión en México

 

Declaración cumbre de las Américas

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).– Cristina Fuentes La Roche, Directora del Hay Festival para Latinoamérica y Peter Florence, Director General
del Festival, cedieron a la petición de personalidades del mundo de la cultura, periodistas y organizaciones internacionales que exigieron cancelar
la sede del evento que se realizaría en Xalapa, Veracruz, e informaron que ahora se llevará a cabo de manera digital.

 

“Estamos comprometidos con México, con sus creadores y su sector editorial. Aquí trabajamos en una amplia coalición, dentro de la cual la comunidad de
escritores y periodistas constituye un elemento esencial. Sólo podemos continuar con nuestro proyecto si trabajamos juntos […] No obstante lo anterior,
hemos escuchado el sentir de buena parte de la comunidad intelectual, y a raíz de ello hemos decidido que este año mantendremos la fecha de octubre
y, en lugar de hacerlo en un lugar determinado, celebraremos el festival de manera digital, para así no sólo llegar a nuestros amigos de Xalapa, sino
a todas las personas que tienen acceso a internet en México”, respondieron los coordinadores en un comunicado difundido este día.

 

Fuentes La Roch y Florence se dijeron conscientes de que la noticia de la muerte de Moisés Sánchez ha causado “dolor y rabia”. Recordaron que Moisés es
“el quinceavo periodista asesinado o desaparecido desde el 2010 en Veracruz”, lo que “ha causado, si cabe, todavía más dolor y rabia”.

 

“Como ha dicho el Comité de Periodistas por Veracruz, en sus actividades en México el Hay Festival ha contado con la presencia de algunos de los más destacados
defensores de la libertad de expresión a nivel mundial, como Carl Bernstein, Wole Soyinka o Salman Rushdie, quienes han acudido a Xalapa, y desde ahí
han pronunciado mensajes claros y enfáticos de condena a la persecución de periodistas en Veracruz”, refiere el texto.

 

Los organizadores del evento indicaron que quienes conforman el Hay Festival tienen “más autoridad e impacto para hablar de estas atrocidades cometidas
en contra de la libertad de expresión si lo hacemos desde los lugares donde suceden”.

 

“Creemos en el compromiso, no en la retirada; en la palabra, no en el silencio ni en el vacío. El festival congrega a miles de personas, la mayoría de
ellas estudiantes. Es un foro en el que la libertad de expresión se ejerce y se promueve. La respuesta de muchas, muchas personas en Xalapa evidencia
claramente que ésta es una plataforma poco habitual, que es muy valorada por la comunidad local”, indica.

 

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27 de enero de 2015

 

Artículo 19, oficina para México y Centroamérica – Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D – Electronic Frontier Foundation, EFF

 

Posicionamiento frente a la expedición de los lineamientos del IFT relativos a las disposiciones de colaboración con la justicia de la LFTR

 

La privacidad y la libertad de expresión, son derechos humanos esenciales para el ejercicio de otros derechos y libertades. La reciente aprobación y entrada
en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión produjo una serie de amenazas a este derecho y por tanto, a los derechos a la libertad
de expresión, asociación y de reunión. La regulación de las telecomunicaciones no es un tema exclusivamente tecnológico o comercial sino también de
protección de derechos.

 

La revelación hecha por el periódico Reforma en días pasados, sobre el que sería “Proyecto de Lineamientos de colaboración en materia de Seguridad y Justicia”
que habría de votar el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), confirma la dimensión de las responsabilidades depositadas en este
órgano y la necesidad de la sociedad civil de que éste ejerza sus funciones y forme sus criterios con la mayor autonomía, especialmente cuando se trata
de generar garantías institucionales a derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión.

 

La expedición de estos lineamientos técnico-administrativos es al mismo tiempo un riesgo y una oportunidad. El IFT puede avalar las violaciones a los derechos
humanos realizadas por el Congreso de la Unión al regular este tema en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) o puede, dentro
de su competencia, cumplir con sus obligaciones de respeto y garantía a los derechos establecidas en la Constitución, para dar la mayor protección
a las personas.

 

Por ello y en aras de continuar un diálogo público y productivo, señalamos que:

 

1. La primera obligación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en atención al artículo 1o de la Constitución, es la de respetar, proteger, promover
y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, incluyendo los derechos
a la privacidad y a la libertad de expresión. Al generar políticas públicas y lineamientos regulatorios, las autoridades deben plantear sus criterios
a la luz de los derechos humanos, en cuyos principios sobresale que no toda medida útil para hacer cumplir una ley es legítima y válida para ser utilizada
como función del Estado. La medida elegida debe ser idónea, necesaria y proporcional.

 

2. Las obligaciones de conservación indiscriminada de datos, como las que contempla el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
han sido consideradas incompatibles con el derecho a la privacidad. Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea1 como las relatorías para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos2 y de la Organización de las Naciones Unidas 3 coinciden en que esta medida
es desproporcional e innecesaria para la protección de éste y otros derechos. 

 

3. En particular, debe reiterarse que los datos que identifican una comunicación (metadatos) como la identidad de los comunicantes, fecha, hora y duración
de la comunicación, ubicación geográfica e incluso, reconocido de manera expresa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , la dirección IP,
al ser datos que pueden revelar aspectos detallados sobre una persona, son datos que se encuentran protegidos por el artículo 16 constitucional y por
ende, para su conservación o acceso es necesaria autorización judicial federal. La conservación de direcciones IP no sólo es una medida desproporcionada,
invasiva y restrictiva a la privacidad (test de proporcionalidad) sino que no es la mejor ni la más efectiva para lograr los supuestos fines que persigue
(test de idoneidad), al existir amplias posibilidades de elusión y al ser inadecuada para la identificación del probable responsable de un delito.

 

4. En cualquier caso, el IFT debe subsanar las deficiencias de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión al establecer salvaguardas mínimas
y necesarias para inhibir el abuso de las medidas vigilancia altamente invasivas y que, por su naturaleza, se llevan a cabo en secreto, como ha
sido reconocido, por ejemplo, en la Resolución 68/167 de la Asamblea General de Naciones sobre el derecho a la privacidad en la era digital, la
cual fue propuesta por México y otros seis países.

 

5. En este sentido, los Lineamientos que emita el Instituto deben especificar las autoridades competentes para solicitar la colaboración de las concesionarias
y autorizadas en materia de seguridad y justicia y establecer de manera inequívoca la necesidad de autorización judicial federal para la intervención
de comunicaciones privadas, la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil y el acceso a datos conservados por las
concesionarias y autorizadas.

 

6. Adicionalmente, los Lineamientos deben establecer obligaciones de transparencia estadística que permitan a la ciudadanía evaluar la efectividad
y regularidad de la actuación de la autoridad cuando lleva a cabo medidas de vigilancia. Asimismo, debe garantizarse el derecho de notificación
diferida a las usuarias afectadas por medidas de vigilancia, de manera que se encuentren en posibilidad de ejercer su derecho de acceso a la justicia.

 

Adicionalmente, resulta pertinente resaltar que el 23 de septiembre de 2014, organizaciones de la sociedad civil, activistas, periodistas y defensores
de derechos humanos, promovimos un juicio de amparo en contra de los citados artículos 189 y 190 de la LFTR ante el poder judicial federal, el
cual aún se encuentra pendiente de resolución por el Poder Judicial Federal.

 

Igualmente, ponemos nuevamente a disposición del público y de los y las consejeras del IFT6, las recomendaciones hechas en noviembre pasado durante
la consulta pública sobre el Anteproyecto de lineamientos de colaboración en materia de seguridad y Justicia, convocado por el Instituto. En este
documento se propone una serie de medidas encaminadas dotar de las mayores protecciones a los derechos fundamentales dentro del ámbito de este
ordenamiento, tales como la notificación diferida a los que sean objeto de vigilancia (garantía adoptada en otros sistemas), así como medidas concretas
de transparencia que permitan dar mayores instrumentos a los ciudadanos para vigilar y evaluar el uso de estas disposiciones.

___________________________________________________________________________________________________

1 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia en los asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12. Digital Rights Ireland y Seitlinger y otros. 8 de abril de 2014. Disponible en: http://bit.ly/1Ep2X2Y 2 Informe del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de las Naciones Unidas. 17 de Abril de 2013. A/HRC/23/40 3 Organización de las Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2013. 68/167. El derecho a la privacidad en la era digital. A/RES/68/167. 21 de enero de 2014. 4 Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Su objeto de protección incluyen los datos que identifican la comunicación. 9a. Época; 1a.Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXXIV, Agosto 2011, Tomo 1; Pág. 221 1a. CLV/2011

5 Organización de las Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2013. 68/167. El derecho a la privacidad en la era digital. A/RES/68/167. 21 de enero de 2014. 6 Consulta pública del anteproyecto de lineamientos de colaboración en materia de seguridad y justicia. Red en Defensa de los Derechos Digitales, 20014. Disponible en: http://t.co/96MiH92Cit

 

 

 

Por Arturo Constantini

Foto: Uriel Reyes

 

Desde que asumió la presidencia Enrique Peña Nieto, se han documentado 209 casos de agresiones contra periodistas, en lo que se configura un “clima de
hostilidades creciente”, explicó Javier Garza, director del diario El Siglo de Torreón, durante la presentación de la plataforma digital “Periodistas
en riesgo”.

 

Del total de las agresiones, documentadas por Freedom House y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés), 13 corresponden
a homicidios, aunque tan sólo en el periodo de mayo y octubre de 2014 se registraron seis asesinatos.

 

“La mitad de los homicidios que se han registrado en dos años, ocurrieron en seis meses, tanto como los que ocurrieron en los 18 meses anteriores, lo que
nos habla de un recrudecimiento de la violencia”, dijo Garza, quien ha vivido en carne propia los peligros para ejercer el periodismo en México.

 

Los estados que concentran los homicidios contra periodistas en la actual administración federal son Tamaulipas con tres, Oaxaca y Sinaloa con dos
casos cada uno y Veracruz, Coahuila, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Zacatecas con uno por entidad.

 

El resto de las agresiones comprende: 143 agresiones físicas, 43 golpizas por parte de policías, 27 detenciones arbitrarias, 17 golpizas por parte
de manifestantes, 13 secuestros, 46 agresiones psicológicas, 14 agresiones digitales, un homicidio vinculado a actividad digital anónima, 6 agresiones
legales y 4 casos de “doble riesgo” (amenazas contra reporteros que investigan algún tipo de agresión previa contra ellos o algún colega).

 

Marieclaire Acosta, representante de Freedom House en nuestro país, destacó la preocupante situación que padece Veracruz, cuya capital ha sido
catalogada por la organización Artículo 19 como la ciudad más peligrosa en América Latina para hacer periodismo, y en particular el caso del
reportero desaparecido Moisés Sánchez, que “retrata de manera clara la frágil situación de la libertad de expresión en el país y los riesgos
que enfrentan en el día a día los que ejercen el trabajo periodístico”.

Suma de esfuerzos

“Periodistas en riesgo” es, no sólo una herramienta para realizar denuncias en torno a las agresiones contra los periodistas, sino una plataforma
que pueda servir como “vinculación y articulación de esfuerzos para que todos juntos podamos emprender la defensa sistemática de los compañeros
periodistas y de la libertad de prensa y expresión”, explicó Marieclaire Acosta.

 

Garza desmenuzó, por su parte, las principales utilidades de la página, como la capacidad para poder generar reportes periódicos sobre cuáles son
las tendencias respecto a las agresiones contra la prensa en el país. De igual manera observar la distribución de los distintos tipos de ataques
en las diferentes regiones del país.

Otra función es que la base de datos generada en la página puede permitir a periodistas en una región tener un mejor diagnóstico de cuáles son
los riesgos que enfrentan y así ajustar sus medidas de seguridad.

 

La página también cuenta con una clínica legal, que se hizo en acuerdo con la organización Propuesta Cívica, que permite a los periodistas resolver
distintas dudas sobre cómo acogerse a un mecanismo de protección, realizar una denuncia o asesoría sobre su situación laboral, entre otras.

 

De igual manera, se pueden encontrar contactos a organismos nacionales e internacionales de apoyo a periodistas y catálogos de manuales de
seguridad que están vigentes en otras partes del país y el mundo.

 

Se aclaró que, aunque cualquier persona, sea o no periodista, puede entrar al sitio para hacer una denuncia, ésta tendrá que pasar por un proceso
de verificación y no será hecha pública hasta que la información sea corroborada. Además no es necesario que la gente tenga que dar sus
datos personales para subir su reporte.

 

Jorge Luis Sierra, del ICFJ, explicó que ahora han podido replicar la plataforma en Irak y Venezuela, y están desarrollando para Centroamérica,
Pakistán, India, entre otros países.

www.periodistasenriesgo.com

 

 

 

 

Compañeros del periodista Moisés Sánchez, quien lleva desaparecido 11 días luego
de un grupo armado lo sacara a la fuerza de su vivienda en el municipio de Medellín,
coinciden en señalar la labor del comunicador como “fundamental”, a pesar de las
declaraciones del gobernador Javier Duarte asegurando que sólo se trata de un “conductor
de taxi”.

 

ENERO 13, 2015 Manu Ureste (@ManuVpC)

 

Al otro lado del hilo telefónico la voz de Jorge Sánchez suena relajada, liviana.
“Ya salimos de dudas”, dice con un suspiro y como si acabara de quitarse del pecho
un enorme peso, aún cuando su padre, el periodista veracruzano Moisés Sánchez y
director del semanario La Unión, lleva desaparecido desde el 2 de enero; día en
el que un grupo armado entró a su casa y se lo llevó en una camioneta.

 

A continuación traga saliva, y con un ritmo de plática entrecortado por las interferencias
de la línea explica que acaba de salir de la Unidad de Servicios Periciales, en
Xalapa, donde se realizaron pruebas de ADN a tres cuerpos encontrados en Soledad
de Doblado el pasado lunes 5 de enero.

 

“Hubo un rumor fuerte aquí en Veracruz, de que ya habían encontrado a mi papá
y que estaba muerto. Pero acabo de ver los cadáveres en la morgue y no es él –vuelve
a suspirar, aliviado-. Así que seguimos con la esperanza puesta en Dios de que
pronto aparecerá vivo”.

 

A pesar de la esperanza, los resultados de la investigación por parte de las autoridades
de Veracruz son prácticamente nulos –
13 policías arraigados
mientras se realizan las pesquisas es todo el balance hasta ahora-. Y a once días
de la desaparición forzada del periodista, aún no hay responsables por lo sucedido
ese 2 de enero en el municipio de Medellín de Bravo.

 

Aquel día, sobre las siete y media de la tarde, Jorge cuenta que su padre estaba
durmiendo cuando cuatro vehículos –dos coches blancos, otro rojo, y una camioneta
negra- llegaron a la calle donde la familia tiene su domicilio en Medellín, ubicado
a menos de 20 kilómetros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

 

“Eran por lo menos nueve personas con el rostro tapado –relata el hijo del comunicador
y también activista social-. Entraron rompiendo puertas y armados con metralletas.
Revisaron papeles, cogieron algunas cosas, y preguntaron a mi madre que dónde estaba
Moisés. Pero en ese momento ella estaba en shock y no pudo decir nada”.

 

Finalmente, los encapuchados encuentran al periodista en su habitación.

 

Todo transcurre rápido

En plena tarde, con vecinos aún en las calles, y con una impunidad que insulta.

 

“Sólo lo agarraron y se lo llevaron”, lamenta Jorge, que denuncia que a pesar
de las llamadas la policía de Medellín tardó horas en llegar en auxilio de su padre,
y que cuando lo hizo fue para informar a la familia que “ya no podían hacer nada”
al respecto.

 

Moisés sale a la calle sin gritos, sin oponer resistencia. Sabe que un error en
ese momento puede resultar peor para él y su mujer. “Cuando se lo llevaron –cuenta
Jorge-, mi madre dice que lo único que mi padre alcanzó a decir fue que no le hicieran
daño a la familia. Nada más”.

 

Junto con el periodista, los encapuchados también se llevan su cámara fotográfica,
su laptop, su celular, y su tablet. Algo que la familia apunta como “un claro indicio”
de que tras la desaparición forzosa del periodista está la mano del alcalde de
Medellín, el panista Omar Cruz Reyes, quien habría amenazado al comunicador tres
días antes de los hechos,
según denuncian la organización defensorade la libertad de expresión, Artículo
19, la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y el propio Jorge Sánchez.

 

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México D.F., a 24 de noviembre de 2014.- Un montaje judicial al servicio del gobernador
de Quintana Roo, Roberto Borge, ha dejado en total vulnerabilidad al periodista
maya Pedro Canché, detenido desde el 30 de agosto por delito de sabotaje. Pese
a no existir pruebas que demuestren su culpabilidad, las instancias estatales han
emprendido una campaña que viola derechos humanos para acallar con cárcel al comunicador.

 

“Estoy encarcelado por ejercer el periodismo… en México habemos muchas
víctimas, yo soy víctima de la justicia que está al servicio del gobernador” afirmó
Canché a 80 días de su detención arbitraria.

 

ARTICLE 19 sostiene que el encarcelamiento arbitrario del comunicador maya está
basado en la fabricación de pruebas, como represalia a las críticas que Canché
hizo contra Roberto Borge, y pese a que el Mecanismo de protección, a cargo de
Secretaría de Gobernación (Segob), está obligado a dar seguimiento de las agresiones
contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, esta instancia no
ha cumplido con sus obligaciones ante los agravios constantes que sufre Canché
en la cárcel del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

 

Los ataques contra Canché endurecieron a raíz de un video difundido por él mismo
el 24 de agosto, en el cual retaba a Borge a un debate público. La respuesta del
gobierno priista fue emprender una campaña de desprestigio con críticas y señalamientos
negativos al trabajo periodístico de Canché. Horas más tarde, el comunicador se
enteró que existía una orden de aprehensión en su contra por el delito de “sabotaje”,
el cual pese a ser violatorio de derechos humanos, es considerado como grave por
el Código Penal del estado.

 

Dentro de las violaciones al debido proceso, destaca que el perito que integró
la investigación se presentó en el lugar de los hechos un día antes de que iniciara
la apertura de la averiguación previa contra Canché. De acuerdo con los policías
judiciales, bastaron siete horas para recabar e integrar pruebas.

Dicha investigación, armada en 48 horas, está basada en testimonios de integrantes
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) que ubicaron al periodista
en el plantón iniciado el 11 de agosto por el aumento de las tarifas de servicio
de agua en el municipio. Estos testimonios, señalan que Pedro Canché, como “conducta
delictiva”, habló con manifestantes y los grababa con su celular.

 

La Procuraduría estatal desestimó que el comunicador estuvo en la manifestación
documentando con su celular desde el 13 de agosto y documentó el desalojo violento
de los manifestantes ocurrido una semana después, no obstante fue Canché fue detenido
y encarcelado el 30 de agosto.

 

Las comisiones de defensa de derechos humanos estatal y nacional han servido también
como cómplices de los ataques contra las voces disidentes en el estado sureño.
Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha mostrado
débil ante la negativa de informar sobre la investigación y el estatus jurídico
del comunicador.

 

En tanto que, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo se ha
negado a investigar a las autoridades locales por posible violaciones de derechos
humanos, de las que sobresalen: Faltas al debido proceso, violación a la presunción
de inocencia, detención arbitraria y ataques contra la libertad de expresión, integridad
personal y no discriminación contra pueblos indígenas. Así mismo ha desacreditado
públicamente, sin investigación previa, las denuncias de Canché por las agresiones
físicas e intimadotarias de las que ha sido víctima en la cárcel.

 

Sumado a los hostigamientos judiciales encabezados por el gobierno estatal, Pedro
Canché también ha sido víctima de Lino Magos, titular de la Dirección de la Defensoría
Pública del Poder Judicial del estado, quien desde su cuenta de Twitter lo acusó,
entre otras cosas, de ser un “atentado de periodista y aprendiz de alborotador”.
Es decir, quien supuestamente tendría que defender a la sociedad, es el mismo que
acusa y descalifica a las voces críticas del gobierno de Quintana Roo.

 

La vulnerabilidad en la que actualmente se encuentra Canché propició que el 30
de agosto recibiera una golpiza a escasas horas de haber ingresado a la cárcel.
Las lesiones ameritaron que fuera trasladado al Hospital General de Felipe Carrillo
Puerto por posibles daños físicos. Hasta la fecha se desconoce su estado de salud
debido a la falta de diagnóstico y tratamientos adecuados.

 

Ante la negativa del Mecanismo de protección de la Segob de otorgar medidas cautelares
a favor del periodista maya Pedro Canché, quien desde el 30 de agosto de 2014 se
encuentra en la cárcel, ARTICLE 19 ha solicitado a la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la
intervención urgente en favor del comunicador.

 

ARTICLE 19 exige al gobierno estatal cesar el acoso judicial y mediático, así
como los ataques físicos contra el comunicador maya y las voces disidentes de la
entidad, como es el caso de la revista semanal
Luces del Siglo,
que ha sido clonada en reiteradas ocasiones, y Sergio Caballero, corresponsal
de la Revista Proceso.

 

 

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