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Por Redacción Sin Embargo

Un estudio de la ONU plantea que sólo en la Ciudad de México, nueve de cada 10 mujeres ha sido víctima de algún tipo de acoso en el transporte público.

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).– Para agredir a una mujer no hace falta golpearla. Miles de mujeres en el país son cada día víctimas de algún tipo de acoso. Lugares tan comunes como el transporte público, la oficina o a calle misma se han convertido en áreas donde las mexicanas sufren humillaciones y faltas de respeto, que en la mayoría de los casos quedan impunes o son ignoradas por la autoridad.

El “Reporte Nacional de Movilidad Urbana de México 2014-2015”, elaborado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que nueve de cada 10 mujeres ha sido víctima de algún tipo de acoso mientras viaja en algún medio de transporte público en la Ciudad de México.

Para atender en parte la problemática, el Gobierno de la Ciudad de México implementó medidas como autobuses y vagones de Metrobús y Metro exclusivos para mujeres; sin embargo, según denunciaron usuarias, las agresiones continúan porque los piropos ofensivos, mientras transitan por las calles y la condena generalizada por vestir de cierta forma, son conductas que nadie se esfuerza por erradicar.

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3% de las mujeres acusadas de delitos del fuero federal en México se encuentran en prisión por delitos relacionados con drogas.

El marco legal mexicano en materia de drogas es poco flexible y altamente punitivo, advierten especialistas.

Ciudad de México a 4 de marzo de 2016.- La organización civil “Equis, Justicia para las Mujeres” planteó la necesidad de implementar medidas alternativas a la prisión para las mujeres detenidas por asuntos relacionados con las drogas, la urgencia de revisar la proporcionalidad de las penas y crear protocolos policiales de detención y arresto en los que siempre se salvaguarde el interés superior de los hijos/as.

En el marco del conversatorio sobre “Propuestas de reformas legislativas y de políticas públicas para casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas en México”, en la Casa Lamm, en la Colonia Roma, se presentaron una serie de recomendaciones para “promover una nueva agenda en política de drogas que incluya la perspectiva de género, y que contribuyan a mejorar las actuales políticas existentes en la materia en el ámbito legislativo y del sistema de justicia del país”.

Durante el conversatorio, Equis Justicia para las Mujeres informó que para el año 2013, 2 mil 13 mujeres en el país estaban acusadas de delitos relacionados con drogas y en particular, que 53% de las mujeres acusadas de delitos del fuero federal se encuentran en prisión por delitos relacionados con drogas.

Estas mujeres ocupan los eslabones más bajos en la estructura del narcotráfico, y en su mayoría tienen escasos recursos, bajos niveles educativos, sin antecedentes penales y trabajadoras de la economía informal.

El organismo alertó sobre las graves consecuencias que el encarcelamiento y el abuso del derecho penal en los casos de delitos de drogas implican para ellas, especialmente cuando son las principales responsables económicas y cuidadores de su familia.

“Es importante que hablemos de ello en este momento por la inminente transición al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por el actual debate nacional sobre regulación de marihuana en su vertiente medicinal y/o lúdica, que cambiaría la situación penal de muchas personas encarceladas”, comentó la organización.

Puntualizaron que estas propuestas son una alternativa al marco legal mexicano en materia de drogas, que es poco flexible y altamente punitivo. Prueba de ello es la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, la prohibición del indulto, la falta de diferenciación de las penas de acuerdo con el rol desempeñado o con criterios de vulnerabilidad en la comisión del delito, entre otros.

Entre las recomendaciones por sectores, destacan:

Poder Legislativo: Aplicación de medidas alternativas a la prisión para mujeres acusadas por delitos de drogas y revisión de la proporcionalidad de las penas.

Instancias de Procuración de Justicia e Institutos de la Mujeres: Crear protocolos policiales de detención y arresto, siempre bajo el principio de salvaguardar el interés superior del niño/a y garantizar opciones para la custodia de sus hijos e hijas.

Impartidores de Justicia: Atender a las Reglas de Bangkok (lineamientos de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes); seguir el marco internacional de protección de los derechos humanos; aplicar el enfoque de género en las sentencias, así como fomentar el uso de las medidas alternativas adecuadas a cada caso.

Autoridades Penitenciarias: Adherirse a las Reglas de Bangkok, capacitación al personal penitenciario, operativo y administrativo; tomar en cuenta los intereses y necesidades de las internas.

Al evento asistieron: Roberto Gil Zuarth, Presidente del Senado; Elena Azaola Garrido, Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, (CIESAS); Rafael Estrada Michel, Director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); Ana Pecova, Directora de EQUIS, Justicia para las Mujeres; Lilia Mónica López Benítez, Magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; Mariana Benítez Tiburcio, Diputada Federal LXIII Legislatura; Corina Giacomello, Investigadora del INACIPE y colaboradora de EQUIS, Justicia para las Mujeres.

Hice la parada a un microbús que, desde lejos, se notaba que escupía gente. Eran las 8:30 de la mañana. Estaba al sur de la Ciudad de México y necesitaba llegar a mi trabajo, por lo que ignoré el hecho de que un señor viajaba colgado de la puerta de atrás por falta de espacio y, como tackle ofensivo de futbol americano, me subí por la de adelante.

De por sí esta situación nunca es cómoda, ahora intenten hacerlo con 20 semanas de embarazo. La vida se pasa en cuidar que no te den un codazo en la panza, vigilar que no abran tu bolsa y mantener el equilibrio.

Mi panza era evidente pero los otros pasajeros iban más preocupados por sus celulares, por dormir unos minutos extras o simplemente por ellos mismos, así que nadie tuvo la buena onda de cederme su lugar, ni modo, ese microbús no traía la calcomanía en el asiento reservado para embarazadas así que me quedé parada.

Me sorprendió que el 80 por ciento eran mujeres y no es porque fuera su obligación, pero siempre creí que serían más solidarias con una futura madre. ¡Ja! Me equivoqué.

Dos cuadras más adelante subió una joven. Con un brazo sostenía a un bebé de más o menos dos meses, en su hombro cargaba una pañalera repleta de suministros para el recién nacido y con la otra mano se agarraba firme del tubo para no caerse por la puerta, ya que mientras el micro avanzaba, el chofer la había dejado abierta.

A pesar de que no me habían cedido el lugar a mí, hasta ese momento yo había guardado la calma, en mi mente me seguía engañando y diciendo: “seguro no se han dado cuenta que estoy embarazada y únicamente piensan que estoy panzona”. Pero el bebé, la muchacha y la opción de que se callera del micro eran mucho más evidentes así que me salió lo Cisneros y grite: “aaaalguien que sea tan amable de darle su lugar a la muchacha que trae un bebé y se viene cayendo”.

El silencio fue absoluto. Las cuatro chicas que venían sentadas frente a mí no voltearon a verme ni tampoco a la joven. Segundos después se paró una señora canosa, de alrededor de 60 años y le dijo a la muchacha: “siéntate aquí”.

Yo, no lo podía creer. Estas talegonas -como le llaman en Sonora a las flojas- van a dejar que esta señora le ceda su lugar y ellas, nada. Y sí, así fue; y ni que decir de darme el lugar a mí, porque luego de ese grito que pegué, seguro que quien no me había visto con mi panza de embarazada, ya lo había notado.

La joven apenada no únicamente le dio las gracias a la señora, también me las dio a mí por aquella escenita.

Y ese día lo decidí: empezaría un proyecto para contabilizar cuántas veces me cedían el asiento en el transporte público.

Mi registro lo hice semanalmente durante un mes y estos fueron mis resultados:

En 18 días utilicé el metro, metrobús, camión y microbús en 64 ocasiones. El primer asiento cedido fue en el día cinco del proyecto y me lo dio un señor de la tercera edad. En total me dieron 10 lugares, ocho hombres y dos mujeres. Es decir, me negaron 54.

54 veces los usuarios vieron entrar a una embarazada al transporte público y ni se inmutaron.

Además, los camiones y microbuses, en su mayoría, no tienen señalados los lugares reservados para personas de la tercera edad, discapacitados, embarazadas o personas con hijos y pues ahí ni cómo alegar con los usuarios. Pero en el metro sí quité a dos que tres y, cabe mencionar, en dos ocasiones yo le cedí mi lugar a personas de la tercera edad con bastón a quienes tampoco pelaban.

Amén de mi panza y pies hinchados, hay cosas que preocupan después de hacer este ejercicio. En primera, la mala calidad del transporte público, donde en las horas pico es imposible ya no que te den un lugar, sino poderte subir, poder respirar. Y segundo, la indiferencia. El hecho de decir «yo estoy cansado, yo tengo sueño, yo tengo prisa, los demás que se rasquen con sus propias uñas» me vuelve loca. De verdad, ¿no nos importa el otro?, ¿estamos dispuestos a pisotear al de al lado para salir nosotros abantes? Yo no.

PRONUNCIAMIENTO

IM-Defensoras condena el feminicidio de la periodista Anabel Flores y alerta sobre el contexto generalizado de riesgo para las defensoras y periodistas en México

Mesoamérica, 15 de febrero de 2016 – Las 691 mujeres defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que integramos la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) repudiamos y condenamos el feminicidio de la periodista Anabel Flores Salazar, quien fue encontrada asesinada con señales de tortura en el estado de Puebla, tras haber sido sustraída de su domicilio en Veracruz por un contingente de hombres armados el pasado 8 de febrero de 2016.

El asesinato de Anabel Flores Salazar es el 14º perpetrado en México contra una mujer periodista desde 2002, y junto con los todavía impunes de Yolanda Ordaz (2011) y Regina Martínez (2012) es el 3º acaecido en el Estado de Veracruz desde 2011, bajo el mandato del Gobernador Javier Duarte, periodo en que el total de periodistas asesinados en dicho Estado asciende a 17.

Cabe destacar que este último crimen se produce después de que en noviembre de 2015 el Gobernador firmara el “Convenio de Colaboración Interinstitucional para instrumentar el Programa de Políticas a favor de las y los periodistas que desarrollan el ejercicio de la Libertad de Expresión en el Estado de Veracruz”. Sin embargo, el 22 de ese mismo mes, la reportera Melissa Díaz fue agredida por agentes de la seguridad pública mientras realizaba una cobertura informativa en Xalapa.

No obstante, la situación en Veracruz no es un hecho aislado. México ocupa el 1r lugar en asesinatos de periodistas en América Latina y el 7º del mundo según en el Balance de periodistas asesinados en el mundo, 2015 realizado por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. Por su parte, Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) desde 2002 ha registrado 252 agresiones contra mujeres periodistas en México.

Este panorama, lejos de cesar, tiende a agravarse. En los últimos meses constatamos un incremento significativo en los ataques contra mujeres periodistas, como son los recientes allanamientos de los hogares de Flor Goché (Desinformémonos) y Elva Mendoza (Contralínea), en septiembre de 2015; de Gloria Muñoz (Desinformémonos), con substracción de información sensible, en noviembre de 2015; o de Anabel Hernández, hechos denunciados también en noviembre de 2015.

El clima de riesgo que enfrentan las mujeres periodistas en el país responde a un contexto generalizado de violencia e impunidad que afecta en igual medida a las mujeres defensoras de derechos humanos. La descomposición del tejido social, motivada por la implementación de políticas económicas de carácter neoliberal basadas en la depredación, el despojo, la competencia, la explotación, la gestión de la precariedad, la reducción del papel del Estado a la recaudación de impuestos y la gestión de la violencia (militarización, control de fronteras) y el auge del crimen organizado como para-estado o incluso como agente del propio Estado, ha situado a las mujeres en un papel fundamental al frente de sus familias, comunidades y movimientos, muchas veces transgrediendo los mandatos de género tradicionales.

Es el caso de las madres que buscan a sus hijos e hijas desparecidas, de las madres que buscan justicia por sus hijas víctimas de feminicidio, de las esposas de presos políticos, de las lideresas campesinas y comunitarias que se oponen a la imposición de megaproyectos extractivistas, energéticos o turísticos, de las defensoras de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual que combaten la imposición de políticas retrógradas que imponen las Iglesias y otros lobbys fundamentalistas, o de las mujeres periodistas que, en muchos casos por necesidades económica fruto de los sesgos de género que todavía imperan en la profesión, se ven obligadas o son las únicas dispuestas a cubrir ámbitos de información altamente riesgosos.

Ello ha puesto a las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en una situación de peligro cada vez más agravado, poniéndolas en el punto de mira y haciéndolas más vulnerables a unas agresiones que suelen presentarse con evidentes componentes de género, apelando a su condición de mujeres y sancionándolas doblemente: por defender derechos y por transgredir su condición de género. Del 2012 al 2014 la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) ha documentado 615 agresiones contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos con una más que preocupante tendencia al alza: 118 en 2012, 189 en 2013 y 308 en 2014.

Ante ello, el papel del Gobierno Federal es de absoluta omisión, con un Mecanismo Oficial de Protección plagado de fallas cuando no inoperante; e incluso de desacato ante instancias internacionales.

No menos preocupante es la campaña de difamación y descrédito en los medios de comunicación con el objeto de desprestigiar la labor de las fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa.

Preocupan sobre manera las agresiones casi constantes a articulistas y periodistas que visibilizan la grave situación de los derechos humanos que vivimos en México como es el caso de Carmen Aristegui, Rossana Reguillo y Sanjuana Martínez quienes a través de las redes sociales buscan ser intimidadas recibiendo amenazas de atentar contra su vida y sus cuerpos. Cuestionando su labor, sexualidad y vida personal.

Frente a esta situación y grave crisis en materia de derechos humanos, desde la Iniciativa Mesoamérica de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, defensoras de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México, exigimos al Gobierno Federal y a las autoridades estatales:

Que se investigue debidamente el feminicidio de la periodista Anabel Flores Salazar, así como el del resto de mujeres y defensoras asesinadas en México y cuyos crímenes permanecen en la impunidad.

Que se garantice y se implementen las condiciones para que, desde una perspectiva de género, todas las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos puedan ejercer de manera libre y segura su labor.

Que cumpla e implementen todas las recomendaciones dictadas por los mecanismos internacionales de derechos humanos a favor de las mujeres defensoras y periodistas para que sea garantizada su labor en condiciones de seguridad y sin temor a represalias.

Que se promueva y reconozca públicamente la importancia y el valor fundamental de la labor de las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas de cara a la trasformación social, por la paz, el respeto, la tolerancia y una convivencia digna e igualitaria de las personas.

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

Grupo impulsor: La Colectiva Feminista, Consorcio Oaxaca, JASS, AWID, UDEFEGUA, FCAM, Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, Red Nacional de Defensoras de Guatemala, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos y Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México: Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 189 defensoras de derechos humanos de 103 diversas organizaciones, ubicadas en 24 estados de la República: Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 189 defensoras de derechos humanos de 103 diversas organizaciones, ubicadas en 24 estados de la República: Agnieszka Raczynska (México D.F.); Aidé García (Católicas por el Derecho a Decidir, México D.F.); Alba Cruz (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Aleida Quintana (Grupo Interdisciplinario Tékéi, Querétaro);Alejandra Ancheita (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC), México D.F.); Alejandra Nuño (México D.F.); Alexandra Garita (México D.F.); Alicia Leal Puerta, (Alternativas Pacíficas, México D.F.); Aline Castellanos (Herramientas para el Buen Vivir A.C., Oaxaca); Alma Ángelica Barraza Gómez (Sinaloa); Alma Padilla García (Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Chiapas); Alma Delia Rodriguez Alor (Organización Tendremos Alas A.C.,Veracruz); Amelia Guadalupe Ojeda Sosa (Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (UNASSE), Yucatán); América del Valle Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Ana Karen López Quintana (Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, Tamaulipas); Ana Lidia Murillo Camacho (Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Sinaloa); Ana María Hernández Cárdenas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Anaís Palacios Pérez (Colectivo por la Paz Región Xalapa, Veracruz); Analia Penchaszadeh (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Andrea Acevedo García (Mariposas Tlahuicas AC, Morelos); Andrea Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Guerrero); Ángeles López (Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Guanajuato); Angélica Araceli Reveles (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México); Atziri Ávila (Coordinadora de la RNDDHM/Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Aurora Montaño (México D.F.); Axela Romero Cárdenas (Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, México D.F.); Beatriz Hernández Bautista (Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género !Nduva Ndandi!, Oaxaca); Bettina Cruz Velázquez (Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca); Blanca Martínez (Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, Coahuila); Blanca Mesina (Baja California); Blanca Velázquez (Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), Puebla); Carina González Luis (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Carolina Cantú (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero); Carolina Coppel Urrea (Ambulante Más Allá (cine documental), México DF); Carolina Ramírez (Aura A.C., Veracruz); Cecilia Espinosa Martínez (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Cecilia Oyorzabal Gómez (Agencia Timomatchtikan,Puebla); Cirenia Celestino Ortega (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Clara G. Meyra Segura (Defensora de derechos humanos, México D.F.); Claudia Ángel (Mujeres Indígenas por Ciarena, A.C., México D.F.); Claudia Erika Centeno Zaldívar (México D.F.); Clemencia Correa (Proyecto de Acompañamiento Psicosocial ALUNA, México, D.F.); Concepción Felix Corral (Sí Hay Mujeres en Durango AC, Durango); Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Nuevo León); Cristina Auerbach (Familia Pasta de Conchos, Coahuila); Cristina Cruz López (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH); Cristina Hardaga Fernández (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.); Dalí Ángel Pérez, (Mujeres Indígenas por Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA), A.C, Oaxaca); Daptnhe Cuevas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, México D.F.); Daniela Fonkatz (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Diana Carolina Brito Bahena (Defensora independiente, Guerrero); Diana Damián Palencia (Formación y Capacitación AC (FOCA), Chiapas); Diana López Santiago (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Dolores González (Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ), México D.F.); Dora Ávila (Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, Oaxaca); Elena Tapia Vásquez (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Elga Aguilar (Comité Cerezo México, México D.F.); Elizabeth Ferreras (Defensa Jurídica y Educación para Mujeres S.C. Vereda Themis, México D.F.); Elizabeth Robles (Servicio Desarrollo y Paz, A.C., Coahuila); Emelia Ortiz (Campaña Si no están ellas no estamos todas, Oaxaca); Emilia González Tercero (Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC), Chihuahua); Esmeralda López Martínez (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Estrella Soria (México D.F.); Fabiola González Barrera (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Fátima Ojeda (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Felicitas Martínez Solano (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Guerrero); Flavia Ester Anau (Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C.,Oaxaca); Gabriela Aguilar Martín (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México); Gabriela Morales Gracia (Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, México D.F.); Georgina Vargas Vera (Guanajuato); Gloria Muñoz Ramírez (Desinformémonos, México D.F.); Griselda Sánchez Miguel (Oaxaca); Guadalupe García Álvarez (Mujeres Luchas y Derechos para todos, Estado de México); Guadalupe Hernández Hernández (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Guadalupe López (Lesbianas en Patlatonalli, Jalisco); Harmida Rubio Gutiérrez (Veracruz);Hermelinda Tiburcio Cayetano (Kinal Antzetik, Guerrero); Icela Jaimes (Colectivo Raíz, Aguascalientes); Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Indira de Jesús Luis Aquino (Oaxaca); Ingrid López Miguel (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Irma Estrada Martínez (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México D.F.); Ixchel Carrasco Arias (Enlace, Comunicación y Capacitación, Guerrero); Isela González Díaz (Alianza Sierra Madre, AC, Chihuahua); Janette Corzo (APRENDAMOS); Jaqueline Santana (Defensora Independiente, México D.F.); Johana Belén Sánchez Rojas (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Josefina Chávez (Cuadernos Feministas, México D.F.); Juliana García Quintanilla (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C., Morelos); Julieta Hernández Camargo (Si hay Mujeres en Durango, Durango); Julisa Bivian Luis Hernández (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Laura Carlsen (Programa de las Américas, México D.F.); Laura García (Semillas, México D.F.); Laura Gutiérrez (Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, Baja California); Laura Salas (La Sandía Digital, México D.F.); Laura Velázquez (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.); Lenika Morales Zavaleta (Colectivo Liquidámbar/Colectivo Enrique Guerrero, México D.F.); Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense, Sonora); Lidia Alpizar (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Lydia Cacho (México D.F.); Lorena Wolffer (México D.F.); Lorena Fuentes (Semillas, México D.F.); Lorena Maribel Peralta Rojas (México D.F.); Loreto Bravo (Palabra Radio, Oaxaca); Lucía Lagunes Huerta (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Lulú V. Barrera (Luchadoras, México D.F.); Luz Estela Castro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua); Ma. Hilda de la Vega (Mujeres por México en Chihuahua A.C., Chihuahua); Magdalena Santos (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Malú García Andrade (Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Chihuahua); Marcela Turati (México D.F.); María Luisa Aguilar Rodríguez (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero); Margarita Avalos (Colectivo Ollin Calli Tijuana A.C., Baja California); Margarita Guadalupe Martínez (Chiapas); María Guadalupe Ramos Ponce (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México, Jalisco); María Paula Castañeda (México D.F.); María Rosa Guzmán Valdez (Red de Promotoras de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en el Estado Jalisco, Jalisco); María Trinidad Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Martha Figueroa (COLEM Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas); Martha Graciela Ramos Carrasco (Mujeres por México en Chihuahua, Chihuahua); Martha Pérez Pineda (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Martha Sánchez Soler (Movimiento Migrante Mesoamericano, México D.F.); Martha Solórzano (Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad A.C., Sonora); Marusia López (Asociadas por lo Justo Mesoamérica (JASS-Mesoamérica), México D.F.); Matilde Pérez Romero (Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón en Chilapa de Álvarez, Guerrero); Mayela García Ramírez (Colectivo de Investigación, Desarrollo y entre Mujeres A.C., Veracruz); Melissa A. Vertiz Hernández (México D.F.); Mercedes Olivera (Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Chiapas); Minerva Nora Martínez (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Miriam González Sánchez (Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), México D.F.); Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa, Veracruz); Nadia Maciel (Guerrero); Nadín Reyes Maldonado (Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, México D.F.); Nallely Tello (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Nancy Pérez (Sin Fronteras A.C., México D.F.); Nerida Gaspar Castillo (Colectivo Ollin Calli Tijuana A.C, Baja California); Nora Bucio (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Morelos); Nora María Vargas Contreras (Equipo Mujeres en Acción Solidaria (EMAS), Michoacán); Norma Mesino (Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Guerrero);Obtilia Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Guerrero); Ofelia Cesáreo Sánchez (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero); Paloma Estrada Muñoz (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C.,Morelos); Patricia Matías López (Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C., Oaxaca); Patricia Yllescas (México D.F.); Reyna Martínez Hernández (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Reyna Ramírez Sánchez, Colectivo de Obreras Insumisas To Tlaktole Calaki Mo Yolo, AC., Puebla; Rogelia González Luis (Grupo de Mujeres 8 de marzo, Oaxaca); Rosa María Laguna Gómez (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México, Jalisco); Rosario Pacheco Leal (Alternativas Pacíficas, Nuevo León); Ruth Fierro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua); Sanjuana Martínez (Nuevo León); Salomé Almaráz (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán); Sara Méndez (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Sara Montes Ramírez (Colectivo Raíz de Aguascalientes, AC., Aguascalientes); Sayuri Herrera Román (México D.F.); Silvia Alejandra Holguin Cinco (Centro de Derechos Humanos de la Mujeres de Chihuahua (CEDEHM), Chihuahua); Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Guerrero); Silvia Núñez Esquer (Sonora); Silvia Pérez Yescas (Mujeres Indígenas por Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA), A.C, Oaxaca); Siria Solís Solís (El Barzón Chihuahua, Chihuahua); Susana Mejía (Centro de Asesoría y Desarrollo Entre Mujeres A.C. (CADEM), Puebla); Tania Ramírez (Directora del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz en el Claustro de Sor Juana /Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) México D.F.); Teresa Emeterio Martínez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Teresa Guardián (Cherán, Michoacán); Teresa Zúñiga (Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitarios (IMDEC), Jalisco); Theres Hoechli (Oaxaca); Valentina Rosendo Cantú (Guerrero); Verónica Corchado (Colectiva: Arte, Comunidad y Equidad, Grupo Articulación Justicia en Juárez, Chihuahua); Verónica Cruz (Las Libres, Guanajuato); Verónica Rodríguez Jorge (Amnistía Internacional México, México D.F.); Verónica Vidal (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Ximena Andión (EQUIS: Justicia para las Mujeres, México D.F); Ximena Cortez (Rosas Chillante, Colectivo Feminista Socialista, México D.F.); Xóchitl Ramírez (Yotlakat Non Siwatl, Atzin Desarrollo Comunitario, Guerrero); Yanimiriam Valdez Baca (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua); Yanina Flores (Semillas, México D.F.); Yesica Sánchez Maya (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Yunuhen Rangel Medina (México D.F.); Zulma Méndez (Pacto por la Cultura y Red Mesa de Mujeres, Chihuahua).

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Atziri Ávila

Coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México

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