Familias de Veracruz acusan a Yunes Linares de esconder fosas en Tihuatlán; la Fiscalía lo niega

Por Redacción/Sin embargo

Al negar la existencia de fosas en el rancho “La Gallera” en Tihuatlán, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dejó en evidencia que el tema de desaparecidos no es su prioridad, además de la falta de coordinación entre el Ejecutivo, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General en esta materia.

La mañana del jueves pasado, en una entrevista en el Puerto de Veracruz, el mandatario negó que se hubieran hallado otras fosas aparte de las existentes en Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, y en el Arbolillo, Alvarado.

Sin embargo, desde el miércoles el periodista Miguel Ángel León Carmona dio a conocer la existencia de más cementerios clandestinos en Tihuatlán, donde integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas acudieron para encontrarse con escenas desgarradoras, pues ahí presumiblemente dieron muerte a decenas de personas.

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Feminicidio 36 en Puebla: Una mujer es estrangulada en un hotel de Acajete; detienen a dos

Por Redacción/Sin Embargo

El cuerpo de una mujer de aproximadamente 25 años de edad fue encontrado este jueves 24 de abril dentro de una habitación del Motel Chicago, ubicado en la carretera estatal Acajete-Apango. De acuerdo a los primeros reportes la joven fue asfixiada y ya hay dos personas detenidas por el feminicidio.

Personal del Motel encontró el cuerpo de la joven alrededor de las 7 de la mañana, por lo que reportaron el hallazgo a las autoridades municipales.

Elementos de la Comandancia de Policía Municipal en Acajete acudieron para el resguardo del lugar de los hechos, mientras elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron para el levantamiento del cadáver.

Fuentes ministeriales informaron que dos hombres ya fueron detenidos por el feminicidio, sin embargo, no ha trascendido su identidad ni relación con la víctima

Debido al sigilo que se mantiene en la investigación, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido información sobre la identidad de la joven ni de los dos hombres detenidos.

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Senado avala penas de hasta 60 años de prisión por desaparición forzada

Por Redacción/ Proceso

El Senado de la República aprobó una nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas que establece penas de 40 a 60 años de prisión y de 10 a 20 mil días de multa a quienes incurran en este delito siendo policías, ministerios públicos o cuerpos militares, al tiempo que crea una Sistema Nacional de Búsqueda que tendrá como mandato la ejecución y seguimiento de las personas desaparecidas y no localizadas.

La nueva ley se aprobó por 90 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, en lo general, así como 81 votos a favor y nueve en contra, en lo particular, incluyendo reformas para utilizar los tiempos oficiales de radio y televisión para la difusión de la información sobre este tema.

El Sistema Nacional de Búsqueda tendrá una propia Comisión Nacional de Búsqueda, y estará integrado por los titulares de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, el titular de la PGR y tendrá un Consejo Ciudadano, como órgano de consulta, integrado por representantes de la sociedad civil y de las víctimas.

Otra característica fundamental de esta nueva ley es la investigación del delito de desaparición forzada a través de una Fiscalía Especializada, adscrita a la PGR, y a las procuradurías locales, a fin de tener autoridades especializadas. También se crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

A favor del dictamen, la senadora Angélica de la Peña, del PRD, argumentó que se configuró la búsqueda separada de la investigación, “pero siempre de manera integral, por ello, este precepto representa uno de los avances más característicos.

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, De la Peña afirmó que durante el proceso de discusión y dictaminación escucharon las historias de miles de familias que buscaron a sus seres queridos y el “viacrucis” por el que han atravesado para que las autoridades las tomen en cuenta.

Cristina Díaz, senadora del PRI y presidenta de la Comisión de Gobernación, indicó que la nueva ley cuenta con los requisitos mínimos de un mecanismo de búsqueda con participación de la sociedad y una estructura encuadrada en los órdenes de gobierno, así como un registro de personas y la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda.

La senadora Layda Sansores, del PT, fue pesimista y señaló que esta ley no es la que merecían las víctimas de la desaparición forzada. Consideró que “parece un documento para cumplir con las presiones internacionales”.

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Regina Martínez: Cinco años de impunidad

Por Redacción/ Proceso

Hoy 28 de abril se cumplen cinco años del asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz. En un principio, Javier Duarte se mostró dispuesto a investigar a fondo el crimen, pero las indagatorias se empantanaron. Luego vinieron las intimidaciones a los comunicadores de la entidad, incluido el reportero de este semanario coadyuvante en la investigación, Jorge Carrasco, y contra toda la labor de seguimiento informativo desplegada por la revista en el estado sin ley de Javier Duarte.

Javier Duarte se convirtió en referencia de pesadilla para el periodismo en Veracruz.

Para su gobierno, la muerte de periodistas de la entidad tuvo que ver sobre todo con la delincuencia organizada o con sus vidas personales. Nunca consideró siquiera la posibilidad de que esas muertes se hayan derivado del ejercicio crítico del periodismo hacia su gestión y de la descomposición de la vida pública local.

Proceso padeció directa y repetidamente esa descomposición. Nunca había sido tan agraviada. El asesinato de nuestra corresponsal Regina Martínez Pérez, perpetrado el 28 de abril de 2012, fue el primero y gran daño que tuvo bajo la gestión duartista.

Un año después, el reportero que por parte de este semanario investigada el homicidio, Jorge Carrasco, fue amenazado. Y en julio de 2015 ocurrió el asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa, también colaborador de la revista, en la Ciudad de México. Él salió de Veracruz por temor a que se cumplieran amenazas en su contra y había sido insistente en la exigencia del esclarecimiento del crimen de Regina.

La administración de Duarte siempre intentó mostrarse afectada por esos hechos. Durante su gestión el propio gobernador buscó a la directiva del semanario para deslindarse en los casos que involucraban directamente a sus periodistas. En una ocasión incluso llegó a las oficinas de la revista en la Ciudad de México acompañado por su asesor José Murat, el exgobernador de Oaxaca.

Fiel a sí mismo, quiso tratar al semanario y a sus periodistas como lo hacía con la prensa que compraba. No entendía de otra manera al periodismo. Hace cinco años, cuando los directivos de la revista, impactados por el asesinato de Regina, fueron a la casa de Gobierno en Xalapa para pedirle cuentas, Duarte intentó la lisonja, el derroche y la ostentación ante la tragedia.

Desde la noche del sábado 28 de abril, cuando Proceso confirmó el homicidio de su corresponsal, cometido en las primeras horas de ese día, Duarte acordó el encuentro con los directivos del semanario al día siguiente en la entidad, pactado para la mañana del domingo 29.

Fueron horas perdidas entre la llegada al aeropuerto de Veracruz y la salida hacia Xalapa. Después de la larga espera, mandó helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para el traslado, pese a la insistencia de viajar por carretera, a sólo poco más de una hora de camino.

A la salida del aeropuerto de Xalapa, una camioneta blindada, escoltada por dos más, llevó a los periodistas a la residencia de los gobernadores de Veracruz, que Duarte se había encargado de ampliar con la compra de las construcciones vecinas porque, decía, la que heredó de Fidel Herrera, su mentor, resultó pequeña para el tamaño de su ambición.

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Solalinde pide a familiares de desaparecidos en Veracruz, denunciar a Javier Duarte

Por Redacción/Proceso

El fundador del albergue “Hermanos en el camino”, el padre Alejandro Solalinde, urgió a los colectivos de desaparecidos en Veracruz a denunciar a la brevedad al exgobernador del estado Javier Duarte, preso en Guatemala.

Solalinde acudió el miércoles a la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) 2017 en Veracruz, y ahí dijo que una denuncia será una acción más contundente que ir a manifestarse a Guatemala.

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Detienen al exalcalde de Temixco acusado de desvío de recursos públicos

Por Redacción/Proceso

El expresidente municipal de Temixco, Miguel Ángel Colín Nava, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación Criminal, acusado de desvío de recursos públicos en su gestión de 2012 a 2015.

Es la segunda detención de un exalcalde, pues el mes pasado fue detenido su homólogo de Cuautla Jesús González Otero, bajo las mismas acusaciones. Ambos son perredistas.

De acuerdo con Juan Jesús Salazar Núñez, titular de la Fiscalía Anticorrupción, existe una investigación en contra de Colín Nava que realizó la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), por lo que un juez concedió la orden de aprehensión contra el exedil, predecesor de la también perredista Gisela Mota Ocampo, asesinada unas horas después de tomar posesión del cargo el 2 de enero de 2016.

La acusación que pesa sobre el exalcalde es que utilizó para gasto corriente recursos que estaban etiquetados y destinados a la obra pública. Además, se afirma que tampoco pudo comprobar una serie de compras del propio ayuntamiento.

De acuerdo con la información proporcionada por Vicente Loredo, titular de la ESAF, diversos recursos del ayuntamiento habrían sido depositados en cuentas a nombre de particulares.

Colín Nava fue detenido a la salida del hospital donde trabaja en Cuernavaca y de inmediato conducido al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec. Este jueves será presentado ante el juez de control y ahí se determinará la legalidad de su detención, además de que podría fijársele prisión preventiva.

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Fiscalía va por los exvoceros de Duarte; los acusa de desviar 3 mil millones de pesos

Por Redacción/ Animal Político

La Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz tiene abiertas tres carpetas de investigación por posibles actos de corrupción y el presunto desvío de casi tres mil millones de pesos , en contra de dos exvoceros de Javier Duarte: Gina Domínguez y el hoy diputado federal Alberto Silva Ramos.

De acuerdo con datos ministeriales a los que tuvo acceso Animal Político, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos comenzó las averiguaciones, derivadas tanto de observaciones en auditorías así como de denuncias interpuestas ante el Ministerio Público.
Una vez que concluya la integración de estas carpetas, se consignarán ante los jueces correspondientes pasa solicitar las órdenes de aprehensión que correspondan.

En una de las indagatorias, los fiscales tiene evidencia de al menos 2 mil 900 millones de pesos relacionados con supuestos gastos de comunicación y difusión de actividades del gobierno veracruzano, de los que no existe comprobación alguna.

Gina Domínguez fue coordinadora de comunicación social del gobierno de Javier Duarte del 1 de diciembre de 2010 al 20 de febrero de 2014. Alberto Silva lo fue en dos periodos, el primero del 21 de febrero de 2014 al 5 de enero de 2015, y el segundo de abril a octubre de 2016.

Otra de las indagatorias abierta por la Fiscalía de Veracruz es por posible enriquecimiento ilícito en contra de Gina Domínguez.

La tercera, iniciada apenas esta semana, fue por posibles hechos de corrupción de Silva Ramos, mismos que fueron hechos públicos por la propia Gina Domínguez en una columna.

Animal Político publicó el pasado 8 de diciembre que tan solo en el año 2014 el gobierno de Javier Duarte pagó 503 millones de pesos a 19 empresas fantasma, por supuestos gastos de difusión de actividades del gobierno, es decir, durante la gestión de Silva Ramos al frente del área de Comunicación Social.

Un año antes de asumir como vocero del gobierno, es decir en 2013, Silva encabezaba la Secretaría de Desarrollo Social y en su gestión dicha dependencia asignó por lo menos 50 contratos al mismo grupo de empresas fantasma.

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Senadores aprueban por unanimidad la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura

Por Redacción/Sin Embargo

El Senado aprobó hoy por unanimidad, con 90 votos a favor y cero en contra, la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Con este dictamen se reforman y derogan varias disposiciones del Código Penal Federal, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Extradición Internacional, informó el Senado en un comunicado.

Al presentar el dictamen para su discusión en el pleno, la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que México tendrá un marco jurídico fortalecido que dará una mayor protección frente a la tortura y los tratos crueles.

Las propuestas de la ley van acorde con los estándares internacionales, y si se implementa efectivamente, esta legislación permitirá superar los retos del combate y erradicación de “esta aberrante práctica”, señalo De la Peña.

La senadora Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, destacó que esta ley representa una oportunidad histórica para establecer un marco legal eficaz para erradicar estos actos en el país.

Resaltó que datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señalan que del 2006 al 2015 se recibieron 4 mil 404 quejas sobre trato cruel o degradante. En este sentido, la Secretaría de la Defensa Nacional es la institución que acumula más quejas.

La senadora citó una encuesta del Centro de Investigación de Desarrollo Económico (CIDE) para denunciar que, solo en 2012, el 57 por ciento de las personas detenidas denunciaron haber sido golpeadas durante este proceso, y el 34.6 por ciento dijeron haber sido forzadas a firmar o modificar su confesión.

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En la CDMX no tenemos más oportunidades que el trabajo sexual, acusan mujeres trans

Por Redacción/ Animal Político

La Ciudad de México pasó de ser un sitio turístico para la comunidad LGBTTTI a una ciudad amigable con los integrantes de ese grupo. Por ejemplo, desde 2006, la Ley de Sociedades de Convivencia permite el matrimonio en parejas del mismo sexo, pero, en la calle, la realidad de las trabajadoras sexuales trans está lejos de cualquier política amigable.

Kenya Cueva, una activista mexicana, trabajadora sexual trans y voluntaria de la Clínica Condesa — especializada en atención a personas con VIH— conoce los riesgos de trabajar en la calle, puesto que ha convivido con migrantes trans procedentes de varios estados mexicanos, pero también de Honduras, Guatemala y otros países.

Con pesar, la activista recuerda que de una treintena de trans que ha conocido, solo una logró emigrar a Estados Unidos, puesto que la mayoría se queda en México, donde se desempeñan como trabajadoras sexuales.

Al señalar las dificultades que enfrentan las mujeres trans, Kenya recuerda el caso de Dévorah, una chica de Nicaragua, quien soñaba con emigrar a EU y “realizarse como mujer trans”, pero que no logró su objetivo porque se murió en 2015, por complicaciones respiratorias tras adquirir VIH.

Kenya asegura que la atención médica para migrantes de la comunidad LGBTTTI es uno de los problemas más graves. Incluso en la Clínica Condesa, la única que ofrece tratamiento de hormonización gratuito en la Ciudad de México, la atención es solo para pacientes afiliados al Seguro Popular o con Certificado de Gratuidad.

En el caso de las migrantes, la atención solo dura tres meses y los costos mensuales de medicamentos para pacientes con VIH es de 40 mil pesos (2100 mil dólares aproximadamente), cantidad que solo cubre medicamentos, por lo que es necesario pagar las consultas, el endocrinólogo y los ultrasonidos.

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México y Cuba son los países con peor libertad para periodistas en AL: RSF; 31 asesinatos con EPN, dice Art 19

Por Redacción/ Sin Embargo

Dos informes revelan la crisis de libertad de expresión por las que atraviesa México. En el primero, de Reporteros Sin Fronteras (RSF), se señaló al país a la cabeza de la lista donde la libertad de prensa es amenazada; mientras que Artículo 19, reveló que en lo que va de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, 31 periodistas han sido asesinados. Tan sólo este año suman cinco ejecuciones.

De acuerdo RSF, Cuba se ubicó en el puesto 173 (el 171 en 2016), es el único país de la “lista negra”, integrada por 21 estados, de esta organización, junto a países como Egipto, Libia, Irán, Yemen, Siria, China y Corea del Norte, donde el deterioro de la libertad de prensa es “muy serio”.

México, Guatemala, Colombia, Venezuela y Honduras están en el grupo calificado como de “situación difícil”.

En este grupo, Guatemala está en el puesto 118 (121 en el informe de 2016), Colombia en el 129 (134), Venezuela en el 137 (139), Honduras en el 140 (137) y México en el 147 (149).

El informe, que habla de un deterioro global de la libertad de prensa incluso en las democracias occidentales, señaló también que el país latinoamericano con mayor libertad es Costa Rica, que en el sexto puesto está en el “grupo blanco” (buena situación).

En el caso de México se destacó el deterioro que ha sufrido desde 2002, año en que ocupaba el puesto 75: ha caído más de 75 puestos en los últimos quince años.

Desde que se elaboró el informe de 2016 en México, donde según RSF impera la corrupción y el crimen organizado a nivel local, han sido asesinados diez periodistas, “con una nueva avalancha de asesinatos en marzo de 2017”.

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