#SiMeMatan, la reacción de mujeres ante criminalización de una joven y que llevó a la PGJ a rectificar

Por Redacción/ Animal Político

“Vivo con mi novio, tengo tatuajes, me gusta la fiesta, he consumido drogas”, son algunas de las frases que mujeres han compartido a través del hashtag #SiMeMatan para denunciar cómo detalles personales pueden ser utilizados para criminalizarlas.

El hashtag surgió luego que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer detalles de la vida personal de la joven de 22 años hallada muerta en jardines de Ciudad Universitaria, de la UNAM. Y que este jueves fue identificada por su madre y un hombre que se identificó como su novio.

La PGJDF publicó en Twitter que la joven estuvo “alcoholizándose y drogándose”, añadió que ya no era estudiante de la UNAM pues “debía muchas materias”.

Los detalles, que no daban información sobre el móvil del crimen o avances en la investigación, causaron indignación, pues ofrece datos sobre la víctima que parecen hacerla responsable de su propia muerte.

Usuarias de Twitter compartieron a través del #SiMeMatan detalles de su vida que podrían ser utilizados para criminalizarlas si fueran víctimas de feminicidio, como salir solas, usar falda, tacones o tomar un taxi.

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Ofrece rector de la UNAM transparencia y firmeza para esclarecer muerte de joven

Por Redacción/ Proceso

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, aseguró que la Institución actuará con absoluta transparencia y con la firmeza que se requiere para el esclarecimiento de la muerte de Lesvy Berlín Osorio Martínez.

En un pronunciamiento público, Graue señaló que desde el momento en que fue descubierto el cuerpo de la joven, de 22 años, y hasta la fecha, la Rectoría y la administración central de la Universidad han acompañado a las instancias investigadoras para esclarecer los hechos.

“Pusimos a disposición del ministerio público las grabaciones captadas por las cámaras durante esa madrugada, en el sector del campus donde sucedieron los hechos y presentamos ante las autoridades competentes a posibles testigos,” indicó.

El rector de la máxima casa de estudios expresó su profundo sentir a la familia de la víctima y dijo que además de la “indignación que nos provoca la tragedia que supone el fallecimiento de una mujer tan joven, es la cara de un México descolorido, lastimado y violentado. Su muerte representa todo lo que como sociedad no queremos ser.

“Representa también — enfatizó— el miedo justificado con el que vivimos, la constante inseguridad que percibimos y la atroz violencia a la que indebidamente parece que nos hemos acostumbrado”.

Precisó que en este panorama vacío de valores y cargado de violencia, son las mujeres quienes más sufren. Son ellas las que miran por encima del hombro para cerciorarse de que pueden caminar seguras, y también son ellas las que más han luchado para erradicar esta lacerante realidad.

Este trágico acontecimiento, afirmó el rector, nos obliga a recapacitar sobre la inseguridad en la que estamos inmersos, sobre la delincuencia que en ocasiones se presenta en nuestros campus, los actos de violencia de género y la impunidad con la que algunos grupos anti sistémicos se desenvuelven en nuestras instalaciones.

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Encuentran el cadáver de una mujer en jardines de Ciudad Universitaria de la UNAM

Por Redacción/ Animal Político

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó este miércoles sobre el hallazgo en la madrugada del cadáver de una mujer en los jardines aledaños al Instituto de Ingeniería, en la Ciudad Universitaria, en el sur de la Ciudad de México.

“El cuerpo fue descubierto, atado a una caseta de teléfono público. Personal de vigilancia de la institución dio aviso de inmediato a la agencia del ministerio público, la cual llevó a cabo las diligencias correspondientes”, apuntó la UNAM en un comunicado.

“Se desconoce hasta el momento la identidad de la mujer, ya que en sus ropas no fue hallada identificación alguna. La Universidad Nacional expresa su repudio a cualquier tipo de ilícito cometido en sus instalaciones, mantendrá su disposición a colaborar con la autoridad competente y estará atenta a los resultados de las investigaciones”, agregó.

Las autoridades de la Ciudad de México, en tanto, indicaron que “la Policía de Investigación (PDI) realiza trabajos de campo y gabinete para esclarecer la muerte de una mujer, de aproximadamente 25 años de edad”, quien fue hallada dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria.

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Recursos estatales desviados con Javier Duarte suman casi 21 mil millones, según auditoría local

Por Redacción/ Animal Político

En 2015 la administración de Javier Duarte presuntamente desvió, en promedio, 38 mil pesos por minuto de las partidas que estaban destinadas a programas y acciones estatales. Esto, sin contar los posibles desvíos de partidas federales.

Así lo arrojan las nuevas denuncias penales presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz ante la Fiscalía del estado, que acumuladas representan un presunto daño patrimonial que ya asciende a casi 21 mil millones de pesos.

Las 14 denuncias presentadas por la auditoría estatal corresponden en su mayoría a la revisión de la última cuenta pública disponible, la de 2015, y se han presentado luego de que el PRI perdió la elección estatal a mediados de 2016. Antes de eso no se había denunciado ni una sola irregularidad.

El posible daño patrimonial generado por estos presuntos fraudes de la administración de Duarte es de 20 mil 982 millones 925 mil 126 pesos, de los cuales, solo mil 100 millones de pesos no corresponden a casos de 2015 sino a los desvíos que Animal Político documentó entre 2012 y 2014 por contratos a empresas fantasma.

Esto significa que, en promedio, en 2015 la administración de Duarte desvió 54.3 millones de pesos diarios de las arcas estatales.

Los desvíos denunciados por el ORFIS afectaron partidas específicas que estaban destinadas para programas de salud, educación, protección al medio ambiente, obra pública, desarrollo social. Incluso, fueron desviados recursos hasta de la consejería jurídica del estado.

Las denuncias se desprenden de la comprobación de la Cuenta Pública 2015 que está llevando a cabo. En cuanto a las cuentas públicas del 2007 a 2014 (que abarcan los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte), la auditoría local no presentó denuncias contra la administración estatal, solo contra municipios.

De hecho el caso de las empresas fantasma que abarca irregularidades en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 no fue detectado por el ORFIS, y solo se denunció por este luego de que el SAT confirmó que las empresas que habían recibido recursos de cuadro dependencias del gobierno de Duarte no existían, y se habían simulado las operaciones.

Esto contrasta con la Auditoría Superior de la Federación, que sí ha presentado diversas denuncias en los últimos cinco años por posibles desvíos en la administración de Javier Duarte. A nivel federal son más de 60 las denuncias presentadas.

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Un juez ordena vigilar e impedir que empresas sigan contaminando el Río Alto Atoyac

Por Redacción/ Animal Político

El juez Martín Adolfo Santos Pérez, titular del Tercer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó al gobierno federal emprender “las medidas pertinentes” para impedir que “empresas y terceros” continúen realizando descargas de contaminantes al Río Alto Atoyac, cuerpo de agua que discurre por los estados de Puebla y Tlaxcala, y cuya toxicidad amenaza la vida de las comunidades adyacentes.

Esta orden surtió efecto a partir del 22 de marzo pasado y se determinó como “medida cautelar” para evitar que este cuerpo de agua continúe siendo afectado por descargas de industrias, talleres textiles clandestinos y drenajes municipales, en tanto se resuelve un juicio más amplio promovido contra autoridades federales, estatales y municipales, por no ejercer sus facultades para impedir estos delitos ambientales.

La medida cautelar impuesta por el Juzgado Tercero establece que “el interés de los quejosos de proteger la Cuenca Hidrológica Río Alto Atoyac, para evitar la afectación al medio ambiente y proteger el derecho humano a la salud, derrota y prevalece sobre los intereses de las empresas y aquellos terceros que realicen descargas de residuos contaminantes”.

Sobre las condiciones ambientales de este río, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó (en marzo también) que al menos desde 1995, las autoridades mexicanas abandonaron las acciones de vigilancia y protección de este cuerpo de agua, que se convirtió en desagüe ilegal de industrias legales y clandestinas asentadas en las comunidades ubicadas en sus márgenes.

En la actualidad, según la investigación de la CNDH, la carga de arsénico en el Río Alto Atoyac impide que se desarrolle cualquier tipo de vida acuática.

Junto a este río, además, habitan alrededor de 2 millones 300 mil personas, cuya salud está en permanente riesgo no sólo por el contacto con las aguas tóxicas, sino también por la inhalación de los gases que emanan del río, y por su uso para riego de cultivos.

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Diputados “acuerdan” con Coca, Pepsi y McDonald’s las políticas públicas de México, revelan ONGs

Por Redacción/ Sin Embargo

Hace cinco meses, el Gobierno de México declaró al país en emergencia epidemiológica por sobrepeso, obesidad y diabetes. Sin embargo, para la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ese estado de urgencia ha pasado de largo, pues no ha trabajado en la implementación de acciones concretas para mitigar el problema, denunciaron Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y el legislador perredista Rafael Hernández Soriano.

Lo peor, dicen, es que en el periodo legislativo que recién concluyó la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados no legisló para detener la epidemia de mexicanos gordos y enfermos, pero en cambio su inacción dejó al descubierto que existe un conflicto de interés con la industria de los productos chatarra e incluso deja que los cabilderos de Coca Cola, Pepsi o McDonald’s decidan sobre asuntos de salud pública.

En entrevista para SinEmbargo, Karina Sánchez Bazán, investigadora especializada en el tema de conflicto de interés en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), expuso que, en teoría, dicha Comisión debió crear iniciativas de Ley que protejan la salud de los mexicanos e intervenir cuando ésta se encuentre en riesgo o sea vulnerada. No obstante, dijo, la actual legislatura se ha caracterizado por guardar silencio respecto a lo que ocurre actualmente en temas de salud pública.

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A 11 años del horror, hablan víctimas de tortura y violación en Atenco

Por Redacción/Proceso

Hace 11 años fueron torturadas, mancilladas, criminalizadas, llamadas “mentirosas” y hasta perdieron su nombre. Eran conocidas como “las violadas de Atenco”.

Hoy para las decenas de mujeres que fueron victimizadas durante un operativo en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, el recuerdo de aquellas horas eternas en que fueron sometidas durante el despliegue de 700 elementos de la extinta Policía Federal Preventiva y de mil 815 agentes municipales, se aprecia de una forma distinta.

En el aniversario número 11 de la represión bajo el mandato de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, las mujeres de Atenco esperan impacientemente la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), instancia a la que recurrieron al no encontrar en México verdad y justicia.

En entrevista con Apro, Patricia Torres, Italia Méndez y Norma Jiménez hablan de sus expectativas ante una nueva etapa del largo litigio que han llevado, desde que en 2008 ingresaron el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Acompañadas por Stephanie Brewer, responsable del área internacional del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que acompaña el caso, las tres mujeres hablan también de lo que significa para ellas que, quien fuera entonces gobernador mexiquense, hoy como presidente de la República no terminará su mandato sin conocer el fallo de la CoIDH.

“Por supuesto que nos significa el nombre (de Peña Nieto) porque resuena, porque le preguntan, porque nos dijo mentirosas, nos dice algo que esté arriba, pero va más allá de él lo grave que es que ocurran estas cosas, y no importa si es lo nuestro o si es Ayotzinapa o si son otras mujeres que fueron torturadas y que parece que todas fuimos torturadas por los mismos, es grave que esto ocurra, y que lo tapan pero llega un momento en que no lo pueden tapar más y esto es lo que ha hecho esta denuncia”, sostiene Norma Jiménez.

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Familias ligan a ex jefe de policía de la era Duarte con al menos 60 casos de desaparición forzada

Por Redacción/Sin embargo

Más de 100 integrantes del Colectivo Solecito y Colectivo de Búsqueda de Desaparecidos Córdoba-Orizaba, Veracruz, se manifestaron la mañana de este lunes en el Juzgado XVI de Distrito de Córdoba, para obligar al juez Tomás Zurita García a no conceder el amparo definitivo al ex comisario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alfonso Zenteno Pérez, ya que contaba con una suspensión provisional para protegerse y no ser detenido por el delito desaparición forzada.

Zenteno Pérez fue capturado el pasado sábado 29 de abril, en el municipio de Ángel R. Cabada, acusado del delito de pederastia, quedando a disposición del Juez de Control de San Andrés Tuxtla. Los agentes ministeriales, también pretendieron hacer efectiva una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada, el cual evadió el ex jefe policiaco, al mostrar una suspensión provisional, de un juicio de amparo promovido ante el Juzgado Federal.

Al enterarse de la captura del también llamado “Comandante Tritón”, madres de desaparecidos de los colectivos Solecito y Córdoba-Orizaba, se pusieron de acuerdo y se manifestaron la mañana de este lunes ante el Juzgado, ubicado en la avenida 3 y calle 13 de Córdoba, en cuyo edificio lo primero que hicieron fue colgar lonas con fotografías de sus seres queridos, a quienes buscan desde hace dos, tres, cuatro y hasta cinco años.

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Juan Sabines denuncia por daño moral a activista que lo acusó de defraudar al erario con 40 mil mdp

Por Redacción/ Proceso

El cónsul de México en Orlando, Florida, y exgobernador del estado, Juan José Sabines Guerrero, demandó por daño moral al activista chiapaneco Horacio Culebro Borrayas, luego de que éste promoviera una demanda penal y juicio político contra el exmandatario por un fraude al erario público de 40 mil millones de pesos durante su sexenio, de 2006 a 2012.

Culebro Borrayas dio a conocer hoy que fue notificado por el actuario del Juzgado Quinto del Ramo Civil de una denuncia interpuesta en su contra el jueves 19 de abril por Roberto Morales Torres, abogado y apoderado legal del exgobernador, miembro del consorcio Madariaga y Asociados; el despacho jurídico del Notario Público, Florencio Madariaga Granados, un exfuncionario preso por corrupción en el sexenio de Pablo Salazar y beneficiado con la libertad en el sexenio de Sabines Guerrero.

El abogado chiapaneco dijo que la demanda penal carece de pruebas en su contra y que el juzgado ha sido muy diligente para darle trámite. El exgobernador chiapaneco lo demandó por daño moral y una reparación equivalente a 10 millones de pesos.

Todo esto derivado del activismo de Culebro Borrayas por haber iniciado una campaña legal para exigir a las instancias nacionales que el exgobernador chiapaneco fuera llamado a rendir cuentas por la corrupción que imperó en su sexenio del 2006 al 2012 y que dejó a Chiapas en bancarrota, con una deuda pública directa e indirecta de 40 mil millones de pesos.

Culebro Borrayas dijo que ha acudido a la PGR para que Sabines sea llamado a cuentas y que ha acudido a la Cámara de Diputados para que sea enjuiciado políticamente pero hasta ahora el exmandatario chiapaneco goza de impunidad.

“No obstante que junto a su camarilla saqueó las arcas del erario en Chiapas, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo premió con un consulado en Orlando, Florida”, reprochó Culebro Borrayas.

Dijo que no ha acudido a las instancias locales porque todas están coludidas y le han dado una carta de impunidad al exgobernador chiapaneco, que tanto el gobierno estatal, el Congreso local y la ahora Fiscalía General del Estado son “tapadera” del exmandatario ahora diplomático.

Señaló que Sabines Guerrero está en esa foto “legendaria” de exgobernadores corruptos y que hasta ahora sigue impune en su cargo de Cónsul. Añadió que su administración de distinguió por una larga estela de corrupción que su sucesor Manuel Velasco Coello ha encubierto hasta ahora.

Mencionó que la demanda interpuesta por Sabines en su contra es una estrategia legal para intimidarlo, frenarlo y presionarlo para que no siga con su campaña y Sabines sea llamado a rendir cuentas de la corrupción en su sexenio tras las recientes denuncias de otros exgobernador presos o perseguidos por corrupción.

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Insta el CPJ a Peña a que se haga justicia en crímenes contra la libertad de expresión

Por Redacción/ La Jornada

En lo que resta del sexenio –año y medio– el presidente Enrique Peña Nieto debe ‘‘comprometerse públicamente’’ a resolver la casi total impunidad que prevalece en materia de delitos contra la libertad de expresión y garantizar la protección de los periodistas, indica la recomendación del informe extraordinario del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que será presentado este miércoles 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Expresión, en el puerto de Veracruz.

‘‘Si la justicia no prevalece antes del término de su mandato (dentro de año y medio) Peña Nieto corre el riesgo de dejar un legado de impunidad endémica’’, asienta el documento, titulado Sin excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas.

Para cumplir con esta recomendación, el Ejecutivo debe asegurarse que los funcionarios federales investiguen exhaustivamente todos los casos de violencia contra periodistas y apliquen la justicia contra los perpetradores.

El Presidente también debe garantizar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión tenga suficiente autoridad y recursos para cumplir su cometido. Entre el 29 de febrero de 2016 y el 31 de enero de este año, el organismo abrió 123 expedientes, 10 de ellos relacionados con homicidios. De lo anterior sólo se lograron tres condenas.

Además, el mandatario debe asegurar que el mecanismo de protección sea eficaz para prevenir agresiones letales. Según la opinión generalizada de los medios consultados para el informe de la CPJ, el mecanismo ha sido ineficaz y ‘‘totalmente insuficiente’’. El documento afirma que a Peña Nieto ‘‘se le está acabando el tiempo’’ para demostrar su voluntad política.

Carlos Lauría, coordinador y vocero del CPJ para las Américas, moderará hoy un panel de debate para analizar junto con periodistas veracruzanos los contenidos del informe relacionados con esa entidad, donde –indica el nuevo documento– ‘‘la violencia es particularmente grave’’ y los ataques contra la prensa permanecieron impunes durante el mandato del gobernador Javier Duarte.

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