“Sé el cambio”, pedía Gordon Storm y ayudaba a veracruzanos; lo torturaron hasta la muerte

Por Redacción/Sin embargo

A la una de la tarde del jueves 4 de mayo, ingresó a laborar un varón al rancho ubicado en la congregación El Zapote, del municipio de Teocelo.
Cada día lo recibía Gordon Lewis Storm Díaz, estadounidense que llegó en 2013 al estado de Veracruz y decidió vivir a 30 minutos de la ciudad capital.

“El gringo”, un hombre de 58 años, delgado y sonriente, no salió para charlar con el empleado de casa y planear las labores del día.

Su cuerpo apareció inerte en algún rincón de la casa, ensangrentado y con signos de tortura. Su camioneta desapareció con los criminales.
El varón que trabajó diariamente con Gordon llamó a amigos y a la policía para reportar el hallazgo de “El gringo”, como lo nombraron pobladores en la localidad aledaña al cerro Acamalin.

Gordon se quedó solo desde el 1 de mayo en Teocelo, su esposa, “La gringa”, regresó a los Estados Unidos para atender asuntos personales que requerían su presencia en el país vecino del norte.

Amigos de él le aconsejaron salir de su casa y esperar el regreso de su esposa en las cercanías del aula donde dio clases de inglés, arte, pintura, respeto y conservación del medio ambiente.

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Nombran fiscal para delitos contra libertad de expresión

Por Redacción/La Jornada

El procurador General de la República, doctor Raúl Cervantes Andrade, designó a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo como nuevo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

Según la PGR, el nuevo fiscal “revisará cada uno de los casos que actualmente se investigan, mantendrá un contacto permanente con todas las organizaciones de la sociedad civil y de periodistas, propiciando un diálogo permanente y transparente con la sociedad y reforzará la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno”.

El procurador “ha instruido a la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y al fiscal, realizar todas y cada una de las acciones necesarias para garantizar que no haya impunidad en hechos relacionados con ataques y agresiones a las y los comunicadores en nuestro país, procurando en todo momento el acceso a la justicia y al derecho a la verdad de víctimas y ofendidos”, añadió un comunicado.

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Poblanos deberán pagar 30 mil 658 mdp que Moreno Valle contrató sin reportar que sería deuda

Por Redacción/Animal Político

Las obras que Rafael Moreno Valle contrató en Puebla bajo el concepto Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), le costarán a los poblanos 30 mil 658 millones de pesos que deberán pagar en los próximos 25 años, aun cuando el exgobernador de extracción panista nunca las catalogó como deuda pública.

Aunque bajo el concepto de PPS Moreno Valle contrató obra pública y argumentó legalmente que no se trataba de una deuda, datos de la Secretaría de Finanzas de la actual administración muestran que por tres obras (Plataforma Audi, el Museo Internacional Barroco y el Centro Integral de Servicios) las empresas contratadas con esta figura obtendrán ganancias que superan entre 242 y 348% su monto de inversión.

Por ejemplo, por el Museo Internacional Barroco, el conglomerado formado por Concretos y Obra Civil del Pacífico –subsidiaria de Grupo Higa que encabeza José Armando Cantú Hinojosa−, y las firmas La Peninsular y Promotora de Cultura Yaxché ­−ambas compañías de la familia Hank Rhon− se invirtió 1,742.9 millones de pesos, pero el gobierno de Moreno Valle pactó un pago mensual de 27.9 millones por 280 meses (poco más de 23 años).

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Cero en transparencia: Edomex, Veracruz, NL y BCS incumplen sus obligaciones

Por Redacción/Animal Político

El Estado de México, Nuevo León, Veracruz y Baja California Sur son las cuatro entidades más omisas en materia de transparencia, de acuerdo con un análisis de la asociación civil Iniciativas Humanas.
Esos cuatro estados reprobaron con cero (la calificación más baja) al no transparentar ninguna de las obligaciones evaluadas en el ejercicio de Iniciativas Humanas.

Con motivo de la prórroga que se dio para que las instituciones públicas obligadas exhibieran la información pública de oficio del gobierno, la cual terminó el 4 de mayo pasado, “Iniciativas Humanas” revisó la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y los portales de 107 instancias gubernamentales de 7,132 sujetos obligados, entre los que se encuentran las 32 entidades del país.

Entre las obligaciones revisadas, se encuentran: Metas y objetivos; remuneraciones; padrón de proveedores; bienes; viáticos; currículum vitae de funcionarios; presupuesto y compras.

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Habla el gobierno con padres de los 43

Por Redacción/ La Jornada

Sin muchas expectativas de llegar a algún acuerdo inició esta mañana la primera mesa de diálogo entre los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, con funcionarios de la Secretaria de Gobernación (Segob) y de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se abordarán las líneas de investigación del caso Iguala que no tienen avance desde hace más de un año.

El encuentro se realiza en las oficinas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob.

Al llegar a su oficina, el subsecretario Roberto Campa se limitó a señalar que “siempre es bueno reunirse” con los padres de familia de los 43.

En tanto, Vidulfo Rosales, abogado de los padres, declaró que “no existen muchas expectativas” del encuentro, pero escucharán a los funcionarios de ambas dependencias, a quienes les exigirán avances en las cuatro líneas de investigación que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desde su ultimo informe que presentó en abril del 2016.

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Detención de excolaboradores de César Duarte desata “ola” de amparos y más investigaciones

Por Redacción/Proceso

A finales de marzo pasado, la Fiscalía General del estado logró la detención de tres exfuncionarios y colaboradores cercanos al exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, y de ahí se derivaron más de 70 amparos de exfuncionarios de todos los niveles, mientras exsecretarios se convirtieron en testigos protegidos porque se acogieron al beneficio de “criterio de oportunidad”, para colaborar con las investigaciones.

Ante la falta de actuación de la Procuraduría General de la República (PGR), en la demanda penal que pesa sobre César Duarte desde el 2014 por enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones, el gobernador Javier Corral Jurado ordenó una serie de investigaciones y auditorías para procesar y castigar a quienes desfalcaron la entidad.

El mes pasado, justo después del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velcudea, la Fiscalía aprehendió a tres funcionarios de César Duarte: Javier Garfio Pacheco (exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, exalcalde de Chihuahua, paisano y compadre de Duarte); Ricardo Yáñez Herrera (exdirector de la COESVI y exsecretario de Educación, Cultura y Deporte) y Gerardo Villegas Madriles (exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda y familiar de Duarte).

Además ayer aprehendieron en la Ciudad de México al diputado federal suplente y exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda estatal, Antonio Enrique Tarín García (primo de César Duarte), por el mismo delito. Anoche le dictaron prisión preventiva como medida cautelar.

Con las detenciones, se desató una serie de promociones de amparos ante los juzgados federales, que hasta ahora suman 76, entre estos los de 14 exsecretarios y el mismo César Duarte.

Hasta ese día, de acuerdo con el gobernador Javier Corral Jurado, tenían abiertos 50 expedientes para solicitar más órdenes de aprehensión por un desfalco de más de 6 mil millones de pesos.

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La corrupción de OHL y los vínculos con Peña Nieto y Eruviel Ávila

Por Redacción/ Proceso

El 12 de septiembre del año pasado la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (FOM) formalizó el arribo de Juan Miguel Villar Mir, principal accionista de la firma OHL, como presidente de su patronato, lo que causó controversias en la agrupación. Cuando se cumplió el protocolo, el cargo estaba acéfalo, pues dos meses antes Eduardo Serra había presentado su dimisión.

Serra tiene un sólido currículum, pues fue secretario de Defensa en el gobierno de Felipe González, titular del Ministerio de Defensa con José María Aznar, así como consejero económico del rey Juan Carlos I.

El nombramiento de Villar Mir se dio pese a las múltiples investigaciones judiciales a los ejecutivos de esa firma en España. A ello se suma el escándalo de su filial mexicana por los acuerdos ilícitos con funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y el del mexiquense Eruviel Ávila en el Estado de México.

Por lo que atañe a la institución –que preside José Varela Ortega y que a principios de siglo se llamaba simplemente Fundación Ortega y Gasset–, son del dominio público sus vínculos con el PRI, así como el apoyo directo otorgado a militantes de ese partido, entre ellos el veracruzano Fidel Herrera Beltrán.

Asimismo, tuvo entre sus alumnos “destacados” a Javier Duarte de Ochoa, quien años después sustituyó como gobernador a Herrera, su tutor. Hoy, Duarte, a quien el presidente Peña Nieto presumió a principios de su sexenio como uno de los integrantes del “nuevo PRI”, está preso en Guatemala, acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tal es el acercamiento de la fundación con el PRI que en 2015 Varela Ortega, nieto del filósofo José Ortega y Gasset, dijo en una entrevista radiofónica en México que el capítulo mexicano de “su entidad” –ubicada precisamente en el Estado de México e inaugurada por Felipe de Borbón, entonces príncipe de Asturias– fue inspirado por Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México.

Asimismo, el priista Otto Granados, uno de los profesores predilectos de la fundación y vocero de la Presidencia en México durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari, fue quien organizó las visitas del exmandatario mexicano y la del senador Manlio Fabio Beltrones en 2010 para dar conferencias magistrales en la sede madrileña de esa institución.

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Marchan por calles de Sinaloa para exigir justicia por maestros asesinados

Por Redacción/ Proceso

Las calles de Concordia, Mazatlán y Escuinapa, en Sinaloa, fueron “tomadas” ayer por decenas de maestros que protestaron por el asesinato de tres compañeros rurales, ocurrido el pasado jueves 4 en la comunidad El Cuantantal.

Los docentes demandaron justicia y exigieron al gobernador Quirino Ordaz Coppel mayor seguridad en la zona serrana para poder seguir impartiendo clases, o de lo contrario –advirtieron– no subirán más a los poblados alejados, de acuerdo con información difundida por el diario Noroeste.

“Agradecemos esa solidaridad que se viene haciendo a nivel estado por nuestros compañeros caídos, vamos a seguir levantando la voz porque es justa y necesaria, tenemos que seguirle pidiendo a quien tiene la responsabilidad (el gobierno) que lo haga y que lo haga bien, nosotros cumplimos con la nuestra”, señaló uno de los manifestantes.

En Concordia, la marcha silenciosa inició a las 9 de la mañana. Los asistentes recorrieron las calles de la zona centro de la cabecera municipal hasta llegar al quiosco de la Plazuela Morelos. Ahí, durante un minuto, aplaudieron por los docentes asesinados: Feliciano, Ramón y Luis Alberto.

En Mazatlán, los profesores se plantaron alrededor de las 18 horas al pie del Monumento al Pescador para exigir justicia por sus compañeros y demandar seguridad para todos los docentes.

Mientras tanto, en Escuinapa los maestros mostraron en pancartas su indignación por el triple crimen. Con las fotos de cada uno de los maestros asesinados, sus familiares, amigos, compañeros y vecinos marcharon en silencio por diversas calles.

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En Veracruz, a pesar de fuentes hídricas, derecho humano al agua está en peligro: ONG a Relator de la ONU

Por Redacción/Desinformémonos

En su visita a México, el Relator Especial de la ONU para el agua y saneamiento, Léo Heller, visitó Totonacapan, Papantla y Filomeno Mata en Veracruz donde se encontró con organizaciones y comunidades defensoras del agua y el territorio.

Veracruz, estado con abundancia de agua, es uno de los sitios en donde el derecho humano al agua no se cumple para gran parte de sus habitantes y la situación en vez de mejorar, se agrava.

En su visita a Veracruz el 5 de mayo, Léo Heller escuchó a las comunidades y organizaciones que trabajan por preservar el derecho humano al agua. En esta ocasión expusieron sus demandas al Estado mexicano: la protección de los recursos de agua de los pueblos indígenas y campesinos, que reconozca legalmente los sistemas tradicionales de abasto de agua de las comunidades coordinando sus acciones los tres niveles de gobierno, así como la implementación de mecanismos para acceder a la información y participar en la toma de decisiones en la expedición de títulos de concesión y ordenamiento del territorio.

Los problemas relacionados con los derechos al agua y al saneamiento son particularmente visibles en Veracruz. Datos oficiales muestran serios problemas, por ejemplo, la infraestructura hidráulica está deteriorada, hay deficiencias graves en los modelos de administración y gestión en los organismos operadores de agua, la cobertura rural del alcantarillado no llega a 63 por ciento, es mínimo el porcentaje de las aguas servidas que recibe algún tratamiento y existen altos índices de contaminación en las 14 cuencas del Estado. A todo esto se suman nuevas amenazas como son más de un centenar de proyectos hidroeléctricos y mineros a cielo abierto, en particular los de Caballo Blanco y El Cobre, en las inmediaciones de la única planta nucleoeléctrica del país.

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En CDMX menos del 40% de los homicidios de mujeres están reconocidos como feminicidios

Por Redacción/ Animal Político

El fallecimiento de una joven la semana pasada en Ciudad Universitaria de la UNAM se convirtió en la averiguación número 300 en la capital del país por un presunto feminicidio, esto desde 2011, año en que se tipificó ese crimen en la Ciudad de México (CDMX).

Pero los feminicidios reconocidos oficialmente por las autoridades representan menos del 40 por ciento de los homicidios violentos de mujeres ocurridos en la capital del país.
Datos oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) arrojan que la dependencia no ve una razón de género en más de la mitad de las muertes violentas de mujeres, condición que es necesaria para que un homicidio se considere feminicidio y su pena se agrave.

Fue en julio de 2011 cuando se tipificó como delito grave el feminicidio en el artículo 148 Bis del Código Penal del Distrito Federal. Se considera que este delito lo comete quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

Para que se considere que hubo razones de género, debe presentarse uno o varios de estos supuestos:

Que la víctima presente signos de violencia sexual.

Que a la víctima se le hayan provocado lesiones degradantes o mutilaciones.

Que haya habido amenazas, violencia o acoso previo.

Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar púbico.

Que la víctima estuviera incomunicada previamente a su asesinato.

La pena para quien comete el feminicidio es hasta de 60 años de cárcel, la sanción más grande vigente actualmente en el código penal de la CDMX.

Los datos oficiales de mortalidad del INEGI (que llegan hasta el año 2015 actualmente) indican que, de 2012 a 2015, un total de 555 mujeres fueron víctimas de homicidios violentos en la CDMX.

En ese mismo lapso, la PGJDF reportó como víctimas del delito de feminicidio a 217 mujeres, que representan el 39 por ciento de todas las mujeres que perdieron la vida en condiciones violentas, según INEGI.

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