Categoría: Difusión

Publicado en

Comunicado: La denuncia del juicio político contra Ministrxs de la Corte revela fragilidad democrática en MéxicoComunicado Denuncia Juicio Político

Imagen: Twitter @CMDPDH

 

Eva Avilés/Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)

Ciudad de México, a 20 de julio de 2023. El día de ayer, un grupo de diputados federales presentaron una denuncia de juicio político contra ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta denuncia es un ejemplo más de las intenciones del gobierno por desdeñar el principio de división de poderes y consolidar el consecuente retroceso democrático en el país. 

Lo anterior se inserta en un contexto en el que el Presidente de la República ataca, constantemente, a quienes cataloga como sus opositores utilizando el espacio público de conferencias conocido como “La Mañanera”, mismo en el que se estigmatiza a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Desde esa tribuna, Andres Manuel López Obrador ha arremetido contra la Ministra Presidenta de la SCJN, y denostado las voces de quienes le cuestionan su proyecto político. 

El ataque sucedido ayer hacia el poder judicial refleja un proceso de desgaste democrático en el país que va de la mano de decisiones arbitrarias relacionadas con la militarización y el militarismo, una de las mayores preocupaciones para la democracia en México. Las Fuerzas Armadas han señalado públicamente que tienen “una lista de jueces” que se oponen a sus intereses, además participan en tareas que tradicionalmente han estado reservadas a los civiles y cuentan con un mayor poder económico y político.

El bloque del partido en el poder y la Presidencia de la República han embestido a otros organismos constitucionales autónomos: ha obstaculizado la labor del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esto ha sido así puesto que el Senado ha incumplido deliberadamente con su obligación de designar a las y los comisionados del INAI, pese a ser algo necesario para su correcta operación. Cabe mencionar que esta denuncia de juicio político ocurre una semana después de que la SCJN desechó un proyecto de la Ministra Ortiz Ahlf, que refiere a la controversia constitucional interpuesta por el INAI por la omisión de nombramiento de comisionados, en el que la Ministra señaló que no existía tal omisión. Una mayoría de ocho ministras y ministros votaron en contra y señalaron la omisión del Senado en hacer los nombramientos respectivos.

Asimismo, el gobierno ha proferido un sin número de ataques contra el Instituto Nacional Electoral (INE). Las arremetidas del presidente contra el INE han sido constantes desde que tomó posesión del cargo; sin embargo, se incrementaron notablemente a partir de 2022, cuando, a los ya constantes ataques personales hacia 2 entonces consejeros del INE -entre ellos el consejero presidente-, se sumó una estrategia jurídica para debilitarlo y reformar de forma drástica el sistema electoral mexicano.

Las políticas de simulación gubernamental no deben distraernos de la realidad: la existencia misma de nuestra democracia está en riesgo. En ese sentido, condenamos la denuncia de juicio político contra las y los ministros de la SCJN, y hacemos un llamado a que se respete su independencia judicial.

 

Contacto de prensa: Eva Avilés, comunicacion1@cmdpdh.org

 

Ver comunicado

Publicado en

Comunicado: Organizaciones, medios de comunicación y periodistas rechazan discurso estigmatizante de Gobernador de San Luis Potosí

Imagen: Twitter @article19mex

 

ARTICLE 19

Ciudad de México, a 19 de julio de 2023.-  ARTICLE 19, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), Educación y Ciudadanía, A.C. y la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí, así como periodistas abajo firmantes rechazamos los discursos estigmatizantes emitidos por Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, a través de los cuales se acusa a la prensa de “atacar” a su administración y refiere que a él “le gusta ver sangre”.

El pasado 29 de junio, el gobernador criticó la cobertura y difusión de la muerte de un trabajador en la construcción de la Arena Potosí, una obra gestionada por su administración. En un evento público, el gobernador expuso:

Hay a quienes les interesa más el que se murió en una obra, imagínense, qué méndigos son, mientras que el pueblo que se friegue, pero son poquitos ya, porque hasta eso, los medios serios, pues son serios, pero hay uno que otro portalito que, como no se les paga, y antes les pagaban, la maldita herencia, pues hoy están chingue y chingue. ¿apoco no?  […] pero no le vamos a quitar una beca a una familia, un apoyo en efectivo a un adulto mayor o a una madre soltera por pagarle a esos cabrones. Mejor que sigan chingando. ¿Están de acuerdo? Entonces si no, ¿con qué nos divertimos? Necesitamos diversión. Lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, ver arder el mundo.

Preocupa de sobremanera que en un país donde se agrede a la prensa en promedio cada trece horas según los registros de ARTICLE 19, las autoridades en vez de cumplir con sus obligaciones de prevención y protección a la prensa generen discursos que les estigmatizan y aumentan los riesgos de sufrir más violencia.

Esta no es la primera vez que el gobernador emite este tipo de discursos. En una entrevista del 7 de junio, al ser cuestionado por la falta de transparencia de varios contratos sobre obras públicas del gobierno del estado, Gallardo respondió que no los publicaban porque hay que darles carnita [a los medios de comunicación] y añadió:

[…] yo prefiero que los medios nos ataquen porque no les hemos enseñado quien hizo ese asfalto, o porque nos tardamos 20 días más en hacer esa calle, porque los puentes de la Rioverde no hemos acabado … prefiero que nos ataquen por eso y no como anteriores que no se hacía nada [SIC]

Según dos testimonios entrevistados por ARTICLE 19, cuyos nombres se reservan según su petición, existe un patrón de intolerancia por parte del funcionario de responder a preguntas críticas en donde evita responder a la pregunta y estigmatiza al mensajero. Uno de los entrevistados indicó: El gobernador interrumpe las preguntas, desestima los temas que queremos tratar, y en últimas fechas ha comenzado a acrecentar su discurso contra nosotros, que somos prensa conservadora; intenta decir quién es “prensa real” y quién no.

Las organizaciones, medios y periodistas abajo firmantes urgimos al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a recordar que el cuestionamiento de las acciones de alguna administración no constituyen ataques, sino parte del ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información ejercido por las y los periodistas de la entidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que, como parte de sus obligaciones al ser funcionario público, requiere no sólo que se abstengan de realizar  declaraciones  que  expongan  a  periodistas  y  trabajadores  de  medios  de  comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia, sino también que reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor  periodística,  aun  cuando  la  información  difundida  pueda  resultar  crítica,  inconveniente  e inoportuna para los intereses del gobierno.

De la misma forma, en cuanto a sus negativas a hacer públicos aquellos contratos de su administración, le recordamos que la transparencia y el acceso a la información pública no está a consideración de quienes gobiernan, sino que es un derecho de la prensa y la ciudadanía, protegido tanto en la normativa Mexicana a través de la Constitución, la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, así como en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del estado de San Luis Potosí.

En vista de lo anterior, las organizaciones y periodistas firmantes exigimos al Gobernador de San Luis Potosí:

  1. Abstenerse de emitir aquellos discursos los cuales estigmatizan a la prensa y pueden colocarle en un riesgo mayor en un contexto ya violento a nivel nacional,
  2. Genere una política pública integral de prevención y protección a la prensa con el objetivo de resguardar el derecho a la libertad de expresión
  3. Cumpla con sus obligaciones de transparencia enmarcadas en la normativa nacional y estatal.

 

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

ARTICLE 19 – Oficina para México y Centroamérica

Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC)

Educación y Ciudadanía, A.C.

Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí

FIRMAS A TÍTULO PERSONAL:

Abelardo Medellín Pérez

Adriana Ochoa, Pulso diario de San Luis

Alejandro Jorge Rubín de Celis Monteverde.

Alexandro Roque, escritor y periodista

Arturo Galván Salinas, S.L.P. México

Carlos Alejandro Rubio Moreno, Astrolabio Diario Digital, SLP.

Fernando Pérez Rojas San Luis Potosí

Guillermina Ávila

Jesús Ramírez Jurado / Emisor MX

Jesús Rogelio Córdova Nava, San Luis Potosí

Laura Viadas

Margarita López

María Isabel Medrano Vázquez, La Alcantarilla

María José Puente Zavala | San Luis Potosí

María Ruiz, periodista, San Luis Potosí

Raquel Báez Tobías S.L.P. S.L.P.

Raquel Pérez Mendoza

Rebeca Hernández Guevara

Rubén Pacheco, San Luis Potosí

Ruth Salazar

San Luis Potosí Ana

Víctor Martínez Huayek

 

Nota para prensa

Para más información, favor de escribir a comunicacion@article19.org 

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

 

Ver comunicado

Publicado en

México, a tiempo para evitar crisis por desplazamiento forzado: Relatora de la ONU

Foto: Diana Hernández Gómez

 

Diana Hernández Gómez/Cimacnoticias

Ciudad de México.- En México hay cerca de 386 mil 197 personas víctimas de desplazamiento forzado. Esta cifra de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) no permite ver cuántas de estas personas son defensoras de derechos humanos o periodistas; esto lo dio a conocer Paula Gaviria Betancur, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la ONU, durante un conversatorio sobre la situación de personas y comunidades defensoras de derechos humanos y periodistas en condición de desplazamiento forzado interno en México, celebrado este 11 de julio.

Gavira Betancur, conoce esta situación y advirtió que pese a la urgencia que estos casos representan en México, el país aún está a tiempo para evitar que el desplazamiento forzado llegue a un estado crítico como ha sucedido en Colombia, la Relatora recordó que su antecesora Cecilia Jiménez-Damary, redactó un informe respecto a esta problemática en el país.

En dicho informe —recuerda Paula Gaviria— se reconoció que los factores causa del desplazamiento forzado son múltiples y tienen impactos particulares dependiendo de los contextos de las víctimas. En el caso particular de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las razones del desplazamiento suelen estar relacionados con su trabajo, el cual puede verse autocensurado luego de que las y los defensores o comunicadores se vuelven blancos de amenazas y hostigamiento.

 

Ver nota completa

Consultar publicación “Personas y comunidades defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México” 

Publicado en

Organizaciones, personas defensoras de derechos humanos y periodistas alertan sobre clima hostil contra la prensa en Chiapas

EspacioOSC

Ciudad de México, a 20 de junio de 2023.- Las organizaciones, redes de periodistas, medios, personas defensoras de derechos humanos y periodistas abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por el clima hostil contra la prensa en el estado de Chiapas derivado del clima de violencia que se vive en diversas regiones de la entidad, principalmente por hechos relacionados con acciones de grupos armados y del crimen organizado. 

Entre los hechos más recientes, se encuentra la colocación de mantas con mensajes intimidatorios contra la prensa en el municipio de Frontera Comalapa. Ante estas situaciones, las organizaciones llamamos al gobierno del estado de Chiapas a que se coordine con el gobierno federal para generar medidas preventivas y de protección contra la prensa.

El primero de junio la prensa reportó que presuntos integrantes de la delincuencia organizada colgaron mantas en cuatro puentes peatonales en el municipio de Frontera Comalapa, en donde se afirma que la prensa está siendo llevada por el ejército a cubrir  en zonas de riesgo. Estas mismas mantas reaparecieron el pasado 10 de junio.

Asimismo, al menos tres periodistas entrevistados por las organizaciones firmantes, cuyas identidades se reservan por seguridad, reportaron  amenazas, mensajes intimidatorios y otras situaciones de riesgo en el estado: Hay una situación generalizada en el estado, ahora fue en Frontera Comalapa, pero hay en otras zonas episodios de violencia vinculados a presuntos grupos de la delincuencia organizada y otros grupos armados que nos colocan en riesgo en nuestras coberturas.

Las comunicaciones y agresiones documentadas son parte de una estrategia de intimidación presuntamente de estos grupos que busca censurar a la prensa y la orilla a dejar de cubrir zonas o temáticas en específico, violentando su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Según información pública, particularmente en la zona fronteriza, la entidad ha experimentado un agravamiento en las dinámicas de seguridad debido a la presencia de algunos cárteles como el cártel del Pacífico y Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de otros grupos transfronterizos como Los Huistas y la Mara Salvatrucha. 

En el 2022, la organización ARTICLE 19 documentó 31 agresiones contra la prensa en Chiapas, un promedio de 2.5 al mes, lo cual es el número más alto de agresiones documentadas en el estado desde que la organización documenta la violencia contra la prensa. Esto colocó a la entidad federativa en el noveno puesto de agresiones contra periodistas y medios en el país. Dado que 1 de cada 3 de las agresiones en Chiapas en el 2022 fueron directamente perpetradas por grupos de delincuencia organizada, esta violencia representa una grave alerta para el ejercicio periodístico en Chiapas. Asimismo, la organización alerta que el año pasado se duplicaron las agresiones contra la prensa en el país, pasando de 42 a 86 casos documentados.

Por su parte, Comunicación e Información de la Mujer A.C. ha documentando durante esta administración que las mujeres periodistas son sujetas a atentados cuando realizan investigaciones sobre seguridad o informan de actos de violación a derechos humanos en contra de personas migrantes y movimientos sociales, particularmente en las comunidades donde hay presencia del crimen organizado. El impacto de la violencia sociopolítica en el contexto de la labor de las periodistas se ejerce porque no hay garantías de  protección ni de acceso a la justicia, lo cual ha ocasionado el desplazamiento de por lo menos dos periodistas en esta entidad.

Las organizaciones firmantes recordamos a las autoridades que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado Mexicano tiene  la  obligación  de  adoptar  medidas  para  prevenir  la  violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y proteger ante situaciones de riesgo elevado, aún cuando el Estado no es el perpetrador de éstas: En  aquellos  países  o  regiones  en  las  cuales  los  y  las  periodistas  se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra este  grupo  de  personas,  el  Estado  tiene  una  responsabilidad  reforzada  en  sus  obligaciones  de  prevención  y protección.

En vista de lo anterior, las organizaciones, redes de periodistas, medios, personas defensoras de derechos humanos y periodistas firmantes exigimos al gobierno del estado de Chiapas:

  • Se coordine con la Secretaría de Gobernación, particularmente con la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas para tomar medidas preventivas y reducir el riesgo que vive la prensa en la entidad. 
  • Construya acciones de prevención como la emisión de alertas tempranas en las entidades que presentan un incremento de frecuencia e intensidad en los atentados contra periodistas por parte de grupos de crimen organizado, así como la falta o poca capacidad de reacción de las autoridades locales.
  • Asimismo, ante la complejidad de actores y violencia en zonas de conflicto, las organizaciones firmantes llamamos a generar una política pública integral de prevención y protección a periodistas. 

Organizaciones y redes defensoras de derechos humanos: ARTICLE 19 – Oficina México y Centroamérica, Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), Aluna Acompañamiento Psicosocial, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC, Centro de Estudios Indígenas Xojob Lum AC, Centro Solidario Tsomanotik, Comité de víctimas 9N/Cancún Q. Roo, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Cooperativa Taller Hormiga, El Rebozo, Cuidado de la Vida y los territorios, Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Iniciativa Sinaloa AC, Red Nacional de Defensoras de DH en México, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT), Red Solidaria de Derechos Humanos A.C.Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI, Veredas Psicosociales A. C.

Redes de periodistas y medios:

Alianza de Medios de la Red Periodistas de a Pie, Amapola/Guerrero, Colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato, El Muro MX, Istmo Press/Oaxaca, La Marea/Veracruz, Lado B/Puebla, Letra Fría, Macollo Red de Medios de Independientes de Jalisco, Mujeres Periodistas de Chiapas, Noroeste/Sinaloa, Página 3/Oaxaca, Perimetral Press, Raíchali/Chihuahua, Red Baja California Sur de Periodistas, Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, Red de Mujeres Periodistas de Oaxaca (RedMPO), Red de Periodistas de Quintana Roo, Red de Periodistas del Noreste de México, Red de Periodistas Guerrerenses con Visión de Género, Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, Red Nacional de Periodistas, Red Periodistas de a Pie, Red Puebla de Periodistas, Revista Espejo/Sinaloa, Somos Periodistas (Yucatán), ZonaDocs

Periodistas y personas defensoras de derechos humanos: Adrian López, Alejandra C.Parás, Antonio Mundaca, Arnoldo Cuéllar / PopLab, Aura Silva Aragón, Beatríz García, Carmen Aggi, Claudia I. Espinosa Díaz, Dalia Souza, Darwin Franco, Diana Manzo, Ernesto Aroche, Gladys Navarro, Jade Ramírez / Jalisco, Jaime Armendáriz / Chihuahua, Karen Rojas Kauffmann, Mario Andrés Hurtado, Marcos Girón Hernández, Maria Elena Garcia Oronzor, Patricia Mayorga Ordóñez, Paulina Ríos, Pedro Matías, Rodrigo Soberanes, Susana Rodríguez / Jalisco.

 

Contacto para medios:

Espacioosc@gmail.com +52 444 4340797

 

Ver comunicado

Publicado en

Fondo Defensores, alternativa para la defensa de los territorios indígenas de México

Redacción/Desinformémonos

Creel, Chihuahua | Desinformémonos. El Fondo Defensores es una organización civil dedicada a la defensa de los territorios indígenas en México. Erica Nava, uno de sus miembros, explica en este testimonio los ejes principales de la organización, la facilidad de sus servicios y cómo acceder a sus herramientas para apoyar a las comunidades y pueblos en el país.

Leer nota completa

Publicado en

Organizaciones de derechos humanos solicitan reunión urgente con el Gobernador de Puebla para abordar la situación de violencia en contra de periodistas y personas defensoras en el estado

EspacioOSC

 

SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA

GOBERNADOR DE PUEBLA

PRESENTE

Ref: Solicitud de reunión

Puebla, Pue., a 7 de junio de 2023

Reciba un cordial saludo por parte de las organizaciones de derechos humanos firmantes. Le escribimos esta carta abierta para reafirmar nuestra disposición de mantener un encuentro con usted y su equipo de trabajo, en particular con el Secretario de Gobierno, Julio Huerta Gómez, y con el titular de la Fiscalía General del estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, para compartir nuestras preocupaciones sobre la situación que enfrentan las personas periodistas, medios de comunicación, personas defensoras y organizaciones de derechos humanos en la entidad, así como poder intercambiar con usted las recomendaciones que consideramos pueden ser pertinentes para que su gobierno atienda de manera urgente las demandas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sus familias y comunidades. 

En Puebla, por años consecutivos hemos denunciado las agresiones que han sido cometidas durante varias administraciones en contra de personas defensoras y periodistas, y hemos presentado reiteradamente recomendaciones para abonar a poner fin a esta crítica realidad. Lastimosamente la situación de violencia persiste y amerita una respuesta contundente de los más altos niveles de gobierno, comenzando precisamente por la figura del Gobernador. 

Ante eso, nos preocupa los últimos hechos de violencia acontecidos en la entidad. En particular el homicidio en contra de Marco Aurelio Ramírez Hernández, en el municipio de Tehuacán, ocurrido el 23 de mayo del presente año, y el ataque con arma de fuego el domingo 28 de mayo en contra del periodista y defensor de derechos humanos Pedro Alonso Benitéz, director de Proyecto 5, cometido en su domicilio ubicado en el municipio de San Martín Texmelucan. 

Las organizaciones firmantes externamos nuestra preocupación sobre estos recientes hechos, y por el incremento de los ataques dirigidos en contra de la prensa, como lo ha sido en el caso de Pedro, quien su vida e integridad continúan en riesgo. Además hemos documentado agresiones contra periodistas mujeres, que incluirían la detención arbitraria, tortura y violencia sexual. 

Ante estos hechos nos preocupa la inacción de la Fiscalía General del Estado para la investigación de los delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas. Cabe resaltar que en el caso concreto de Pedro, incluso las autoridades ministeriales no judicializaron la carpeta de investigación 1013/2020/SMT dejándolo a él y a su familia en un grado mayor de vulnerabilidad. 

Ante esto, es menester que la Fiscalía del Estado investigue y judicialice los actores materiales e intelectuales de estas agresiones perpetradas, para así evitar futuras agresiones, y que se adopten por parte del Ejecutivo medidas en contra de la violencia de las y los periodistas en en el estado, y en San Martín Texmelucan, dado que es el tercer municipio donde hemos documentado más agresiones desde 2014 a 2023.

Consideramos, señor Gobernador, que lo anterior es un tema urgente que convoca a un acercamiento entre gobierno, organizaciones de derechos humanos y colectivos de periodistas, que posibilite la construcción de estrategías conjuntas. En tal sentido, reiteramos nuestro interés por establecer un diálogo directo y solicitarle una reunión lo más pronto posible, en la que podamos conversar sobre posibles acciones que ayuden a revertir las agresiones en contra de personas defensoras y periodistas en la entidad. 

Finalmente nos permitimos hacer dos solicitudes concretas y que serían los temas principales de la reunión:

  • A la Fiscalía del Estado, realizar las investigaciones necesarias a fin de castigar a los perpetradores de estas agresiones en contra de Marco Aurelio Ramírez Hernández y  Pedro Alonso Benitez. 
  • Al Gobierno del Estado de Puebla, implementar con urgencia una política de protección que garantice los derechos a defender derechos humanos y la libertad de expresión, abordando siempre líneas de prevención y protección en favor de las personas defensoras y periodistas. 

 

Organizaciones y redes firmantes

ARTICLE 19 – Oficina México y Centroamérica, Committee to Protect Journalists (CPJ), Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), Red de Periodistas de a Pie, Red Nacional de Organismos Civiles todos los derechos para todos y todas (Red TDT), Red Puebla de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras (RFS). El Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas. El Espacio OSC está conformado por: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

Ver carta

Publicado en

Organizaciones de derechos humanos y personas defensoras reprobamos las declaraciones en contra del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Imagen: EspacioOSC

 

Espacio OSC

05 de junio, 2023, México

En la conferencia matutina de los días del 30, 31 de mayo y el 1° de junio, el Presidente de la República realizó una serie de declaraciones desafortunadas que desinforman y desprestigian la labor de las organizaciones de derechos humanos y las coloca en un mayor riesgo. Esto al señalar que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) y otras organizaciones han callado ante otros casos de violaciones a derechos humanos cometidas en gobiernos anteriores, por supuestas filiaciones partidistas, y sugiriendo además, que hay una intención de estos organismos para que su gobierno fracase.

A lo anterior, es necesario señalar que dichas afirmaciones no son ciertas. Desde su fundación en 1988 el Centro ProDH ha trabajado del lado de las víctimas para que haya justicia, verdad y porque en México no existan violaciones a los derechos humanos. Hemos sido testigos en estos 35 años de su importante labor en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como de una sociedad civil resiliente que ante el horror y la violencia no han dejado de organizarse, acompañar a las víctimas, exigir y proponer acciones para revertir las condiciones de violencia y crisis de derechos humanos que persiste en todo el territorio nacional.

Diversos son los casos en los que el Centro ProDH ha generado pautas para diagnosticar el actual escenario de violencia y garantizar el acceso a la justicia y la reparación dirigida a víctimas de violaciones a derechos humanos, tales como el caso de los Campesinos Ecologistas, Las mujeres de Atenco, Jacinta Francisco Marcial, el cuartel militar en Xochimilco. También han denunciado la militarización y la violencia propiciada por la denominada Guerra contra el Narcotráfico durante el Sexenio de Felipe Calderón; durante la administración de Enrique Peña Nieto documentó la masacre de Tlatlaya y representó a las familias de Ayotzinapa, y en la actualidad continúa con su labor de acompañamiento a víctimas de tortura y otras graves violaciones de derechos humanos.

Lamentablemente, en la actualidad tal como lo han corroborado informes de las organizaciones de la sociedad civil, instancias de gobierno, agencias internacionales de derechos humanos y organismos multilaterales, las violaciones a derechos humanos en el país persisten y no han dejado de suceder. Las instancias de gobierno encargadas de revertir dicha problemática, no han hecho lo suficiente para revertir las condiciones que detonaron dicha situación, como es el caso de las Fiscalías, Fuerzas Armadas, Instancias de gobierno federal y estatal que atienden a víctimas, y quienes ejercen facultades para prevenir, proteger, investigar y garantizar la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, las cuales continúan sin atender de forma cabal sus obligaciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.

La crisis en materia de derechos humanos continúa, y requiere del diálogo permanente con la sociedad civil para buscar acciones que ayuden a revertir dicha situación. Para esto, es necesario de la voluntad política para investigar y enjuiciar a quienes históricamente continúan ostentando el poder, y sobre quienes hacen uso de este, para denostar, desprestigiar y desviar la atención de los verdaderos problemas que hoy vive el país.

Desde las organizaciones de la sociedad civil, colectivos/as que defendemos derechos humanos, seguiremos abiertos a mantener el diálogo y realizando acciones que promuevan la paz, a favor de las víctimas y por el respeto de los derechos de todas y todos.

 

Contacto para medios:

Espacio OSC para la Protección de personas defensoras y periodistas

+52 1 444 434 07 97, espacioosc@gmail.com

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos»

+52 1 56 4160 1331, comunicacion@redtdt.org.mx

 

Ver pronunciamiento completo

Publicado en

Seguridad para periodistas en México, una necesidad lejana a la realidad

Imagen: Cencos

 

Erika Díaz/Cencos

Es bien sabido que México es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer la labor periodística, sin embargo, muchas personas aún desconocen la existencia de un mecanismo creado para su protección, el cual a 11 años de haber sido creado, sigue contando con fallas que no han permitido que cumpla plenamente su propósito. Con el propósito de esclarecer algunas dudas, hablaremos más sobre ello a continuación.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas surgió en el año 2012 como resultado de la situación de riesgo y vulnerabilidad vivida por personas defensoras y periodistas en México, a partir de la promulgación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Cabe mencionar que ambos fueron resultado de la iniciativa y el trabajo continuo de varias organizaciones de derechos humanos y periodistas que se unieron para formar el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC).

Dicho mecanismo se creó con la misión de “proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor1”, y por lo tanto sus objetivos también son garantizar la vida, la seguridad y la integridad personal de las personas que se integren a él por cuestiones de seguridad y protección2.

Sin embargo, a pesar de su existencia, éste cuenta con fallas, además de que no responde a realidades locales y resulta insuficiente como única medida de protección para periodistas a nivel federal.

En cuanto a las fallas del Mecanismo, en 2019, a solicitud de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó el “Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo”, del cual se desprenden 104 recomendaciones para su fortalecimiento. Entre ellas se encuentran las siguientes3:

  • Insuficiencia de recursos humanos y económicos para cubrir los requisitos legales y las necesidades reales de protección y se prevé que esa insuficiencia se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación. Habría que mencionar que este hecho impacta sobre la capacidad para proteger eficazmente.
  • Falta de participación activa de las autoridades que componen la Junta de Gobierno. Sin la existencia de protección integral y la participación de las autoridades pertinentes, las personas beneficiarias reciben una protección limitada ante la situación de riesgo que enfrentan.
  • Falta de herramientas y capacitaciones necesarias para realizar sus funciones con la eficacia requerida.
  • Un gran número de medidas no se implementan de manera adecuada o en su totalidad.
  • No hay un mensaje claro de priorización política que garantice su función principal de coordinar las acciones de la Federación y de las entidades federativas para la protección de las personas afectadas. Esta situación provoca mayores retos al momento de asegurar la necesaria coordinación y corresponsabilidad de las autoridades federales y estatales.
  • Carece de criterios de actuación adecuados para condenar públicamente cualquier ataque por parte de servidores públicos, así como para dar vista a la fiscalía correspondiente para que se inicie una investigación criminal y para iniciar el procedimiento correspondiente de control y sanción administrativa.

A cuatro años del diagnóstico, continúan las deficiencias del Mecanismo, llevando a que sean las organizaciones de derechos humanos las que continúen dando visibilidad tanto al Mecanismo para exponer sus fallas y dar un llamado a las autoridades para que se involucren, como a la importancia de la protección de personas defensoras y periodistas en México.

Un ejemplo de ello es que recientemente se llevó a cabo el “Seminario Internacional de Políticas de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” por parte del Espacio OSC, en el cual especialistas recalcaron la importancia de contar con políticas públicas de protección que incidan en la existencia de entornos seguros para el ejercicio de la libertad de expresión y la labor de defensa tanto en México como en los demás países de América Latina.

Acerca del Mecanismo de Protección, Sara Mendiola, directora ejecutiva de la organización Propuesta Cívica, comentó que hasta el momento no ha logrado dar los resultados para los cuales fue creado, además de que ha fallado en incorporar el efecto preventivo, así como el enfoque de género y el interseccional. De igual forma, habló sobre la importancia de posicionar en un primer lugar la política pública criminal para atender delitos contra periodistas, la cual “tiene que arropar, tiene que integrar el modelo de protección porque no habrá mecanismo que alcance ni recurso suficiente que lo haga sostenible si los agresores siguen en las calles porque las fiscalías no hacen su trabajo. De hecho, si las fiscalías hicieran su trabajo, no habría necesidad de tener un Mecanismo4.”

Por su parte, Lucía Lagunes, directora del Centro de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo, hizo hincapié en la importancia que tiene la sociedad civil en el fortalecimiento y monitoreo de las políticas de protección. “La fuerza que tenemos las propias organizaciones se respalda con los hechos. […] Hemos aprendido que hay que romper los muros de una institución y colocar la institucionalidad del Estado mexicano a favor de una política de protección integral que garantice efectivamente que la vida y la libertad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas esté protegida, y que hacer la tarea que tenemos que hacer por el compromiso que tenemos se puede hacer en libertad y sin que eso implique que perdamos la vida5.”

Finalmente, resulta lamentable que las personas estén siendo asesinadas por motivo de su labor informativa y que tanto el mecanismo designado a proteger periodistas y personas defensoras como el Estado minimicen la situación de violencia que viven y no tengan respuesta alguna frente a las fallas ya mencionadas. Pareciera ser como si las más de mil personas incorporadas actualmente al Mecanismo fueran pocas, cuando realmente no debería haber ni una sola persona incorporada.

Hasta ahora, el gobierno mexicano ha fallado en cumplir su obligación de garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, de proveer un entorno seguro y respetar los derechos humanos de periodistas, así como en generar las condiciones propicias para un periodismo libre de violencia en el país, y con ello convirtiendo la seguridad de periodistas y personas defensoras en una necesidad lejana a la realidad.

 

1 Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

2 Para conocer el funcionamiento del Mecanismo, recomendamos leer la publicación Mecanismo de Protección: ¿Qué es, cómo funciona y cómo ser beneficiario?, de Artículo 19: https://bit.ly/43oQn1Q

3 Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo, 2019

4 Sara Mendiola, Seminario Internacional de Políticas de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 2023

5 Lucía Lagunes, Seminario Internacional de Políticas de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 2023

Publicado en

Boletín de prensa: Especialistas se suman al llamado de ONU por la libertad de Jorge A. Burelo

Foto: Doryan Alvarez/Cencos

 

Documenta/Orgullo Loco

En conferencia de prensa, representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, de la sociedad civil organizada en México, la familia y representación legal de Jorge A. Burelo, joven con discapacidad detenido arbitrariamente, hablan de las irregularidades del caso y las violaciones a los derechos humanos que han obstaculizado su acceso a la justicia y que han sido documentadas por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en la Opinión 81/2022.

María Luisa del Pilar García Hernández, Cuarta Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) dió la bienvenida al espacio y señaló que la Comisión recibe con solidaridad e interés esta conferencia y recalcó que el caso de Jorge no le es ajeno, ya que el 3 de marzo de 2020 el Sr. Cutberto Burelo, padre de Jorge, presentó una queja contra la Fiscalía de Ciudad de México por violaciones a los derechos humanos de Jorge, queja que documenta las irregularidades del caso desde el momento de la detención y en la indagatoria. Esta queja se encuentra actualmente en estatus de investigación.

Después intervinieron la representación jurídica, dirigida por el abogado Ricardo Pérez, Director del Despacho Jurídico Pérez y Asociados, y el Ingeniero Cutberto Burelo, padre de Jorge, quienes detallaron las irregularidades del proceso y la detención que fueron documentadas por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de ONU para acreditar la detención arbitraria y la tortura a la que fue sujeto Jorge A. Burelo.

Detallaron que Jorge fue detenido el 17 de mayo de 2019, aproximadamente a las 11:33 de la mañana, al salir de su domicilio y encontrarse en el acceso del negocio de su familia. Fue víctima de golpes, amenazas y tortura psicológica; además, fue sometido y golpeado en el interior de una camioneta y trasladado por calles de la Ciudad de México, por personas no identificadas como policías. La orden de aprehensión se emitió hasta las 17:20 horas, muchas horas después de que Jorge fue detenido.

Tras la detención arbitraria, Jorge Burelo estuvo privado de su libertad en la Alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México hasta el 17 de mayo a las 23 horas, por supuesto narcomenudeo, delito del que fue liberado, solo para ser llevado al Ministerio Público de Tlalnepantla, sitio en el que fue encerrado sin luz ni ventilación, y donde policías fuertemente armados le obligaron a confesar la responsabilidad del delito (esta vez de homicidio) reflejado en una orden de aprehensión que fue expedida durante las horas en las que estuvo detenido la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Este proceder no solo constituyó una desaparición forzada, sino que también ha sido víctima de torturas psicológicas y físicas, que le agravaron una seria precondición de discapacidad mental, de acuerdo con lo determinado por el Grupo de Trabajo de ONU, instancia que reconoce que estos maltratos y la tortura alteraron el funcionamiento de su vida y causaron síntomas de trastorno por estrés postraumático.

Además, los medios de comunicación, violaron el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia de Jorge al presentarlo públicamente como culpable del delito de homicidio.

El Ingeniero Burelo recordó que en el Penal de Barrientos, Jorge sufrió una caída de un segundo piso, por la cual Jorge perdió el conocimiento y necesitó 18 puntadas, sin embargo, el hecho no se ha podido documentar ya que no se registró en la certificación médica.

Por su parte, Ximena Ramos Pedrueza, Coordinadora de la Unidad de Grupos Vulnerados de ONU-DH, enmarcó la opinión del Grupo de Trabajo sobre el caso de Jorge Burelo, y explicó que este es un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que Especialistas Independientes emiten estas opiniones en el marco de sus funciones.

Detalló que hay 5 categorías para determinar la detención arbitraria, y que el caso de Jorge cumple con 3:

  • Imposibilidad de presentar un motivo jurídico para la detención
  • Inobservancia total o parcial de las normas internacionales del debido proceso
  • Vulneración a los derechos humanos, discriminación por motivos de discapacidad

La representante de ONU-DH también mencionó los estigmas que enfrentan diariamente las personas con discapacidad psicosocial sobre que son peligrosas y no pueden discernir realidad, y recordó que el Grupo de Trabajo de ONU y otros mecanismos internacionales, como el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), han dicho que no hay base que justifique privación de libertad de personas con discapacidad basada en estos estigmas.

Ximena Ramos también ahondó en los temas de fondo que se abordan en la Opinión 81/2022 del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de ONU, como lo son la atención a la prevención de la tortura, la prisión preventiva oficiosa, y los ajustes de procedimiento para personas con discapacidad como lo indica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que la privación de libertad debe ser la última instancia y debe usarse solo en casos específicos, así como la aplicación de Ajustes Razonables en los procedimientos penales que involucran personas con discapaciad.

En este marco recordó el caso de Arturo Medina Vela, en el que la ONU hizo un llamado a México para realizar los ajustes razonables necesarios para que personas con discapacidad tengan accesibilidad de la información en todo el procedimiento, derecho del que no gozó Jorge, ni al momento de la detención ni durante las audiencias del procedimiento.

Por último, mencionó que recientemente un Tribunal Colegiado en México dictaminó que las Opiniones de los Grupos de Trabajo de ONU son obligatorias, por lo que deben cumplir de inmediato las recomendaciones de liberar a Jorge Burelo.

En su participación, Ángel María Salvador, Coordinador del Programa de Prevención de la Tortura de Documenta, mencionó el que el caso de Jorge Burelo es paradigmático al evidenciar los abusos e irregularidades que son frecuentes en las detenciones en México, y señaló que cuando los casos son irregulares desde la detención, las irregularidades persisten en todo el proceso judicial.

Informó que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del INEGI, 65% de las personas encuestadas respondió que vivió violencia psicológica durante la detención y 42% (casi la mitad) de las personas detenidas sufrieron violencia física para declararse culpables. El caso de Jorge ejemplifica estas estadísticas, lo que lo convierte en un caso paradigmático que muestra las conductas extendidas y sistemáticas en el sistema de justicia penal.

Además, el experto ahondó en el vínculo de discriminación recordando el análisis del Relator General contra la Tortura de ONU, quién señaló la importancia de la discriminación para hablar de tortura, aclarando que no es necesario que la conducta tenga un fin discriminatorio, solo un nexo discriminatorio, y que el caso de Jorge entra en estos supuestos de tortura, ya que se aprovechó la condición de discapacidad para anular el ejercicio de sus derechos.

Precisó que los abusos cometidos contra Jorge tuvieron mayor impacto por su condición de discapacidad ya que hubo ocultamiento y falta de atención médica, y estas conductas, que se llevaron a cabo desde la detención y en la privación de libertad, acreditan tortura.

Finalmente, las y los panelistas se sumaron al llamado de la familia y la defensa:

  • Al gobierno de México: Para que dé cabal cumplimiento a la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria y se ordene la libertad inmediata de Jorge Alberto Burelo Gómez.
  • A la Secretaría de Gobernación, al Poder Judicial del Estado de México, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz: Para que reconozcan las violaciones que se han cometido en el proceso de Jorge Alberto Burelo Gómez, y sin dilación, se adopten las medidas urgentes para garantizar su liberación inmediata.
  • A la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Agencia Especializada en el Delito de Tortura, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: Para que inicien las audiencias correspondientes para vincular a proceso a los responsables de la violación a los derechos de Jorge Alberto durante la privación arbitraria de su libertad y hasta antes de ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

 

A continuación compartimos la carta firmada por organizaciones y activistas de la sociedad civil llamando al gobierno mexicano para liberar inmediatamente a Jorge A. Burelo:

 

Jorge A. Burelo es un joven con discapacidad psicosocial, detenido y privado de libertad por delitos que no cometió, siendo víctima de detención arbitraria y tortura por parte de autoridades policiales de la Ciudad de México y del Estado de México.

Jorge fue detenido el 17 de mayo de 2019, aproximadamente a las 11:33 de la mañana, al salir de su domicilio y encontrarse en el acceso del negocio familiar. Fue víctima de golpes, amenazas y tortura psicológica; además, fue sometido y golpeado en el interior de una camioneta gris (no una patrulla oficial, y que formaba parte de un grupo de tres camionetas, sin ningún logotipo identificativo de corporación policiaca, que fueron utilizadas para cerrar la circulación de la calle), y posteriormente trasladado por calles de la Ciudad de México, por personas no identificadas como policías, tal como lo documentaron expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Tras la detención arbitraria, Jorge estuvo privado de su libertad en la Alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México hasta las 23 horas del mismo día, por supuesta portación de marihuana y narcomenudeo, delito del que fue liberado para posteriormente ser detenido nuevamente y llevado al Ministerio Público de Tlalnepantla de Baz, sitio en el que fue encerrado sin luz ni ventilación y donde policías fuertemente armados, le obligaron a confesar la responsabilidad del delito (esta vez de homicidio) reflejado en una orden de aprehensión que fue expedida durante las horas en las que estuvo detenido en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU determinó que la privación de libertad de Jorge Alberto Burelo Gómez es arbitraria, y que contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que hace un llamado al Gobierno de México para poner a Jorge Alberto Burelo Gómez inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparaciones, de conformidad con el derecho internacional.

El Gobierno Mexicano, en sus comunicaciones con el Grupo de Trabajo de la ONU, reconoció que la detención se realizó con pruebas forjadas, configurándose así un quebrantamiento del Estado a sus compromisos internacionales, y ha aceptado que algunos de los agentes que intervinieron en esta detención han sido investigados y acusados de fabricar pruebas.

Este proceder no solo constituyó una desaparición forzada, sino que también lo hizo víctima de torturas psicológicas y físicas, que le agravaron una seria precondición de discapacidad mental, de acuerdo con lo determinado por el Grupo de Trabajo de la ONU, instancia que reconoce que estos maltratos y la tortura alteraron el funcionamiento de su vida y causaron síntomas de trastorno de estrés postraumático, así como temor a represalias en el proceso judicial.

Todo esto se dio sin que las autoridades consideraran la condición de salud mental de Jorge Burelo quien vive con discapacidad psicosocial, razón por la que también ha sido detenido de manera discriminatoria por su condición de salud y discapacidad mental, ignorando las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que los Estados deberán asegurar que las personas con discapacidad no sean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente.

Ante la evidencia de estos hechos, el Grupo de Trabajo nota con preocupación que se ha quebrantado el debido proceso, pues las autoridades ignoraron las reglas fundamentales de un juicio justo, independiente e imparcial. Su detención se llevó a cabo arbitrariamente sin una orden de autoridad competente, sin que se le informara la causa de esta y sin que se actualizara la hipótesis de flagrancia, ya que el Gobierno ha reconocido que las pruebas en las que se basó esta detención fueron fabricadas.

Las organizaciones y activistas firmantes, nos sumamos al llamado al Gobierno Mexicano para que:

  • Libere inmediatamente a Jorge Alberto Burelo Gómez.
  • Realice acciones efectivas para la reparación del daño.
  • Lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de la libertad de Jorge Burelo y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

FIRMANTES:

Organizaciones de la Sociedad Civil

Héctor Iván Ruiz Aguirre Abogado con discapacidad psicosocial
Mildred Campos Sandoval ALAMUD
Mónica Muñoz Answac
Maria del Carmen Martinez Cervantes Antoac
Takeshi Inoue Asociación de Mainstream, Japón
Maria de lourdes lopez Asociación de Qigong de Baja California ac
Gary Nelson Ramírez Sunagua ASOCIACIÓN DIVERTAD Potosí Bolivia
Barbara Ventura Asociación Luchando Contra Viento y Marea
Zulma Myriam Ferreira Servin Asociación Vida Independiente Teko Sa So
Carmen Hernández Rosas Centro de Educacion Especial Creciendo Juntos
Wendy Barrantes Jiménez Centro de Vida Independiente Morpho
Rocío Morales Alvarado Centro de Vida Independiente Morpho
Eduardo Espinosa Centro Nacional de Comunicación Social AC
Amparo Olivera Colectiva mujeres
Denisse Rentería Colectivo Algaraza
Sergio Silva González Colectivo Algaraza
Raúl Montoya Santamaría Colectivo Chuhcan A.C.
Gabriela Colectivo de Sordos de NL y Movimiento de PcD de NL
Enrique Juárez Andrade Colectivo La Lata
YAZMIN DELGADO JUÁREZ Colectivo la Lata
Margara Millán Con Nosotros A.C.
Darwin Cooti
María Sirvent Documenta AC
Adriana García Mora Documenta AC
Jimena Candano Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra A.C
Aydee Montero Ramirez Fundación Tobé centro de vida independiente Colombia
Irma Cecilia Cruz Vega Ilumina, ceguera y baja visión
Ariadne Lamont Incide Femme ac
María Maltos Rodríguez Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho
Emi Aizawa JICA
Nancy Nallely Salazar Romero Justicieras Por Nuestras Infancias
Wendy Santoyo Silva Justicieras por nuestras infancias
Luis Gerardo Arroyo Lynn Mad in México
Candelaria Salinas Anaya Miel que vino del cielo AC
Cristian Mendoza Vázquez Movimiento de personas con discapacidad
Denisse Elena Tavitas Rodríguez Movimiento de personas con discapacidad
Gerardo Grassi Movimiento Visibles Y con Derechos
Adriana Paciel Movimiento Visibles y con Derechos
Mónica Muñoz Nuestras Manos Unidas
Sandra Padilla Zaldo Oap
Natalia González Red de salud mental colectiva y buen vivir
Feliza Ali Ramos Red de vida independiente Bolivia de personas con discapacidad
Sofia Olvera Galarza Red Orgullo Loco México
Víctor Lizama Red Orgullo Loco México
Deneb Sofia Helena Ortiz Orozco Red Orgullo Loco México
María Andrea Escobar Garcìa Red Puebla para todos
Alejandra Álvarez Mendoza Redesfera
Ruth Stella Henao Daza Relavin
María Guadalupe Torres Gallegos RELAVIN
Arminda Valeriano Torihuano REVIBO Red de Vida independiente Bolivia
Blanca Escobar Vida Independiente Paraguay
Germán Méndez Lugo Voz Pro Salud Mental Ciudad de México

Integrantes de la Academia:

Helena Suárez Universidad de Guadalajara
Ivan Tapia Universidad Nacional Autónoma de México
Oswaldo Daniel Vazquez González Universidad Nacional Autónoma de México
Paulina López Neri Universidad Nacional Autónoma de México
Mónica Mercedes Ramírez Ríos Universidad Nacional Autónoma de México
Roberto Alonso Galeana Guerra Universidad Nacional Autónoma de México
Adal Rafael Magdaleno Mendoza Universidad Nacional Autónoma de México
Areli Zaldivar Velázquez Universidad Nacional Autónoma de México
Patricia Brogna Universidad Nacional Autónoma de México

Activistas independientes:

Rosa María Cruz Independiente
Gilberto alvarez Camacho Independiente
Futoshi Nakaya Independiente
Vania Meliveth Ríos Hernández Independiente
Irma Judith Arenas Guzmán Independiente
Aranxa Bello Brindis Independiente
Karla Gabriela Moreno Medina Independiente
Isabel Rosales Ungson Independiente
Míguel Fernando Tovar Villar Independiente
María Guadalupe Castro Zaragoza Independiente
Ramis Maria de Lujan Independiente
Patricia Morales Independiente

Autoridades:

Ignacia Arellanes Muñoz Fiscalía de Guerrero

Ver materiales adicionales

 

 

 

 

 

 

Publicado en

Con 98% de impunidad en casos de asesinatos a periodistas, ¿existe una crisis para la libertad de expresión en México?

Imagen: Cencos

Erika Díaz/Cencos

 

México es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo y con ello la libertad de expresión.

En el sexenio actual se ha documentado un incremento exponencial en la violencia contra la prensa, convirtiendo a nuestro país en uno de los lugares más violentos y mortíferos para ejercer el periodismo tanto en Latinoamérica como en el mundo. Un ejemplo de ello es el hecho de que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) reportó que más de la mitad de los 67 casos de periodistas y trabajadores de medios asesinados a nivel global durante el 2022 se registraron únicamente en tres países: Ucrania, México y Haití, México siendo superado únicamente por un país en actual conflicto bélico1.

Tan sólo en 2022, en Cencos se documentaron 17 periodistas asesinados, mientras que ARTICLE 19 documentó 696 agresiones contra periodistas y medios, representando un grave peligro, pues de acuerdo con la organización “[…] las agresiones letales, el acoso judicial, las amenazas y el estigma preocupan sobremanera, por el efecto cascada que tienen para silenciar al gremio y por el impacto negativo que la censura de quienes informan tiene en el flujo y acceso a la información de la sociedad mexicana”2.

Habría que mencionar que entre las agresiones más comunes contra periodistas y medios de comunicación se encuentran las amenazas, intimidaciones, hostigamiento, acoso y el uso ilegítimo del poder público.

Lo que resulta más preocupante no es solamente la alta tasa de violencia, sino el hecho de que la mayoría de las agresiones son cometidas por autoridades públicas, pues de los 696 casos documentados por ARTICLE 19, 296 (42.53%) fueron realizados directamente por actores del Estado. Además de que en repetidas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, misma persona que debe trabajar a favor de los derechos de todas las personas por igual, ha realizado comentarios descalificativos, estigmatizantes y criminalizantes hacia periodistas e incluso también hacia organizaciones de la sociedad civil, algunos de los cuales se pueden considerar como ataques contra la prensa; los cuales son alentados por un gobierno que en lugar de garantizar su seguridad la obstaculiza y se niega a reconocer la importancia de su labor.

A pesar de que en México existen leyes, instancias y mecanismos designados específicamente a la protección de periodistas, como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, la realidad es que son tanto insuficientes como ineficaces dada la falta de recursos designados y del compromiso de las autoridades para adoptar medidas inmediatas y eficientes de atención y protección a quienes denuncian ser víctimas de agresiones debido a su labor. Además de que hace falta hacer más accesibles estas medidas para aquellas personas que viven fuera de la capital del país, tomando en cuenta que en algunos estados existen ‘zonas de silencio’ en las que persiste un mayor riesgo para que periodistas narren sus historias.

Sin embargo, estas problemáticas no son las únicas que enfrenta el gremio periodístico en nuestro país.

Recientemente, se ha dado a conocer que el Estado mexicano, a través del Ejército, ha utilizado el malware Pegasus para espiar ilícitamente a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Y aunque el número de personas espiadas no es alto (tres personas defensoras de derechos humanos y dos periodistas en lo que va del gobierno actual), esto representa un antecedente peligroso para la posibilidad de conocer e infiltrar información que les ponga en un riesgo mayor al que ya enfrentan, además de tener la facilidad de espiar a las personas indiscriminadamente sin enfrentar consecuencia alguna.

Si bien a principios de año el presidente López Obrador dijo en una de sus conferencias matutinas que: “En este país no hay impunidad y la justicia llega; tarda, pero llega cuando hay voluntad”, resulta contradictorio que el gobierno utilice medidas como Pegasus, las defienda y proteja sin que enfrente sanción alguna, aún cuando represente violaciones a los derechos humanos, convirtiéndose a él y a su gobierno en parte de la crisis de impunidad y de libertad de expresión. Así pues, la declaración realizada por el presidente representa una mentira en la que se trata de hacer creer a la población la idea de una nación totalmente alejada de la realidad, ya que, por una parte, en el país existe un 99% de impunidad en los crímenes contra periodistas, lo que lo coloca en el sexto lugar del “Índice Global de Impunidad” de CPJ. De acuerdo con la FEADLE, de los 143 expedientes en trámite de denuncias por delitos contra periodistas documentados en 2022, únicamente 34 tuvieron una resolución definitiva a favor de las víctimas.

Y por otra parte, es evidente que hay una falta de voluntad política e institucional en cuanto a la aplicación de justicia en crímenes contra periodistas, comenzando por el hecho de que actualmente miles de periodistas siguen realizando su labor bajo un escenario precario, violento y estigmatizante a pesar de que se han denunciado estas condiciones desde hace más de una década, y continuando con que los recursos económicos y humanos designados para la investigación de agresiones contra periodistas y medios de comunicación son escasos, lo que ha llevado a que 9 de cada 10 casos en contra de periodistas debido a su labor no se investiguen ni castiguen3.

Así entonces, es necesario adoptar medidas y políticas públicas integrales de protección que vaya más allá de una simulación de cumplimiento del gobierno y de un compromiso a medias; se debe contar con los recursos necesarios para adoptar mecanismos que no sólo se enfoquen en la reacción ante los delitos sino que realmente garanticen el respeto a periodistas y medios de comunicación, prevengan ataques y violaciones a sus derechos humanos, protejan y garanticen sus derechos a la vida e integridad personal, y que investiguen, juzguen y sancionen a personas responsables de delitos contra periodistas para evitar que continúe casi una totalidad de impunidad en el país.

Hablar de una crisis para la libertad de expresión en México resulta no sólo apropiado, sino que también necesario para poder visibilizarla y comenzar a actuar en conjunto para exigir un alto a la violencia hacia aquellas personas que ejercen su derecho a comunicar y compartir información con la sociedad, sobre todo antes de que sea demasiado tarde y hablemos entonces de una crisis general de derechos humanos en el país.

 

1 Comité para la Protección de los Periodistas, El drástico aumento en la cifra de periodistas muertos convierte al 2022 en un año mortal para la prensa, 2023.

2 ARTICLE 19, Voces contra la indiferencia. Informe anual de ARTICLE 19, 2023.

3 Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX).

Creado con WordPress