Categoría: Difusión

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Perfil y proceso de designación de nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, preocupante: MNDM

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)

  • El nombramiento no cumplió con los criterios mínimos para permitir la participación sustantiva que días previos presentamos vía oficio ante la Secretaría de Gobernación.

  • Este proceso profundiza la falta de confianza que las víctimas, familiares y colectivos han manifestado  hacia el Estado mexicano desde la desaparición de sus familiares, y ante la ausencia de justicia y verdad.

  • Proceso de diálogo y construcción conjunta y permanente con las diversas articulaciones y colectivos de familiares, única manera posible de subsanar la situación.

Desde el MNDM expresamos nuestra preocupación ante la reciente designación de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Vemos que una vez más hay una voz que se ha antepuesto a las de las víctimas al elegir a una persona que no cumple con el perfil para ejercer uno de los principales cargos para cumplir con la desafiante tarea de búsqueda de personas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley General en Materia de Desaparición.

El nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como nueva persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda por parte de la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, con el visto bueno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no cumplió con los criterios mínimos para permitir la participación sustantiva que días previos presentamos vía oficio ante la Secretaría de Gobernación. Una consulta pública para proponer personas candidatas no sustituye un proceso donde las familias tengamos participación sustantiva y real para tan importante labor. 

En el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) esperamos que el gobierno rectifique y, en estos últimos meses de mandato, reconstruya el diálogo franco, fluido y necesario con las familias, tal como alguna vez lo expuso públicamente. Este proceso de designación, sin duda, profundiza la falta de confianza que las víctimas, familiares y colectivos hemos manifestado hacia el Estado mexicano desde la desaparición de nuestros familiares, y ante la ausencia de justicia y verdad. Sin embargo, este tipo de procesos no socava la firme decisión que hemos expresado para transformar  el dolor provocado por las desapariciones, en políticas públicas que sirvan como instrumentos proactivos en la búsqueda en todas sus modalidades, con respeto irrestricto a la dignidad de las personas familiares y víctimas, así como de nuestros acompañantes. 

Es precisamente, el diálogo y trabajo conjunto lo que puede ayudar a encontrar caminos efectivos en la coordinación de todas las instituciones encargadas de buscar a nuestros seres queridos. En este último año de la  administración federal es central tener un balance de los avances de la agenda, así como claridad en los retos que persisten para lograr el objetivo de buscar, localizar, identificar y restituir a las más de 110 mil personas registradas como desaparecidas. Nuestra búsqueda se mantiene a pesar de los obstáculos existentes, sin embargo, es necesario señalar que el tiempo transcurre rápidamente y que las condiciones de violencia persistentes en nuestro país también limitan nuestra labor.

En este sentido pensamos que la única manera posible de subsanar la comprensible molestia, es abrir un proceso de diálogo sustantivo y construcción conjunta y permanente con las diversas articulaciones y colectivos de familiares que somos reconocidas públicamente por la sociedad como procesos organizativos de búsqueda de personas desaparecidas. Tenemos amplia experiencia en el trabajo colectivo y colaborativo para avanzar en los temas pendientes de la agenda: la búsqueda, la localización, la identificación, la restitución digna, así como la protección y la seguridad de miles de familias que todos los días salimos a buscar. Esta es una nueva oportunidad para que el Estado demuestre su voluntad y compromiso con las miles de víctimas que tiene este país. Aquí seguiremos hasta Encontrarles. 

#TeBuscaréSiempre
#SinLasFamiliasNo

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).
Conformado por más de 86 colectivos de 25 estados de la República Mexicana y de tres países de Centroamérica.

 

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Organizaciones del FLEPS condenamos agresiones policiales contra la Comunidad Otomí y una periodista

ARTICLE 19 MX-CA/Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social (FLEPS) 

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2023.- Organizaciones pertenecientes al Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social (FLEPS) condenamos los actos de represión a la manifestación pacífica y de abuso de la fuerza en contra de integrantes de la comunidad indígena Otomí, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el pasado 15 de Octubre, en la colonia Xoco, Coyoacán, CDMX. 

La comunidad Otomí mantenía el cierre de la avenida México-Coyoacán desde el pasado 11 de octubre, frente a la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores”, antes, las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en exigencia del derecho a una vivienda digna.

Desalojo con abuso de la fuerza

Entre la medianoche del 15 y las primeras horas de la madrugada del 16 de octubre, el gobierno de la Ciudad de México implementó un operativo policiaco de alrededor de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a bordo de 50 vehículos. Si bien, la SSC indicó que el repliegue policial fue exclusivamente para “liberar la vialidad”, representantes de la comunidad hicieron público que las fuerzas de seguridad intentaron ingresar y desalojarlos de la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores”.

Según la información documentada tanto presencialmente por organizaciones integrantes del FLEPS así como por fuentes públicas, esta intervención dejó a 7 personas lesionadas, entre ellas una menor de edad quien fue golpeada por 8 elementos de la policía. Aunque integrantes de la comunidad recibieron atención médica de urgencia por médicos solidarios, no se tiene documentado que se haya brindado apoyo médico a las y los manifestantes heridos por parte de las instituciones correspondientes. 

Asimismo, entre las 2:00 am y 3:00 am del 16 de octubre las organizaciones de derechos humanos y periodistas presentes documentaron la llegada de un grupo de sujetos desconocidos que además de amenazar a las y los integrantes de la comunidad presente, efectuaron 3 detonaciones de arma de fuego.

Agresión a periodista

Una de las periodistas presentes, cuyo nombre se reserva por seguridad, fue víctima de lesiones físicas en su rodilla y su brazo por una decena de elementos de la SSC. Según el testimonio de la periodista en entrevista con organizaciones integrantes del FLEPS: “Me rodearon, me jalaron, me tiraron al piso. Yo uso casco en coberturas de protesta, y aún así sentí que hubo golpes a mi cabeza mientras les escuchaba decir ´agárrala, ya la tenemos´.” 

La periodista tuvo que gritar que era prensa en múltiples ocasiones para ser escuchada por los elementos de la policía, y aunque redujo los golpes le intentaron arrebatar su cámara y su celular; finalmente lograron remover el lente a su cámara. Según el relato de la periodista, tuvo que llegar uno de los integrantes de la comunidad, quien también fue golpeado al momento de apoyarla, para rescatarla de los golpes. 

Llamado del FLEPS a las autoridades

Es motivo de alarma para las organizaciones integrantes del FLEPS que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México hayan omitido la aplicación del Acuerdo para la Actuación Policial en la Prevención de Violencias y Actos que Transgreden el Ejercicio de Derechos Durante la Atención a Manifestaciones y Reuniones de la Ciudad de México, particularmente violentando los principios sobre intervención y uso de la fuerza. 

La comunidad Otomí mantiene una exigencia desde hace tres años, para acceder a su derecho a la vivienda como pueblo originario y por el derecho a habitar en la ciudad de una manera digna, integral y con enfoque intercultural. En este sentido, el derecho a la protesta, así como los derechos de reunión y a la libertad de expresión, son vehículos de exigencia para comunidades que han sido históricamente vulneradas e ignoradas en sus peticiones por las autoridades, por lo que es obligación de éstas el respetar sus derechos.

En vista de lo anterior, las organizaciones integrantes del FLEPS: 

  • Exigimos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, iniciar una investigación diligente y expedita sobre los hechos ocurridos.
  • Urgimos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México abrir una queja de oficio sobre las violaciones a los derechos humanos de la comunidad Otomí y de las personas periodistas presentes.
  • Llamamos a las autoridades de la Ciudad de México a utilizar los protocolos y normativas aplicables sobre desalojos, uso de la fuerza y ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones en operativos de seguridad futuros.
  • Finalmente, hacemos un llamado enérgico a abrir los canales de diálogo para atender las exigencias y a respetar el derecho a la protesta, libertad de expresión y de reunión y organización.

 

Frente por la Libertad de Expresión y la protesta Social (FLEPS): ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.

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Comunicado: Poder Judicial ordena al CNI a no destruir documentos relacionados con la llamada “Guerra Sucia”

Imagen: Twitter @CentroProdh

 

Centro Prodh/Article 19

  • La prohibición de destruir documentos proviene de la suspensión dictada en el juicio de amparo que promovió Alicia de los Ríos Merino, hija, acompañada por el Centro Prodh y Artículo 19, por las irregularidades documentadas por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el período 1965-1990.
Ciudad de México, 2 de octubre 2023.- Luego de que el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 emitiera el “Informe técnico sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en el AGN” y, posteriormente, dos ampliaciones más sobre irregularidades encontradas en ese acervo, Alicia de los Ríos Merino, acompañada por el Centro Prodh y Artículo 19, promovió, un juicio de amparo, con el objetivo de que se localicen y transfieran archivos perdidos, sustraídos, faltantes o que nunca fueron transferidos (y debieron serlo) al Archivo General de la Nación.
El 8 de septiembre el juicio de amparo fue admitido por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Gracias a una resolución del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se concedió la suspensión provisional y, el pasado 21 de septiembre, el Juzgado Octavo hizo lo propio al conceder la suspensión definitiva en el juicio.
Estas resoluciones reconocen que familiares como Alicia de los Ríos Merino tiene derecho a exigir que se revisen estos documentos, donde podría encontrarse información sobre el paradero de su madre desaparecida, así como el esclarecimiento de este periodo de represión estatal en contra de movimientos sociales.  Asimismo, el Poder Judicial advirtió que las autoridades del Centro Nacional de Inteligencia no desvirtuaron con pruebas las irregularidades documentadas por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, sino que solamente se han limitado a negarlas.
Finalmente, el Poder Judicial ordenó que, mientras se encuentre en curso el juicio de amparo, las autoridades del Centro Nacional de Inteligencia deben abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar los documentos históricos” a los que se refiere el MEH en sus informes.
Alicia de los Ríos Merino busca a su madre, homónima, desaparecida en 1978 por la Brigada Blanca, una agrupación conformada por el Ejército, policías y procuradurías estatales y la Dirección Federal de Seguridad, hoy Centro Nacional de Inteligencia.
En el marco de la conmemoración del 2 de octubre, no olvidamos, y hacemos un llamado al Centro Nacional de Inteligencia a cumplir con las resoluciones del Poder Judicial y cumplir, finalmente, con las órdenes presidenciales de transferir todos los archivos de la represión con los que cuentan. Estos documentos son esenciales para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, pero también para asegurar la justicia, memoria, reparación y no repetición de los hechos. Que al término del sexenio familiares de víctimas de desaparición tengan que acudir a los tribunales para que éstos tutelen su derecho a la verdad, muestra que la promesa de esta administración de ir a fondo en este tema permanece aún incumplida.
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Pronunciamiento conjunto: La población civil no es un objetivo

Imagen: RedTDT

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

 

AL GOBIERNO FEDERAL.

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE CHICOMUSELO, LA TRINITARIA, FRONTERA COMALAPA, AMATENANGO DE LA FRONTERA, MOTOZINTLA, SILTEPEC, COMITÁN, MAZAPA DE MADERO, LA GRANDEZA, BELLA VISTA, BEJUCAL DE OCAMPO Y EL PORVENIR.

A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CHIAPAS.

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL.

A 29 de Septiembre de 2023

Las organizaciones aquí firmantes nos unimos a las voces, incluidos los llamados realizados por las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de Tapachula, que se han pronunciado por la indignante situación de violencia que se vive en gran parte de Chiapas a causa de la complicidad y permisividad de las autoridades de todos los niveles de gobierno hacia el actuar de grupos de la delincuencia organizada quienes disputan el control del territorio para las economías legales e ilegales.

Desde hace más de dos años se ha venido agudizando esta disputa en el territorio caracterizada por un fuerte control social a partir del terror y la violencia armada. De acuerdo a notas periodísticas, y testimonios anónimos, alarma que entre las tácticas de los grupos criminales se ha tomado como rehén a la población civil, que es utilizada como escudo de guerra, forzándola a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos.

El corte de suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas lp, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas mantiene a la población en vilo y zozobra con impactos psicosociales importantes. Existe angustia, escasez e incluso la imposibilidad de desplazarse por miedo a represalias de los grupos de la delincuencia en disputa.

Si bien la situación ha sido álgida en la Región Frontera, también en otros territorios se han presentado situaciones de violencia, y existe el riesgo inminente de que se generalice y agudice.

Si bien la situación ha sido álgida en la Región Frontera, también en otros territorios (las Regiones Costa, Soconusco, Centro, Altos, Frailesca, Sierra y Selva) se han presentado situaciones de violencia, y existe el riesgo inminente de que se generalice y agudice.

Frente a ello, el Estado tiene un deber urgente de protección, ya que es latente que la situación genere afectaciones y riesgos a la seguridad e integridad física, mental y emocional de la población. Las y los habitantes de estos municipios se encuentran en terrible vulnerabilidad con múltiples violaciones graves a sus Derechos Humanos, lo cual se suma a la histórica marginación del territorio.

Denunciamos:

  • El incremento de distintas formas de violencia: asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, agresiones, extorsiones como “cobro de piso”, toma o irrupción de asambleas comunitarias, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, despojo de bienes y de medios de vida. La población ha estado en una intermitente incomunicación que ha derivado en desabasto y encarecimiento de productos básicos como alimentos y gasolina, generando aislamiento.
  • La interrupción de la vida cotidiana de la población a partir del corte de servicios básicos como luz y señal de celular, así como la suspensión indefinida de clases y de servicios de salud.
  • Múltiples violaciones a Derechos Humanos: el derecho a la alimentación, a una vida digna, a la seguridad, a la educación, a la salud, a la justicia, al libre tránsito, y a vivir en paz.
  • La minimización de la violencia por parte del discurso oficial, destacando el titular del Ejecutivo Nacional.
  • La criminalización que se hace de la población por parte de algunos medios de comunicación, desligando de su responsabilidad al Estado, y reproduciendo una narrativa estigmatizante y descontextualizada.
  • La respuesta insuficiente del Estado ante las denuncias de la población desde hace varios meses; pues no ha habido una estrategia integral que atienda las necesidades y que abone a una pacificación real.

Exigimos urgentemente al Estado mexicano:

  • Brindar atención integral a la población afectada directamente por la violencia.
  • Brindar atención urgente a las víctimas por desplazamiento forzado, y genere condiciones duraderas para su retorno pronto y seguro.
  • Atender las necesidades humanitarias de alimentación, salud y refugio ante la emergencia.
  • Garantizar la seguridad para el libre tránsito de la población.
  • Realizar una investigación imparcial y exhaustiva que identifique a los responsables de la violencia, y que se imparta justicia.
  • Implementar una estrategia integral, garantizando la seguridad de la población. No se considera la militarización prolongada como una respuesta duradera para lograr una pacificación real y estructural.
  • Garantizar la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, defensores del territorio, y ciudadanía en general en Chiapas, particularmente en la Región Frontera y Sierra.

Pedimos a la población en general su solidaridad, empatía y observación de lo que sucede en las Regiones de la Frontera y Sierra de Chiapas, velando por el cumplimiento de estas exigencias, la garantía de los Derechos Humanos y el cese de la violencia.

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ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica presenta su informe semestral 2023: Violencia contra la prensa entre ataques, estigmatización y ausencia del Estado

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2023.- ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica presenta su informe sobre violencia contra la prensa en México para el periodo del 1ero de enero de 2023 al 30 de junio 2023. Durante los primeros seis meses del año, esta organización registró 272 agresiones. Esto equivale a una agresión cada 16 horas cometida este semestre en contra de periodistas y medios de comunicación. 

Las agresiones con mayor registro fueron las intimidaciones y hostigamientos con 68 casos (25% del total), seguidos del uso ilegítimo del poder público con 61 casos (22.43%), y amenazas, con 49 casos (18.01%). 

Entre los hechos de violencia que se registraron, se encuentran los asesinatos perpetrados en posible vínculo con la libertad de expresión de al menos 3 periodistas: Marco Aurelio Ramirez Hernandez el 23 de mayo, Luis Martín Sánchez Íñiguez el 7 de julio, y Nelson Matus Peña el 15 de julio. También se documentó la desaparición de Juan Carlos Hinojosa, el 6 de julio. 

El Estado sigue siendo el principal agresor contra la prensa en México. Durante estos primeros seis meses del 2023, las autoridades fueron responsables de perpetrar 140 agresiones, es decir 1 de cada 2 ataques contra periodistas y medios. De los tres niveles de gobierno, las personas servidoras públicas a nivel estatal son quienes más atacaron a la prensa con el 23.5%, seguido por el nivel federal con 19.4% y en tercer lugar, a nivel municipal con 8.4%. Este periodo es la primera vez desde el año 2016 que el nivel federal corresponde al segundo lugar en agresiones, siendo comúnmente el último lugar.

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Corte despenaliza el aborto a nivel federal

Imagen: Twitter @GIRE_mx

 

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) 

Ciudad de México, 6 de septiembre de 2023.

  • Se despenaliza por vía judicial el aborto en el Código Penal Federal. 
  • Todas las mujeres y personas con capacidad de gestar podrán acceder a abortos en instituciones federales de salud.
  • IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución de salud federal deberán prestar el servicio de aborto a las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten.

Con el objetivo de que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas, GIRE y otras organizaciones locales hemos encabezado una estrategia jurídica nacional que consiste en presentar amparos para eliminar el delito de aborto autoprocurado y consentido en todos los códigos penales del país donde no se ha despenalizado por parte de los congresos, incluido el federal.

Con base en la sentencia sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal de Coahuila resuelta por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021, GIRE presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto

Hoy, la Corte analizó este amparo y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer o persona gestante, ni al personal de salud, se le podrá castigar por abortar. 

Con esta resolución, IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución de salud federal deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten. Además, el personal médico de las instituciones federales de salud no podrá ser criminalizado por brindar este servicio de salud. Asimismo, la Corte ordenó que se elimine el delito de aborto en el Código Penal Federal.

Al haberse aprobado por unanimidad, esta sentencia se vuelve obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales, quienes tendrán que implementar lo dicho por la Corte.

Desde GIRE confiamos en que las entidades del país, cuya legislación aún obstaculiza la autonomía reproductiva, tomen en cuenta los criterios del máximo tribunal de justicia a fin de garantizar el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

 

Ver comunicado de GIRE

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Sobre el comunicado Nº. 445/2023 de la Secretaría de Gobernación emitido el 28 de agosto, organizaciones defensoras de derechos humanos, personas defensoras y periodistas señalamos lo siguiente

Espacio OSC

05 de septiembre de 2023, México

1. La grave situación en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas requiere de la máxima atención por parte de las instancias de gobierno que conforman el Mecanismo Federal de Protección, así como la creación e implementación de un plan transexenal de gobierno dirigido a revertir las causas estructurales de la violencia y a garantizar condiciones seguras para ejercer su labor periodística y de defensa de derechos humanos. 

2. Reconocemos los esfuerzos en aumentar el personal y el presupuesto anual del Mecanismo Federal de Protección, política del Estado mexicano para la protección de personas defensoras y periodistas, así como de crear rutas en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil por medio de un Grupo de Trabajo para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Oficina de la ONU-DH en México para el fortalecimiento del Mecanismo. 

3. Nos preocupa las constantes denuncias realizadas por personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personal que opera al interior de la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo sobre el retiro de medidas injustificadas y denuncias por actos de acoso laboral y violencia sexual por parte de directivos de las unidades en contra de mujeres beneficiarias y personal que labora en la institución. 

4. Esto se ha visto reflejado en un aumento de amparos, quejas, recursos de inconformidad y denuncias al interior del Mecanismo y en contra de las instancias que lo conforman y hacia su personal, como es la denuncia presentada por la abogada y ex funcionaria del Mecanismo Lucero Muñoz García y el número de inadmisiones de solicitudes de incorporación que han ido en aumento, siendo 2022 el año en el que de 291 solicitudes presentadas 152 fueron inadmitidas, sin que se conozcan las razones ni tampoco las alternativas brindadas. 

5. Lo anterior evidencia la falta de protocolos y modelos para la atención de casos de discriminación, acoso y hostigamiento sexual y laboral tanto para el personal operativo como para las personas beneficiarias; una falta de su deber de protección al no garantizar la incorporación de personas solicitantes; la ausencia de la incorporación de enfoques de género e interseccionalidad y su transversalización institucional; esto, sumado a los retrasos en el otorgamiento de los planes de protección y coordinación interinstitucional.  

6. Adicionalmente se suma la rotación constante de personal encargado de las unidades y direcciones, que no permiten dar continuidad a los procesos de institucionalización, así como la falta de traspasos de información y seguimiento a procesos ya iniciados, lo que implica que muchas de las personas que recién ingresan al Mecanismo carezcan del conocimiento técnico necesario en temas de derechos humanos y de seguridad y protección a personas defensoras y periodistas, lo que va en detrimento de los análisis de riesgo y del fortalecimiento técnico que requiere la institución en la atención e implementación de planes de prevención y protección.

7. Por último, nos parece fundamental que se fortalezca la relación entre las instancias de Gobierno y el Consejo Consultivo del Mecanismo, que es el órgano de consulta de la Junta de Gobierno y de representación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, garantizando su participación y acceso a información que les posibilite la toma de decisiones conforme lo establece la Ley de Protección y su reglamento. 

Por lo anterior, hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación a que:

  • Ante los actos de denuncia pública de acoso laboral y sexual brindar un informe sobre el estatus de las investigaciones, así como impulsar y fortalecer protocolos de actuación que conduzcan a prevenir y erradicar estos actos al interior del Mecanismo.  
  • Sobre los hechos de retiro de medidas y de inadmisiones, presentar un informe pormenorizado de estos y del número de cierre de casos que ha realizado el Mecanismo, y las causas del retiro de las medidas de protección, así como las alternativas brindadas para que ejerzan su labor en condiciones seguras.
  • Para el fortalecimiento del Mecanismo, implementar las acciones conducentes al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Diagnóstico de ONU-DH por medio de las rutas elaboradas en conjunto con el Espacio OSC, la Oficina de la ONU-DH, el Consejo Consultivo y las instancias que conforman el Mecanismo Federal de Protección, entre esos FGR, SRE, CNDH y SEGOB. 
  • Ante la persistente violencia en contra de personas defensoras y periodistas adoptar planes regionales específicos de protección, en particular en contexto electoral en el que en pasadas contiendas ha habido un incremento de agresiones contra ambas poblaciones. 
  • Garantizar la participación con voz y voto de las y los integrantes del Consejo Consultivo en todas las decisiones de la Junta de Gobierno, tal como establece la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

 

Contacto para medios:

+52 1 55 1904 6972 espacioosc@gmail.com

 

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Posicionamiento del MNDM por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

Imagen: MNDM

 

Movimiento por Nuestros Desaparecidos México

  • Recordamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno que tienen un mandato popular al cual aún le queda cerca de un año de trabajo, por lo que no deben abdicar de sus responsabilidades sino fortalecer los canales de diálogo y participación efectiva y sustantiva de las familias y la sociedad. 
  • Los intentos oficiales por minimizar la crisis de desaparición de personas confirman la distancia en la relación del gobierno con las familias de personas desaparecidas y sus colectivos.
  • Este distanciamiento oficial resulta particularmente grave en el contexto de una profundización de los riesgos para la seguridad e integridad de las personas buscadoras y la permanencia del problema de la desaparición.  

La agenda pública en torno a la innegablemente grave realidad que habitamos, en donde la desaparición es un problema generalizado y cotidiano, llega la conmemoración de este Día Internacional con una injusta incertidumbre ante los intentos oficiales por minimizar la crisis de la desaparición. 

La relación de este gobierno con las víctimas se fue volviendo paulatinamente distante, como lo hemos constatado desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y  muchas otras plataformas de víctimas, todas hermanas del mismo dolor. Hemos vivido la reducción de espacios de participación sustantiva y el enfriamiento del diálogo, lo cual obstaculiza la participación de las familias y colectivos en las estrategias institucionales.

Promesas pendientes de cumplirse e incluso ejercicios revictimizantes como el mal llamado “censo” que de manera insensible parece mandar el mensaje de que quienes buscamos personas desaparecidas en México exageramos o mentimos. Este distanciamiento oficial resulta además particularmente grave en el contexto de una profundización de los riesgos para la seguridad e integridad de las víctimas y una persistencia de las desapariciones que es abrumadora.

Por lo cual desde el MNDM, aprovechamos esta conmemoración para expresar unbalance ante la actual administración federal. Si bien reconocemos algunos avances formales en la implementación de las distintas instancias derivadas de la Ley General de Desaparición, hemos sido testigos de cómo su construcción y continuidad no han privilegiado una relación cercana con las víctimas, sino la legitimación de las estrategias impulsadas desde el Estado. 

Los 86 colectivos de familias de personas desaparecidas, de México y Centroamérica, que conformamos al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México también hacemos nuestra la lucha y las exigencias de los colectivos de Centroamérica para la creación de  leyes en sus países.Las mariposas que son el emblema de nuestra campaña de este año nos hermanan en la búsqueda sin fronteras. 

En este Día Internacional de las víctimas de desaparición forzada, nuestro posicionamiento es, como siempre, una exigencia por la pronta localización  de nuestras personas desaparecidas. De manera particular queremos llamar la atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno para recordarles que tienen un mandato popular al cual aún le queda cerca de un año de trabajo, por lo que les hacemos un llamado a cumplir con sus responsabilidades para con las víctimas de las desapariciones  en este país. 

Con lo nombrado anteriormente y ante la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que refleja 111,049 personas desaparecidas en México y con una crisis institucional que se agudiza con la ausencia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

 

Ver posicionamiento completo del Movimiento por Nuestros Desaparecidos México por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Ver conferencia de prensa del MNDM

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Comunicado: CIDH y ONU Derechos Humanos llaman a los Estados a garantizar el acceso a la justicia de personas defensoras víctimas de violaciones

Imagen: Twitter @ONUDHmexico

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)/Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos)

Bogotá / Ciudad de Guatemala / Ciudad de México / Ciudad de Panamá / La Paz / Lima/ Tegucigalpa / Santiago de Chile / Washington D.C. (10 de agosto de 2023) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las presencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) en América Latina expresan preocupación por la persistencia de la impunidad en las violaciones cometidas contra las personas defensoras en relación con su labor e instan a los Estados a prevenir, investigar, sancionar y reparar estas violaciones con el fin de garantizar el pleno y libre ejercicio del derecho a defender derechos humanos.

Las personas defensoras cumplen un rol fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos y en la construcción de sociedades más justas, equitativas y respetuosas de la dignidad. Su labor es esencial tanto para visibilizar las violaciones como para abogar por medidas administrativas y legislativas que salvaguarden los derechos y promover el acceso a la justicia. Sin embargo, ellas se enfrentan con frecuencia a amenazas, intimidación, hostigamiento, discursos estigmatizantes, difamación, actos de violencia, y asesinatos como consecuencia de su labor de defensa.

La CIDH y ONU Derechos Humanos reconocen los esfuerzos que algunos Estados de la región han realizado para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones a través de la creación de fiscalías especializadas y protocolos para la investigación de casos de homicidios, amenazas y ataques en contra de personas defensoras, en conformidad con los estándares internacionales en la materia.

La CIDH recibió información de al menos 126 asesinatos de personas defensoras en el 2022, mientras que en el primer cuatrimestre del año en curso ya son 33 asesinatos. Es de especial preocupación, que en algunos países de la región la impunidad en los casos de asesinatos de personas defensoras sea superior al 90%.

La impunidad perpetúa la violencia y la represión, propiciando un clima de temor, desprotección e indefensión en las víctimas, sus familiares y comunidades al quedar en una situación de absoluta vulnerabilidad y riesgo frente a ataques y violencia. Adicionalmente, cuando los responsables de violaciones de derechos humanos no son investigados, enjuiciados y sancionados se generan efectos adversos para el ejercicio de la defensa de los derechos.

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Comunicado: A 8 años del multifeminicido y homicidio de la “Narvarte” honramos la memoria y seguimos exigiendo justicia

Foto: ARTICLE 19

 

ARTICLE 19 MX-CA

Ciudad de México, a 31 de julio de 2023.  Hoy, como desde hace 8 años, recordamos y exigimos memoria, verdad y justicia para Alejandra Negrete Áviles, Mile Virginia Martin, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril.

Ese fatídico viernes 31 de julio de 2015, hoy sabemos que 3 hombres ingresaron al departamento 401 de Luz Saviñón 1909 en un operativo coordinado por otras dos personas que acompañaron de cerca en todo momento a los autores materiales, apoyándose con una red de comunicación con por lo menos 10 personas, con el objetivo de asesinar a nuestros seres queridos. Por ocho años las familias y litigantes hemos resistido e incidido en que las autoridades cumplan con su labor de agotar todas las líneas de investigación y dar con todos los responsables, tanto materiales como intelectuales del crimen.

A finales del 2020, más de cinco años después de los hechos, la defensa de las familias y víctimas obtuvimos copia de la Averiguación Previa en cumplimiento a una orden judicial. Sin embargo, fue solo hasta diciembre del 2021 y octubre del 2022 que tuvimos acceso a nueva evidencia que ayuda a entender el caso. Esta información, cabe destacar, estaba en manos de las autoridades desde el inicio de la investigación. Así, ahora tenemos información sobre diligencias iniciales y videos que muestran parte del trayecto de algunos de los perpetradores cuando llegaron y dejaron el edificio de la Narvarte. Esta información fue procesada y analizada junto con un grupo de expertos, y con ello hoy sabemos que:

  • Hay por lo menos dos personas más que acompañaron a los otros 3 hombres que ingresaron al departamento quienes para la Procuraduría y ahora Fiscalía no existían pues nunca condujeron diligencias para verificar información. 
  • Conocemos ahora, que para que el crimen se cometiera se realizó un operativo con apoyo de una red de comunicación en la que participaron por lo menos 10 individuos. Pero, debido al tiempo transcurrido, evidencia y datos (por ejemplo sábanas de llamada) se han desvanecido, perdiendo datos que pudieran dar con la identidad de cada una de las personas que participaron. 

A ocho años, seguimos sin saber por qué fueron asesinadas Nadia, Yesenia, Mile, Rubén y Alejandra. Seguimos sin saber quién mandó a que las y lo mataran. Además, seguimos esperando respuestas sobre por qué la investigación fue entorpecida. ¿Qué intereses se protegieron y se siguen protegiendo? ¿Por qué se obstaculiza la justicia y se oculta la verdad?

Después de ocho años del crimen, por lo menos 70 periodistas más han sido asesinados en vínculo con su labor y en promedio, 11 mujeres son asesinadas en México cada día. Las autoridades entonces le han fallado no solo a las familias de las víctimas de este caso, sino a la sociedad mexicana. Gobiernos de diferentes partidos han prometido que habría justicia, pero lo que ha mostrado este caso y sobre todo el actuar de las autoridades, es que la impunidad en México es sistemática, y que las redes detrás de los crímenes operan independiente de quién esté en un cargo.

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