Este 27 de noviembre fue presentada ante el pleno del Senado una iniciativa para conceder amnistía a las mujeres que se encuentran presas por abortar en México.
La propuesta fue planteada por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y propone que, independientemente de sus causales, la amnistía se conceda a toda mujer que haya sido privada de su libertad por este delito.
Según la propuesta presentada, las mujeres procesadas y sentenciadas obtendrán su libertad, además de que cualquier acción penal y sanción impuesta sería extinguida, y revocadas las órdenes de aprehensión pendientes.
En su artículo 3, la propuesta señala que “las personas a quienes beneficie esta Ley no podrán, en lo futuro, ser interrogadas, investigadas, citadas a comparecer, detenidas, aprehendidas, procesadas o molestadas de manera alguna por los delitos de los que hayan sido absueltos mediante esta amnistía”.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la criminalización por aborto afecta generalmente a mujeres procedentes de contextos de violencia, alta marginación económica y falta de acceso a información reproductiva.
Entre 2007 y 2016, fueron realizadas 4 mil 246 denuncias por aborto en México, mayoritariamente registradas en la Ciudad de México, Baja California, Veracruz, Nuevo León e Hidalgo. Por otro lado, las entidades que registran más sentencias de privación de la libertad por aborto son Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Sonora e Hidalgo.
Actualmente, en nuestro país, únicamente la Ciudad de México tiene una legislación que garantiza el aborto legal y seguro para las mujeres.
Después de cuatro años y siete meses de prisión en el penal de Molino de Flores en Texcoco, el profesor Óscar Hernández Neri, activista que luchó contra la reforma educativa y que fue encarcelado acusado falsamente por la muerte de una compañera de posgrado, obtuvo la tarde de este lunes su libertad luego de que el juez en materia penal dictó una sentencia absolutoria.
Esta misma tarde se notificó a la defensa la resolución del juez por lo que inmediatamente obtuvo su libertad y salió del penal.
“Mi encarcelamiento lo atribuyo a cuestiones políticas y una fabricación del delito de homicidio calificado que hizo el gobierno del estado de México, mediante la entonces Procuraduría General de Justicia estatal, quien con diversas argucias y mañas crearon un delito para inculparme y encarcelarme, por la lucha que mantenía contra la reforma educativa”, afirmó Hernández Neri al salir del penal.
En entrevista, el profesor denunció que existe una metodología sistemática que tiene la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para crear delitos y quitar del camino a activistas y que luchan por los derechos.
“¡No, no, mi hija no!… Maldito Yunes”, gritaba desesperada la diputada de Morena por Veracruz, Carmen Medel Palma, luego de recibir una llamada telefónica: acababan de asesinar a su hija Valeria. Desesperada, pegaba sobre la curul que tenía frente así a la vez que un par de legisladoras la abrazaban e intentaban darle consuelo.
Marco Adame, diputado en turno de la presidencia de la Mesa Directiva declaró un receso a la vez que pedía al grupo de “apoyo parlamentario su ayuda… estamos ante un acto de suma gravedad para la diputada”.
Pasados 10 minutos, Porfirio Muñoz Ledo reinició la sesión y expresó: “Esta presidencia y Mesa Directiva acompañan en su terrible dolor a la diputada Carmen Medel Palma. Esta 64 Legislatura expresa, consternada por las noticias y realizará lo conducente por la vía jurídica, por la vía política y solidaridad humana”.
“No puedo dejar pasar este momento y subrayar el grave estado en que se encuentra la nación, la vulnerabilidad de la nación y sobre todo la impunidad”, dijo.
Para ese momento, la legisladora por el 14 distrito de Veracruz ya había sido trasladada a sus oficinas para intentar tranquilizarla.
“No puedo, compañeros”, dijo Mario González, padre de un normalista de Ayotzinapa desaparecido, ante miles de personas que le oían en el Zócalo capitalino. Soltó el micrófono y caminó sobre el templete directo hacia Vidulfo Rosales, abogado defensor del caso Iguala, a abrazarle, mientras lloraba quedo.
Era el cuarto ponente en el mitin realizado a cuatro años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Antes de no poder contener las lágrimas, Mario exponía su deseo irrealizable de volver en el tiempo para defender a su hijo aquella noche de 2014 de la violencia de las fuerzas de seguridad y elementos del Ejército que se lo arrebataron. Lo desaparecieron.
“Cómo me hubiera gustado estar en esos momentos yo y los padres de familia, para que nos pudiéramos defender como pudiéramos… pero no un ataque a esos niños indefensos”, dijo.
Y, ciertamente, no pudo más. A sus lágrimas les siguió el silencio, y este fue roto por el grito de los asistentes: “¡Duro! ¡No estás solo! ¡No estás solo!”.
Este 26 de septiembre, unas 15 mil 500 personas salieron a las calles de la Ciudad de México para marchar del Ángel de la Independencia a la Plaza de la Constitución y unirse al reclamo de los padres en la exigencia del esclarecimiento del Caso Iguala, la creación de un órgano de investigación confiable e independiente y la presentación con vida de los normalistas. A reclamar a la administración peñista su mala herencia: la impunidad.
Mario González (izquierda) acude a Vidulfo Rosales (derecha) tras romper en llanto durante mitin conmemorativo del Caso Iguala Foto: Paola Ramos / Cencos
Esta ocasión, a diferencia de manifestaciones anteriores, los padres marcharon con una esperanza renovada, pues por la mañana se sostuvieron una reunión con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y acordaron la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia, la firma de un decreto para la no obstaculización de la investigación y la participación de órganos internacionales en las indagatorias.
Marcharon en compañía de miles provenientes de diversos estados, de casas de estudios, de organizaciones civiles, de normalistas rurales, de miembros de movimientos sociales.
La lluvia, que no se hizo esperar, no espantó a nadie y con protección o sin ella los manifestantes gritaron las consignas acostumbradas, con la acostumbrada fuerza. Había jóvenes, niños y personas mayores. Casi al centro del contingente, un performance artístico vestía de colores la marcha y la animaba con música combativa. Esta vez no hubo presencia de fuerzas públicas que custodiaran el acto político.
Leyendas como “Ayotzinapa Vive” , “43” y “vivos los queremos” lucían en carteles, en mantas, en pegatinas y en la piel, pintadas con tinta roja.
Y la esperanza y la rabia se sentían, no importaba que hubiesen pasado cuatro años.
“Para nosotros el día de hoy se abre una esperanza para llegar a la verdad. Hemos tenido una reunión con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (…) él tiene que asumir las cosas que está dejando este actual gobierno. Este actual gobierno debe ser enjuiciado y castigado Enrique Peña Nieto”, dijo Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete.
Llevaba fuera del pecho un rosario y, dentro, fe. Pese a que durante cuatro años se le ha dicho a él y al resto de los padres que sus hijos fueron incinerados en un basurero en el municipio de Cocula a manos del grupo criminal “Guerreros Unidos”, Emiliano continúa con la esperanza de encontrar a su muchacho con vida.
Lo mismo Epifanio Álvarez, padre del normalista Jorge Álvarez que, en su turno, sostuvo en micrófono y con coraje, gritaba:
“Es una rabia, señores, es un coraje que no se puede contener, que no puede parar, solamente de pensar cómo se ensañaron con nuestros hijos (…) cuatro años sufriendo… pero, desde aquí les digo a todos y cada uno de los presentes: nos llenan de esperanza de que vamos a volver a abrazar a nuestros hijos”, sostuvo.
La energía de Epifanio era tal que la mano con la que sostenía el micrófono temblaba. Mientras tanto, una imagen de Jorge, alegre, sonriendo, lucía justo en el centro de su pecho.
Exactamente a 4 años de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, AMLO y víctimas se reunieron para hablar sobre el caso. Foto: Paola Ramos / Cencos
Tras reunirse con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se dijeron esperanzados en que la futura administración realice diligencias fidedignas que conduzcan a la verdad en el caso.
En conferencia conjunta, María Elena Guerrero, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, destacó la voluntad política de Obrador en atender el caso e incluso parafraseó el eslogan de campaña del presidente electo.
“Nuestros hijos son sus hijos y llegaremos a una verdad. Muchas gracias por ese compromiso, por esas puertas que nos abrieron (…) lo cual el gobierno actual no lo hizo”, dijo Guerrero.
“Nuestras esperanzas están en ellos y su compromiso de cumplir, muchas gracias, yo creo que juntos haremos historia como lo ha dicho nuestro presidente”.
Durante la reunión, con una duración de poco más de dos horas, el equipo de López Obrador planteó tres compromisos con respecto al caso: que con sentencia o sin sentencia judicial, la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia será instituida; que esta Comisión estará coordinada por instancias como la ONU, la CNDH y el GIEI y que el gobierno entrante firmará un decreto para que la investigación no sea obstaculizada.
Obrador, en tanto, expresó su compromiso con el Caso Iguala y extendió un reconocimiento y promesa de solución a las víctimas.
“Mi reconocimiento fraterno, solidario a los padres y a las madres de los jóvenes de Ayotzinapa. Son un ejemplo para todos los que luchan en México y en el mundo por la justicia. Por su entrega a esta noble causa”, sostuvo.
“Reiterar mi compromiso de cumplir, de no fallarles y de no fallarle al pueblo de México. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo”.
En la reunión de este miércoles participaron además Olga Sánchez Cordero, virtual Secretaria de Gobernación en la administración entrante; Alejandro Encinas, virtual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación entrante y Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco y la Plataforma Organizativa Contra el Nuevo Aeropuerto y la Aerotrópolis anuncian una estrategia de difusión para informar a la población en general sobre las graves afectaciones ambientales y financieras de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.
Participan:
Integrantes de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco y la Plataforma Organizativa Contra el Nuevo Aeropuerto y la Aerotrópolis
Convocan:
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco y la Plataforma Organizativa Contra el Nuevo Aeropuerto y la Aerotrópolis
Fecha: Lunes 24 de Septiembre
Hora:11:00 horas
Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
Desde diciembre de 2016, más de 300 organizaciones de la sociedad civil y expertos, agrupados en el colectivo #SeguridadSinGuerra, han exigido el retiro de elementos de las Secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina de la tarea de combate al crimen en las calles de nuestro país; pues a más de una década de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” los resultados no han reducido la criminalidad y la violencia, mostrando el fracaso de un modelo de seguridad que daña los derechos humanos.
En entrevista, Ernesto López Portillo, fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C, y miembro de #SeguridadSinGuerra, nos explica cinco razones por las que los militares y marinos deben volver a los cuarteles y dar paso a policías civiles bien capacitadas.
Su actual labor es inconstitucional
El uso de militares y marinos en el combate a la criminalidad en nuestras calles es violatorio de nuestra Constitución. Una reforma a la Carta Magna en 2008 incluyó un párrafo en el Artículo 21 que explícitamente ordena que la seguridad pública es una función a cargo de autoridades civiles.
Además, el gobierno de México ha faltado a recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) además del Régimen Internacional de Derechos Humanos.
“Todos estos convergen exactamente en la misma idea: las fuerzas armadas no deben hacer tareas policiales”, explicó Portillo. “Las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado (para los Derechos Humanos), de Ginebra y de México, incluyen explícitamente retirar a los militares de las tareas de seguridad pública, de las tareas policiales”.
Formación y funciones
“Las funciones militares están diseñadas para exterminar al enemigo. Sus labores armadas son para utilizar la fuerza letal. Las fuerzas armadas están diseñadas para la guerra, no para la prevención ni para la investigación y persecución del delito”, dijo Portillo.
En diciembre de 2016, el propio titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos señaló que el combate al crimen no era la función de las fuerzas armadas y, como antesala a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, señaló a la Secretaría de Gobernación la falta de un marco legal para regular las actuaciones de militares en tareas de seguridad.
“Si quieren que estemos en los cuarteles, adelante. Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales (…) Nosotros no pedimos estar aquí… no nos sentimos a gusto, los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes… Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”, reprochó entonces el titular del Ejército.
La matanza de Tlatlaya, en 2014, donde 22 personas fueron ejecutadas por militares es un caso paradigmático de violaciones a Derechos Humanos. Foto: Especial
Impacto negativos
En 2015, el estudio “¿Las intervenciones militares en la guerra mexicana a las drogas incrementaron la violencia?”, realizado por la Asociación de Estadística de Estados Unidos, concluyó con que la intervención de militares está asociada al aumento de muertes violentas en nuestro país.
Otro estudio, elaborado en México por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) registró los enfrentamientos, ejecuciones y agresiones durante operativos militares de 2006 a 2012. Este concluyó que el número de homicidios a nivel municipal aumenta en promedio un 9 por ciento a causa de enfrentamientos entre militares y delincuentes.
Para Ernesto López, a esta correlación se suma un aumento a la violación a derechos humanos.
Impunidad
Según un informe de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), de las 505 investigaciones por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados contra civiles, sólo 26 hubo registro de 16 sentencias condenatorias, es decir: casi un 97 por ciento de los crímenes de soldados contra civiles no fueron castigados.
“Han pasado más de diez años en México de una estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada sostenida fuertemente en el despliegue de militares y en el uso de la fuerza, pero no en la justicia (…) Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México”, expuso WOLA en la introducción del informe.
Hoy, en #NotiCencos: Familiares de #desaparecidos exigen justicia para sus casos; defiende Peña la “verdad histórica” sobre #Ayotzinapa, y el colectivo #SeguridadSinGuerra pide el retiro de Fuerzas Armadas de las calles.
