Paola Ramos – Centro Nacional de Comunicación Social AC

2 abril, 2019

Piden frenar invasiones en zona chinampera de Xochimilco

Paola Ramos / Cencos

Pueblos y Barrios Originarios de Xochimilco y vecinos organizados en defensa de la tierra y el agua en la demarcación denunciaron inacción de las nuevas administraciones morenistas en la Alcaldía y de la Ciudad de México ante el aumento de invasión de áreas en la zona chinampera, considerada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En conferencia de prensa los habitantes aseguraron que, además de graves impactos en materia socioambiental, como contaminación, despojos, escasez de agua, hundimientos, extinción de especies, entre otras; la ocupación de suelos de conservación incluso ha acentuado la delincuencia en la zona.

“La manera de operar de estos grupos delincuenciales es llegar y de manera violenta ocupar los terrenos de labor; si los dueños reclaman son agredidos y amenazados de muerte. Los dueños no vuelven a recuperar sus tierras y luego las abandonan por miedo”, sostuvieron en un comunicado.

Pese a que durante años los habitantes han presentado recursos de denuncia ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y e incluso ante al menos las últimas tres administraciones federales y de la Ciudad de México, denuncian aún no tener respuesta y, por el contrario, han visto aumentar los casos de invasión, daño al patrimonio y violencia.

“Hemos acudido a diferentes instancias, desde la presidencia de la República hasta la Alcaldía y desgraciadamente no se ha hecho caso de nuestras peticiones. Hemos sido incluso golpeados, amenazados, hostigados. Sin embargo no hemos cesado en nuestra lucha”, dijo Elvia Solares, integrante del colectivo Vecinos de Nativitas Zacapan en Defensa de la Tierra y el Agua.

Los pobladores realizaron un llamado a autoridades a ejercer a la brevedad una serie de resoluciones administrativas emitidas por la propia Alcaldía xochimalca en administraciones anteriores, así como de la PAOT, que ordenan el retiro de este tipo de asentamientos irregulares y derribo de construcciones ilegales. Además, llaman al Estado Mexicano a apegarse a su responsabilidad de rescate, protección y conservación de la zona chinampera por los marcos internacionales a los que está sujeta.

“Ese polígono está incorporado en un decreto de declaratoria internacional de la UNESCO de 1987, en el año 2004 se declara como Sitio Internacional Ramsar y en 2012 la FAO lo declara como Sitio internacional Patrimonio Agrícola Mundial por sus características. A pesar de todas estas instrumentales jurídicas, Xochimilco está en un proceso de deterioro y colapso continuo por la creciente urbanización de sus predios tanto en la zona chinampera como en la montaña”, sostuvo Miguel Ángel Elizalde, representante legal del Concejo Ciudadano de Pueblos y Barrios Originarios de Xochimilco.

Consulta su denuncia completa aquí.

26 febrero, 2019

Conferencia: Convocan a integrar el Congreso Nacional Politécnico; anuncian movilización

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

Estudiantes, profesores, trabajadores invitan a la comunidad en general a estar atentos y a participar en los procesos del Congreso Nacional Politécnico, y a conformar la Asamblea de la Comunidad Politécnica donde estén representados los tres sectores.

Se exige que la mesa 5×5 deje de discutir el rumbo del Congreso y que las decisiones solo le correspondan a toda la comunidad politécnica.

Además, se informará sobre la movilización que el próximo 14 de marzo que se llevará a cabo y que partirá del Casco de Santo Tomás al Palacio Nacional, con la finalidad de exigir que fuerzas externas al IPN dejen de incidir.

Participan:

Integrantes de los Comités y Colectivos, Estudiantes, Profesores, y Trabajadores

Convoca:

Estudiantes, Profesores y Trabajadores de: Escuela Superior de Economía, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Azcapotzalco, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Culhuacán, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Ticomán, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas; Comité de Lucha de la Escuela Superior de Economía, Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico, Colectivo Rebeldía, Resistencia y Libertad, Colectivo de la Asamblea General Interna, Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN, Sección 11 SNTE – CNTE, Unión Sindical Politécnica y otras más.

La cita: Miércoles 27 de Febrero de 2019 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

25 febrero, 201925 febrero, 2019

Conferencia: Se pronuncian OSC ante violencia de género en Metro y CDMX; piden Alerta de Género

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

El Comité Alerta CDMX, integrado por colectivas, académicas e integrantes de la sociedad civil que dan seguimiento a petición de Alerta de Violencia de Género en la CDMX, presentan resultados de investigación sobre el contexto actual de violencia feminicida en la CDMX

También se hablará sobre propuestas para enfrentar la problemática en el marco de denuncias de presuntos intentos de secuestro en el Metro.

Participan:

Integrantes de el Comité Alerta de CDMX

Convoca:

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., A.C.

La cita: Martes 26 de Febrero de 2019 a las 10:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

20 febrero, 2019

Asesinan a defensor Samir Flores; piden que FGR atraiga el caso

Paola Ramos / Cencos

La mañana de este miércoles, 20 de febrero, el defensor Samir Flores Soberanes fue asesinado a balazos a las afueras de su domicilio, en la comunidad de Amilicingo, municipio de Temoac, Morelos, reportó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT-MPT)

“Alrededor de las 5 de la mañana, dos automóviles se estacionaron afuera de su casa y comenzaron a llamarlo hasta que Samir salió, se escucharon 4 disparos y dos de ellos ultimaron a nuestro compañero en la cabeza”, reportaron en un comunicado miembros del frente.

Samir era un indígena náhuatl fundador de una radio comunitaria y principal impulsor de la organización contra el Gasoducto Morelos y el Proyecto Integral Morelos (PIM), defensor de la autonomía de Amilicingo y de su territorio.

Este mismo miércoles el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, descartó en entrevista para Radio Fórmula que el asesinato del defensor estuviera relacionado con sus oposición a los megaproyectos, y dijo que la línea principal de investigación es una relacionada con la delincuencia organizada.

Ante los hechos, el FPDT-MPT exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso y usar como principales líneas de investigación los relacionados con grupos que le habían intimidado y amenazado con anterioridad y el propio gobierno federal, por ser omiso ante las advertencias de la situación.

“Nosotros lo que exigimos es que lo atraiga la Fiscalía General de la República y se pronuncien los organismos correspondientes para que se busque de inmediato a los responsables de este asesinato y se les castigue. Ya la denuncia está de oficio por ser un asesinato, pero es de un defensor de derechos humanos”, dijo en entrevista para Cencos Juan Carlos Flores, miembro del FPDT-MPT.

Agregó que la Fiscalía debería indagar en torno a dos líneas de investigación: una, relacionada con un grupo de choque, liderado por Humberto Sandoval -líder de la Central Campesina Cardenista en Morelos, quien, asegura, ha tenido respaldo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -que impulsa el PIM- y del Gobierno del Estado con el fin de dividir a las comunidades para favorecer el paso del gasoducto.

Una segunda línea sería enfocada al gobierno de la república, encabezado por Andrés Manuel López Obrador “porque esto se da en el contexto de la protesta contra el PIM y las presiones a nivel nacional que estamos teniendo para que ese proyecto se eche a funcionar”, sostuvo.

“Nosotros ya de por sí, desde el 11 de febrero, después de que López Obrador dio su discurso a cerca de la consulta y de que nos tachó de radicales de ultra izquierda y conservadores nosotros le advertimos al día siguiente cómo estaba la situación de proyectos, cómo se habían generado balazos en la Huexca a raíz de su posición como Presidente de la República de apoyar el PIM”.

Apenas este 19 de febrero, Samir Flores encaró a Hugo Erik Flores, superdelegado de López Obrador en Morelos, en el marco de un foro informativo sobre el PIM que se realizó previo al ejercicio de consulta impulsado por el gobierno federal.

Sus compañeros de lucha señalaron que ante el recrudecimiento de la violencia, analizarán solicitar medidas cautelares ante instancias internacionales para protección del FPDT-MPT, la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y del Campamento Zapatista de Apatlaco.

19 febrero, 2019

GALERÍA: Van por freno a desalojos forzosos en CDMX

Paola Ramos / Cencos

Los habitantes de la Ciudad de México cuentan ya con un marco legal para defenderse contra desalojos forzados: el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, publicada este 8 de febrero.

La Ley fue publicada en el marco de la entrada en vigor de la primera Constitución Política de la capital y fue impulsada por diversas organizaciones civiles y vecinales que se articularon frente al incremento de desalojos irregulares.

Entre otras cosas, el artículo 60 establece que los desalojos sólo podrán llevarse a cabo en casos excepcionales, deberá evitarse o minimizar el uso de la fuerza, indemnizarse a los afectados en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales, garantizarles un debido proceso y reubicar a personas sin recursos.

En conferencia de prensa, este martes, realizaron un llamado a las autoridades del nuevo gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum a hacer valer la nueva ley y con ello poner freno a los abusos de autoridades e inmobiliarias que atentan contra el derecho a la vivienda.

Te presentamos cuatro breves testimonios de capitalinos que forman parte de las agrupaciones vecinales que, junto con defensores y académicos, buscan poner un freno al desalojo irregular, a los abusos de lo que llaman “cártel inmobiliario” y a defender su derecho a vivir en una ciudad para todos.

“Vivo en Emiliano Zapata 68. El 5 de septiembre fui desalojada de mi departamento teniendo una revisión de amparo. Yo le había dicho a la actuaria que había una revisión pero ella me dijo que eso no importaba y que ya tenía que llevar acabo el desalojo. Llegaron con 300 policías la actuaria y los cargadores. Pero yo sigo en la lucha, y estoy… pero con mucho miedo”

“Soy habitante de la Colonia Roma Norte. En nuestro edificio sufrimos las amenazas de desalojo. Hemos visto que hay violaciones sistemáticas al debido proceso: no fuimos notificados (…) y el año pasado nos dijeron: ‘en cinco días tienen que desalojar’ y nos dimos cuenta de que hay un manejo de las escrituras turbio en el Registro Público de la Propiedad. Logramos un amparo para permanecer en unos meses y vamos a persistir en esta lucha”.

“Fui desalojada del predio Querétaro 122. Fue un desalojo violento, sin que nos hubiéramos enterado. La mayoría de los vecinos estábamos fuera, na’más había una niña de 13 años, a quien violentaron estos golpeadores. Y después vino la Fedapur (Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana) y puso sellos, indebidamente. Nosotros fuimos a las instancias legales, las cuales soslayan estas situaciones. Es toda una política de Estado que se desplace a la población más vulnerable hacia la periferia, porque los ricos, los inmobiliarios quieren los inmuebles”

En el predio de Turín 46 compartimos comunidades mazahuas y otomí. Somos afectados por la PGR, que en diciembre quisieron espantarnos para desalojarnos sin notificación. Dijeron que querían desalojarnos porque era un predio que estaba resguardado desde el 2012, entonces estamos en lucha para ver qué podemos lograr porque necesitamos una vivienda digna para nuestros hijos y para nosotros.

6 febrero, 20197 febrero, 2019

Defensores se opondrán a megaproyectos de 4T; fortalecen sus luchas

Texto e imágenes: Paola Ramos / Cencos

Este 5 de febrero, defensores se dieron cita para conjuntar esfuerzos ante continuación de megaproyectos en el gobierno de AMLO. Foto: Paola Ramos / Cencos

Oaxaca.- Defensores del territorio de 14 estados aseguraron que, pese al cambio de administración federal, ahora encabezada por Andrés Manuel López Obrador, la lógica de imposición de megaproyectos por sobre los derechos de los pueblos continúa en el país, por lo que no sólo seguirán luchando en defensa de los que ya buscaban establecerse, sino también por los de la llamada “Cuarta Transformación” como el Tren Maya y el Tren Transístmico.

Así señalaron los más de 300 defensores este 5 de febrero durante el Encuentro en Defensa del Territorio, los Bienes Comunes y los Derechos de los pueblos en México, en Santa María Atzompa, Oaxaca.

“El gobierno actual no está resolviendo las necesidades del pueblo y de las organizaciones sociales y, por el contrario, está generando megaproyectos que representan el despojo y una estrategia de depredación del territorio”, señalaron. “Por lo mismo, tenemos que seguir movilizándonos y articulándolos en un proyecto que realmente represente nuestras necesidades”.

Sobre estos proyectos, para los cuales se ha anunciado una inversión público-privada de hasta 150 mil millones de pesos, en el caso del Tren Maya; y de mil 100 millones de pesos para el Tren Transístmico; advirtieron que diversos pueblos y comunidades serán afectadas además de que el daño ambiental se agudizará al “abrir la puerta para su extractivismo y depredación”.

Defensores de estados como Durango, Sonora, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí y Ciudad de México plantearon la necesidad de articular a los diversos frentes de lucha en el país, que tienen por común resistir ante la imposición de proyectos inmobiliarios, turísticos, de transporte o de minería en sus territorios, violando sus derechos a la tierra, a la vida, a un medio ambiente sano, a la consulta, entre otros.

Plantearon que, aunque el nuevo gobierno presenta una visión de nación en la que les “hace creer que quiere lo mismo” que los pueblos, se trata de la continuación de proyectos neoliberales, por lo que hicieron un llamado a continuar con el freno a la entrada de empresas nacionales y trasnacionales a través del fortalecimiento de gobiernos autónomos, el rescate de saberes ancestrales, fomento y conservación de semillas criollas y producción orgánica, desarrollo de sistemas de autoconsumo, el rescate de bienes comunales, el fortalecimiento de la gestión de vivienda social y la conservación de los recursos naturales.

El encuentro contó con la participación de 49 organizaciones y agrupaciones en resistencia, así como con el acompañamiento de figuras como el pintor y activista Francisco Toledo y el investigador y editorialista Iván Restrepo.

Ver nota en México.com

31 enero, 201931 enero, 2019

Crean #HazmeValer, para exigir liberación de presos inocentes en Edomex

Paola Ramos / Cencos

Familiares de presos víctimas de fabricación de delitos en el Estado de México anunciaron la conformación de la coordinación #HazmeValer, que busca exponer a los gobiernos estatal y federal el caso de diversas personas encarceladas sin haber cometido delitos.

Acompañados por César y Óscar Hernández Neri, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), familiares de ocho presos pidieron a las instancias de procuración de justicia una revisión exhaustiva de los casos en los que, aseguraron, se encarceló a sus familiares sin que se comprobara su culpabilidad en los delitos imputados.

“La coordinación empezará a exigir a las instancias correspondiente que sean aplicada de manera correcta las leyes, sean revisados a cabalidad los procesos jurídicos y de proceso de nuestros familiares detenidos, que sean respetados los derechos humanos y sean liberados quienes fueran víctimas de construcción de delitos”, expusieron en conferencia de prensa.

Óscar Hernández, ex preso político, aseguró que la fabricación de delitos, con todas las violaciones de derechos humanos que implica, es un método recurrente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para favorecer intereses políticos, económicos y de imagen pública de funcionarios; con lo que no sólo dañan a quienes apresan injustamente, sino a sus familias y al tejido social.

“Es importante hacer notar a la sociedad que el sistema de procuración e impartición de justicia se está lavando las manos con inocentes. Su incapacidad, su baja facultad para encontrar a los verdaderos responsables de los delitos los obligan a inventarlos y ‘agarrar’ a quien está a la mano. El método que utiliza la Fiscalía y los juzgados es fabricar el delito y no respetar el derecho a la presunción de inocencia. Hacemos votos por respetar el debido proceso”, señaló el profesor.

#HazmeValer comienza con la denuncia de ocho casos concretos para los que exige a los gobiernos una revisión y reparación de daños. Los presos que, aseguran, son inocentes y se han mantenido encarcelados por varios años son Jacobo López, Raúl Palacios, Héctor Lemus, Ernesto Moranchel, Gerardo de Jesús Narváez, Gerardo de Jesús Cortez, Emmanuel Tarritos y Ángel Cornejo Velázquez.

29 enero, 201929 enero, 2019

Piden a AMLO liberar a defensores opositores a presa La Parota, en Guerrero

Paola Ramos / Cencos

El Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPPEG) realizó un llamado al gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a concederles una audiencia para exigir la liberación de 19 presos políticos detenidos por oponerse a la construcción de la Presa La Parota.

Desde 2003, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsa este proyecto hidroeléctrico, que pretende usar aguas de los ríos Papagayo y Omitrán para generar energía, afectando a pobladores de distintas comunidades de los municipios de Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos y Tecoanapa; además de un grave daño ambiental.

Al mismo tiempo, miembros de diversos ejidos y comunidades se organizaron para evitar la construcción del megaproyecto, lo que, denuncian, ha traído persecusión a los miembros del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) y la la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

“El estado y sus políticas neoliberales y aplastadoras de la vida y la libertad han emprendido una carnicería en contra de estos defensores”, sostuvieron.

En conferencia de prensa, señalaron que como resultado de un ataque de elementos de seguridad el pasado 7 de enero se han registrado diversos asesinatos de miembros, para quienes exigen justicia; así como el encarcelamiento de 19 miembros de estas organizaciones.

“Le pedimos públicamente a Andrés Manuel López Obrador que nos dé esta audiencia, que escuche a las familias de los presos políticos, a las viudas de nuestros compañeros (…) y que tienen que ser liberados prontamente. En el caso del gobierno del estado, por ser el principal provocador de toda la tragedia que ha sucedido con nuestro compañero (…) exigimos contundentemente la liberación pronta”, sostuvo en conferencia de prensa Kenia Hernández, miembro de la CRAC-PC.

Las organizaciones adelantaron que, de no ver liberados a sus presos a principios de febrero, realizarán manifestaciones dirigidas a los gobiernos federal y estatal para atender sus casos.

22 enero, 201923 enero, 2019

Denuncian asesinato de defensor en Oaxaca; ignoraron medidas de CIDH

Paola Ramos / Cencos

La tarde de este lunes, 21 de enero, fue encontrado sin vida el defensor mixteco de la tierra y territorio Bernardino García Hernández, habitante de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca, denunció el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).

En entrevista con Cencos, Rufino Benites, director jurídico del Centro, señaló que se presume que el asesinato pudo ser perpetrado por pobladores de la comunidad de San Sebastián Nopalera, que disputa ya desde hace al menos una década, y con métodos violentos, la propiedad de las tierras del poblado de Zimatlán.

“Este conflicto ya tiene muchos años. Esto se recrudeció en 2009 y a partir de ahí se ha venido dando una serie de sucesos que han dado lugar a que las instituciones intervengan, sin embargo no lo han hecho, el gobierno mexicano ha sido omiso”, dijo el director jurídico.

Debido a este conflicto, el pasado 4 de agosto de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los habitantes de esta comunidad por las que el Estado mexicano debía garantizar el cuidado de la integridad de sus habitantes, la remoción de factores de riesgo y otorgar seguridad jurídica sobre la posesión de las tierras en la comunidad de Zimatlán.

“Esto (al asesinato del defensor) sucedió aún con la medida cautelar de la CIDH. Es lamentable que sigan sucediendo estos hechos. Tenemos desaparecidos, tenemos varios homicidios en esa zona debido a ese conflicto y las autoridades de ninguna manera han logrado ni el esclarecimiento de los casos ni mucho menos brindarle seguridad a los pobladores”, sostuvo Rufino Benites, de Cedhapi.

El defensor instó al gobierno mexicano a cumplir con las medidas cautelares emitidas por la CIDH, atender integralmente el caso de Zimatlán y a realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables no sólo del asesinato de Bernardino García, sino con otras víctimas de agresiones, desaparición y asesinato en la comunidad.

“Bernardino es ejidatario legalmente reconocido de la comunidad. Él ha sido, fue reconocido como defensor; de esos abogados descalzos que sin tener un título siempre luchó por los derechos de su pueblo, por la defensa de su territorio, de sus recursos, de su gente”, concluyó el miembro de Cedhapi.

11 enero, 201911 enero, 2019

¿Por qué los defensores dicen NO a la Guardia Nacional?

Paola Ramos / Cencos

Esta semana la Cámara de Diputados realizó una serie de audiencias públicas para discutir un dictamen aprobado por los diputados que propone la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de elementos de seguridad que sería entrenado y operado por el Ejército, aunque plantea algunos elementos para ser coordinada por entes civiles.

Esta Guardia Nacional fue propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir la criminalidad en el país pero durante estas audiencias defensores de derechos humanos, investigadores, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso el mismo representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtieron que esa no es una buena estrategia, pues perpetúa la militarización de nuestro país y nos hace vulnerables a más casos de violaciones a derechos humanos como desapariciones, torturas, impunidad en investigaciones, a manos de marinos y soldados.

Resumimos aquí algunas de las razones por las que, según sus análisis, la Guardia Nacional propuesta en el dictamen que será discutido por legisladores podría resultar, en realidad, contraproducente en la búsqueda de paz en nuestro país:

Podría acentuar violaciones a derechos humanos

Según lo expuesto por Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, si bien es cierto que este tipo de violaciones no son cometidas sólo por fuerzas militares, sí se ha comprobado mediante estudios académicos que cuando estas intervienen en tareas de seguridad aumentan los muertos y desaparecidos frente a la cantidad de detenidos y procesados. Esto, porque no están adiestradas para tareas de seguridad pública (como patrullar, proteger y controlar civiles, prevención del delito) y mucho menos de investigación.

Tendría mando militar los primeros 5 años

Según el dictamen hasta ahora aprobado por diputados, la Guardia Nacional tendrá una dirección a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) durante sus primeros cinco años de implementación y luego estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Esto, según Jan Jarab, miembro de la ONU, “trastoca la línea inmediata de autoridad civil” y es contraria a disposiciones internacionales como es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que señala que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar reservados a cuerpos policiales civiles y las Fuerzas Armadas deben usarse solo de forma excepcional y temporal para estas tareas.

Da facultades a la jurisdicción militar para juzgamientos e investigación de delitos

El mismo Jarab señaló que con la Guardia Nacional, los militares podrán investigar delitos sin que esto esté debidamente controlado por la autoridad civil: “Los estándares internacionales restringen la competencia de la jurisdicción militar no solo al juzgamiento, sino también a la investigación de los delitos.” El investigador Julio Ríos Figueroa agregó que además el dictamen no establece con claridad su papel secundario en las tareas de investigación.

No se establecen mecanismos de rendición de cuentas

Según el doctor en ciencia política Julio Ríos Figueroa, la iniciativa de creación de la Guardia Nacional mantiene un extrema autonomía y falta de rendición de cuentas que ha caracterizado históricamente a las Fuerzas Armadas. Esto hace necesario que, si se recurrirá a ellas para tareas de seguridad pública la enconmienda debe ser estrictamente controlada por autoridades y grupos civiles, lo cual, como hemos explicado, no está contemplado, al menos por los primeros cinco años de su implementación.

La propuesta de dictamen es innecesariamente complicada

Alejandro Hope, director de Menos Crimen, Menos Castigo y doctor en ciencia política sostiene que el gobierno y legisladores optaron por una ruta innecesariamente complicada para tan sólo resolver la necesidad de contar con apoyo militar en el corto plazo. Para el académico el arreglo propuesto es complejísimo en el punto de vista administrativo:

“Implica homologar rangos, sueldos, prestaciones y regímenes de seguridad social de instituciones militares y civiles, que como saben, tienen naturalezas muy distintas. Implica cohesionar fuerzas con culturas organizacionales muy distintas. Implica transferir 38 mil elementos de la Policía Federal y 10 mil elementos de la Policía Naval a la Sedena. Y luego, en cinco años, regresar a todo ese personal, más 35 mil elementos de la Policía Militar, más los reclutas que se sumen en el camino, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, expuso.

Desde que comenzó el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, la violencia en el país se ha disparado, por lo que esta no parece la forma idónea de lograr seguridad. Estas preocupaciones se agudizan por la pretensión de consagrar el modelo en la Constitución.

Jan Jarab, ONU-DH