Posicionamiento del MNDM por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

Imagen: MNDM

 

Movimiento por Nuestros Desaparecidos México

  • Recordamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno que tienen un mandato popular al cual aún le queda cerca de un año de trabajo, por lo que no deben abdicar de sus responsabilidades sino fortalecer los canales de diálogo y participación efectiva y sustantiva de las familias y la sociedad. 
  • Los intentos oficiales por minimizar la crisis de desaparición de personas confirman la distancia en la relación del gobierno con las familias de personas desaparecidas y sus colectivos.
  • Este distanciamiento oficial resulta particularmente grave en el contexto de una profundización de los riesgos para la seguridad e integridad de las personas buscadoras y la permanencia del problema de la desaparición.  

La agenda pública en torno a la innegablemente grave realidad que habitamos, en donde la desaparición es un problema generalizado y cotidiano, llega la conmemoración de este Día Internacional con una injusta incertidumbre ante los intentos oficiales por minimizar la crisis de la desaparición. 

La relación de este gobierno con las víctimas se fue volviendo paulatinamente distante, como lo hemos constatado desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y  muchas otras plataformas de víctimas, todas hermanas del mismo dolor. Hemos vivido la reducción de espacios de participación sustantiva y el enfriamiento del diálogo, lo cual obstaculiza la participación de las familias y colectivos en las estrategias institucionales.

Promesas pendientes de cumplirse e incluso ejercicios revictimizantes como el mal llamado “censo” que de manera insensible parece mandar el mensaje de que quienes buscamos personas desaparecidas en México exageramos o mentimos. Este distanciamiento oficial resulta además particularmente grave en el contexto de una profundización de los riesgos para la seguridad e integridad de las víctimas y una persistencia de las desapariciones que es abrumadora.

Por lo cual desde el MNDM, aprovechamos esta conmemoración para expresar unbalance ante la actual administración federal. Si bien reconocemos algunos avances formales en la implementación de las distintas instancias derivadas de la Ley General de Desaparición, hemos sido testigos de cómo su construcción y continuidad no han privilegiado una relación cercana con las víctimas, sino la legitimación de las estrategias impulsadas desde el Estado. 

Los 86 colectivos de familias de personas desaparecidas, de México y Centroamérica, que conformamos al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México también hacemos nuestra la lucha y las exigencias de los colectivos de Centroamérica para la creación de  leyes en sus países.Las mariposas que son el emblema de nuestra campaña de este año nos hermanan en la búsqueda sin fronteras. 

En este Día Internacional de las víctimas de desaparición forzada, nuestro posicionamiento es, como siempre, una exigencia por la pronta localización  de nuestras personas desaparecidas. De manera particular queremos llamar la atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno para recordarles que tienen un mandato popular al cual aún le queda cerca de un año de trabajo, por lo que les hacemos un llamado a cumplir con sus responsabilidades para con las víctimas de las desapariciones  en este país. 

Con lo nombrado anteriormente y ante la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que refleja 111,049 personas desaparecidas en México y con una crisis institucional que se agudiza con la ausencia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

 

Ver posicionamiento completo del Movimiento por Nuestros Desaparecidos México por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Ver conferencia de prensa del MNDM

Amenaza de desalojo en Ostula tras asesinato de Lorenzo Froylán

Imagen: Twitter @RedTDT

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)

Ciudad de México, 15 de agosto de 2023

La comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, podría ser despojada de su territorio autónomo. En el contexto del reciente y violento asesinato de Lorenzo Froylán las amenazas no cesan. La comunidad de Xayakalan fue notificada sobre la ejecución de un desalojo de alrededor de 700 hectáreas de tierra. Esta decisión fue comunicada por el Tribunal Unitario Agrario 38, a cargo del magistrado Jesús Antonio Frías Cardona. La comunidad denunció  que con esta acción se favorece a grupos criminales en la región. 

La notificación se realizó el 11 de agosto, un día después de que se localizó el cuerpo torturado y sin vida de Lorenzo Froylán, integrante de la Guardia Comunal. Sin embargo, el documento está fechado el 23 de junio dentro del expediente 78/4 a favor de “supuestos pequeños propietarios”, señala la comunidad que se declara en alerta y en defensa de su territorio comunal. 

Michoacán es particularmente violento para el ejercicio de la defensa de la tierra y el territorio. Las personas defensoras ambientales se enfrentan a una serie de agresiones sistemáticas como desplazamiento, desalojo, asesinato, amenazas, desaparición forzada.

La Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) documentó que el 6 de septiembre de 2022, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, emitió un mensaje de amenaza de desalojo al afirmar que estaba empeñado en “dejar a Michoacán libre de barricadas que aparte de ser ilegales obstruyen el libre paso de los ciudadanos”, haciendo énfasis en el municipio de Aquila, en donde está ubicado Ostula.

Durante la historia de autonomía de Santa María Ostula, se contabilizan 40 personas defensoras asesinadas y 5 personas desaparecidas, sin que exista un proceso de justicia, reparación ni cese a las agresiones. El discurso gubernamental ha contribuido a criminalizar este proceso organizativo y deja un mensaje de impunidad para el goce de los grupos criminales. 

Desde la Secretaría Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) señalamos nuestra preocupación ante la arbitraria decisión emitida por el Tribunal Agrario, que atenta contra la comunidad nahua, poniendo en riesgo la vida, la seguridad física, y el ejercicio mismo de la autonomía y libre determinación.  Esta órden es violatoria del derecho a defender derechos humanos, así como del acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo que contiene el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios. 

Por lo que instamos a las autoridades agrarias, Estatales y Federales: 

  • Que se adopten las medidas necesarias que garanticen el ejercicio del Derecho de audiencia, seguridad jurídica, debido proceso con perspectiva y enfoque  intercultural y comunitario, apegado a los más altos estándares internacionales.
  • Se ponga fin a cualquier acto de desalojo, hostigamiento, amenaza o ataque que ponga en riesgo la vida, la seguridad física, de las personas que conforman la comunidad y ejercen su derecho por la defensa del territorio. 
  • En todo momento garantizar el respeto para la construcción de acuerdos y búsqueda de soluciones, y evitar el uso de la fuerza pública o la violencia. 

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Comunicado: CIDH y ONU Derechos Humanos llaman a los Estados a garantizar el acceso a la justicia de personas defensoras víctimas de violaciones

Imagen: Twitter @ONUDHmexico

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)/Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos)

Bogotá / Ciudad de Guatemala / Ciudad de México / Ciudad de Panamá / La Paz / Lima/ Tegucigalpa / Santiago de Chile / Washington D.C. (10 de agosto de 2023) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las presencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) en América Latina expresan preocupación por la persistencia de la impunidad en las violaciones cometidas contra las personas defensoras en relación con su labor e instan a los Estados a prevenir, investigar, sancionar y reparar estas violaciones con el fin de garantizar el pleno y libre ejercicio del derecho a defender derechos humanos.

Las personas defensoras cumplen un rol fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos y en la construcción de sociedades más justas, equitativas y respetuosas de la dignidad. Su labor es esencial tanto para visibilizar las violaciones como para abogar por medidas administrativas y legislativas que salvaguarden los derechos y promover el acceso a la justicia. Sin embargo, ellas se enfrentan con frecuencia a amenazas, intimidación, hostigamiento, discursos estigmatizantes, difamación, actos de violencia, y asesinatos como consecuencia de su labor de defensa.

La CIDH y ONU Derechos Humanos reconocen los esfuerzos que algunos Estados de la región han realizado para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones a través de la creación de fiscalías especializadas y protocolos para la investigación de casos de homicidios, amenazas y ataques en contra de personas defensoras, en conformidad con los estándares internacionales en la materia.

La CIDH recibió información de al menos 126 asesinatos de personas defensoras en el 2022, mientras que en el primer cuatrimestre del año en curso ya son 33 asesinatos. Es de especial preocupación, que en algunos países de la región la impunidad en los casos de asesinatos de personas defensoras sea superior al 90%.

La impunidad perpetúa la violencia y la represión, propiciando un clima de temor, desprotección e indefensión en las víctimas, sus familiares y comunidades al quedar en una situación de absoluta vulnerabilidad y riesgo frente a ataques y violencia. Adicionalmente, cuando los responsables de violaciones de derechos humanos no son investigados, enjuiciados y sancionados se generan efectos adversos para el ejercicio de la defensa de los derechos.

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Comunicado: A 8 años del multifeminicido y homicidio de la “Narvarte” honramos la memoria y seguimos exigiendo justicia

Foto: ARTICLE 19

 

ARTICLE 19 MX-CA

Ciudad de México, a 31 de julio de 2023.  Hoy, como desde hace 8 años, recordamos y exigimos memoria, verdad y justicia para Alejandra Negrete Áviles, Mile Virginia Martin, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril.

Ese fatídico viernes 31 de julio de 2015, hoy sabemos que 3 hombres ingresaron al departamento 401 de Luz Saviñón 1909 en un operativo coordinado por otras dos personas que acompañaron de cerca en todo momento a los autores materiales, apoyándose con una red de comunicación con por lo menos 10 personas, con el objetivo de asesinar a nuestros seres queridos. Por ocho años las familias y litigantes hemos resistido e incidido en que las autoridades cumplan con su labor de agotar todas las líneas de investigación y dar con todos los responsables, tanto materiales como intelectuales del crimen.

A finales del 2020, más de cinco años después de los hechos, la defensa de las familias y víctimas obtuvimos copia de la Averiguación Previa en cumplimiento a una orden judicial. Sin embargo, fue solo hasta diciembre del 2021 y octubre del 2022 que tuvimos acceso a nueva evidencia que ayuda a entender el caso. Esta información, cabe destacar, estaba en manos de las autoridades desde el inicio de la investigación. Así, ahora tenemos información sobre diligencias iniciales y videos que muestran parte del trayecto de algunos de los perpetradores cuando llegaron y dejaron el edificio de la Narvarte. Esta información fue procesada y analizada junto con un grupo de expertos, y con ello hoy sabemos que:

  • Hay por lo menos dos personas más que acompañaron a los otros 3 hombres que ingresaron al departamento quienes para la Procuraduría y ahora Fiscalía no existían pues nunca condujeron diligencias para verificar información. 
  • Conocemos ahora, que para que el crimen se cometiera se realizó un operativo con apoyo de una red de comunicación en la que participaron por lo menos 10 individuos. Pero, debido al tiempo transcurrido, evidencia y datos (por ejemplo sábanas de llamada) se han desvanecido, perdiendo datos que pudieran dar con la identidad de cada una de las personas que participaron. 

A ocho años, seguimos sin saber por qué fueron asesinadas Nadia, Yesenia, Mile, Rubén y Alejandra. Seguimos sin saber quién mandó a que las y lo mataran. Además, seguimos esperando respuestas sobre por qué la investigación fue entorpecida. ¿Qué intereses se protegieron y se siguen protegiendo? ¿Por qué se obstaculiza la justicia y se oculta la verdad?

Después de ocho años del crimen, por lo menos 70 periodistas más han sido asesinados en vínculo con su labor y en promedio, 11 mujeres son asesinadas en México cada día. Las autoridades entonces le han fallado no solo a las familias de las víctimas de este caso, sino a la sociedad mexicana. Gobiernos de diferentes partidos han prometido que habría justicia, pero lo que ha mostrado este caso y sobre todo el actuar de las autoridades, es que la impunidad en México es sistemática, y que las redes detrás de los crímenes operan independiente de quién esté en un cargo.

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Comunicado: La denuncia del juicio político contra Ministrxs de la Corte revela fragilidad democrática en MéxicoComunicado Denuncia Juicio Político

Imagen: Twitter @CMDPDH

 

Eva Avilés/Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)

Ciudad de México, a 20 de julio de 2023. El día de ayer, un grupo de diputados federales presentaron una denuncia de juicio político contra ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta denuncia es un ejemplo más de las intenciones del gobierno por desdeñar el principio de división de poderes y consolidar el consecuente retroceso democrático en el país. 

Lo anterior se inserta en un contexto en el que el Presidente de la República ataca, constantemente, a quienes cataloga como sus opositores utilizando el espacio público de conferencias conocido como “La Mañanera”, mismo en el que se estigmatiza a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Desde esa tribuna, Andres Manuel López Obrador ha arremetido contra la Ministra Presidenta de la SCJN, y denostado las voces de quienes le cuestionan su proyecto político. 

El ataque sucedido ayer hacia el poder judicial refleja un proceso de desgaste democrático en el país que va de la mano de decisiones arbitrarias relacionadas con la militarización y el militarismo, una de las mayores preocupaciones para la democracia en México. Las Fuerzas Armadas han señalado públicamente que tienen “una lista de jueces” que se oponen a sus intereses, además participan en tareas que tradicionalmente han estado reservadas a los civiles y cuentan con un mayor poder económico y político.

El bloque del partido en el poder y la Presidencia de la República han embestido a otros organismos constitucionales autónomos: ha obstaculizado la labor del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esto ha sido así puesto que el Senado ha incumplido deliberadamente con su obligación de designar a las y los comisionados del INAI, pese a ser algo necesario para su correcta operación. Cabe mencionar que esta denuncia de juicio político ocurre una semana después de que la SCJN desechó un proyecto de la Ministra Ortiz Ahlf, que refiere a la controversia constitucional interpuesta por el INAI por la omisión de nombramiento de comisionados, en el que la Ministra señaló que no existía tal omisión. Una mayoría de ocho ministras y ministros votaron en contra y señalaron la omisión del Senado en hacer los nombramientos respectivos.

Asimismo, el gobierno ha proferido un sin número de ataques contra el Instituto Nacional Electoral (INE). Las arremetidas del presidente contra el INE han sido constantes desde que tomó posesión del cargo; sin embargo, se incrementaron notablemente a partir de 2022, cuando, a los ya constantes ataques personales hacia 2 entonces consejeros del INE -entre ellos el consejero presidente-, se sumó una estrategia jurídica para debilitarlo y reformar de forma drástica el sistema electoral mexicano.

Las políticas de simulación gubernamental no deben distraernos de la realidad: la existencia misma de nuestra democracia está en riesgo. En ese sentido, condenamos la denuncia de juicio político contra las y los ministros de la SCJN, y hacemos un llamado a que se respete su independencia judicial.

 

Contacto de prensa: Eva Avilés, comunicacion1@cmdpdh.org

 

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Comunicado: Organizaciones, medios de comunicación y periodistas rechazan discurso estigmatizante de Gobernador de San Luis Potosí

Imagen: Twitter @article19mex

 

ARTICLE 19

Ciudad de México, a 19 de julio de 2023.-  ARTICLE 19, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), Educación y Ciudadanía, A.C. y la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí, así como periodistas abajo firmantes rechazamos los discursos estigmatizantes emitidos por Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, a través de los cuales se acusa a la prensa de “atacar” a su administración y refiere que a él “le gusta ver sangre”.

El pasado 29 de junio, el gobernador criticó la cobertura y difusión de la muerte de un trabajador en la construcción de la Arena Potosí, una obra gestionada por su administración. En un evento público, el gobernador expuso:

Hay a quienes les interesa más el que se murió en una obra, imagínense, qué méndigos son, mientras que el pueblo que se friegue, pero son poquitos ya, porque hasta eso, los medios serios, pues son serios, pero hay uno que otro portalito que, como no se les paga, y antes les pagaban, la maldita herencia, pues hoy están chingue y chingue. ¿apoco no?  […] pero no le vamos a quitar una beca a una familia, un apoyo en efectivo a un adulto mayor o a una madre soltera por pagarle a esos cabrones. Mejor que sigan chingando. ¿Están de acuerdo? Entonces si no, ¿con qué nos divertimos? Necesitamos diversión. Lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, ver arder el mundo.

Preocupa de sobremanera que en un país donde se agrede a la prensa en promedio cada trece horas según los registros de ARTICLE 19, las autoridades en vez de cumplir con sus obligaciones de prevención y protección a la prensa generen discursos que les estigmatizan y aumentan los riesgos de sufrir más violencia.

Esta no es la primera vez que el gobernador emite este tipo de discursos. En una entrevista del 7 de junio, al ser cuestionado por la falta de transparencia de varios contratos sobre obras públicas del gobierno del estado, Gallardo respondió que no los publicaban porque hay que darles carnita [a los medios de comunicación] y añadió:

[…] yo prefiero que los medios nos ataquen porque no les hemos enseñado quien hizo ese asfalto, o porque nos tardamos 20 días más en hacer esa calle, porque los puentes de la Rioverde no hemos acabado … prefiero que nos ataquen por eso y no como anteriores que no se hacía nada [SIC]

Según dos testimonios entrevistados por ARTICLE 19, cuyos nombres se reservan según su petición, existe un patrón de intolerancia por parte del funcionario de responder a preguntas críticas en donde evita responder a la pregunta y estigmatiza al mensajero. Uno de los entrevistados indicó: El gobernador interrumpe las preguntas, desestima los temas que queremos tratar, y en últimas fechas ha comenzado a acrecentar su discurso contra nosotros, que somos prensa conservadora; intenta decir quién es “prensa real” y quién no.

Las organizaciones, medios y periodistas abajo firmantes urgimos al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a recordar que el cuestionamiento de las acciones de alguna administración no constituyen ataques, sino parte del ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información ejercido por las y los periodistas de la entidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que, como parte de sus obligaciones al ser funcionario público, requiere no sólo que se abstengan de realizar  declaraciones  que  expongan  a  periodistas  y  trabajadores  de  medios  de  comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia, sino también que reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor  periodística,  aun  cuando  la  información  difundida  pueda  resultar  crítica,  inconveniente  e inoportuna para los intereses del gobierno.

De la misma forma, en cuanto a sus negativas a hacer públicos aquellos contratos de su administración, le recordamos que la transparencia y el acceso a la información pública no está a consideración de quienes gobiernan, sino que es un derecho de la prensa y la ciudadanía, protegido tanto en la normativa Mexicana a través de la Constitución, la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, así como en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del estado de San Luis Potosí.

En vista de lo anterior, las organizaciones y periodistas firmantes exigimos al Gobernador de San Luis Potosí:

  1. Abstenerse de emitir aquellos discursos los cuales estigmatizan a la prensa y pueden colocarle en un riesgo mayor en un contexto ya violento a nivel nacional,
  2. Genere una política pública integral de prevención y protección a la prensa con el objetivo de resguardar el derecho a la libertad de expresión
  3. Cumpla con sus obligaciones de transparencia enmarcadas en la normativa nacional y estatal.

 

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

ARTICLE 19 – Oficina para México y Centroamérica

Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC)

Educación y Ciudadanía, A.C.

Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí

FIRMAS A TÍTULO PERSONAL:

Abelardo Medellín Pérez

Adriana Ochoa, Pulso diario de San Luis

Alejandro Jorge Rubín de Celis Monteverde.

Alexandro Roque, escritor y periodista

Arturo Galván Salinas, S.L.P. México

Carlos Alejandro Rubio Moreno, Astrolabio Diario Digital, SLP.

Fernando Pérez Rojas San Luis Potosí

Guillermina Ávila

Jesús Ramírez Jurado / Emisor MX

Jesús Rogelio Córdova Nava, San Luis Potosí

Laura Viadas

Margarita López

María Isabel Medrano Vázquez, La Alcantarilla

María José Puente Zavala | San Luis Potosí

María Ruiz, periodista, San Luis Potosí

Raquel Báez Tobías S.L.P. S.L.P.

Raquel Pérez Mendoza

Rebeca Hernández Guevara

Rubén Pacheco, San Luis Potosí

Ruth Salazar

San Luis Potosí Ana

Víctor Martínez Huayek

 

Nota para prensa

Para más información, favor de escribir a comunicacion@article19.org 

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

 

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México, a tiempo para evitar crisis por desplazamiento forzado: Relatora de la ONU

Foto: Diana Hernández Gómez

 

Diana Hernández Gómez/Cimacnoticias

Ciudad de México.- En México hay cerca de 386 mil 197 personas víctimas de desplazamiento forzado. Esta cifra de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) no permite ver cuántas de estas personas son defensoras de derechos humanos o periodistas; esto lo dio a conocer Paula Gaviria Betancur, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la ONU, durante un conversatorio sobre la situación de personas y comunidades defensoras de derechos humanos y periodistas en condición de desplazamiento forzado interno en México, celebrado este 11 de julio.

Gavira Betancur, conoce esta situación y advirtió que pese a la urgencia que estos casos representan en México, el país aún está a tiempo para evitar que el desplazamiento forzado llegue a un estado crítico como ha sucedido en Colombia, la Relatora recordó que su antecesora Cecilia Jiménez-Damary, redactó un informe respecto a esta problemática en el país.

En dicho informe —recuerda Paula Gaviria— se reconoció que los factores causa del desplazamiento forzado son múltiples y tienen impactos particulares dependiendo de los contextos de las víctimas. En el caso particular de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las razones del desplazamiento suelen estar relacionados con su trabajo, el cual puede verse autocensurado luego de que las y los defensores o comunicadores se vuelven blancos de amenazas y hostigamiento.

 

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Consultar publicación “Personas y comunidades defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México” 

Organizaciones, personas defensoras de derechos humanos y periodistas alertan sobre clima hostil contra la prensa en Chiapas

EspacioOSC

Ciudad de México, a 20 de junio de 2023.- Las organizaciones, redes de periodistas, medios, personas defensoras de derechos humanos y periodistas abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por el clima hostil contra la prensa en el estado de Chiapas derivado del clima de violencia que se vive en diversas regiones de la entidad, principalmente por hechos relacionados con acciones de grupos armados y del crimen organizado. 

Entre los hechos más recientes, se encuentra la colocación de mantas con mensajes intimidatorios contra la prensa en el municipio de Frontera Comalapa. Ante estas situaciones, las organizaciones llamamos al gobierno del estado de Chiapas a que se coordine con el gobierno federal para generar medidas preventivas y de protección contra la prensa.

El primero de junio la prensa reportó que presuntos integrantes de la delincuencia organizada colgaron mantas en cuatro puentes peatonales en el municipio de Frontera Comalapa, en donde se afirma que la prensa está siendo llevada por el ejército a cubrir  en zonas de riesgo. Estas mismas mantas reaparecieron el pasado 10 de junio.

Asimismo, al menos tres periodistas entrevistados por las organizaciones firmantes, cuyas identidades se reservan por seguridad, reportaron  amenazas, mensajes intimidatorios y otras situaciones de riesgo en el estado: Hay una situación generalizada en el estado, ahora fue en Frontera Comalapa, pero hay en otras zonas episodios de violencia vinculados a presuntos grupos de la delincuencia organizada y otros grupos armados que nos colocan en riesgo en nuestras coberturas.

Las comunicaciones y agresiones documentadas son parte de una estrategia de intimidación presuntamente de estos grupos que busca censurar a la prensa y la orilla a dejar de cubrir zonas o temáticas en específico, violentando su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Según información pública, particularmente en la zona fronteriza, la entidad ha experimentado un agravamiento en las dinámicas de seguridad debido a la presencia de algunos cárteles como el cártel del Pacífico y Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de otros grupos transfronterizos como Los Huistas y la Mara Salvatrucha. 

En el 2022, la organización ARTICLE 19 documentó 31 agresiones contra la prensa en Chiapas, un promedio de 2.5 al mes, lo cual es el número más alto de agresiones documentadas en el estado desde que la organización documenta la violencia contra la prensa. Esto colocó a la entidad federativa en el noveno puesto de agresiones contra periodistas y medios en el país. Dado que 1 de cada 3 de las agresiones en Chiapas en el 2022 fueron directamente perpetradas por grupos de delincuencia organizada, esta violencia representa una grave alerta para el ejercicio periodístico en Chiapas. Asimismo, la organización alerta que el año pasado se duplicaron las agresiones contra la prensa en el país, pasando de 42 a 86 casos documentados.

Por su parte, Comunicación e Información de la Mujer A.C. ha documentando durante esta administración que las mujeres periodistas son sujetas a atentados cuando realizan investigaciones sobre seguridad o informan de actos de violación a derechos humanos en contra de personas migrantes y movimientos sociales, particularmente en las comunidades donde hay presencia del crimen organizado. El impacto de la violencia sociopolítica en el contexto de la labor de las periodistas se ejerce porque no hay garantías de  protección ni de acceso a la justicia, lo cual ha ocasionado el desplazamiento de por lo menos dos periodistas en esta entidad.

Las organizaciones firmantes recordamos a las autoridades que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado Mexicano tiene  la  obligación  de  adoptar  medidas  para  prevenir  la  violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y proteger ante situaciones de riesgo elevado, aún cuando el Estado no es el perpetrador de éstas: En  aquellos  países  o  regiones  en  las  cuales  los  y  las  periodistas  se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra este  grupo  de  personas,  el  Estado  tiene  una  responsabilidad  reforzada  en  sus  obligaciones  de  prevención  y protección.

En vista de lo anterior, las organizaciones, redes de periodistas, medios, personas defensoras de derechos humanos y periodistas firmantes exigimos al gobierno del estado de Chiapas:

  • Se coordine con la Secretaría de Gobernación, particularmente con la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas para tomar medidas preventivas y reducir el riesgo que vive la prensa en la entidad. 
  • Construya acciones de prevención como la emisión de alertas tempranas en las entidades que presentan un incremento de frecuencia e intensidad en los atentados contra periodistas por parte de grupos de crimen organizado, así como la falta o poca capacidad de reacción de las autoridades locales.
  • Asimismo, ante la complejidad de actores y violencia en zonas de conflicto, las organizaciones firmantes llamamos a generar una política pública integral de prevención y protección a periodistas. 

Organizaciones y redes defensoras de derechos humanos: ARTICLE 19 – Oficina México y Centroamérica, Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), Aluna Acompañamiento Psicosocial, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC, Centro de Estudios Indígenas Xojob Lum AC, Centro Solidario Tsomanotik, Comité de víctimas 9N/Cancún Q. Roo, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Cooperativa Taller Hormiga, El Rebozo, Cuidado de la Vida y los territorios, Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Iniciativa Sinaloa AC, Red Nacional de Defensoras de DH en México, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT), Red Solidaria de Derechos Humanos A.C.Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI, Veredas Psicosociales A. C.

Redes de periodistas y medios:

Alianza de Medios de la Red Periodistas de a Pie, Amapola/Guerrero, Colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato, El Muro MX, Istmo Press/Oaxaca, La Marea/Veracruz, Lado B/Puebla, Letra Fría, Macollo Red de Medios de Independientes de Jalisco, Mujeres Periodistas de Chiapas, Noroeste/Sinaloa, Página 3/Oaxaca, Perimetral Press, Raíchali/Chihuahua, Red Baja California Sur de Periodistas, Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, Red de Mujeres Periodistas de Oaxaca (RedMPO), Red de Periodistas de Quintana Roo, Red de Periodistas del Noreste de México, Red de Periodistas Guerrerenses con Visión de Género, Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, Red Nacional de Periodistas, Red Periodistas de a Pie, Red Puebla de Periodistas, Revista Espejo/Sinaloa, Somos Periodistas (Yucatán), ZonaDocs

Periodistas y personas defensoras de derechos humanos: Adrian López, Alejandra C.Parás, Antonio Mundaca, Arnoldo Cuéllar / PopLab, Aura Silva Aragón, Beatríz García, Carmen Aggi, Claudia I. Espinosa Díaz, Dalia Souza, Darwin Franco, Diana Manzo, Ernesto Aroche, Gladys Navarro, Jade Ramírez / Jalisco, Jaime Armendáriz / Chihuahua, Karen Rojas Kauffmann, Mario Andrés Hurtado, Marcos Girón Hernández, Maria Elena Garcia Oronzor, Patricia Mayorga Ordóñez, Paulina Ríos, Pedro Matías, Rodrigo Soberanes, Susana Rodríguez / Jalisco.

 

Contacto para medios:

Espacioosc@gmail.com +52 444 4340797

 

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Organizaciones de derechos humanos solicitan reunión urgente con el Gobernador de Puebla para abordar la situación de violencia en contra de periodistas y personas defensoras en el estado

EspacioOSC

 

SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA

GOBERNADOR DE PUEBLA

PRESENTE

Ref: Solicitud de reunión

Puebla, Pue., a 7 de junio de 2023

Reciba un cordial saludo por parte de las organizaciones de derechos humanos firmantes. Le escribimos esta carta abierta para reafirmar nuestra disposición de mantener un encuentro con usted y su equipo de trabajo, en particular con el Secretario de Gobierno, Julio Huerta Gómez, y con el titular de la Fiscalía General del estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, para compartir nuestras preocupaciones sobre la situación que enfrentan las personas periodistas, medios de comunicación, personas defensoras y organizaciones de derechos humanos en la entidad, así como poder intercambiar con usted las recomendaciones que consideramos pueden ser pertinentes para que su gobierno atienda de manera urgente las demandas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sus familias y comunidades. 

En Puebla, por años consecutivos hemos denunciado las agresiones que han sido cometidas durante varias administraciones en contra de personas defensoras y periodistas, y hemos presentado reiteradamente recomendaciones para abonar a poner fin a esta crítica realidad. Lastimosamente la situación de violencia persiste y amerita una respuesta contundente de los más altos niveles de gobierno, comenzando precisamente por la figura del Gobernador. 

Ante eso, nos preocupa los últimos hechos de violencia acontecidos en la entidad. En particular el homicidio en contra de Marco Aurelio Ramírez Hernández, en el municipio de Tehuacán, ocurrido el 23 de mayo del presente año, y el ataque con arma de fuego el domingo 28 de mayo en contra del periodista y defensor de derechos humanos Pedro Alonso Benitéz, director de Proyecto 5, cometido en su domicilio ubicado en el municipio de San Martín Texmelucan. 

Las organizaciones firmantes externamos nuestra preocupación sobre estos recientes hechos, y por el incremento de los ataques dirigidos en contra de la prensa, como lo ha sido en el caso de Pedro, quien su vida e integridad continúan en riesgo. Además hemos documentado agresiones contra periodistas mujeres, que incluirían la detención arbitraria, tortura y violencia sexual. 

Ante estos hechos nos preocupa la inacción de la Fiscalía General del Estado para la investigación de los delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas. Cabe resaltar que en el caso concreto de Pedro, incluso las autoridades ministeriales no judicializaron la carpeta de investigación 1013/2020/SMT dejándolo a él y a su familia en un grado mayor de vulnerabilidad. 

Ante esto, es menester que la Fiscalía del Estado investigue y judicialice los actores materiales e intelectuales de estas agresiones perpetradas, para así evitar futuras agresiones, y que se adopten por parte del Ejecutivo medidas en contra de la violencia de las y los periodistas en en el estado, y en San Martín Texmelucan, dado que es el tercer municipio donde hemos documentado más agresiones desde 2014 a 2023.

Consideramos, señor Gobernador, que lo anterior es un tema urgente que convoca a un acercamiento entre gobierno, organizaciones de derechos humanos y colectivos de periodistas, que posibilite la construcción de estrategías conjuntas. En tal sentido, reiteramos nuestro interés por establecer un diálogo directo y solicitarle una reunión lo más pronto posible, en la que podamos conversar sobre posibles acciones que ayuden a revertir las agresiones en contra de personas defensoras y periodistas en la entidad. 

Finalmente nos permitimos hacer dos solicitudes concretas y que serían los temas principales de la reunión:

  • A la Fiscalía del Estado, realizar las investigaciones necesarias a fin de castigar a los perpetradores de estas agresiones en contra de Marco Aurelio Ramírez Hernández y  Pedro Alonso Benitez. 
  • Al Gobierno del Estado de Puebla, implementar con urgencia una política de protección que garantice los derechos a defender derechos humanos y la libertad de expresión, abordando siempre líneas de prevención y protección en favor de las personas defensoras y periodistas. 

 

Organizaciones y redes firmantes

ARTICLE 19 – Oficina México y Centroamérica, Committee to Protect Journalists (CPJ), Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), Red de Periodistas de a Pie, Red Nacional de Organismos Civiles todos los derechos para todos y todas (Red TDT), Red Puebla de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras (RFS). El Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas. El Espacio OSC está conformado por: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

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Organizaciones de derechos humanos y personas defensoras reprobamos las declaraciones en contra del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Imagen: EspacioOSC

 

Espacio OSC

05 de junio, 2023, México

En la conferencia matutina de los días del 30, 31 de mayo y el 1° de junio, el Presidente de la República realizó una serie de declaraciones desafortunadas que desinforman y desprestigian la labor de las organizaciones de derechos humanos y las coloca en un mayor riesgo. Esto al señalar que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) y otras organizaciones han callado ante otros casos de violaciones a derechos humanos cometidas en gobiernos anteriores, por supuestas filiaciones partidistas, y sugiriendo además, que hay una intención de estos organismos para que su gobierno fracase.

A lo anterior, es necesario señalar que dichas afirmaciones no son ciertas. Desde su fundación en 1988 el Centro ProDH ha trabajado del lado de las víctimas para que haya justicia, verdad y porque en México no existan violaciones a los derechos humanos. Hemos sido testigos en estos 35 años de su importante labor en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como de una sociedad civil resiliente que ante el horror y la violencia no han dejado de organizarse, acompañar a las víctimas, exigir y proponer acciones para revertir las condiciones de violencia y crisis de derechos humanos que persiste en todo el territorio nacional.

Diversos son los casos en los que el Centro ProDH ha generado pautas para diagnosticar el actual escenario de violencia y garantizar el acceso a la justicia y la reparación dirigida a víctimas de violaciones a derechos humanos, tales como el caso de los Campesinos Ecologistas, Las mujeres de Atenco, Jacinta Francisco Marcial, el cuartel militar en Xochimilco. También han denunciado la militarización y la violencia propiciada por la denominada Guerra contra el Narcotráfico durante el Sexenio de Felipe Calderón; durante la administración de Enrique Peña Nieto documentó la masacre de Tlatlaya y representó a las familias de Ayotzinapa, y en la actualidad continúa con su labor de acompañamiento a víctimas de tortura y otras graves violaciones de derechos humanos.

Lamentablemente, en la actualidad tal como lo han corroborado informes de las organizaciones de la sociedad civil, instancias de gobierno, agencias internacionales de derechos humanos y organismos multilaterales, las violaciones a derechos humanos en el país persisten y no han dejado de suceder. Las instancias de gobierno encargadas de revertir dicha problemática, no han hecho lo suficiente para revertir las condiciones que detonaron dicha situación, como es el caso de las Fiscalías, Fuerzas Armadas, Instancias de gobierno federal y estatal que atienden a víctimas, y quienes ejercen facultades para prevenir, proteger, investigar y garantizar la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, las cuales continúan sin atender de forma cabal sus obligaciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.

La crisis en materia de derechos humanos continúa, y requiere del diálogo permanente con la sociedad civil para buscar acciones que ayuden a revertir dicha situación. Para esto, es necesario de la voluntad política para investigar y enjuiciar a quienes históricamente continúan ostentando el poder, y sobre quienes hacen uso de este, para denostar, desprestigiar y desviar la atención de los verdaderos problemas que hoy vive el país.

Desde las organizaciones de la sociedad civil, colectivos/as que defendemos derechos humanos, seguiremos abiertos a mantener el diálogo y realizando acciones que promuevan la paz, a favor de las víctimas y por el respeto de los derechos de todas y todos.

 

Contacto para medios:

Espacio OSC para la Protección de personas defensoras y periodistas

+52 1 444 434 07 97, espacioosc@gmail.com

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos»

+52 1 56 4160 1331, comunicacion@redtdt.org.mx

 

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